La guerra en espera o sobre el tráfico ilegal de armas en la Frontera Caliente

Las clandestinas

En febrero de este año la Policía de Salta detuvo en Salvador Mazza a dos delincuentes que habían protagonizado un raid delictivo en la ciudad. El detalle más llamativo del caso fue que, para robar, los malvivientes emplearon subametralladoras. La prensa señaló que se trataban de Uzis, pero la noticia fue desmentida poco tiempo después: en realidad eran subfusiles FMK-3. La rectificación tenía por propósito calmar a la ciudadanía provincial, la cual, al enterarse de la noticia, se manifestó en las redes sociales sosteniendo que resulta profundamente preocupante que armas de guerra de origen extranjero lleguen a manos de delincuentes argentinos, ya que ello deja entrever que el hampa del país, al adquirir armamento militar, está elevando los niveles de violencia criminal a alturas inéditas.

La prensa adicta al gobierno pretendió ocultar el episodio indicando que los FMK-3 son de fabricación nacional y de uso común por parte de las Fuerzas de Seguridad argentinas, por lo que –según su hipótesis– esas armas habrían llegado a manos de la delincuencia gracias a algún policía corrupto que se las habría facilitado. Sin embargo, si se revisa la hemeroteca se encontrará que, en 2012, un joven fue detenido en la misma ciudad de Salvador Mazza portando, ahora si, una Uzi de procedencia extranjera.

De todos modos las subametralladoras no son las únicas armas que los policías salteños encontraron en el norte provincial en lo que va del año: en Payogastilla los vecinos se toparon con una granada, mientras que en Piquirenda, el allanamiento de una casa permitió el hallazgo de un arsenal, que hasta contaba con la presencia de munición antiaérea, la misma que se usa para derribar helicópteros. ¿Por qué hay armas de guerra circulando clandestinamente por Salta y el resto del Norte argentino?

El papel de Bolivia

El episodio de Piquirenda dejó en evidencia algo que normalmente se busca silenciar: el rol del Ejército de Bolivia en las operaciones de tráfico de armas en la Argentina. Esta vez las autoridades de esa institución tuvieron que admitir que algún tipo de responsabilidad tienen por el ingreso de material bélico en nuestro país, ya que varias de las armas incautadas en esa oportunidad tenían marcas identificatorias del principal cuerpo militar boliviano. 

En más de una ocasión se ha denunciado que Ecuador funciona como puerta de entrada a Suramérica de la inmigración internacional masiva. Gente de Asia, África y Europa desembarca casi sin ningún tipo de restricción en el pequeño país gobernado por Rafael Correa, y desde allí se traslada hacia el norte o hacia el sur del continente, aprovechando la debilidad de los controles fronterizos o la facilidad para atravesar ilegalmente algunas fronteras. Pues bien, mientras que Ecuador ha adoptado el papel de facilitador del ingreso de la inmigración ilegal al continente, Bolivia ha hecho lo propio con las armas.

En 2012, después de una infernal balacera en una ciudad boliviana protagonizada por narcotraficantes y hombres de la Fuerza de Seguridad de ese país, funcionarios de Morales se vieron forzados a reconocer que no ejercen demasiado control sobre la circulación de armas en su territorio. El dato relevante que fue aportado en esa ocasión es que la mayoría de las armas habrían ingresado desde Rumania e Israel. Sin embargo es obvio que hubo una manipulación de la información: la industria de armas de Rumania, que hace algunas décadas atrás llegó a ser una de las más grandes del mundo, hoy en día se encuentra reducida a su mínima expresión; es por ello que, en los últimos 15 años, Rumania no ha estado exportando armas de fabricación propia al resto del mundo, sino que ha estado funcionando como plataforma para triangular negocios.

El Caso Shimon Naor-Hershkowitz lo ilustra: un antiguo miembros de las Fuerzas Armadas israelíes, tras retirarse en su país, se reubicó en Rumania desde donde consiguió que muchas armas fabricadas en Medio Oriente llegasen con facilidad a destinos del Tercer Mundo. El diario israelí Haaretz, en un artículo de 2010, señaló la multiplicación de casos como el de Naor-Hershkowitz en los últimos quince años. De allí que las armas encontradas en Bolivia en 2012 no fuesen rumanas, sino que eran israelíes pero habían sido exportadas en una turbia triangulación con el país de Europa del Este. Por ello Bolivia puede darse el lujo de declarar “terrorista” al Estado de Israel: sus negociados con ese país no les exigen fingir la existencia de buenas relaciones.

Es el Estado boliviano el que invierte en armas, pero sólo un pequeño porcentaje de lo adquirido se queda en el país. El resto fluye con rapidez en todas las direcciones –excepto hacia el Oeste, en donde Chile se ocupa de restringir y complicar el acceso de lo boliviano a través de su frontera. Las armas que Bolivia envía al norte del continente, atraviesan diversos puntos de la frontera peruano-boliviana con enorme facilidad. Sin embargo es en Bolpebra –triple frontera norte de Bolivia– en donde operan los cárteles de narcotraficantes mexicanos y colombianos interesados en adquirir armas ilegales, y lo hacen junto a toda otra clase de sinarquías ocultas que se dedican a diversas actividades delictivas que van desde el comercio de niños hasta la colaboración con el terrorismo islámico. En ese sentido, Bolpebra es similar a Ciudad del Este en Paraguay.

Ahora bien, en Bolivia hay puntos claves en materia de tráfico de armas perfectamente identificables. Los mismos son Puerto Suárez en la frontera boliviano-brasileña (en donde son frecuentes los intercambios de armas por municiones, ya que en Brasil opera la Companhia Brasileira de Cartuchos, que es la fábrica más grande del mundo en su rubro), Villamayor en la frontera boliviano-paraguaya (en donde se suelen realizar trueques de armas por importantes cantidades de marihuana), y Yacuiba en la frontera boliviano-argentina (en donde, entre otras cosas, se ha vuelto habitual la permutación de armas por vehículos).   

Los inquietantes colombianos

   

El año pasado, en la capital de Salta, un operativo de la AFIP en contra de usureros se topó con cuatro decenas de armas y una importante cantidad de municiones. Algunas de las armas eran de guerra, algunos de los usureros eran colombianos.

En Salta hay una colonia muy grande de colombianos. Ricardo Moreno, Juez Federal de Catamarca, señaló que sólo en los departamentos del norte provincial se han instalado cerca de 2.000 personas provenientes de Colombia. Claro que no por ser colombiano se está necesariamente vinculado al mundo del delito, pero el número de personas de esa nacionalidad atrapadas en actividades delictivas en los últimos cinco años es asombrosamente alto. Y los delitos agotan casi todas las tipificaciones: hurtos, robos, homicidio, contrabando de mercadería, narcotráfico, estafa, lavado de dinero y, claro, tenencia ilegal de armas.

