El enemigo en casa
Después
de la crisis social y política que desató la huelga policial de diciembre
pasado, el kirchnerismo ha optado por acorralar a los uniformados para vengarse
por el trauma que les hicieron sufrir.
Desde
un principio el aparato propagandístico del régimen impuso la consigna de que
la protesta policial era un acto de intolerable extorsión, como si los
oficiales estuviesen reteniendo de rehén a la paz social para negociar una suba
en sus salarios. Los fabricantes de relato kirchnerista no tardaron en sostener
que el caos era una maniobra perfectamente calculada por una conspiración de
enemigos que incluía a los policías mafiosos, a los políticos opositores, a los
sindicalistas independientes y a la prensa malvada.
Un rebaño de puras ovejas negras
Como
es sabido, Córdoba fue el punto de partida desde donde se desencadenó la crisis
social que acompañó a las protestas policiales. Tomás Méndez, un periodista
cordobés, explicó en su momento que los policías de su provincia fueron al paro
exigiendo un aumento salarial “desmedido” [sic] porque, tras la revelación de
las conexiones entre la fuerza de seguridad y los narcos que él había denunciado
mediáticamente en los meses anteriores, el gobierno de De la Sota suspendió todas las
actividades ilícitas de los uniformados. Así, con el propósito de compensar la
pérdida de ingresos que significaba para la policía el fin del delito
organizado desde las comisarías, estallaron las protestas para solicitar
mejores sueldos.
La
versión de Méndez, sin duda, es calumniante. Semejante hipótesis sobre el
conflicto policial deja entrever que este sujeto no es más que un cagatintas,
cuyos logros como periodista fueron el mero producto de una interna policial
para la cual él oficio de vocero. A su vez, la tontería enunciada por Méndez es
ingenua o maliciosamente ideológica, pues lo que él sostiene es algo así como
que todo el delito –o, al menos, la mayor parte de los actos delictivos–
ocurren por obra y gracia de la policía. Es una posición típica de la
ultraizquierda más oligofrénica: la policía no es más que un cuerpo de
guardianes de la propiedad, cuya labor consiste en reprimir a quienes se
atreven a violarla; y como casi todos los policías provienen de los sector
pobres de la sociedad, entonces, de tanto cuidar la propiedad ajena y
acongojados por no poseer la propia, se entregan al delito que debían combatir.
Bajo esta perspectiva el ciento por ciento de los policías son corruptos, pues
son simples oprimidos que usan sus armas para prolongar esa opresión, en lugar
de usarlas para liberar a sus hermanos que padecen de las inequidades del
sistema.
Si
se elimina la idea de que la propiedad es el crimen, entonces se puede apreciar
a la policía de un modo más realista: no caben dudas que, como en todos los
ámbitos sociales, hay “ovejas negras” en las filas del cuerpo policial, sin
embargo éstos lejos están de constituir la totalidad de la fuerza, o siquiera
una mayoría. Es probable que la institución policial precise de nuevos mecanismos
para controlar y castigar a sus miembros, pero ello no implica realizar un
total reseteo para recomenzar de cero (como piden muchos exaltados que, pese a
haber estudiado sociología y/o antropología, entienden muy poco acerca de la
naturaleza humana y del funcionamiento de una sociedad).
La paja en el ojo ajeno
En
medio del ojo del huracán del mes pasado, funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación hicieron una conferencia de prensa para señalar que un tal Salvador
Baratta, un antiguo policía convertido en concejal de Lanús por el massismo,
era uno de los autores intelectuales de los saqueos que sufría el país a lo
largo y ancho de su geografía. Por supuesto que, después de eso, no faltaron
los escribas del kirchnerismo que declararon que, tras la extinción del poderío
del Ejército, la Armada
y la Fuerza
Área en la Argentina
(al igual que en casi toda Hispanoamérica), es la policía el cuerpo armado
disponible para que los “grupos económicos monopólicos” financien el
derrocamiento de las “democracias progresistas” de la región. Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval, pese a también contar con armas, no fueron
señalados en esta ocasión como golpistas por los kirchneristas (en 2012,
empero, esas otras fuerzas del orden debieron tolerar ser tildadas de “desestabilizadoras” sólo por reclamar por sus salarios).
Gente
que no tuvo que entregar un examen psicofísico, que no concursó el cargo que
ocupa, cuyo desempeño no fue evaluado para ser ascendido en su carrera
administrativa y que por amistad, parentesco, lealtad hacia el jefe o simple suerte
está donde está, tiene los bríos de acusar por traición a la patria a los
policías psicofísicamente aptos, cuyos puestos laborales fueron conseguidos
gracias a la superación de cursos de capacitación y gracias a haber obtenido el
visto bueno de una junta calificadora. Es indignante. Y más indignante aún es
que mientras los que dan las órdenes hacen desmanes todo el tiempo y acusan a
sus críticos de estar realizando operaciones de prensa, quienes ejecutan esas
órdenes no pueden equivocarse ni una vez sin el temor a perder sus empleos.
