La bandera imperdonable

Un video en el que se ve a un grupo de “actores” interpretando una ridícula coreografía denominada “Harlem Shake” justo en frente de la Casa de la Independencia causó malestar en mucha gente. El hecho de que se utilice un monumento histórico nacional como escenario de semejante sandez fue juzgado por más de uno como una profanación en contra de la Patria.

Sin embargo algo muchísimo más grave que el “Harlem Shake” tiene lugar a diario en el mismo lugar. Me refiero, claro, a la presencia de dos banderas indigenistas que cuelgan a la entrada de un paseo de artesanos que se ubica justo al lado de la Casa de la Independencia.

Wiphalas al lado de la Casa Histórica

Wiphalas al lado de la Casa Histórica

Wiphalas al lado de la Casa Histórica

Estos trapos pestilentes son llamados por algunos “wiphalas”. La wiphala es una bandera inspirada en el Imperio Inca (en realidad muchos intentaron identificarla como a la mismísima bandera de aquel imperio, empero la investigación histórica echó por tierra esa pretensión). Esa vocación imperial no es casual: el trapo con los colores del arcoiris flamea actualmente con total libertad en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y hasta en nuestra Argentina. Una wiphala, por tanto, tiene casi el mismo estatuto que las banderas que representaban a otros imperios fenecidos, pero a los cuales aún se busca siniestramente hacerlos renacer.

¿Es posible imaginar qué diría la prensa si junto a nuestra querida Casa de la Independencia, cuna de la argentinidad más virtuosa, se viera flamear a una bandera roja con una hoz y un martillo amarillo en su extremo superior izquierdo, u a otra bandera igualmente roja pero con un círculo blanco en su centro que encierra una cruz gamada negra? Seguramente se produciría un poderoso cacareo. Pues bien una bandera así de inmunda y perversa todos los días decora las adyacencias de la Casa Independencia ante el silencio cómplice de quienes desprecian los eventos de 1816.  

FUENTE:

La corrupción se construye

El sector más corrompido de la economía es, sin dudas, el de la construcción. Todas las fases de los procesos constructivos suelen estar flageladas por prácticas corruptas. En Argentina esto resulta más que evidente. Lo penoso del escenario nacional es que mientras millones de pesos se fugan por un agujero negro, el trabajador local se ve privado de algo tan básico como una vivienda digna.

En Salta y Tucumán, en estos últimos tiempos, se destapó la cloaca sobre la que se desarrolla el negocio de la construcción. En La Linda el epicentro del escándalo fue el Instituto Provincial de la Vivienda: Fernando Alesanco, el presidente de la institución, fue acusado de contratar de modo directo a empresas encabezadas por sus propios familiares y por familiares de otros funcionarios del IPV. A ese delito se le sumó la queja por la demora excesiva (y el consiguiente reajuste presupuestario) en torno a la construcción de viviendas sociales.

En el Jardín de la República, la corrupción es aún más grave. El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizó una auditoría sobre la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que supervisaba Miguel Brito y el resultado fue perturbador: durante años esa repartición había estado realizando obras fantasmas y cobrando por ellas (como las numerosísimas rampas para discapacitados que hoy son inexistentes), o atribuyéndose obras de otros sólo para presupuestarlas y facturarlas después (como sucedió en una escuela de Amaicha del Valle en la que un grupo de estudiantes franceses de intercambio hicieron remodelaciones de manera gratuita pero figuran como abonadas por la DAU), o cumpliendo su función correctamente pero inflando el costo de cada obra de maneras grotescas. Al igual que en Salta, en Tucumán también fue tremendamente irregular el proceso de contrataciones de los constructores. Lo peor de todo es que quedó asentado que muchos de los constructores de obras fantasmas eran empresas igualmente fantasmas, con sedes en templos evangélicos, hogares humildes, galpones abandonados o en direcciones que ni si quiera se molestan por existir. En esta provincia es tan voraz el negocio de las construcciones (y tan jugosa la tajada coimera) que es común ver como el patrimonio arquitectónico histórico resulta violentamente menospreciado. 

Y, claro, mientras el dinero público iba a parar en cantidades excesivas a las billeteras de los funcionarios y la ciudadanía se veía afectada por la ausencia de obras, los corruptos a cargo del IPV y de la DAU no vacilaron en facilitarle las cosas a los de su casta. Es por ello que en Salta se produjo el escándalo de Lomas de Medeiros, Mirasoles, Posta de Yatasto y otras urbanizaciones en las que gente del gobierno y sus familiares recibieron cómodas viviendas de factura estatal de modos que resultaron enteramente sospechosos. Así, mientras muchas familias luchan por el acceso a un Plan Procrear sólo para comenzar después una angustiante peregrinación para encontrar un terreno a un precio accesible sobre el cual ejercer el derecho a poseer la casa propia, otras pocas familias privilegiadas consiguen disponer sin mucho esfuerzo de viviendas nuevas y bien ubicadas. 

En Tucumán, como no podía ser de otro modo, también sucedió lo que sucedió en Salta, pero no sólo ello: recientemente aparecieron testimonios de gente que, contratada por la DAU, es decir pagada con dinero del erario público, oficiaron de restauradores de las propiedades de José Alperovich y de sus familiares.     

A principios de junio de este año el alcalde de Venecia fue arrestado por haber hecho negocios turbios con constructoras. Hoy, aquí en la Argentina, Miguel Brito, Fernando Alesanco y otros involucrados en estos episodios de sistemática corrupción caminan libres por las calles, y esperan que los gobernadores los reasignen a un puesto público para seguir cobrando sus generosas becas estatales, si no es que de hecho ya lo hicieron.

¿Es tan difícil declarar imprescriptible a los delitos de corrupción? ¿Es tan difícil inhabilitar de por vida en el ejercicio de cargos públicos a quienes son culpables de este crimen?

Francisco Vergalito 

El arte salteño de la impunidad

Los cadáveres politizados

El homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni dejó al descubierto que Salta es una provincia insegura para los miles de visitantes que espera atraer anualmente. La horrenda violencia que sufrieron esas dos mujeres, además, causó un tremendo aturdimiento social –que, tristemente, terminó alimentando a las sinarquías hembristas en sus cruzadas por imponer sus agendas ideológicas.   

El gobierno salteño, conciente de toda la repercusión negativa que el crimen generaba, apuró la investigación judicial para evitar que la impunidad reinase (impunidad que suele ser lo normal para otros casos similares). Así, tras casi tres años de procesamiento, finalmente se condenó a prisión a Gustavo Lasi. Los jueces fueron durísimos: lo sentenciaron a pasar los próximos 30 años detrás de las rejas. Sin embargo quedó claro que Lasi no actuó solo, sino que tuvo cómplices que también violaron y asesinaron. Daniel Vilte y Santos Vera, dos hombres a los que se los sindicaba como los cómplices de Lasi, fueron sometidos a juicio y terminaron absueltos por falta de pruebas en su contra. Una vez conocido el fallo, Jean Michel Bouvier, el padre de una de las víctimas, señaló que en Salta hay culpables que están libres.

