Armas para el pueblo

Pareciera ser que nadie en la Argentina de hoy está dispuesto a recibir un balazo por otro, pero la evidencia lo desmiente: el 7 de octubre un quincuagenario fue asesinado a sangre fría en San Miguel de Tucumán porque intentó detener con su escopeta el atraco a una casa vecina. Ese crimen es la consecuencia natural de un escenario en el que la violencia delincuencial se ha incrementado y la seguridad ciudadana ha disminuido (porque el policía no está presente para actuar, y cuando finalmente actúa se lo critica incansablemente hasta hacerlo perder su empleo).

Tres delincuentes trataron de ingresar al domicilio del periodista opositor Ramiro Garrocho, cuando un vecino observó la escena desde su residencia. Consciente de que estaba presenciando un tremendo acto de agresión, el hombre decidió asistir a la víctima, así que tomó una escopeta y, mientras hacia un disparo al aire, les gritó a los malvivientes exigiéndoles que se alejaran. Los criminales abrieron fuego mientras se retiraban, dejando un muerto como saldo.

Un ciudadano común harto de vivir con miedo opta por defender a los suyos y termina fulminado. ¿No es hora de que toda esa iniciativa vecinal se formalice? Cada barrio, sea pobre o rico, debería tener sus vecinos policías, pues –al menos en Tucumán– es bastante obvio que las patrullas civiles ya son reales. Y si resulta imposible distribuir a los policías en todos los rincones que pueden llegar a convertirse en blancos de la delincuencia, ¿por qué no capacitar a gente como el vecino asesinado para que se constituya como un cuerpo civil armado coordinado y supervisado por la policía y por los propios ciudadanos?

Ante un Estado que poco hace por prevenir el crimen, no suena descabellado que la misma gente que lo sufre busque modos de combatirlo por sus propios medios. El peligro de ello, claro, radica en que no resulta sencillo enfrentarse al hampa de nuestro país, el cual parece tener cada vez menos límites para despojar a las personas de sus bienes. De allí que si alguien está dispuesto a manipular un arma para ejercer su derecho a la legítima defensa, entonces debe saber manipularla correctamente para no herirse a si mismo y para no caer abatido por delincuentes dispuestos a todo. Y aquí es donde debe entrar en escena el Estado: si quienes gobiernan no creen conveniente hacer todo lo necesario para acabar con el delito, al menos éstos deberían dar mayor asistencia y capacitación a las personas que quieran garantizar su protección y la de sus familias.

En este escenario que planteo el Ejército Argentino, por ejemplo, podría volver a conectarse con la identidad nacional organizando cursos gratuitos de adiestramiento en combate cuerpo a cuerpo y disparo con armas de fuego. Porque miles de familias tucumanas –después de la huelga policial de 2013– ya se encuentran armadas, por tanto la apuesta gubernamental debería ser contribuir con esas personas que no quieren convertirse en víctimas obligadas de la delincuencia. No hacerlo es incubar un conflicto.

Ciertamente darle poder de fuego a la ciudadanía puede llegar a convertirse en un problema, pero tomando las precauciones adecuadas puede tornarse muy beneficioso para las posibles víctimas del delito, siempre y cuando se considere a su acción antidelictiva como un complemento y no suplemento en materia de seguridad. Las armas ya están siendo usadas por el pueblo, lo más óptimo sería que su uso no sea testimonial sino realmente disuasivo y hasta directamente represivo en ciertos casos.

Pablo Ulises Soria