El circo que odia a los niños
Cuando era
niño amaba ir al circo. Cada vez que se largaba la temporada circense en mi
ciudad, mi abuelo me llevaba a presenciar todas las funciones que podía, puesto
que él amaba el circo tanto como yo (en rigor fue mi abuelo quien me contagió
el gusto por los circos). Me fascinaban los equilibristas, los trapecistas, las
contorsionistas, los malabaristas y los tragafuegos. Me maravillaban los magos
y me divertían los payasos. Y, por supuesto, me deslumbraban los animales: mis
ojos brillaban de alegría al ver a los tigres, a los leones, a los canguros, a
los osos y a los elefantes. Mi aprecio por los animales era tan profundo, que más
de una vez fantaseé con escapar de la escuela y pasar todo el día conviviendo
con ellos, viéndolos comer, dormir o ensayar para sus actos.
Cuando mi
abuelo murió, mi relación con los circos se congeló. El circo llegaba a mi
ciudad, pero mi ausencia se notaba en sus gradas.
Un día, tras
quince años de faltar sistemáticamente a todas las funciones brindadas, decidí
volver a pisar el interior de un circo. El espectáculo, como era de esperarse,
me defraudó un poco, pero fue más que nada por el contraste entre la realidad y
las imágenes de la niñez que uno atesora (es como leer con pasión El principito o El lobo estepario cuando se tiene 12 o 13 años, y volver a hacerlo
veinte años después: la experiencia de los textos es completamente diferente,
puesto que la apreciación de los mismos cambia según la experiencia de vida que
uno tenga consigo). De todos modos me llamó la atención que, al momento de
entrar a presenciar el espectáculo, frente a la enorme carpa se podía divisar a
una docena de personas vociferando en contra de los dueños del circo. Exigían
el cese de los actos en los que estaban involucrados animales, y pedían que a
esas creaturas las enviasen a zoológicos o a reservas naturales para que dejasen
de sufrir en sus pequeñas jaulas.
Visitando San
Salvador de Jujuy el jueves pasado, tuve la mala suerte de caminar por la avenida
Senador Pérez. Una horda de buitres de diversas edades habían tomado las calles
para, simplemente, hacer acto de presencia. Por alguna razón me vino a la mente
el tema de los circos y recordé esa escena que vivencié frente a los
protectores de animales. Sin embargo habían sutiles diferencias. A saber: mientras
que los proteccionistas buscaban la liberación de los animales para darles así
un trato “más humano”, los revanchistas, en cambio, piden el encierro de los
seres humanos en las celdas más deplorables que posea el sistema carcelario de
la nación, para atenderlos como bestias; mientras que los proteccionistas se
manifestaban en contra de lo que pasaba dentro de la carpa, los revanchistas
expresan completo apoyo a lo que sucede en el interior del Juzgado; mientras
que en los proteccionistas primaba el altruismo de buscar un mundo mejor para
todos los seres vivos, en los revanchistas sólo existe la intención egoísta de maximizar
sus ganancias.
Lo más
lamentable de todo ese evento no fue la tonelada de basura que dejaron los
revanchistas, o el caos vehicular que esos personajes provocaron (y que
significó que a miles de jujeños les absorban el tiempo para retornar a sus
hogares sin un motivo válido); lo más triste de todo fue comprobar que un buen número de escuelas
iniciales y medias, tanto públicas como privadas, decidieron suspender sus
actividades. Claro que se puede aducir que esa decisión provino del oportunismo
de docentes sin vocación que optan por no dar clases cada vez que se les
presenta la oportunidad, pero también es plenamente justificable la
inactividad: si la escuela existe para que los jóvenes aprendan a distinguir la
verdad de la falsedad, ¿qué tipo de mensaje se le estaría dando a una persona
que, tras haber aprendido sobre la importancia de que las cosas se adecuen al
entendimiento y de que el entendimiento se adecue a las cosas, sale a la calle y
observa a la mentira, a la falsificación y a la tergiversación reinando en el
palacio donde se imparte la justicia?