Algunos acusan al gobierno de Juan Manuel Urtubey de haber ejercido una imprudente presión contra el Poder Judicial provincial que terminó fomentando el error. El periodista Daniel Chocobar, uno de los que avala esta idea, recordó que, en julio de 2012, ante el conmocionante hallazgo de los cadáveres de Luján Peñalva y Yanina Nuesch, el Gobernador también sugirió apresurar la investigación, por lo que se determinó que aquello se trató de un “pacto suicida”, conclusión que no termina de cerrarles a miles de salteños.

Dudas y certezas

Cuando se encontraron los cuerpos sin vida de Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la quebrada de San Lorenzo a fines de julio de 2011 se dijo que llevaban apenas unas horas de muertas. Luego, tras diversas pericias, la fecha del deceso de las francesas fue cambiada al 15 de julio. Ese hecho anunciaba que el evento produciría más dudas que certezas.

Como el estado de descomposición de los cadáveres era escaso para alguien que llevaba casi dos semanas sin vida a la intemperie, y debido a que las mujeres llevaban desaparecidas la misma cantidad de días, de inmediato se pensó que o bien las mujeres estuvieron en cautiverio o bien los cuerpos, tras ser asesinados, fueron retenidos y conservados en algún lugar antes de ser arrojados al espacio silvestre.

La línea oficial de investigación, la que siguió el Juez Martín Pérez a cargo de la causa, planteaba como hipótesis que unos lugareños habían interceptado a las francesas, sólo para violarlas y asesinarlas, abandonando luego sus cadáveres en medio de la tupida vegetación sanlorenceña. Así dieron con los que serían después los imputados, a quienes incluso les secuestraron objetos que pertenecían a las víctimas.

Otras hipótesis fueron descartadas. Una, que hasta llegó a ser defendida por la Diputada Provincial Liliana Mazzone, sostenía que las francesas eran investigadoras académicas que estaban redactando un informe sobre la malversación de fondos destinados al desarrollo social entre las comunidades aborígenes de Salta (hipótesis un tanto descabellada, que tiene menos verosimilitud que la posibilidad de que se haya tratado de un narcoajuste); la otra hipótesis, que fue mencionada en el juicio, es que a las mujeres las habrían atacado en un barrio privado de San Lorenzo, en el interior de una de las tantas mansiones que allí se ubican, quizás como efecto de una fiesta desmadrada.

La esquiva verdad

El juicio para determinar las responsabilidades de los actores del caso dejó muchos interrogantes abiertos. El más notorio de ellos fue sobre los resultados de ADN. Los peritos argentinos indicaron que la evidencia de que Lasi y Vera habían violado a las francesas era innegable; los peritos de Francia, en cambio, pusieron en duda que Vera haya ultrajado a las mujeres asesinadas, y señalaron además que habían encontrado ADN femenino en el área genital de los cadáveres, algo que nuestros peritos jamás mencionaron.

Esta discrepancia y anomalía se explicó afirmando que las muestras que llegaron a los laboratorios de Francia estaban alteradas, pero la noticia no tardó en asociarse con la foto de una mujer anónima que apareció en una de las cámaras de las víctimas. Al principio, por lo que manifestó el propio Bouvier, se creyó que la imagen correspondía a una mujer de nacionalidad francesa que trabaja como funcionaria provincial, gracias a que Francisco López Sastre –antiguo Ministro de Medio Ambiente– le facilitó el acceso al puesto público, aun sin demostrar idoneidad para ello. Luego esto fue desmentido (una joven en Buenos Aires entregó a la Embajada de Francia unos anteojos de sol similares a los que lucía la mujer en la misteriosa foto, diciendo que ella los había encontrado tirados en las sierras salteñas durante una visita a la provincia). Y, como si no fuera suficiente la presencia de francesas disimuladas, una vecina de San Lorenzo declaró que unos días antes de que se encontrasen los cadáveres recibió una extraña llamada telefónica en la que una mujer, con tono desesperado, le dijo en francés algo que no entendió por no hablar el idioma.

De todos modos eso no fue lo más llamativo en este asunto. Unos días antes del inicio del juicio, Luís Sarmiento murió apuñalado en una gresca, en lo que se creyó que se trataba del asesinato de un testigo clave. Sin embargo este individuo no estaba vinculado al caso. Quien si lo estaba era su hermano Miguel Sarmiento, un muchacho que, ante el tribunal, aseguró haber visto como la policía plantó el arma homicida cuando le allanaron su casa a Daniel Vilte (él, junto a Rodrigo Bautista –un oficial que sostuvo que los proyectiles hallados en la escena del crimen también fueron plantados–, enturbió lo que se había promocionado como una investigación impecable).

Vilte, uno de los imputados que terminó absuelto, fue también apuñalado durante una pelea con otro interno en la cárcel. De los tres acusados, Vilte fue el que más enérgicamente negó haber realizado aquello que se le atribuía haber hecho (durante el juicio se dijo que Daniel Vilte había abusado de un niño, lo que hace sospechar que la policía, operando intuitivamente, lo buscó por sus antecedentes de presunto violador).

Sin embargo algo sobre lo que se enfatizó poco en las diversas audiencias fue el Caso Piccolo. Néstor Piccolo era el Jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Salta; él fue el responsable, entre julio y noviembre de 2011, de conducir la pesquisa para dar con los violadores y homicidas. A Piccolo no lo apartaron del caso, simplemente apareció muerto, con un tiro en la cabeza. Se estableció que el deceso del policía fue por un suicidio, pero siempre quedó en el aire la duda sobre la veracidad de ello. Durante el juicio su nombre apareció varias veces, pero la evocación del fantasma no motivó absolutamente nada entre las autoridades judiciales.

Ficciones

Conocido el veredicto de los jueces, toda Salta sintió un sabor amargo en la boca. Las críticas no se hicieron esperar: Martín Pérez y los miembros de la Brigada de Investigaciones se llevaron la peor parte, acusados de ser vergonzosamente incompetentes. También se señaló la extraña actitud del condenado Gustavo Lasi (Bouvier lo tildó de “psicópata”): nadie puede asegurar si está o no encubriendo a alguien.  