Lo curioso de los colombianos en Salta son sus pasaportes. Hay muchos que no tienen problemas en admitir que provienen de Colombia (durante el desarrollo de la última Copa del Mundo de Fútbol se los veía caminando con camisetas amarillas o reunidos en bares para ver los partidos), sin embargo los pasaportes de estos personajes los sindican como ecuatorianos, venezolanos o de otras nacionalidades. Y así como hay colombianos con documentación evidentemente falsa, también hay gente de otras latitudes (mayormente centroamericanos) que ingresan a la argentina con pasaportes colombianos, presuntamente falsificados.

Estos datos le fueron revelados a El Defensor del Norte Argentino por un miembro de la Gendarmería Nacional, al que, para proteger su integridad, llamaremos simplemente “El Informante”.

El destino del mal

Al consultarle al Informante sobre el destino de las armas ingresadas ilegalmente a Argentina, nos aseguró que son cuatro grupos los que se benefician del fenómeno del tráfico.

En primer lugar está el hampa nacional. Los maleantes, ciertamente, son los principales beneficiarios de la porosidad de la frontera Norte. A éstos les interesa adquirir especialmente las armas de calibres más bajos, útiles para realizar asaltos. Aunque hay algunos otros que buscan las armas de guerra, pues se dedican a atacar camiones blindados y ese tipo de objetivos que requieren de un poder de fuego importante para poder doblegarlo.

Junto a los delincuentes que acopian armas para usarlas para robos y ese tipo de delitos (el Informante nos habla de bandas con larga experiencia, muchas de ellas integradas por policías o gendarmes corruptos, algunas de las cuales protagonizan los hechos delictivos ellos mismos y otras sólo alquilan el armamento a quienes optan por el crimen), están las agrupaciones legales o semi-legales a las que también les interesa armar sus arsenales. En este caso ya no sería para atacar a los ciudadanos argentinos, sino para protegerse de posibles ataques externos. El Informante señala a los sindicatos, las barrabravas y ese tipo de organizaciones que cada tanto se ven involucradas en episodios que incluyen balazos. Aquí, según el Informante, se encontraría, por ejemplo, la Organización Barrial Tupac Amaru o la barrabrava de Atlético Tucumán. Estas agrupaciones, muchas veces, le facilitan el acceso a las armas –a través de la venta, el alquiler o la permuta– a gente interesada en delinquir. “Es un negocio extra” nos indica el Informante.  

Sin embargo, ante estos grupos tradicionales de delincuentes, resultan más llamativos los otros dos grupos que estarían equipándose con armas de fuego para sus actividades ilícitas, ya que, según el Informante, serían ellos los más interesados en poseer las armas más letales y dañinas (la munición antiaérea, la granada y la Uzi que mencionamos anteriormente): los narcos y las guerrillas.

En efecto, el Informante destaca que los narcos –gracias a que viven con cierta complicidad gubernamental, como lo probaría, entre otras cosas, el infame traslado del Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional de Salvador Mazza hacia Aguaray– no han tenido la necesidad de iniciar un enfrentamiento bélico contra el Estado argentino, como si ha sucedido en Colombia o en México. No obstante el problema es que aguardan el cambio de gobierno y la consiguiente reforma en materia de lucha contra el narcotráfico, lo que los obligaría a levantarse en armas. Por ello, como la hormiga de la fábula que trabaja pacientemente para estar preparada para tiempos difíciles, los narcos por estos días se estarían dedicando a equiparse para la guerra, acumulando armas de gran poder.     

Por otro lado el Informante también destaca a las guerrillas: “oficialmente en la Argentina no opera ninguna guerrilla, pero no sería extraño que súbitamente aparecieran”. Hoy en día, con el socialismo en el poder, encontrar una excusa para levantarse en armas es un tanto complicado. Sin embargo en la Argentina existen grupos que podrían estallar “ante la injusticia”: son los ahora llamados “pueblos originarios”.

En Salta, en particular, los aborígenes –en la provincia se usa más esa denominación que la de “pueblos originarios”– sufren no sólo de la marginación del sistema capitalista sino también de la manipulación por parte de toda clase de personajes, que van desde miembros del gobierno que los usan para sumar votos hasta las misiones de las iglesias anglicanas que los ponen en contacto directo con financistas de Londres, interesados en contribuir con el desarrollo de gente que vive sobre una zona rica en petróleo. En Salta los indios locales no tienen el nivel de organización que si tienen los mapuches en Chile, pero coinciden con éstos en que ambos son objeto de especial interés por parte de sinarquías ocultas y visibles de origen británico.

La importación nefasta  

Las guerrillas indigenistas, teoriza el Informante, tendrían por objetivo operar como pantalla para permitir que la ilegalidad de la frontera Norte siga intacta. Un experimento similar se estaría llevando a cabo en Panamá, más precisamente en la región de Darién. El epicentro de estos grupos sería Salta, pero podrían extenderse a otras provincias septentrionales del país.

Los aborígenes salteños se han mostrado predispuestos a protagonizar acciones de carácter guerrillero como los sabotajes: la destrucción de una antena de telefonía de la empresa Telecom o la voladura de una cisterna propiedad del empresario Franco Brunetti son sólo botones de muestra. El temor es que habría la intención de prepararlos para la realización de acciones más violentas como secuestros extorsivos, asesinatos políticos y operaciones de guerra psicológica. De ese modo actuarían como las FARC: con excusas ideológicas, colaborarían para que los narcos desarrollen sus actividades con menor presión. En materia de armas no habría problemas, ya que “mientras que la guerrilla del siglo pasado necesitaba asaltar cuarteles y comisarías para conseguir armamento, hoy en día es tanta la facilidad para obtener un arma en el mercado negro que lo último que se le ocurriría a alguien interesado en formar una guerrilla sería intentar un copamiento saqueador”. 

El Informante nos recuerda que Sergio Schoklender desarrolló un ambicioso proyecto de urbanización en el norte salteño. Antes de que Sueños Compartidos pudiera concluir con las obras que había iniciado, ya se rumoreaba que uno de los barrios que iban a construir se denominaría tarde o temprano “Pequeña Medellín”, puesto que albergaría, principalmente, a colombianos emigrados. No es un secreto el vínculo de Madres de Plaza de Mayo con los movimientos terroristas de América y Europa. Lo que se decía antes de la caída de Schoklender es que en un solo lugar se concentrarían gente de las FARC, Sendero Luminoso y otras bandas de esa calaña que saben mucho de hacer la guerra pero poco sobre vivir en paz. Al día de hoy, la “Pequeña Medellín” existe, sólo que no ha sido oficialmente erigida por Schoklender y, por tanto, se encuentra fragmentada y dispersa a lo largo y ancho del territorio nacional.