De las
instituciones educativas de la zona, sólo el Centro Educativo Germán Abdala –un centro de adoctrinamiento financiado por la Organización Barrial
Tupac Amaru– prosiguió con sus actividades normalmente, instando a que su estudiantado
se acople a las columnas que hacían una vigilia en la esquina de Senador Pérez
y Belgrano.
Juicios sin justicia
Jujuy es una
de las últimas provincias en prestarse a la venganza del dedehachehachismo. En
casi todo el país, la farsa ya tuvo lugar. No hace falta ser adivino para saber
como terminará este asunto: prisión para todos los imputados. Es la
consecuencia lógica de un juicio en donde se viola el principio de igualdad
ante la ley, en donde se obliga al acusado a probar su inocencia (cuando en
realidad son los acusadores los que tienen que demostrar la culpabilidad), en
donde se invoca a la neblinosa “costumbre internacional” para justificar la
existencia de los procesamientos, y en donde se niega el beneficio de la
excarcelación durante el proceso sin proveer ningún tipo de argumento válido,
como así también se impiden los arrestos domiciliarios para las personas
mayores de 70 años.
Un
delincuente común –digamos un homicida– recibe un trato completamente distinto
por parte de la Justicia
en nuestro país. En primer lugar, para alguien así si rige la prescripción de
la causa debido al tiempo transcurrido, pues los jueces consideran que el paso
de los años puede alterar la veracidad de los testimonios; para un acusado de
delitos de lesa humanidad, en cambio, tal cosa directamente no existe, y se lo
juzga en base a lo que pasó hace más de treinta años, sobre lo que un grupo de supuestos
testigos sostienen.
En segundo
lugar está el hecho de que a un delincuente común no lo juzgan con figuras
legales inventadas e implementadas después de que su delito fuese cometido, por
el hecho de que las leyes penales no son retroactivas (supongamos que el
homicida del ejemplo mató a un anciano y que un par de años después de
consumado su crimen el Congreso de la
Nación modifica el Código Penal para aplicarle la pena de
muerte a todo asesino de ancianos, pues bien como el “gerontocidio” fue
cometido antes de la modificación, el homicida se salva de la inyección letal,
el fusilamiento o la horca); al supuesto delincuente de lesa humanidad le cabe
la calificación de “genocida”, pese a que ésta entró en vigencia en nuestro
país recién en 1994, cuando, por culpa de la nueva Constitución Nacional, Argentina
se convierte en un Estado soberano que adhiere automáticamente a una serie de
Pactos y Tratados internacionales totalmente criticables.
En tercer
lugar está el tema del encierro. A un delincuente común lo encarcelan durante
el proceso si y sólo si existe riesgo por parte del mismo de entorpecer el desarrollo de la investigación
o de profugarse; si esas posibilidades no son reales, entonces el delincuente
común puede retornar a la vida que llevaba antes de ser imputado (tomando el
ejemplo del hipotético gerontocida del que venimos hablando, de alguien que
mató a un anciano para quedarse con su casa, lo más probable es que un juez
argentino lo deje en libertad mientras es procesado). En el caso de que se
trate de un acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad tal beneficio
–como no podía ser de otra manera en un país que glorifica la venganza como el
nuestro– no existe.
Finalmente no
hay que perder de vista la jerga legal. Cuando un delincuente común es
condenado, se lo envía a la cárcel con fines de “resocialización”. La Justicia argentina lo ve
como a un inadaptado, y por ello decide subvencionarlo durante el tiempo que
dure su pena para que retorne al mundo civil convertido en una persona de bien.
Al acusado de delitos de lesa humanidad, por el contrario, no se lo desea ver
reinsertado sino, simplemente, castigado del modo más brutal posible por los
crímenes de los que se lo acusa de haber cometido allá lejos y hace tiempo.
La juventud oportunista
La razón por la
que los juicios contra la gente acusada de haber cometido delitos de lesa
humanidad en Argentina son tremendas mamarrachadas jurídicas es, básicamente,
porque no hubo tales delitos. En la década de 1970 lo que hubo fue una guerra. Y
esa guerra dejó, por un lado, a un bando ganador y, por el otro, a un bando
perdedor. El bando ganador, por supuesto, fue mucho más numeroso que el perdedor,
puesto que el mismo incluía a los millones de argentinos que no tenían ninguna
intención de vivir bajo el yugo del que a la postre constituiría el bando que
terminó siendo derrotado.