Jean Michel Bouvier, un típico sesentiochista, retornó a su país aparentemente sin rencor, satisfecho por haber visto que los derechos de los acusados fueron respetados, y pidiéndole al Estado argentino que ayude a erradicar la violencia en contra de las mujeres y que trabaje para que se eviten los apremios ilegales a los imputados. Mientras tanto, en Argentina, más de uno aprovechó el episodio para forzar algunas conclusiones. El sociólogo Pedro Marcelo Ibarra es ejemplar en ese aspecto: consultado por el diario tucumano La Gaceta, Ibarra indicó que la actitud estoica de Bouvier provocó cierta empatía en la sociedad salteña y que ello es positivo, pues a partir de ahora muchos estarán dispuestos a reclamar justicia con la misma entereza y templanza que el francés, ya que además el juicio –al no caer en lo de condenar a los perejiles sólo para contentar al público– habría demostrado que en Salta es posible gozar de los derechos elementales por más poder superior que se vea afectado a causa ello. O sea, para Ibarra, lo bueno de todo esto es que la mancha sobre la imagen internacional de Salta que Urtubey trató velozmente de limpiar sigue estando. Y como si regocijarse de ello fuese poco, Ibarra aprovechó para empujar su propia agenda: aseguró que en Salta es ridículamente amplio el contraste entre el escenario turístico y el escenario cotidiano, y que mientras esa brecha no se reduzca (mejorando, claro, las condiciones de vida de la población salteña) entonces se está en peligro de brotes de racismo y machismo que serían un resabio colonial.

Lo de Ibarra parece oportunismo ideológico ante una tragedia impune. En este sentido lo suyo es similar a, por ejemplo, la reflexión que las12, el suplemento hembrista del pasquín Página/12, publicó después de conocida la sentencia del juicio. Allí se pinta a Lasi como un producto del patriarcado falocrático que atacó a dos mujeres que caminaban por la quebrada de San Lorenzo porque, simplemente, entendió que puede hacerlo. Es decir, para las12 –como para las hembristas en general– no hubo un doble homicidio sino un doble feminicidio: dos mujeres fueron violadas y asesinadas por el simple hecho de haber nacido mujeres y de haberse cruzado con viles machistas que fueron programados culturalmente para atacar a toda mujer que se vea indefensa. Es tan absurda esa conclusión (sobre todo porque el propio texto sugiere que todo indica que Lasi no las atacó en donde se dice que fueron atacadas) que terminan mezclando el caso con crímenes pasionales recogidos en un libro de Selva Almada que en nada se parecen a lo que sucedió en Salta.

Quien usa la ficción de un modo más acertado es Sergio Olguín. Olguín es un autor que escribió Las extranjeras, una novela que trata de una periodista que investiga el doble homicidio de unas turistas foráneas en Tucumán. Olguín, astutamente, relaciona el hecho a casos como el de María Soledad Morales o Paulina Lebbos, vale decir a casos de asesinatos en el marco de fiestas protagonizadas por miembros de las familias poderosas de la región.

Personalmente, si yo tuviera que elaborar una ficción a partir de este caso, emplearía a personajes pertenecientes a la fauna progresista como asesinos. Suena más creíble.

Ángela Micaela Palomo

Repudio norteño a la Narcorepública

La Liga de la Justicia

En el mes de mayo se realizó un operativo antidrogas en el norte de Salta que terminó con el arresto de dos hombres (ambos gendarmes) y la decomisión de casi 400 kilos de cocaína. La enorme cantidad de droga secuestrada junto a la detención de dos uniformados hubiese resultado un hecho llamativo hace diez años atrás, pero en la Argentina de hoy a nadie sorprende que la frontera sea tan ridículamente porosa y que sus guardianes sean tan grotescamente corruptos como para que con tanta facilidad penetre tanta muerte en polvo a nuestra nación.

Ciertamente es preocupante encontrar tanta indiferencia ante algo tan grave como el narcotráfico. Cada una de las medidas gubernamentales en contra de este problema aparentan ser escasas y tardías. Los dos paladines kirchneristas en la lucha contra la drogadicción y el narcotráfico son Sergio Berni y Juan Carlos Molina, un médico y un trabajador social con respectivo pasado en el Ejército Argentino y la Iglesia Católica. Ambos sujetos reúnen de un modo simbólico los cuatro pilares sobre los que debería estar construida la estrategia en  contra del flagelo de la droga: trabajo social preventivo y contención espiritual para imposibilitar las adicciones, medicina para rescatar a quienes se suicidan dosis a dosis, y acción militar para combatir a la delincuencia. Sin embargo dicho plan, por más elemental que suene, resulta ajeno a la Argentina de hoy.

Es por ello que muchos miembros del Poder Judicial han comenzado una campaña para alertar acerca de la insuficiente acción gubernamental que se observa para combatir al narcotráfico que opera en el país. Un grupo de jueces federales de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones ha adquirido notoriedad en los últimos meses tras haberse agrupado para emitir peticiones dirigidas a las autoridades nacionales, solicitándoles que intensifiquen las medidas judiciales para combatir el avance de la narcolonización (en rigor de la verdad, estos magistrados están haciendo lo que cualquier otro juez haría en su lugar: dar pruebas del caos actual para que después, cuando todo se vea desbordado, no los persigan acusándolos de no haber cumplido con sus funciones).

En la última reunión de los magistrados realizada en un hotel de la ciudad de Buenos Aires el funcionario Julián Álvarez, un camporista prepotente y confrontativo, fue a convencer a los jueces para que acepten que la realidad es maravillosa tal y como la pinta 678, pero tuvo que escaparse del recinto hostigado por la cantidad de quejas que recibió. A diferencia del gobierno, parece que a estos jueces si les interesan los problemas del país y no desean convertirse en integrantes de la Narcorépublica.

Sin mordaza

Para generar algo de respuesta a sus reclamos, los jueces decidieron utilizar los medios masivos de comunicación con la esperanza de que el gobierno actúe ante la preocupación de la opinión pública. Es por ello que el juez salteño Jorge Villada hizo declaraciones explosivas en las últimas semanas.

Villada podía haber hablado sobre el contrabando, el lavado de dinero o el tráfico humano, ya que esos delitos son realidades cotidianas en Salta, sin embargo prefirió abordar otro tema escandaloso: el narcotráfico. Villada dijo que, a raíz de la falta de radares óptimos, es común ver como “llueve” droga desde avionetas en el NOA; también sostuvo que las fuerzas de seguridad de la región están contaminadas de delincuentes, los cuales trabajan infiltrados para hacer funcionar el negocio narco. Pero la más fuerte de sus declaraciones fue el asegurar que en Salta se produce aproximadamente un narcoajuste por semana. Esto causó cierto estupor a nivel nacional. Sin embargo el propio Villada se encargó poco tiempo después de aclarar que eso que había dicho estaba sacado de contexto, ya que él no había cuantificado la cantidad de narcoajustes sino que simplemente había señalado la existencia de los mismos y su multiplicación a lo largo de los años.