Ángela Micaela Palomo

El doble discurso

La falaz guerra de los sexos

En mayo del año pasado, el Gobernador Juan Manuel Urtubey anunció con bombos y platillos la incorporación a su administración de un travestido que dice llamarse Mary Robles. Se suponía que este hombre cobraría un sueldo del Estado para trabajar en beneficio del pueblo salteño. Así, lo primero que se le ocurrió a este iluminado fue la genialidad de pedir la revisión del Código de Contravenciones de la provincia para que los hombres travestidos pudiesen ejercer la prostitución en la vía pública sin ser importunados por la policía. Al final, unos meses más tarde, el propio Robles se desvinculó del gobierno, después de que los funcionarios urtubeycistas le negaran la chequera que creía que iba a poseer (aunque la excusa oficial fue que se sintió ofendido cuando una ministra le señaló a Robles que si quería que el Gobernador se reuniera con sus amigotes travestidos procurara evitar hacerlo partícipe de un corso carnavalesco). 

Pues bien, este año Salta no se privó de promover a un nuevo travestido al poder para que éste se encargue de sugerir ridiculeces. Me refiero, claro, a Rodrigo Liendro, un antiguo afiliado al Partido Socialista, que se incorporó al gabinete del Intendente de Salta en el rol de jefe de algo bautizado como “Dirección General de la Diversidad”: desde allí, lo primero que hizo este sujeto fue pedir la abolición de la entrada diferencial en los locales bailables de la capital provincial y su reemplazo por la entrada única. Es decir Liendro exige que hombres y mujeres paguen lo mismo para ingresar a una discoteca, buscando así eliminar la gratuidad de la que normalmente gozan las mujeres en la noche bolichera.

La idea de Liendro fue rechazada por los empresarios del rubro afectado, ya que la consideran una intromisión comunista en un asunto capitalista. Ellos declaran ser libres de imponer los precios que crean convenientes para asegurar la rentabilidad de su negocio. Para Liendro, en cambio, esa práctica es discriminatoria, ya que en su mente la caballerosidad “cosifica” a las mujeres. Las feministas se dejaron convencer por semejante imbecilidad, y por ello se pusieron del lado de Liendro.

De todos modos lo del Director Municipal de la Diversidad es patético, pues subestima a las mujeres. En efecto, alguien debería avisarle que la gratuidad de la entrada no es obligatoria, por lo que si una mujer se siente ofendida por ello nada le impide que desembolse el monto correspondiente en la boletería y “recupere” la dignidad que creyó haber perdido. Si las mujeres no lo hacen, no es porque sean esclavas mentales de una falocracia que hay que erradicar a fuerza de leyes represivas y lavado de cerebros, es porque, simplemente, deciden no hacerlo. La mayoría se manifiesta a favor de algo. Es la democracia en marcha, aunque le pese a Liendro.

Oportunismo

El origen de la propuesta de Liendro es el travestismo: en muchas discotecas dejan ingresar gratis a las mujeres, les cobran una entrada a los hombres, y a los travestidos les hacen pagar un par de pesos de más. Es la manera que un local bailable tiene de seleccionar a su clientela, haciéndole un favor tanto a los que convoca como a los que excluye. Pues bien, esta diferenciación de los clientes según su orientación sexual resulta aberrante para los elegebetistas, quienes sostienen que las personas somos todas iguales.

Con esa consigna del igualitarismo, los grupos de presión de invertidos consiguieron hace no mucho que se les levanten las restricciones a los homosexuales para donar sangre en algunas provincias, y estuvieron a punto de lograr que ello suceda a nivel nacional (debido a una ley que aprobó casi con unanimidad la Cámara de Diputados –Alfredo Olmedo se opuso a esa aberración– y que luego, gracias a Dios, durmió en los cajones del Senado de la Nación sin llegar a ser refrendada).

Ahora bien, mientras que los elegebetistas predican la igualdad en unos casos, ellos mismos se encargan de contradecirse en otros. Son escandalosamente incoherentes. Son tan burdos de hecho, que detenerse a ponderar lo que dicen con un mínimo de seriedad resulta una afrenta a la propia inteligencia; sin embargo la moda actual consiste en anularse el sentido común y cercenarse la capacidad de razonar para que se imponga la corrección política.

Y si a alguien le parece que lo que sostengo es errado, basta con recordar que en julio la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) le presentó a Matías Posadas, actual interventor del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, un proyecto en el que le demandan al Estado salteño la reserva de un “cupo gay” de las casas que construyen. ¿Acaso no es eso una avivada que perjudica a la mayoría a la que los homosexuales y demás ralea pretenden asimilarse?

La mente abierta y la cola cerrada  

En la Argentina, gracias a esas aberraciones jurídicas de la Ley de Matrimonio Homosexual y de la Ley de Adulteración de Género, los homosexuales son percibidos por el Estado como poseedores de idénticos derechos que los normales. Entonces si un hombre al que le gusta que le empepinen la retaguardia quiere una casa construida con dinero público, debe seguir con los mismos procedimientos que sigue cualquier otra persona (debe, ante todo, contraer matrimonio y anotarse en el padrón de solicitantes, ya que la prioridad en vivienda la tienen las familias). Esto, según parece, les resulta chocante a los elegebetistas, que son los mismos elegebetistas que quieren donar sangre e ingresar a discotecas de exactamente el mismo modo en que lo hace el resto de la gente.

Para acabar con este flagrante doble discurso –que lo único que busca es llenar de privilegios a una minoría y, al mismo tiempo, eximirla de sus obligaciones– es necesario que las leyes sancionadas en el último lustro sean severamente revisadas. Eso de permitirles a dos hombres o a dos mujeres casarse y adoptar hijos es un grave error. Sería bueno que alguna comisión especial parlamentaria, algún organismo del gobierno, alguna universidad o alguna ONG desarrolle una investigación detallada sobre el universo de las bodas gays. Es necesario que se nos informe a los argentinos sobre cuántas parejas de homosexuales homologó el Estado, cómo están conformadas dichas parejas, cuántos divorcios ya se produjeron, y datos de esa índole. No creo equivocarme al sostener que la información recabada nos sorprenderían un poco, ya que develaría de qué manera funciona la dinámica amatoria de los homosexuales (la cual es diferente de la de las personas normales), y que precisa, de un lado, de un régimen distinto al de la familia para ser regulada, y del otro, ¿por qué no?, requiere de un tratamiento adecuado para alcanzar su cura. Es así, ante la homosexualidad hay que mantener la mente abierta: hay que investigarla eludiendo los dogmas contemporáneos que buscan bloquear toda discusión acerca de su dimensión patológica, y hay que mantener la cola cerrada para que no se nos escape toda la mierda que pronuncian los que están a favor de esta lamentable violación del orden natural.   

FUENTE:

Las mataniños

En busca de la verdad

Recientemente circuló en la prensa tucumana una historia real muy peculiar que tuvo por escenario a ciudad Alberdi. En esa localidad del sur tucumano, una adolescente de 17 años dio a luz a su hija en un tacho de pintura de 20 litros, y dejó a la criatura recién nacida abandonada por algo más de una hora.