Uno
de esos peleles cuyo salario no es más que un ingreso que destina para las
vacaciones –pues tiene tantos negocios de diversa índole en marcha que se
olvidó de lo que es sufrir pensando en llegar a fin de mes– embiste contra un
asalariado que cumple con sus horarios y aprovecha su tiempo libre para sumar
adicionales como seguridad privada, al mismo tiempo que se da maña para agarrar
changas de albañil, mecánico o de lo que pueda. El político fiel al régimen
actual acusa de sedicioso e insurrecto al policía, y alguno va más allá
reprochándole de que sean coimeros, olvidando, claro, que los “malditos
policías” les financian las campañas electorales, aún en contra de su voluntad.
A
treinta años de finalizada la última dictadura militar no falta el kirchnerista
que sostiene que la estructura y los mecanismos de poder autoritario de las
fuerzas de seguridad se mantienen intactos desde aquella época, a pesar de que
hoy en día las cabezas visibles de la policía son gente que ingresó a la fuerza
en los años en que Alfonsín, Menem, Duhalde y Kirchner fueron presidentes, vale
decir en los años en que la institución policial sufrió el proceso de
acondicionamiento presupuestario al nuevo escenario social y político. La
acusación no deja de ser ilusa, ya que ve en un trabajador que con un salario
entre promedio y bajo debe lidiar con la inflación a un émulo de la policía
golpista de los setenta, que cobraba en aquel entonces una cifra tan alta que
resultaba envidiable para el resto del mercado laboral.
Negociando con la pistola sobre la mesa
En
la Argentina
a los policías se le exige que estén disponibles las 24 horas del día, los 365
días del año, en cada rincón del país. Se les pide que no sean corruptos, que
nos protejan, que nos traten amablemente y que estén siempre dispuestos a
enfrentar el peligro aun cuando estén de franco, todo ello a cambio de un
sueldo nada extraordinario y de los beneficios de una obra social. Al mismo
tiempo se les impide reclamar, por lo que se les prohíbe agremiarse. ¿Cómo se
pretende que consigan una mejora en sus condiciones de trabajo? ¿Enviándoles
cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos?
Lo
que diciembre trajo es la vieja discusión sobre la conveniencia o la inconveniencia
de la sindicalización de la policía. Nadie duda de que la aparición de uno o
varios sindicatos policiales equivale a una jugosa caja de recaudaciones, que
le vendrían más que bien a cualquier jerarca gremial. Los políticos
kirchneristas, pese a que hablan pestes de los policías y les demandan todo el
tiempo que se “democraticen” (cosa que ellos, que sistemáticamente se niegan a
competir en internas partidarias, tampoco han hecho), se niegan a permitir la
agremiación. Los opositores al régimen, en cambio, ya han presentado varios
proyectos en ese sentido. ¿Cómo es posible que a la iniciativa progresista en
este asunto la tomen los adversarios del gobierno que se jacta de ser el más
progresista de la historia nacional? El tema no está oficialmente aclarado aún,
pero probablemente pase por algún lugar vinculado a un equilibrio de dinero
legal e ilegal que los pingüinos no quieren romper.
Para
paliar la situación, gente del kirchnerismo ha propuesto alternativas como la
creación de un Defensor de la
Policía (tal y como lo sostuvo el jujeño Daniel Almirón,
entre varios otros). Pero desde la propia fuerza policial rechazan eso, ya que
aunque aprueban la idea desconfían de su aplicación.
La
excusa más a mano de los kirchernistas para anular todo intento de agrupamiento
de la policía es que los uniformados no pueden organizar huelgas, porque las
consecuencias de ellos son nefastas, según lo atestiguan los muertos y los
robos. Entonces están condenados a permanecer al margen de la ley, sin poder
gozar del derecho que la Constitución
Nacional les garantiza.
Lo
que sucede en realidad es que pensar en los sindicatos como instituciones que
sólo existen para declarar el paro de actividades es trivializar la auténtica
función de los mismos, evitando con ello que estas organizaciones se adapten a la
tarea de diseñar a la sociedad actual. De todos modos no hay que negar que el
punto de oposición es bastante fuerte: si la policía se sindicaliza, es obligatorio
que se le quite el derecho a huelga. Y aquí está lo más problemático de todo,
puesto que un sindicato sin derecho a huelga es como un matrimonio sin hijos.
Si se permite un gremio policial que no pueda suspender sus actividades, habría
que revisar las leyes de agremiación para darle un estatuto similar a otros
gremios (como el de los docentes, el de los trabajadores de la salud, el de los
transportistas de pasajeros y hasta el de los bancarios). De más está decir que
eso levantaría la ira de muchos trabajadores en el país.