De cualquier modo, lo que Villada dice –haya sido o no una mala interpretación periodística– no parece incorrecto. En todo el país se producen homicidios vinculados a cuestiones de droga, pero la prensa no siempre lo relata así. En Tucumán, para poner un ejemplo, el diario La Gaceta constantemente informa acerca de homicidios en barrios marginales de la capital y sus alrededores, pero ellos son siempre presentados como “disputas entre vecinos”, “peleas entre familias” o cosas por el estilo. Empero cuando uno entrevista a quienes habitan en los vecindarios donde vivían las víctimas lo más común es enterarse que los asesinados tenían algún tipo de contacto con el mundo de las drogas. Evidentemente ni víctimas ni victimarios pueden decirle la verdad a los policías y a los jueces, pues ello arruinaría el narconegocio, por lo que todo termina presentado a Tucumán como si fuese una tierra habitada por salvajes que resuelven sus problemas domésticos a los tiros cuando la realidad es otra.

Pero Villada no fue el único que habló. Graciela Fernández Vecino, una camarista federal tucumana, señaló que la presencia de un gran número de migrantes colombianos en territorio argentino es algo que no se puede pasar por alto, y la jueza chaqueña Zunilda Niremperger señaló que la por la frontera norte del país también ingresan armas.

La actitud de estos magistrados ante las promesas vacías del gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y las adicciones convoca a la sociedad argentina a prepararse para asistir a la narcolonización del territorio nacional. Los jueces proponen multiplicar juzgados, designar más personal para atender todas las causas penales, y crear mecanismos para que se multipliquen las denuncias contra los mercaderes de la muerte y los denunciantes se sientan protegidos. Son las respuestas que pueden aportar desde su posición, pero a la droga no se la vencerá en nuestro país sin la unión de sus ciudadanos, es decir no se la vencerá mientras continúen en el poder los actuales gobernantes.

Pablo Ulises Soria

La Tupac Amaru al gobierno, la violencia al poder

“Los mejores, los únicos, los métodos tupaqueros”

En el año 2013 la Organización Barrial Tupac Amaru de Milagro Sala –capitaneando el frente Unidos y Organizados (UYO)– consiguió reunir cincuenta mil adhesiones en una elección provincial. Satisfecha con el resultado, Sala anunció que se candidatearía para ser Gobernadora de Jujuy en 2015.

En ninguno de los concejos municipales de la provincia pudo UYO convertirse en fuerza mayoritaria. Tampoco pudo hacerlo en la Legislatura Provincial, pues de ese recinto le corresponden solamente cuatro escaños y entre sus colegas, por ahora, no hay ninguno que esté dispuesto a alinearse abiertamente con ellos. Se observa, por tanto, que políticamente a la Tupac Amaru la han aislado.

Para romper ese aislamiento, el ejército de Milagro Sala no ha escogido el diálogo como método sino la violencia (es una situación similar a la que vive el Partido Obrero en Salta). Por ello es común ver todavía a las columnas de la Tupac Amaru avanzando sobre San Salvador de Jujuy y otras ciudades cada vez que lo creen conveniente.

Un caso ejemplar en este sentido fue el episodio que en abril vivió el Concejo Deliberante capitalino en relación a las audiencias públicas realizadas para discutir sobre las conveniencias e inconveniencias de subir el precio del boleto del colectivo. La Tupac Amaru, como la mayoría de la ciudadanía jujeña, estaba en contra de la idea de aumentar precios, por lo que decidió manifestárselo a los parlamentarios municipales: frente a la sede del Concejo Deliberante, un nutrido grupo de tupaqueros se concentraron para dejarles en claro su postura a los representantes del pueblo y amenazar con invadir el recinto si no se cumplía su voluntad.

Pues bien, mientras la audiencia se desarrollaba, tomó la palabra la ciudadana Silvia Saavedra, una activista social independiente famosa por sus luchas a favor de un medio ambiente sano y en contra de la cultura de la impunidad y del flagelo de las adicciones. Al enterarse de ello, los tupaqueros comenzaron a entonar una serie de cánticos soeces e irrespetuosos contra Saavedra. Sucede que esta mujer cuestionó formalmente la idoneidad de Milagro Sala y de su ladero Emilio Cayo para asumir sus bancas de legisladores provinciales, y denunció penalmente a la cúpula de la Tupac Amaru por efectuar cortes de ruta que imposibilitan la libre circulación de la ciudadanía. Por ello, aunque Saavedra compartía la misma postura tupaquera de oposición al aumento del precio del boleto, los energúmenos liderados por Sala agredieron verbalmente a la mujer, demostrando que no es el bienestar de la sociedad lo que le importa a la Tupac Amaru sino sólo sus intereses particulares.

Los sindicatos armados

Algo que ha caracterizado la acción política de UYO en estos últimos meses ha sido su trabajo para imponer su agenda ideológica. Levantando la bandera del arcoiris, la tropa de Sala se convirtió en voz oficial de los “pueblos originarios” y del “colectivo LGBT”. De ese modo intentan conseguir que se apruebe una batería de leyes tendientes a solidificar la ideología indigenista (con propuestas como la de darle pensiones a los que participaron de aquella ridícula épica india conocida como el “Malón de la Paz”, oficializar a la ceremonia en honor a la Pachamama como acto cívico, y abrir la inscripción a la indianidad en Jujuy con aval del Estado), al mismo tiempo que pretenden ampliar la penetración del aberrosexualismo (con medidas como la derogación de la ordenanza que declaraba a San Salvador de Jujuy como un “Municipio Pro Vida” o con la eliminación de la Ley de Faltas vigente para sustituirla con un Código de Convivencia que legalice de facto a la oferta de prostitución callejera). Resulta curioso que todavía no haya hecho campaña para promocionar el aborto, pero supongo que es sólo cuestión de esperar para que ello suceda. Resulta curioso también ver que la Tupac Amaru esté colaborando con la campaña presidencial para lograr una nueva reelección del tirano boliviano Evo Morales, pero creo que ello se explica a partir de los planes expansionistas de Bolivia que ya han conseguido anexar varias hectáreas de territorio salteño a su país.

Ahora bien, junto a esas iniciativas minoritaristas, los miembros de UYO buscan también promover una serie de medidas que protejan a los consumidores que menos ingresos tienen y que beneficie a las cooperativas provinciales (como lo es la propia Tupac Amaru). Es que, al fin y al cabo, Sala asegura ser una lideresa del pueblo trabajador. Sin embargo no es la única en ese rol y eso le ha generado siempre un gran temor de perder poder.

Desde hace ya un buen tiempo Carlos “El Perro” Santillán retornó a la vida sindical al retomar su puesto de conductor del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM). Al frente de esta agrupación gremial, Santillán ha estado enfrentando al gobierno de Eduardo Fellner y consiguiendo apoyo popular. Pero, al hacerlo, se topó con el movimiento sindical milagrista, el cual no está dispuesto a ceder ni a compartir su influencia. Por ende, como era de esperarse, la Tupac Amaru le declaró la guerra al SEOM.

Recientemente Santillán consiguió que el Frente de Gremios Estatales (integrado fundamentalmente por trabajadores de la salud y docentes) acepte su liderazgo, lo que puso nervioso a los hombres de la Intersindical de Trabajadores Estatales, confederación de entidades sindicales que se nuclean en torno a ATE y a la que adhieren Milagro Sala y los suyos. A raíz de ello comenzó a desplegarse una campaña de desprestigio en contra de Santillán promovida por la Tupac Amaru, acusando a “El Perro”, básicamente, de ser un violento. Algo irónico sin lugar a dudas.

