Los indios súbitos
Como en todos los casos de usurpación de tierras, el tema es al menos
delicado con lo cual hay que ser muy cuidadosos al momento de emitir
juicio alguno. Es muy difusa la línea que divide a quienes reclaman
legítimamente sus ancestrales tierras y aquellos que lucran con las
urgencias habitacionales de las familias en Salta.
De un lado están las personas cuyos padres y abuelos vivieron desde
tiempos inmemoriales en tierras de las cuales no tienen título de
propiedad, pero que legítimamente les pertenece.
Del otro, están los que ocupan un terreno -fiscal o privado, poco
importa- y quienes les ofrecen un “servicio” para obtener legalmente esa
porción de tierra.
Estos últimos utilizan las zonas grises que pueden generar las
interpretaciones de las leyes que dispuso el kirchnerismo en su política
a favor de los aborígenes, para usurpar terrenos. La que abre las puertas del plexo jurídico es la Ley 26160 que
establece que debe suspenderse “la ejecución de sentencias, actos
procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación
de las tierras contempladas”, y que el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) debe realizar un relevamiento técnico-jurídico de las
tierras ocupadas.
Otra de las facilidades son los requisitos con los que tiene que
contar el grupo de familias que quieren integrar una determinada
comunidad para ser considerada aborigen. El organismo que legaliza a una comunidad aborigen es la Dirección Provincial de Personería Jurídica. Los requisitos son la presentación de una nota, información
filiatoria de los miembros, un censo de la comunidad, el detalle del
lugar donde habitan, una reseña histórica, un croquis que puede ser
hecho con los aparatos de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y las
pautas de la organización interna.
Esa carpeta con los requisitos luego pasa al Instituto Provincial de
Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) para que sea aprobado en asamblea
que, en algunos casos, “casualmente” la integran los mismos caciques que
la redactaron.
Está el ejemplo de la comunidad Diaguita Cholonka que obtuvieron la
personería jurídica en 2007 luego de la tramitación realizada por la
cacica Eusebia Puca, quien a su vez es vocal del IPPIS.
Los puesteros tampoco tienen las cédulas parcelarias a su nombre,
pero la Justicia le dio la posesión de esas tierras, hoy objeto de
disputas.
Este fue el origen de la violencia y la permanente tensión que se
vive a orillas del río Vaqueros, a poquísimos kilómetros de la capital
salteña. Al grupo de familias lo convencieron de que son auténticos
aborígenes, que esas tierras les pertenecen y que harán lo que sea para
conseguirlas.
Del otro lado, los puesteros apelan a cualquier método para que no pasen sus alambrados. Llega la Policía y reprime a todos: okupas y puesteros. Todos son inocentes y culpables. Sin embargo, los terceros son la duda. Los puesteros acusan al
Sindicato de Camioneros de integrar la fuerza de choque de los okupas.
En cuanto a la cuestión aborigen, no existe una política provincial
respecto del tema tierras debido a que es el IPPIS el que dicta las
acciones y además, por alguna razón, no tiene órgano externo que lo
controle.
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Genocidios para todos
“Estamos asistiendo a un verdadero genocidio de identidad”, dijo en
tono muy serio la cacique de la etnia Diaguita Cholonka, Eusebia Puca.
Así descalificó los cuestionamientos de la familia Alvarez con quienes
mantiene una disputa territorial, luego de que un grupo de cholonkas se
asentara en el terreno fiscal donde los Alvarez dicen estar desde hace
tres décadas. El terreno está ubicado entre la ruta provincial 28 y el
río Vaqueros, al norte de la capital.
Los puesteros dudan del linaje diaguita y Puca asegura que los
cholonkas habitaban esas tierras desde antes que lleguen los españoles a
América.
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