Argentina
sufre de la cultura piquetera desde hace más de una década. Como la protesta
dejó de “criminalizarse” con los Kirchner, la aplicación de la ley se detuvo. Porque
una cosa es reprimir a trabajadores, estudiantes y otros actores sociales (como
los gobiernos de los últimos 30 años vienen haciendo permanentemente), y otra
cosa es usar la fuerza legítimamente para poner fin a lo “aprietes”: para
distinguir lo uno de lo otro basta con diferenciar a quien ataca de aquel que
se defiende. Cuando Néstor Kirchner mandó a los ambientalistas a bloquear los puentes de Gualeguaychú, implícitamente estaba homologando los acuartelamientos
policiales. Entonces la salida que le queda al país es retornar al orden,
erradicar los malos hábitos. Es eso, o maquillar el asunto con un ombudsman
policial y volver a lo mismo.
La realidad distorsionada
En
la mente del kirchnerista promedio, los medios masivos de comunicación se
ocupan de mostrar sólo lo malo que acontece en el país, pues ello sirve para
desestabilizar al gobierno que les ha puesto en jaque su negocio. El
kirchnerista ilustrado –un sujeto de más difícil avistamiento– sabe que eso es
cháchara, porque en la época de las redes sociales y de los miles de canales
alternativos que contiene la
Internet los viejos comunicadores han perdido un terreno más
que significativo.
Es
imposible negar que hay medios que defienden lo indefendible, como también que
hay medios que atacan por atacar, pues ambos están entrenados para eso. Muchos
otros, en cambio, van hacia donde sopla el viento. Tal es el caso de, por
ejemplo, La Gaceta de Tucumán. El gran diario del Jardín
de la República
hizo una cobertura digna del caos que fue la provincia entre el 8 y el 11 de
diciembre de 2013, y también acompañó discretamente la indignación en contra
del Gobernador Alperovich que se vivió en las semanas subsiguientes. Pero, como
esa era la opinión instaurada (además de ser la menos dañina), también apuntó
contra la policía. Está de moda en Tucumán hablar mal de las fuerzas de seguridad, algo que en Salta, por ejemplo, sería ofensivo. Así fue que Juan
Manuel Montero, otro mercenario cagatintas de alto salario, publicó un violento
artículo titulado “Maldita Policía Tucumana”.
En
su texto, Montero defenestra a la policía de su provincia, tildándola de
caótica. Sugiere que la verticalidad se ha perdido, y por ello una banda de
pistoleros hace de las suyas en la provincia, apoyados espiritualmente por los
oficiales pasados a retiro.
De
cualquier modo se entiende que este periodista se exceda: su escrito es una
suerte de replica a quienes amenazaron de muerte a Alberto Lebbos, a los
fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, al funcionario del Ministerio de
Seguridad Paul Hofer, y al periodista –y jefe de Montero– Roberto Delgado. Aparentemente
fueron policías quienes llamaron por teléfono a esas personas para
amedrentarlos. Pero el episodio en si mismo no resulta verosímil.
Que
no se malentienda: no estoy negando que las llamadas hayan existido, lo que
digo es que todo parece un burdo montaje. Tras siete años de congelamiento,
finalmente en estos últimos meses ha comenzado a avanzar la Causa Lebbos para esclarecer el
homicidio de la joven Paulina. La
Justicia apuntó en contra de varios policías que habrían
encubierto el crimen, demorando con ello la investigación sobre los culpables
de haberle quitado la vida a la mujer. En ese escenario, lo de los policías
parece tener sentido. Pero donde todo se vuelve suprarrealista es en el hecho
de que entre los amenazados esté Hofer. Hofer es la cara del gobierno de
Alperovich en materia de seguridad ciudadana, por lo que una amenaza contra él
es como una amenaza contra su jefe. ¿Por qué los policías buscarían atentar
contra un hombre que cuenta con una enorme protección personal, si le causan más daño filtrando información sobre los asesinos de Paulina Lebbos? Por esa
razón todo suena a una autoamenaza, suena al gobierno provincial ensuciando a
los policías para conseguirse una excusa. ¿Excusa para qué? Pues supongo que
para dar marcha atrás con el aumento, como ya lo hicieron los gobernadores de
Chaco, Entre Ríos y Misiones que se niegan a reajustar sus presupuestos y a
inventar impuestos para pagarle a los uniformados. El propio Hofer dijo que eso no pasaría en Tucumán (como dijo también que no habría acuartelamiento ni saqueos en diciembre), pero de gente como él poco se puede creer.