Después de que miembros de la Comisión de Derechos Humanos “Mambo Tango” denunciaran haber sido patoteados por gente de la Tupac Amaru en una suerte de lucha por el control territorial, los hombres de Sala contraatacaron acusando a la gente de Santillán de haber herido gravemente a sus miembros en una asamblea sindical y de haberle incendiado el auto a la concejal sampedreña Mabel Balconte, una dirigente vinculada estrechamente a Sala. Y no conformes con eso, la Tupac Amaru (usando el sello del Frente Unidos y Organizados) emitió un comunicado en el que acusa a Santillán de haber organizado los tiroteos contra los dirigentes tupaqueros en San Salvador de Jujuy y San Pedro, de haber destruido un auto oficial del Estado jujeño, y de apelar a la violencia irracional y al vandalismo en las marchas que el SEOM protagonizó en la capital de Jujuy y en varias localidades provinciales en los últimos meses. Y, como si el señalar la paja en el ojo ajeno ignorando la viga en el propio fuese poco, los tupaqueros acusaron a Santillán de haber traicionado a sus aliados políticos, de haber colaborado con la represión de la subversión en la década de 1970, y hasta de estar organizando una guerrilla que se denominaría “Ejército Insurgente Tupac Katari”.

Lo último es realmente asombroso, no tanto por el hecho de que el SEOM pueda llegar a tener un pequeño arsenal (como muchos sindicatos en nuestro país suelen tener), sino porque sobran episodios en los que se constató la existencia de armas “tupaqueras”. El más reciente de ellos aconteció en Buenos Aires: en el marco del denominado “Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular” el personal de seguridad del Congreso de la Nación le secuestró armas blancas y armas de fuego a los tupaqueros que habían asistido para apoyar a su lideresa que hizo una exposición en contra de los cultores de la “mano dura”. Apenas una semana antes de ese evento, en San Pedro de Jujuy un joven fue detenido tras robar en diversos comercios y alegó como defensa ante la policía que nada podrían hacerle ya que él “pertenecía a la Tupac Amaru”.

La tragicomedia de Alto Comedero

Mientras Milagro Sala utiliza al Frente Unidos y Organizados y a la Intersindical de Trabajadores Estatales para generar, respectivamente, capital político y gremial ante un kirchnerismo que está de salida, la Tupac Amaru sigue comportándose como la Tupac Amaru. Ello lo ilustra el incidente en el “Cantri” que terminó con un comunicado de la FOPEA pidiéndole a las brigadas milagristas que respeten el derecho a la libertad de expresión.

Todo comenzó el 16 de mayo en una zona del barrio Alto Comedero conocida como el “Cantri”, que es un vecindario construido por la Tupac Amaru. Esa noche se registraron violentos incidentes en el lugar, viéndose la policía provincial obligada a intervenir para detener las desbocadas grescas que se estaban desarrollando entre tupaqueros. El diario Pregón informó sobre los hechos, señalando que los desmanes (que culminaron con varias personas heridas por pedradas y cuchillazos, viviendas dañadas y vehículos quemados) se originaron cuando un grupo de residentes del “Cantri” se resistió a ser desalojados de sus hogares, después de que la orden bajase de la propia Milagro Sala como castigo por haberse quejado ante la demora del pago de los salarios a quienes trabajan en las cooperativas que administra la Tupac Amaru. Acto seguido una delegación tupaquera nada amistosa visitó la sede del matutino para exigir un derecho a réplica, al mismo tiempo que públicamente acusaron a los redactores del Periódico Lea y a los periodistas de Canal 7 de estar operando en su contra por coincidir con Pregón en su versión de los hechos. Ese acto de prepotencia (puesto que la ONG podía haber empleado la vía legal para lograr lo mismo) enfureció a los demás trabajadores de prensa de la provincia, y el eco llegó hasta la casta política jujeña.

Desde la UCR, acérrimos enemigos de Sala, fluyeron las críticas hacia la Tupac Amaru. La ONG se defendió diciendo que la trifulca no involucró a facciones tupaqueras sino a una decena de borrachines encabezados por un miembro del SEOM que se infiltraron en el “Cantri” con la intención de causar alboroto. Dieron a entender que ellos no ejecutan desalojos contra elementos díscolos de su organización. Y, para evitar que se siga mancillando el buen nombre de la Organización Barrial Tupac Amaru como método para fustigar a Milagro Sala, la propia lideresa presentó ante los suyos su renuncia a la conducción del movimiento (la cual, claro, no fue aceptada por los tupaqueros).

Sin embargo los uceristas optaron por sospechar de la versión de la ONG y prosiguieron con su embestida en contra de Sala defendiendo desde la Legislatura Provincial al derecho a informar libremente que tienen el Pregón, el Periódico Lea y el Canal 7. Julio Bravo sostuvo que no es extraño que la Tupac Amaru se maneje con violencia dado que todo el mundo vio como destrozaron el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy; Jorge Rizzoti señaló que la Tupac Amaru no sólo no le rinde cuentas al pueblo argentino sobre el dinero que recibe del erario público, sino que además tienen la costumbre de explotar a quienes trabajan en sus cooperativas; Carlos Oehler recordó que a la ONG que lidera Milagro Sala nadie se la puede tomar en serio por ser una desvergonzada promotora del más salvaje de los clientelismos; y Alberto Bernis, el líder de la bancada de la UCR, indicó que pese a las aparentes diferencias, el milagrismo y el fellnerismo son la misma cosa.

Los hombres del PJ no sólo justificaron a la violencia milagrista (Daniel Almirón dijo que la Tupac Amaru existe como un símbolo de la superación de la adversidad que significó la crisis de 2001) sino que hasta la profundizaron (Javier Hinojo declaró estar en contra de la violencia, pero así como repudió a los tiroteos y las trifulcas, este papanatas dijo también repudiar a la violencia de los micrófonos). Ese discurso del pejotismo estaba en peligrosa consonancia con lo que los miembros de UYO habían vertido como descargo, por lo que Liliana Fellner primero, y Eduardo Fellner después tuvieron que emitir comunicados en repudio del apriete milagrista a la prensa jujeña y de los episodios de violencia en Alto Comedero.

Pablo Baca de la UCR hizo una aceptable defensa de la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, evocando al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que el año pasado realizó un lapidario informe con el que denunciaba que la prensa jujeña sufre por la capacidad de amenaza de la Tupac Amaru. De ese modo FOPEA, nuevamente convocada por Jujuy, terminó cerrando esta tragicomedia con un llamado a la cordura dirigido al milagrismo, recordándoles que el poder, en un país como el nuestro, no debe construirse con la violencia sino con el respeto.