La historia, según como fue relatada por la prensa, es confusa, y la sospecha de que todo se trató de un intentó de homicidio es bastante fuerte. En primer lugar, se informó que el novio de la joven y supuesto padre de la niña (o algún familiar directo de él) les avisó a trabajadores sociales de un hospital local sobre el embarazo. Los agentes del Estado visitaron a la joven, pero ella negó sistemáticamente que estuviese preñada. Al mismo tiempo, la prensa señala que los padres de la joven ignoraban que estuviese embarazada. ¿Acaso no le creció el vientre en nueve meses? ¿En una localidad tan pequeña como Alberdi a los padres nunca les llegó el rumor del embarazo de su hija?

Asimismo la narración de la noche del alumbramiento es casi absurda. Veamos por qué. La joven vive en una casa precaria, en las cercanías de una acequia. La vivienda es pequeña, pues cuenta sólo con dos dormitorios, en donde duermen la joven, su padre septuagenario (la madre de la menor reside en otra casa cercana con su nueva pareja) y posiblemente varios de sus siete hermanos. El baño es una letrina que se encuentra ubicada en el exterior de la vivienda. Pues bien, según el testimonio recogido, la joven se despertó una fría noche invernal con el deseo de ir al baño, ya que sufría un fuerte dolor abdominal; el padre, para evitarle el sufrimiento de tener que enfrentar las bajas temperaturas, le acercó el mentado tacho de veinte litros de pintura para que allí hiciese sus necesidades, y luego salió de la vivienda para fumar un cigarrillo; cuando el hombre reingresó a la vivienda, encontró a su hija quebrada en llanto, con una tijera en la mano que habría usado para cortar el cordón umbilical de su hija; consiguientemente el hombre subió a su hija a su bicicleta, y pedaleó unas cuantas cuadras hasta alcanzar el hospital; allí, mientras la joven era atendida, el septuagenario les avisó a los médicos y enfermeros que había un bebé en un tacho de pintura en su casa, por lo que rápidamente los trabajadores de la salud rescataron a la criatura.

¿Por qué este relato resulta absurdo? Por dos motivos: (1) Si en la vivienda había más de dos personas, ¿no pudo una de esas hacerse cargo de una beba que, como buena neonata, lloraba? ¿No pudo ninguno buscar a una vecina para que los ayudase a salvarle la vida a la niña? (2) ¿Por qué se demoró tanto el hombre y su hija en comentarles a los médicos que la niña se encontraba en un tacho de pintura? ¿Por qué el hombre no se las arregló para llevar a la beba al hospital junto con su madre?

Si se modifica ligeramente la historia, todos los cabos sueltos terminan atados: un padre separado embaraza a su hija adolescente, la cual se niega a admitir que ello ha sucedido; llega el momento del parto, y él o ella decide matar a la criatura; al final las cosas fallan por algún motivo, y solicitan asistencia médica; los profesionales, al revisar a la joven y notar que acaba de parir, preguntan naturalmente por el bebé, pero reciben evasivas hasta que –por obra y gracia del Espíritu Santo (o tal vez por las amenazas de judicializar el asunto)– descubren la verdad y llegan a tiempo para salvarle la vida a una inocente. 

La versión que recogió la prensa tucumana fue la que reconstruyó la policía. A los médicos y enfermeros de Alberdi no les preguntaron nada. Dadas las características y circunstancias de la madre y del abuelo de la beba, es muy probable que las autoridades de la salud y/o de la seguridad hayan conspirado, por compasión, para ocultar la verdad.

Romina Tejerina siempre está

Una reacción muy generalizada ante la noticia fue el sentimiento de pena. Más de uno señaló que lo penoso, puntualmente, era que a esa gente “le faltase educación”. Sin embargo no hace falta educación de ningún tipo para hacerse cargo de la propia descendencia. Los animales salvajes lo hacen todo el tiempo, y son el epítome de la falta de educación. Es tan instintivo proteger a los hijos que introducir la cuestión de la educación parece un agravio a la inteligencia. Se puede ser pobre y se puede ser analfabeto, pero ello no justifica ni explica que una mujer abandone a su hija recién nacida.

Si la criatura aparecía muerta, entonces es más que seguro que a este caso lo hubiesen tomado las abogadas hembristas carroñeras. Sin tardar demasiado, hubiesen montado la típica escena: una joven, pobre, bruta, vulnerable, víctima de una violación, asesina a su hija en el habitual estado de demencia postparto; por ello no sólo debe eludir la cárcel, también merece que le den premios y le compongan canciones, justo igual que Romina Tejerina.

El Caso Romina Tejerina sigue siendo una cuestión polémica en Argentina. Tejerina fue presa por el crimen aberrante que cometió, pero cumplió apenas 9 de los escasos 14 años que le habían dado de condena. En la cárcel, rodeada de delincuentes como ella, Tejerina se sintió a gusto, por lo que, poco después de haber sido liberada, pidió volver a ingresar, ya que se sentía agredida por gente que la trataba con el desprecio moral que se trata a una filicida. Hoy en día no se sabe bien qué es de la vida de esta mujer, pero es probable que –al haber sido acogida por la lacra hembrista– su actitud ante el día a día sea la de aquellas mujeres que consideran el homicidio de un infante como una broma sin consecuencias que pueden realizar todas las veces que lo crean conveniente.

De lo que si nos enteramos esporádicamente es de las imitadoras de Romina Tejerina que pululan a lo largo y ancho del país. En Jujuy, en la localidad de Libertador General San Martín –no muy lejos del San Pedro en donde Romina Tejerina asesinó a su hija Socorro–, tuvo lugar otra “tejerineada”. Esta vez una mujer de 37 años oriunda de Calilegua, una tal Susana D. (el apellido de la homicida se ha ocultado vaya a uno a saber bien por qué), asesinó a su hijo con la ayuda de dos cómplices en un hotel de la ciudad azucarera. El episodio no quedó impune gracias a que la homicida visitó el Hospital Oscar Orías y la ginecóloga que la atendió le avisó a la policía sobre el crimen. Susana D., tras recuperarse, fue llevada a declarar a un juzgado y confesó su crimen, indicando incluso el lugar de un cementerio en donde había enterrado a la criatura (dejando en evidencia que estaba todo fríamente planeado y que entendía plenamente qué era lo que hacía y cual era su relación con el occiso).

Aquí si aparecieron las abogadas hembristas carroñeras a defender a la mujer, quien además es madre de un hijo de 10 años que tuvo la suerte de no morir víctima de su progenitora. En un primer lugar corrió la versión que Susana D. habría decidido cometer el crimen para evitar el reproche de sus padres con quienes convive, pero luego –como no podía ser de otro modo– apareció la figura de la violación. Lo más probable es que el niño haya nacido y su madre junto a sus cómplices lo hayan asesinado de inmediato, pero al encontrar el cuerpo mutilado la versión de las hembristas es que en realidad decidieron abortar a la criatura en el octavo mes de gestación. La diferencia entre una situación y la otra no es menor: en el caso de aborto le caben hasta un máximo de 4 años de prisión, en cambio en el caso de homicidio agravado por el vínculo la condena puede llegar a ser perpetua.  