De
cualquier manera, más allá de este tema me gustaría volver sobre la crudeza del
texto de Montero. En un párrafo, este sujeto señala que desde hace 15 años
(¿por qué 15 años?) “en la
Policía no entra quien debe, sino quien quiere”. Acusa a los
oficiales actuales de no tener vocación, de ser meros rapiñadores de sueldos,
que se vistieron de azul porque son familiares o amigos de dirigentes
políticos. Por supuesto que eso no es cierto: en el ingreso a la policía suele
haber en muchos casos un componente nepótico, pero la fuerza es bastante
receptiva. Y es verdad que falta vocación en los muchachos y las muchachas que
se incorporan al cuerpo policial. ¿Pero cómo exigírsela?
La
policía, en la Argentina
contemporánea, sufre de un descrédito enorme, y es despreciada socialmente por
ricos y pobres por igual. Los protegidos de los dirigentes políticos optan por
empleos en la tranquilidad de una oficina pública, antes que por ponerse un
chaleco antibalas y salir a patrullar una ciudad con una criminalidad bastante
alta.
Tal
vez no sea una mala idea reconstruir culturalmente la imagen de la policía
argentina y despertar así alguna vocación. Para ello es crucial lo que hagan o
no hagan los medios de masivos y alternativos de comunicación.
Víctimas de los victimarios
Recuerdo
que cuando los saqueos pululaban por todos lados, el periodista
ultrakirchnerista Adrián Murano, casi como un filósofo, indicó que “el
hiperconsumismo” de diciembre fue uno de los estimulantes del delito. Linda
forma de justificar a los bandidos: poseídos por el espíritu malvado del
consumo, los humildes, los “incluidos” por la benévola Cristina Kirchner en la
“década ganada”, se sumaron sin meditarlo demasiado a la obra destructiva
organizada por las fuerzas del mal que promovían el odio y la discordia.
Evidentemente
la Argentina
padece de anomia. No quiero insistir con esto, pues muchísimo se ha escrito al
respecto, y poco se ha hecho para remediarlo. Es que acabar con la anomia
implica trastocar el estado de cosas actual, lo que significa confrontar con
sectores que tienen todo acomodado para maximizar la ganancia y minimizar el
esfuerzo. Ya lo apunté más arriba al hablar de los sindicatos: para que hayan
cambios drásticos, deben haber acciones drásticas, lo que necesariamente supone
enfrentamientos. En la
Argentina de hoy sobra el conflicto, pero no entre las partes
que deberían de chocar. No propongo que se produzca una alianza entre los
actores en pugna y se avance en contra de otros, propongo que se abran nuevos
frentes.
Pero
si alguien va a ir a la batalla, no puede hacerlo desarmado. Aquí creo yo que
es necesario potenciar lo de la cultura que señalé más arriba. Los cambios
estructurales tardan años en lograrse, por ello, por ejemplo, aunque se haya
demolido el concepto de Familia en nuestro país, aun así esta institución
social sigue siendo muy positivamente considerada por la mayoría de la gente. Lograr
que la gente proyecte coherentemente su vida a largo plazo es algo que no se logra
en una semana, sino que lleva su tiempo. Erradicar al apriete, recuperar el
servicio militar obligatorio, reintroducir la educación en las escuelas, desacostumbrarse
al fácil acostumbramiento ante la crisis que tenemos, es algo que demora
bastante. Sin embargo nada de ello se consigue si no se hace nada al respecto.
Silvio Manino Leal, un tucumano que trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Nación desde la época en
que Nilda Garré mandaba, propuso que hay que cambiar la matriz de pensamiento
de la policía, tal y como se hizo con las Fuerzas Armadas. Tan poderoso ha sido
el trabajo contra las FFAA de los últimos veinte años, que la mayoría de los
argentinos se olvidaron de que existen. A la policía no se le puede hacer lo
mismo. En este caso los ajustes internos son mínimos comparados con el trabajo
externo que debería de emprenderse.
Concretamente
en el caso policial, me gustaría ver más a los uniformados en las escuelas
promocionando la institución y multiplicando su presencia en ambientes no-hostiles.
Que al policía no sólo se lo invoque ante la aparición de un problema, sino que
tome un rol activo y no de mero vigilante en los momentos de calma. No niego
que ello sea incómodo para los oficiales, ya que su trabajo no es
específicamente ese, pero se está en un punto en el que hace falta flexibilizar
la imagen emitida para ganar confianza y credibilidad. Los medios podrían hacer
su parte: en EEUU, por ejemplo, el Ejército del país financia la creación de videojuegos para penetrar en el mundo juvenil del cual se nutre; algo similar en estas
latitudes no sería mala idea. O tampoco estaría mal que las fuerzas de
seguridad administren canales de televisión, equipos deportivos y coproduzcan
entretenimiento, estrategias que, justamente, están pensadas para reconstruir
la proyección de la institución en el imaginario colectivo. Una inteligente e
innovadora campaña mediática de la policía colaboraría en eso de hacer que el
azul recupere la dignidad que perdió.
Pablo
Ulises Soria