Hernán Solifrano (h)

A propósito del Centenario de la UNT

Identidad

A la institución hoy conocida como “Universidad Nacional de Tucumán” la fundaron en el mes de mayo de 1914. En estos últimos 100 años, la Casa de Altos Estudios tucumana ha vivido una historia muy similar a la de otras universidades del país creadas antes de la década de 1990, una historia plagada de avances y retrocesos, de ordenamientos y desarticulaciones, de éxitos y fracasos, de orgullos y vergüenzas. 

A diferencia de la UNJU en Jujuy, de la UNSA en Salta, de la UNSE en Santiago del Estero y de la UNCA en Catamarca, la UNT, por su edad, ejerce una enorme influencia en la sociedad tucumana. Sus competidoras (hablo de la católica Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, de la progresista Universidad San Pablo-T y de la insistente Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional), si bien han penetrado felizmente en la provincia, no han podido lograr lo que la UNT logró: que la gente las considere parte de la identidad tucumana.

En efecto, debido a que la UNT albergó en sus aulas a un número inmenso de tucumanos, y gracias a que ella le permitió el acceso a un título universitario a otros tantos, el ciudadano tucumano no concibe a su provincia sin ella (hay que reconocer que parte de ese éxito lo generó también la actividad de extensión). En las otras provincias del NOA a sus universidades vernáculas se las aprecia y respeta, pero no se les presta el gigantesco nivel de atención que los tucumanos –a veces exageradamente– le dedican a la UNT.

En Tucumán existe la palabra “gacetero” para designar a lo que en otras provincias llaman “diariero”. El término proviene de La Gaceta, un diario local que, para el tucumano, es el diario por antonomasia. Me extraña entonces que no existan términos como “uenetista” o “uenetero”, aunque supongo que esto es así no tanto porque dichas palabras no encajen en el habla de los tucumanos, sino más bien por lo horrísonos que resultan. 

Nepotismo

Tucumán es una provincia poco productiva, por lo que no resulta un destino atractivo para los inmigrantes. Sin embargo que haya un buen número de jujeños, salteños, santiagueños y catamarqueños radicados en Tucumán se lo debemos fundamentalmente a la UNT, institución que les abre las puertas de la experiencia universitaria a muchos jóvenes no tucumanos y después los termina incorporando a sus estructuras. Esos jóvenes, normalmente, son gente que al sufrir el desarraigo optan por duplicar sus esfuerzos para ganarse un lugar en el mundo. El resto de los que integran la UNT son tucumanos, muchos de ellos meros miembros de familias que desde hace años trabajan en algún espacio de la universidad.

Junto a ese nepotismo “natural” en el que, por ejemplo, un padre que trabaja de burócrata le facilita el ingreso sin concurso a un puesto similar a sus hijos porque su sindicato tiene un contrato colectivo de trabajo que permite semejante situación, está el nepotismo “oportunista”, el cual le abre las ventanas a toda clase de individuos sin capacitación ni idoneidad para que oficien de empleados administrativos, servicio técnico, bibliotecarios, guardaespaldas y todas las variaciones que existen de la fauna no docente, a la cual, tranquilamente, se la podría reducir a su mínima expresión si se informatizara y mecanizara debidamente a la vida universitaria.

El último gobierno de la UNT, el del Contador Juan Cerisola, fue generosísimo a la hora de contratar a los famosos “no docentes” para que pueblen pasillos y se acomoden en las muchas oficinas que tiene la universidad. El número total de estos personajes, según dicen, ha llegado a ser hoy en día escandaloso.

Corrupción

Quien ejerce el poder en la UNT no es el cuerpo de burócratas o los graduados que con mayor o menor profundidad se interesan en el destino de su alma máter, sino que esa tarea la desempeñan los docentes y los estudiantes. Es decir si hay que señalar a un culpable de que a la universidad pública de Tucumán la esté devorando la corrupción entonces hay que buscar en las aulas. Los famosos “votos origami” y la reticencia a sufragar de manera nominal en la última asamblea universitaria en la que se eligió al Rector es prueba más que evidente de que hubo una indigna compra de voluntades.

¿Cómo una persona tan distinguida y ejemplar como un universitario puede caer tan bajo? La realidad es que la universidad argentina ha perdido su histórico prestigio en los últimos 25 años al tecnocratizarse, por lo que no es de extrañar que la UNT esté llena de sabandijas. No es un hecho fortuito, es parte del proceso de destrucción educativa que ha debido imponerse al calor de los cambios económicos de las últimas décadas.

En la UNT, en concreto, la partidocracia, con todas sus vilezas, copó el poder desde la gestión del Rector Rodolfo Campero, y a partir de allí todo ha ido pauperizándose a ritmo lento pero sostenido. No es cierto que antes de Campero la UNT no haya estado intoxicada por la política (en 1918 y a lo largo de la década de 1920 hubo una permanente guerra entre los partidarios de la Reforma Universitaria y sus detractores, del mismo modo que Horacio Descole desató un tremendo enfrentamiento entre sectores universitarios cuando se convirtió en Rector durante el primer gobierno de Perón), pero antaño los mecanismos de promoción de la meritocracia funcionaban mejor que ahora, por lo que, más allá de quien pilotease el barco, se contaba con la presencia de gente capaz y sobresaliente para evitar que la corrupción cultural se propagase. Aún se sentía vergüenza por no haber llegado a ser un sabio. Hoy en día todo eso se perdió. Da lo mismo un burro que un gran profesor.    

Así a la UNT la terminó privatizando Minera La Alumbrera. Porque lo que sucedió fue eso: a la UNT cerisolista no la copó La Cámpora, sino que Franja Morada se la vendió a La Alumbrera. Al recibir en los últimos años las generosas inyecciones de dinero de La Alumbrera a cambio del silencio cómplice ante la destrucción ambiental que ocasiona la megaminería en Catamarca, todo se desmadró en la institución fundada por Juan B. Terán. Abel Peirano debe estar revolcándose en su tumba.  

Porvenir

En 2008 la UNT organizó un concurso de lema y logo para los Bicentenarios de la nación y el Centenario de la universidad. El lema ganador, en aquella ocasión, fue “100 años con los pies en esta tierra, 200 años con la mirada en el cielo”, una deformación del “Pedes in terra ad sidera visus”, el lema oficial de la UNT. El lema en sí mismo es un tanto absurdo, porque resulta irrespetuoso con todos aquellos argentinos que vivieron aquí entre 1810 y 1910 (¿acaso Manuel Belgrano, que donó dinero para fundar escuelas en lo que ahora es el NOA y Tarija, no tuvo los pies en esta tierra?). Los otros dos finalistas fueron uno que rezaba “Evocando la historia, convocando el porvenir” y otro que decía “Celebrando la historia, escribiendo el futuro”. Un cagatintas del sitio web TucumánHoy señala, sin la más mínima idea de lo básico de la paremiología, que esos lemas “parecen escritos por la misma persona, rápidamente y sin mucha creatividad”. El tercer lema (“Celebrando la historia, escribiendo el futuro”) tiene evidentes defectos semánticos: a la historia no se la celebra, pues la historia está compuesta tanto por los momentos felices como por los momentos penosos, a los cuales no conviene “celebrar” –a menos, claro, que a uno le guste bailar sobre los cadáveres de los demás–; del mismo modo, debido a la imprecisión del verbo, tampoco suena acertado lo de “escribir” el futuro, ¿se trata de escribir “el futuro” como quien escribe una ley, un plan, una novela, una profecía o qué exactamente?