Sobre la depravación del infanticidio

Al caso de Libertador General San Martín la prensa lo calificó de “infanticidio”, lo cual, por cierto, es totalmente errado. Vale decir, es cierto que el asesinato de un infante es un infanticidio, pero el término tiene un significado muy preciso en la tradición legal argentina. En efecto, desde 1917 hasta 1995, el Código Penal Argentino incluyó a la ominosa figura del infanticidio, la cual representaba un atenuante en la pena de todo aquel que matase a su hijo tras su nacimiento. La excusa era que, al encontrar una mujer dañado su honor, de alguna manera se justificaba que mate a su hijo y oculte el cadáver.

Ya en la década del 1910 se hablaba también del rapto de locura que una mujer podía sufrir al dar a luz a un hijo indeseado, pero se mantuvo siempre como criterio que dicho desquicio era producto de la deshonra que la madre temería sufrir. En la década de 1990, con un siglo de cambios sociales y culturales en el medio, la idea del honor quedó obsoleta y por ello se eliminó al infanticidio del Código Penal Argentino.

Ahora los promotores del genocidio abortista quieren recuperar la nefasta figura del infanticidio. La excusa del honor sigue estando presente en sus argumentaciones, pero ha quedado minimizada frente a una nueva excusa que juzgan infinitamente superior: la pena de muerte a inocentes para salvar de la muerte accidental a los ejecutores. A eso se reduce su prédica por la muerte. Quieren abortos legales “para no morir”, anticonceptivos gratuitos “para no abortar” y educación sexual “para decidir”, o sea que le hacen el juego a los sicarios, a las farmacéuticas y a los adoctrinadores. Las hembristas quieren vivir empastilladas en un mundo donde los maestros mienten y los verdugos amputan cruelmente el fruto de esa mentira.  

Sea como sea, en la Argentina ya está instalada una cultura abortista que se desarrolla casi sin sobresaltos gracias a la escandalosa etiqueta de lo “no punible”. Pero aun esa invitación a la matanza no puede tapar el hecho de que un bebé recién nacido lejos está de ser abortable. ¿O no lo está?

En realidad el aborto y el infanticidio son una y la misma cosa: homicidios agravados por el vínculo. Darle una pena menor a uno es menospreciar la vida humana jerarquizándola. La vida es igual de sagrada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Una mujer que mata a su hijo dentro o fuera de su vientre es una filicida que merece ir a prisión (y quizás merece también la pena de muerte). El emperador romano Valentiniano indicó en el año 374 que darle muerte a un hijo era un crimen aberrante. Ello marcó un hito, pues el mundo antiguo manifestaba un repugnante desprecio hacia la vida de los infantes. Hoy por hoy, con la excusa de erradicar el crecimiento de la pobreza, quieren reflotar a la Antigüedad. A raíz de ello me extraña que todavía no haya aparecido el cerebro progresista que pida legalizar el canibalismo, ya que de ese modo si una mujer pobre mata a su hijo puede además comerlo y ahorrarse el viaje hasta la carnicería.

El crimen químico

El hembrismo que clama por el genocidio abortista y la depravación infanticida está distribuido a lo largo y ancho del espectro político. En la izquierda, el centro y la derecha emergen las que declaran que mandar a asesinar es un derecho y que el Estado debe ocuparse de hacerlo (o debe abstenerse de intervenir si una mujer ha decidido delinquir). Y junto con ellas, muchos hombres de nula caballerosidad levantan la misma bandera. Esta gente aprueba la idea del sicariato, y, como señalé más arriba, buscan también empoderar a las farmacéuticas.

Por estos días se está anunciando con bombos y platillos la pronta distribución masiva de unos novedosos anticonceptivos subcutáneos. En rigor esos anticonceptivos no son nuevos pues existen desde hace varias décadas, pero si es novedosa su presencia en el sistema de salud argentino. Se trata del Nexplanon, un medicamento fabricado por el gigante multinacional Merck. El Nexplanon es la versión mejorada del Implanon, y consiste en una pequeña varilla que se inserta en el brazo de la mujer y libera la hormona etonogestrel que, alterando el funcionamiento de los ovarios, evita el embarazo.

La droga es de uso extendido en países africanos y asiáticos. En Europa y Norteamérica el Nexplanon también se encuentra disponible, pero ha sido altamente cuestionado por sus usuarias. Si bien a algunas les ha funcionado a la perfección, a otras, en cambio, les ha producido toda clase de efectos colaterales, siendo los más graves los asociados a los cambios de humor y la creación de cuadros graves de depresión. También sobran los casos de mujeres a los que el anticonceptivo, pese a tenerlo en el cuerpo, no les ha servido en eso de bloquear los embarazos.

En Argentina el Nexplanon ingresará primero a unas cuantas provincias (Formosa, Misiones, algunas localidades del conurbano bonaerense, y, claro, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán) donde funcionará como campo de pruebas, convirtiendo a las mujeres pobres en conejillos de indias. Es difícil anticipar cuantas argentinas padecerán de la alteración psicológica que sufren sus pares de otras partes del mundo por usar el Nexplanon, pero supongo que recabando la información adecuada se puede calcular, aunque a nadie le interese hacerlo. 

De todos modos quien se ha percatado de la peligrosidad para la vida y la dignidad humana de este anticonceptivo y ha alertado a la sociedad sobre la situación es el Obispo Auxiliar de Santiago del Estero, Monseñor Ariel Torrado Mosconi. El sacerdote explicó que antes que el medicamento está la castidad como método anticonceptivo, y que el Estado argentino, en lugar de estar introduciéndole agentes químicos en el cuerpo a las adolescentes, debería ocuparse de transmitirles el valor del amor a la familia y del respeto a uno mismo. Monseñor Torrado Mosconi bien sabe que la industria farmacéutica asesina en masa.  

Antonella Díaz 

Rodolfo Tecchi, un perfecto pelele

Agustín Rossi, actual Ministro de Defensa de la Nación, se encuentra en una gira nacional propagandística. El santafesino viaja por las provincias promocionando unos documentos supuestamente desclasificados, pues ante unas FFAA desguazadas lo único que queda es humillar su cadáver. Los documentos se tratan, en realidad, de un libro que reúne las casi trescientas Actas de Reuniones de la Junta Militar, un proyecto de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino en el que se proponen lineamientos básicos para ordenar y pacificar al país, y unas temidas “listas negras”, que no pasan de ser más que un inventario de personajes famosos por sus ansias cheguevareadoras.

Pues bien, recientemente Rossi visitó Jujuy y decidió desembarcar en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) para hacer allí la entrega del material editado con fondos públicos –hay que recordar que, salvo por las Actas, los demás documentos revisten un interés escasísimo para historiadores profesionales y público en general, por lo que es fácilmente criticable que se haya invertido tanto en algo de tan poco valor.