La secuencia
es fácil de entender: un grupo de subversivos arman unos ejércitos clandestinos
para llevar a cabo una serie de campañas terroristas con el objetivo final de
tomar el poder del país, las Fuerzas Armadas de la Nación intervienen para
aniquilar a esos terroristas, el terror se acaba y la paz retorna a nuestra
patria.
Sin embargo
lo que no es fácil de entender es todo lo que vino después. Mucho se ha hablado
ya de eso y repetirlo es un poco tedioso, fundamentalmente por el hecho de que,
a estas alturas, prácticamente todos saben la verdad acerca del asunto. El
problema, hay que señalarlo, no es el desconocimiento de la verdad, sino la
opción voluntaria por la mentira. Eso es lo realmente grave.
Claro que no
se puede culpar a quienes vivieron esa época por escoger la mentira. Seguramente
a la madre de un infame terrorista muerto le gusta creer que su hijo era un
luchador social y que sus actos demenciales sólo buscaban la creación de un
mundo más igualitario, libre y fraterno. A una mujer, por más desventurada y
desacertada que haya sido su maternidad, no se le puede negar la facultad de
mentirse a si misma y expresar ello públicamente. Pero no se puede decir lo
mismo del resto de las personas.
El jueves
pasado en Jujuy no sólo estaban los tupaqueros acarreados a la manifestación por
un choripán y un vaso de vino, también era preocupantemente grande el grupo de
jóvenes enardecidos, los cuales, vestidos con remeras de determinados colores y
peculiares estampados, cargaban con banderas y pancartas. Cualquiera se
sentiría tentado a ver en esa juventud protestona a los equivalentes actuales
de los que en la década de 1970 fueron detenidos y desaparecidos por las
fuerzas de defensa y de seguridad en el marco de una guerra civil. Sin embargo, si
se considera el hecho de que los de ahora no están allí por la defensa de sus ideales
sino por el mero hecho de rapiñar puestos laborales en el Estado, uno podría
imaginarlos con más exactitud como una especie de brazo juvenil del loperreguismo.
Es decir, de haber vivido hace 36 años atrás, casi la totalidad de esos jóvenes
oportunistas que fueron a mostrarse el jueves frente al Juzgado Federal de
Jujuy hubieran estado todos festejando el aniquilamiento de aquellos
subversivos que hoy en día vindican como si se tratase de héroes.
Delitos de lesa humanidad: la terrible impunidad
Los
dedehachehachistas más sedientos de sangre atribuyen la demora del inicio de
los “juicios” en Jujuy a una conspiración de los imputados para eludir su turno
en el patíbulo. Acusaban por ello a Carlos Olivera Pastor, el otrora titular
del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, de estar comprado por los acusados para
dilatar eternamente la convocatoria a las audiencias judiciales. Tal era lo que
sostenía, por ejemplo, Jorge Auat, un funcionario al cual el pueblo argentino
le paga mensualmente un abultado salario para que se ocupe únicamente de promover
las causas de los supuestos delincuentes de lesa humanidad.
Pero lo cierto es que Olivera Pastor si trabajaba en torno a las
causas de los dedehachehachistas, y no
con la intención de demorarlas. A la par que hacía esto, el antiguo Juez se
ocupaba de casos que, a diferencia de los pedidos de venganza por los
familiares de los caídos en una guerra que ellos comenzaron, si son de vital
importancia para garantizar la paz y la seguridad nacional: el narcotráfico.
La salida de Carlos Olivera Pastor y su reemplazo por Fernando Poviña
no sólo ha significado el inicio del circo judicial dedehachehachista en Jujuy,
sino que también ha acrecentado el temor de que el trabajo judicial en contra
del nefasto narcotráfico vaya a enfriarse considerablemente.
Así, mientras el Poder Judicial se esfuerza en hacer ver a los
miembros de un ejército victorioso como delincuentes de lesa humanidad, los
verdaderos artífices de los delitos de lesa humanidad, los narcotraficantes, empiezan
a respirar aliviados en el Norte argentino.
Francisco Vergalito