Es obvio que de los tres lemas finalista el mejor es el segundo (“Evocando la historia, convocando al porvenir”), porque es el más meditado: al pasado se lo evoca, como se evocan a los espíritus de los muertos para que se muestren así nos hablan ellos mientras los demás escuchamos sin condenarlos, y al porvenir se lo convoca, es decir se lo llama para que nos reciba.

Sea como sea, la UNT descartó los tres lemas premiados, y optó por otro: “100 años iluminando el pasado, 100 años proyectando el futuro”. Este lema, sin lugar a dudas, es peor que los otros dos a los que les señalé sus fallas. Al hablar de “iluminar” y “proyectar”, el lema sugiere que la universidad estuvo, está y estará llena de luminarias que, por sólo trabajar en sus claustros, arrojan luz sobre lo que los otros hicieron y que, a su vez, marcan el rumbo a seguir. Nada más alejado de la realidad.

Si bien en los últimos 100 años la UNT ha gozado entre sus muros de la presencia de excelentes profesores e investigadores de fama nacional e internacional, la institución ha estado también infectada de gente que apenas satisfacen los requisitos académicos mínimos para estar en la universidad (y algunos que ni siquiera de ello pueden jactarse). Este último grupo se ha ido multiplicando en las pasadas décadas, lo que se refleja claramente en la vergonzosa posición que la UNT –junto a las demás universidades argentinas– tiene en los rankings internacionales.

Por tanto el mejor regalo que se puede hacer la UNT en este centenario, algo que es mucho más digno de preservar para el futuro que todo lo que colocaron en la cápsula del tiempo destinada al 2114, es una sana y profunda reforma interna.

¿En qué consiste esta reforma de la que hablo? Veamos. En primer lugar, quizás para honrar a Peirano, la UNT debería transferirle YMAD a la UNCA, y, acto seguido, ponerse a disposición de la provincia de Catamarca para asistir a su población por todo el daño que la megaminería causó en estos años.

En segundo lugar la UNT merece una auditoría histórica, una suerte de CONADEP de la corrupción, para que revise los desfalcos financieros realizados por sus funcionarios y reordene los presupuestos, haciendo pagar, claro, a todos aquellos profesores que se llenaron los bolsillos de la noche a la mañana.

Finalmente, en tercer lugar, es preciso que la UNT sacuda su anquilosada estructura para ingresar al siglo XXI. Para ello sería bueno que se haga una suerte de “reseteo”, es decir sería importante que todos y cada uno de los actuales docentes e investigadores se someta a una rigurosa evaluación externa, para probar que merecen ocupar esos puestos que ocupan, del mismo modo que se deberían poner pruebas de suficiencia en todas las facultades y escuelas universitarias para que funcionen como exámenes de ingreso estudiantiles. Aquellos que no superen la evaluación, si son estudiantes, deberán prepararse mejor retornando a la escuela esta vez para aprender y no para conseguir un título, y, si son profesores, deberán concursar nuevamente su cargo, en concursos abiertos, públicos y obligatoriamente videograbados. Si ADIUNT, el gremio de docentes e investigadores, se opone, haría falta entonces que la sociedad tucumana que tanto amor siente por la universidad obre a favor de la institución pidiendo la disolución de ese gremio en particular, que lo único que hace es atentar contra la calidad educativa al equiparar a un académico con un portero, un barrendero o un taxista. 

Y junto con la desaparición de ADIUNT, sería necesario también que la propia UNT proceda a su fragmentación: al reunir a 13 facultades, 2 escuelas universitarias y 7 escuelas experimentales (además de varios otros organismos como el EPAM, Canal 10, etc.) es evidente que la UNT se ha convertido en un gigante, un gigante que es alimentado anualmente con 1.400 millones de pesos, un gigante que tiene numerosas propiedades diseminadas a lo largo y ancho de Tucumán, un gigante administrado por una pequeña oligarquía. De allí que la UNT, tranquilamente, podría convertirse en cuatro universidades distintas: la UNT I “Juan B. Terán” destinada a los estudios sociales, la UNT II “Juan Bautista Alberdi” que se perfilaría como un espacio industrial-empresarial (tal y como le hubiese gustado al propio Alberdi, al que los abogados tucumanos lo han secuestrado para dignificar un poco su poco digna profesión), la UNT III “Lola Mora” que concentraría a las artes y al diseño, y la UNT IV “Tiburcio Padilla”, la cual sería, obviamente, una universidad de ciencias de la salud, quizás con proyección regional (ya que no es un secreto que la UNSA y la UNJU están intentando crear sus propias facultades de medicinas: ¿para qué fragmentar en un tema tan fundamental como la salud si se puede unificar esfuerzos con los gobiernos provinciales y asegurar el acceso al bienestar físico y mental a toda la población del NOA?). En un lapso de diez años se podría producir el reordenamiento que propongo, repartiendo presupuestos y propiedades y reubicando a quien necesite reubicarse, al mismo tiempo en que se promovería una revisión integral de todos los planes de estudio y carreras vigentes para actualizarlas. Después de 100 años, la UNT merece una limpieza total para convertirse en la flor más hermosa del Jardín de la República.

Francisco Vergalito 

En el nombre de Él

Sobre tumbas y héroes

El 27 de octubre de 2010 fue el día que se escogió para realizar el último Censo Nacional en nuestro país. Promediando la mañana de aquel miércoles, comenzó a circular la noticia de que Néstor Kirchner, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y antiguo presidente de la República, había fallecido en su estancia en Santa Cruz. Con la desaparición física de este hombrecillo, Argentina había perdido a su segundo presidente en dos años, puesto que durante el año anterior había sido Raúl Alfonsín quien había iniciado el viaje sin retorno. La muerte de ambos presidentes fue oportuna: sus herederos recibieron una bendición inesperada (la muerte de Alfonsín sirvió para que la sociedad argentina recordase que el Partido Justicialista no era la única fuerza política del país, en tanto que la muerte de Kirchner sirvió para que esa misma sociedad olvidase lo que acaba de recordar).