En el acto de presentación del libro, una extremista, la infame Eva Arroyo de la agrupación HIJOS, hija de Juan Carlos Arroyo (un muchachote que estaba vinculado a la guerrilla trotskista entrista Ejército de Liberación Nacional y que se lo viese por última vez en la provincia de Buenos Aires en 1976), sugirió que se agravie la memoria de Salvador Cosentini y de Monseñor Germán Mallagray, dos antiguos rectores de la casa de altos estudios. Concretamente Arroyo sostuvo que le parecía ofensivo que los cuadros de estos dos recordados jujeños estuviesen colgados en la pared de la universidad, debido a que, en su mente, todo aquel que trabajó para el Estado en el periodo 1976-1983 es un criminal.

Es lógico que Arroyo, siendo quien es, derrape, diga imbecilidades, manifieste un odio brutal y un resentimiento tóxico. Creció en un hogar que su propio padre se encargó de destruir, y le conviene culpabilizar a otro por sus sufrimientos. Sin embargo que Rodolfo Tecchi, vale decir el actual Rector de la UNJU, acepte sin cuestionamientos semejante barrabasada habla de qué clase de pelele es. Tranquilamente podría haberle dicho a Arroyo que eso era una “buena idea” y que él mismo la plantearía en una reunión futura con otras autoridades universitarias, para acordar una fecha propicia y preparar una plaqueta en honor a los desaparecidos y toda esa historieta. Dicho de otro modo a Tecchi no le costaba nada gambetear la violencia simbólica de la hija del subversivo y después cajonear el asunto. Pero, sin un mínimo de cintura o con un grado máximo de canallismo, Tecchi le hizo caso a Arroyo y, lo que era la aburrida presentación de un libro que probablemente nadie leerá, terminó convirtiéndose en una función nueva del "Cirque des DDHH".

Eva Arroyo, junto a Inés Peña (esposa de Julio Álvarez García, un agente jujeño de Montoneros visto por última vez en Tucumán), procedieron a descolgar a los cuadros de Cosentini y el Monseñor Mallagray, bajo la mirada supervisora de Tecchi. Rossi percibió que había cierta incomodidad en el ambiente, pero a un personaje de esa calaña poco le importan esas cosas. Poco después de aquel sainete muchos jujeños estallaron en indignación.

A una gran cantidad de ciudadanos de Jujuy les parece grotesco que se haya permitido ese agravio a la memoria de dos hombres que tanto hicieron por la educación en su provincia. ¿Es que acaso Cosentini o el Monseñor Mallagray están imputados por crímenes de lesa humanidad? Pues no. No fueron entregadores, ni torturadores, ni nada de lo que se les acusa a otros de haber sido.

En la memoria de los jujeños está muy arraigada sobre todo la imagen de Monseñor Mallagray, un sacerdote católico que trabajó infatigablemente por el desarrollo cultural, la educación de calidad y la evangelización del pueblo. Fue amigo de mucha gente: generoso, simpático y carismático, dotado de un espíritu sumamente humanista, ayudó a todo aquel que pudo. A raíz de ello, en Jujuy, hay calles, plazas, instituciones educativas, salas y salones con el nombre “Monseñor Germán Mallagray”. ¿Acaso ahora hay que seguir con el agravio y rebautizar todos esos sitios con los nombres de los terroristas caídos en Jujuy? Este pelele de Rodolfo Tecchi, debido a su inmunda demagogia, sentó jurisprudencia, sin consultar a nadie decidió sobre el patrimonio y la historia de la UNJU, por lo que Cosentini y el Monseñor Mallagray deben ser, a partir de ahora, repudiados, vilipendiados y olvidados, pese a que, en realidad, merezcan exactamente lo contrario.

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El buitre vernáculo

Apreciado lector,

Quiso Dios que el 9 de Julio me encontrase en Tucumán. Tenía pensado viajar al extranjero por estas fechas para arreglar algunos asuntos financieros ante el default inminente, pero pospuse mi viaje unos días por motivos que no vienen al caso. Pude yo así ver como el Ejército de Ocupación Kirchnerista oprobiaba a la Patria enviando al truhán de Amado Boudou para que encabece el acto por la Declaración de Independencia de 1816.

Unos días antes de presenciar esta afrenta contra la argentinidad, hube yo concurrido a una reunión organizada por el gobierno tucumano en la restaurada Casa Bazán, lo que ahora se conoce como “Casa Histórica”, “Casa de la Independencia” o “Casita de Tucumán”, por ser sede de un museo que figura en el reverso de las monedas de 50 centavos. Yo fui invitado en calidad de empresario, aunque quise que se me anunciase como miembro del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Podría haber apelado a cualquier otra afiliación o sacado a relucir cualquier otro título, pero creo que mi pertenencia a la mentada institución dejaba en claro que yo no soy un buscavidas sino un guardián de la tradición argentina, y que mi presencia en ese tipo de actos tiene por fin enaltecer la conmemoración. En la kermés de la calle Congreso de Tucumán, me encontré con unos pocos amigos, algunos conocidos y un interminable y patético desfile de nouveaux riches, muchos de ellos gente de negocios, pero la gran mayoría meros politicastros. No resistí mucho y me fui del lugar antes de que los oradores terminaran con sus parloteos. ¡Hasta el Rabino Sergio Bergman, el mismo cobarde que votó por convertir al pañuelo de las madres de los subversivos en emblema nacional, estaba presente! “¿Qué tendrá que ver toda esa gente con aquellos grandes hombres que se atrevieron a firmar un acta para dar nacimiento a la República?” es algo que todavía me pregunto. La gran mayoría de esos convidados no sólo no tienen sangre de próceres, ni siquiera tienen el espíritu de gloria que guiaba a nuestros hombres.

Después de ese episodio tuve que tolerar la telenovela del acto del 9 de Julio. Desde 1991, San Miguel de Tucumán es declarada Capital del país por un día, en una suerte de gesto simbólico que pretende ser una celebración del federalismo. Por ello la presencia del Presidente de la Nación en la ciudad para esa fecha se ha vuelto algo común. Este año se esperaba contar con la repugnante visita de Cristina Fernández de Kirchner, pero en su lugar recibimos algo mucho peor: al procesado Amado Boudou. Antes de que el Vicepresidente llegase rodeado de ministros (y hasta de un Diputado Nacional bonaerense que se atrevió a empapelar la ciudad con carteles lanzando su candidatura presidencial para 2015), hubo todo un sainete kirchnerista mal guionado. Aparentemente Cristina Fernández de Kirchner iba a dar un encendido discurso sobre la independencia económica y la soberanía política, con los papanatas de José Mujica, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro como aplaudidores de lujo. Todo ello el 9 de Julio, para que los congresales de 1816 se revuelquen en sus tumbas. Pero al Ministro de Economía Axel Kicillof lo obligaron a viajar a Nueva York por la misma fecha para acordar un plan de pago con el cual regalarles el patrimonio económico nacional a los acreedores extranjeros, por lo que todo quedó cancelado. La Presidente estiró su licencia por cuestiones médicas, y el polémico Boudou apareció como su reemplazante natural.