Ciertamente lo que provocó la canonización de esos hombres y su ingreso inmediato al panteón cívico nacional fueron las tremendas campañas comunicacionales, que, de la noche a la mañana, transformaron a esos dos de guante blanco en héroes poseedores de un corazón de oro que sólo los movía a buscar el bien y de una lengua de plata que sólo les permitía hablar honestamente. En 2009 el gobierno, astutamente, trató de extirparle filiación gregaria a Alfonsín para convertirlo en un ilustre argentino, en un “valiente demócrata” cuya habilidad para endeudar al país y fertilizarle el terreno al neocolonialismo debe ser olvidada porque él tuvo el coraje de “frenar” a los militares. En 2010, en cambio, Kirchner fue coronado como el rey del pueblo que –con la valija de Antonini Wilson y los cuadros de Videla y Bignone usurpados del Colegio Militar de la Nación– se atrevió ya no sólo a defender la democracia sino a reformularla en beneficio de la humanidad "oprimida". Por tanto en la historia oficial (escrita, por lo pronto, con tinta kirchnerista) Alfonsín debe figurar como el defensor de un fuerte, en tanto que sólo a Kirchner le cabe el puesto de líder de la vanguardia.

El nombre sin cuerpo

Algo curioso de la muerte de Kirchner fue que el féretro en el que lo velaron estuvo todo el tiempo con la tapa cerrada. Nadie vio al presidente convertido en cadáver. A raíz de ello se tejieron todo tipo de especulaciones sobre lo que realmente había sucedido, es decir hubo mucha gente que puso en duda el modo en que murió Kirchner (se sugirió que en lugar de un paro cardíaco su muerte se pareció más a la de Carlos Soria, un Gobernador que, como Miguel Ragone, fue asesinado en democracia) y hasta no faltaron los que indicaron que el presidente ni siquiera había fallecido. Todo esto no evitó que, en Santa Cruz, se construyese un descomunal mausoleo, del cual al principio se sospechó que se tratase de un templo masónico pero del que ahora se cree que es una gigantesca caja fuerte –nada de ello es extraño en un país como el nuestro, acostumbrado, después de una década de juicios “por la memoria y la verdad”, a condenar gente por homicidio sin que hayan aparecido los cuerpos que constatan las muertes y le dan algo de sentido a esas sentencias.

Aun con Néstor Kirchner encerrado en el ataúd de Schrödinger, los homenajes a este hombre con mirada estrábica y problemas del habla se multiplicaron. Fue el modo que el gobierno tuvo de imponer el luto obligatorio que, debido a los artículos 15 y 16 de la Constitución Nacional, no se puede imponer legalmente. Así todo tipo de espacios públicos comenzaron a ser bautizados y rebautizados con el nombre “Néstor Kirchner”.

En medio de esa “revolución renombradora”, el Gobernador de Jujuy, el impresentable Walter Barrionuevo, no vaciló en anunciar que la nueva Estación Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy iba a llevar el nombre del polémico político. La idea era que, para el año 2011, la obra estuviese concretada, y todo aquel que por vía terrestre visitase la provincia para asistir a los partidos de la Copa América (como lo hicieron las bacrims colombianas y las maras costarricenses) desembarcase en un lugar llamado “Néstor Kirchner”, lo que sería algo así como decirle al mundo que en la puerta de entrada de Jujuy está el sospechado presidente como guardián y anfitrión de la gente.

La obra, por esas “aventuras” presupuestarias que son tan comunes en nuestro país, se demoró más de lo previsto, y terminó inaugurándose recién ahora, en 2014. Mucha gente, harta ya del kirchnerismo, del luto obligatorio (que ni la Presidente Cristina Fernández cumple), y del culto a la personalidad, se opuso a que el sitio llevase el nombre del desaparecido, por lo que comenzaron una campaña para rebautizar el sitio, buscando sustituirlo con el nombre de alguna personalidad local relevante e ilustre. Entre la casta partidocrática vernácula –que incluye a los uceristas que ganaron las elecciones el año pasado– se impuso el silencio, con algunas pocas excepciones, como la de la concejal capitalina Alejandra Mollón de LYDER, quien adhirió a la iniciativa ciudadana que propone expulsar de Jujuy al viejo Néstor Kirchner.    

Canallas al poder

Apenas un par de semanas después de que Jujuy contribuyese a alimentar el mito de grandeza del kirchnerismo, sus gobernantes produjeron otro gesto que resulta mucho más sutil y mucho más dañino para afianzar el legado nefasto de la banda de criminales santacruceños que asaltó el país en 2003. Me refiero, claro, a la canallesca derogación de la ordenanza que convertía a San Salvador de Jujuy en un “Municipio Pro Vida”.

Gracias a la gestión del concejal pejotista Guillermo López Salgado, el Concejo Deliberante de la capital jujeña había demostrado su capacidad de virtuosismo al promover políticas que buscan bloquear el genocidio abortista que festeja la muerte de seres humanos indefensos e inocentes como un triunfo del género femenino y del Progreso Universal. Sin embargo, una vez renovada la constitución del órgano legislativo, los nuevos concejales votaron a favor de derogar la norma.

Esta canallada de borrar con el codo lo que fue escrito con la mano fue celebrada especialmente por los miembros de la nefasta Tupac Amaru, quienes, al asumir por vez primera sus escaños en el Poder Legislativo, impulsaron la derogación como una cruzada urgente.

Lo que sucede es que entre sindicalistas e indigenistas, en la comparsa del frente Unidos y Organizados se agazapan los novordistas que pasaron sin escalas de las oficinas del parasitario INADI a los órganos de gobierno del Estado jujeño. Estos personajes infames, desde su cuartel general en Buenos Aires, promovieron el genocidio con la burda excusa de que para que unas cuantas mujeres (mujeres a las que consideran pobres, tontas y cobardes) puedan ser salvadas de si mismas, es necesario que se legalice la carnicería humana.  

    

De cualquier modo hay que recordar que la derogación de la prohibición de la masacre en Jujuy no fue obra exclusiva de Unidos y Organizados (quienes celebraron el triunfo con un desfile de hombres vestidos de mujer frente a la Iglesia Catedral). Quien más defendió ante la opinión pública la destrucción de la vida con aval estatal fue Lisandro Aguiar, un concejal perteneciente a la Unión Cívica Radical, el mismo partido al cual pertenece el intendente de San Salvador de Jujuy, el arquitecto Raúl Jorge. 

Jorge mantuvo un silencio atroz ante lo que hicieron los concejales uceristas, y todo ello habiendo sido el mismo que decretó que el sector de la ruta 9 que va desde Los Alisos a la Estación Terminal de Ómnibus “Presidente Néstor Carlos Kirchner” se llame “Papa Francisco”. 

¿Acaso el título de “arquitecto” que tiene Jorge tiene más de un significado? Posiblemente así sea, pero más allá de eso el problema es que Jorge, como la mayoría de los partidócratas argentinos, es un gran demagogo. Y si no es así, ¿para qué homenajea a un hombre con el que no está de acuerdo ni comparte sus valores? ¿Lo hace porque es la moda? ¿Lo hace porque también él es un canalla?

Zaín el-Din Caballero