Al principio se creyó que la presencia del dueño de la máquina de hacer billetes no resultaba del todo conveniente, así que se anunció que el que iba a ir a encabezar los agasajos hacia la Patria era el bandido Gerardo Zamora, actual Senador Nacional pero más conocido por haber sido el tiranuelo que gobernó por ocho años consecutivos a la vecina Santiago del Estero. Sin embargo los Alperovich están enemistados con Zamora desde que éste les robase a ellos el puesto que a fuerza de obsecuencia extrema habían conseguido en la pirámide de poder kirchnerista, por lo que se dice que fueron ellos mismos quienes demandaron la presencia de su amigo y aliado Amado Boudou. Prometieron recibirlo como a un príncipe.

De esa manera el delincuente se hizo presente. Pasó velozmente por la Casa de la Independencia (aprovechando para devaluar a las páginas del libro de visitas ilustres), y luego se dirigió a un teatro sobre calle San Martín para hacer su discurso. Allí habló de colonialismo, de Juan Perón y, claro, de Cristina y Néstor Kirchner. No fue un acto cívico, sino un acto político. Mejor así, ya que este infeliz no puede decir nada sobre los ínclitos de la Patria, pero si puede hablar con infatuación sobre todos esos populistas que tanto daño le han hecho a la Argentina.

Afuera del teatro el escenario fue la triste postal de siempre: gente arreada por dinero y alimentos, periodistas agredidos, manifestantes que no fueron escuchados, y miles y miles de ciudadanos listos para profesar algo así como un jacobinismo de masas motivado por once muchachos corriendo detrás de un pelota mientras al país los devoran los buitres foráneos y vernáculos.  

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La bandera imperdonable

Un video en el que se ve a un grupo de “actores” interpretando una ridícula coreografía denominada “Harlem Shake” justo en frente de la Casa de la Independencia causó malestar en mucha gente. El hecho de que se utilice un monumento histórico nacional como escenario de semejante sandez fue juzgado por más de uno como una profanación en contra de la Patria.

Sin embargo algo muchísimo más grave que el “Harlem Shake” tiene lugar a diario en el mismo lugar. Me refiero, claro, a la presencia de dos banderas indigenistas que cuelgan a la entrada de un paseo de artesanos que se ubica justo al lado de la Casa de la Independencia.

Wiphalas al lado de la Casa Histórica

Wiphalas al lado de la Casa Histórica

Wiphalas al lado de la Casa Histórica

Estos trapos pestilentes son llamados por algunos “wiphalas”. La wiphala es una bandera inspirada en el Imperio Inca (en realidad muchos intentaron identificarla como a la mismísima bandera de aquel imperio, empero la investigación histórica echó por tierra esa pretensión). Esa vocación imperial no es casual: el trapo con los colores del arcoiris flamea actualmente con total libertad en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y hasta en nuestra Argentina. Una wiphala, por tanto, tiene casi el mismo estatuto que las banderas que representaban a otros imperios fenecidos, pero a los cuales aún se busca siniestramente hacerlos renacer.

¿Es posible imaginar qué diría la prensa si junto a nuestra querida Casa de la Independencia, cuna de la argentinidad más virtuosa, se viera flamear a una bandera roja con una hoz y un martillo amarillo en su extremo superior izquierdo, u a otra bandera igualmente roja pero con un círculo blanco en su centro que encierra una cruz gamada negra? Seguramente se produciría un poderoso cacareo. Pues bien una bandera así de inmunda y perversa todos los días decora las adyacencias de la Casa Independencia ante el silencio cómplice de quienes desprecian los eventos de 1816.  

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La corrupción se construye

El sector más corrompido de la economía es, sin dudas, el de la construcción. Todas las fases de los procesos constructivos suelen estar flageladas por prácticas corruptas. En Argentina esto resulta más que evidente. Lo penoso del escenario nacional es que mientras millones de pesos se fugan por un agujero negro, el trabajador local se ve privado de algo tan básico como una vivienda digna.

En Salta y Tucumán, en estos últimos tiempos, se destapó la cloaca sobre la que se desarrolla el negocio de la construcción. En La Linda el epicentro del escándalo fue el Instituto Provincial de la Vivienda: Fernando Alesanco, el presidente de la institución, fue acusado de contratar de modo directo a empresas encabezadas por sus propios familiares y por familiares de otros funcionarios del IPV. A ese delito se le sumó la queja por la demora excesiva (y el consiguiente reajuste presupuestario) en torno a la construcción de viviendas sociales.

En el Jardín de la República, la corrupción es aún más grave. El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizó una auditoría sobre la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que supervisaba Miguel Brito y el resultado fue perturbador: durante años esa repartición había estado realizando obras fantasmas y cobrando por ellas (como las numerosísimas rampas para discapacitados que hoy son inexistentes), o atribuyéndose obras de otros sólo para presupuestarlas y facturarlas después (como sucedió en una escuela de Amaicha del Valle en la que un grupo de estudiantes franceses de intercambio hicieron remodelaciones de manera gratuita pero figuran como abonadas por la DAU), o cumpliendo su función correctamente pero inflando el costo de cada obra de maneras grotescas. Al igual que en Salta, en Tucumán también fue tremendamente irregular el proceso de contrataciones de los constructores. Lo peor de todo es que quedó asentado que muchos de los constructores de obras fantasmas eran empresas igualmente fantasmas, con sedes en templos evangélicos, hogares humildes, galpones abandonados o en direcciones que ni si quiera se molestan por existir. En esta provincia es tan voraz el negocio de las construcciones (y tan jugosa la tajada coimera) que es común ver como el patrimonio arquitectónico histórico resulta violentamente menospreciado. 

Y, claro, mientras el dinero público iba a parar en cantidades excesivas a las billeteras de los funcionarios y la ciudadanía se veía afectada por la ausencia de obras, los corruptos a cargo del IPV y de la DAU no vacilaron en facilitarle las cosas a los de su casta. Es por ello que en Salta se produjo el escándalo de Lomas de Medeiros, Mirasoles, Posta de Yatasto y otras urbanizaciones en las que gente del gobierno y sus familiares recibieron cómodas viviendas de factura estatal de modos que resultaron enteramente sospechosos. Así, mientras muchas familias luchan por el acceso a un Plan Procrear sólo para comenzar después una angustiante peregrinación para encontrar un terreno a un precio accesible sobre el cual ejercer el derecho a poseer la casa propia, otras pocas familias privilegiadas consiguen disponer sin mucho esfuerzo de viviendas nuevas y bien ubicadas. 

En Tucumán, como no podía ser de otro modo, también sucedió lo que sucedió en Salta, pero no sólo ello: recientemente aparecieron testimonios de gente que, contratada por la DAU, es decir pagada con dinero del erario público, oficiaron de restauradores de las propiedades de José Alperovich y de sus familiares.     

A principios de junio de este año el alcalde de Venecia fue arrestado por haber hecho negocios turbios con constructoras. Hoy, aquí en la Argentina, Miguel Brito, Fernando Alesanco y otros involucrados en estos episodios de sistemática corrupción caminan libres por las calles, y esperan que los gobernadores los reasignen a un puesto público para seguir cobrando sus generosas becas estatales, si no es que de hecho ya lo hicieron.

¿Es tan difícil declarar imprescriptible a los delitos de corrupción? ¿Es tan difícil inhabilitar de por vida en el ejercicio de cargos públicos a quienes son culpables de este crimen?

Francisco Vergalito 

El arte salteño de la impunidad

Los cadáveres politizados

El homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni dejó al descubierto que Salta es una provincia insegura para los miles de visitantes que espera atraer anualmente. La horrenda violencia que sufrieron esas dos mujeres, además, causó un tremendo aturdimiento social –que, tristemente, terminó alimentando a las sinarquías hembristas en sus cruzadas por imponer sus agendas ideológicas.   

El gobierno salteño, conciente de toda la repercusión negativa que el crimen generaba, apuró la investigación judicial para evitar que la impunidad reinase (impunidad que suele ser lo normal para otros casos similares). Así, tras casi tres años de procesamiento, finalmente se condenó a prisión a Gustavo Lasi. Los jueces fueron durísimos: lo sentenciaron a pasar los próximos 30 años detrás de las rejas. Sin embargo quedó claro que Lasi no actuó solo, sino que tuvo cómplices que también violaron y asesinaron. Daniel Vilte y Santos Vera, dos hombres a los que se los sindicaba como los cómplices de Lasi, fueron sometidos a juicio y terminaron absueltos por falta de pruebas en su contra. Una vez conocido el fallo, Jean Michel Bouvier, el padre de una de las víctimas, señaló que en Salta hay culpables que están libres.

Algunos acusan al gobierno de Juan Manuel Urtubey de haber ejercido una imprudente presión contra el Poder Judicial provincial que terminó fomentando el error. El periodista Daniel Chocobar, uno de los que avala esta idea, recordó que, en julio de 2012, ante el conmocionante hallazgo de los cadáveres de Luján Peñalva y Yanina Nuesch, el Gobernador también sugirió apresurar la investigación, por lo que se determinó que aquello se trató de un “pacto suicida”, conclusión que no termina de cerrarles a miles de salteños.

Dudas y certezas

Cuando se encontraron los cuerpos sin vida de Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la quebrada de San Lorenzo a fines de julio de 2011 se dijo que llevaban apenas unas horas de muertas. Luego, tras diversas pericias, la fecha del deceso de las francesas fue cambiada al 15 de julio. Ese hecho anunciaba que el evento produciría más dudas que certezas.

Como el estado de descomposición de los cadáveres era escaso para alguien que llevaba casi dos semanas sin vida a la intemperie, y debido a que las mujeres llevaban desaparecidas la misma cantidad de días, de inmediato se pensó que o bien las mujeres estuvieron en cautiverio o bien los cuerpos, tras ser asesinados, fueron retenidos y conservados en algún lugar antes de ser arrojados al espacio silvestre.

La línea oficial de investigación, la que siguió el Juez Martín Pérez a cargo de la causa, planteaba como hipótesis que unos lugareños habían interceptado a las francesas, sólo para violarlas y asesinarlas, abandonando luego sus cadáveres en medio de la tupida vegetación sanlorenceña. Así dieron con los que serían después los imputados, a quienes incluso les secuestraron objetos que pertenecían a las víctimas.

Otras hipótesis fueron descartadas. Una, que hasta llegó a ser defendida por la Diputada Provincial Liliana Mazzone, sostenía que las francesas eran investigadoras académicas que estaban redactando un informe sobre la malversación de fondos destinados al desarrollo social entre las comunidades aborígenes de Salta (hipótesis un tanto descabellada, que tiene menos verosimilitud que la posibilidad de que se haya tratado de un narcoajuste); la otra hipótesis, que fue mencionada en el juicio, es que a las mujeres las habrían atacado en un barrio privado de San Lorenzo, en el interior de una de las tantas mansiones que allí se ubican, quizás como efecto de una fiesta desmadrada.

La esquiva verdad

El juicio para determinar las responsabilidades de los actores del caso dejó muchos interrogantes abiertos. El más notorio de ellos fue sobre los resultados de ADN. Los peritos argentinos indicaron que la evidencia de que Lasi y Vera habían violado a las francesas era innegable; los peritos de Francia, en cambio, pusieron en duda que Vera haya ultrajado a las mujeres asesinadas, y señalaron además que habían encontrado ADN femenino en el área genital de los cadáveres, algo que nuestros peritos jamás mencionaron.

Esta discrepancia y anomalía se explicó afirmando que las muestras que llegaron a los laboratorios de Francia estaban alteradas, pero la noticia no tardó en asociarse con la foto de una mujer anónima que apareció en una de las cámaras de las víctimas. Al principio, por lo que manifestó el propio Bouvier, se creyó que la imagen correspondía a una mujer de nacionalidad francesa que trabaja como funcionaria provincial, gracias a que Francisco López Sastre –antiguo Ministro de Medio Ambiente– le facilitó el acceso al puesto público, aun sin demostrar idoneidad para ello. Luego esto fue desmentido (una joven en Buenos Aires entregó a la Embajada de Francia unos anteojos de sol similares a los que lucía la mujer en la misteriosa foto, diciendo que ella los había encontrado tirados en las sierras salteñas durante una visita a la provincia). Y, como si no fuera suficiente la presencia de francesas disimuladas, una vecina de San Lorenzo declaró que unos días antes de que se encontrasen los cadáveres recibió una extraña llamada telefónica en la que una mujer, con tono desesperado, le dijo en francés algo que no entendió por no hablar el idioma.

De todos modos eso no fue lo más llamativo en este asunto. Unos días antes del inicio del juicio, Luís Sarmiento murió apuñalado en una gresca, en lo que se creyó que se trataba del asesinato de un testigo clave. Sin embargo este individuo no estaba vinculado al caso. Quien si lo estaba era su hermano Miguel Sarmiento, un muchacho que, ante el tribunal, aseguró haber visto como la policía plantó el arma homicida cuando le allanaron su casa a Daniel Vilte (él, junto a Rodrigo Bautista –un oficial que sostuvo que los proyectiles hallados en la escena del crimen también fueron plantados–, enturbió lo que se había promocionado como una investigación impecable).

Vilte, uno de los imputados que terminó absuelto, fue también apuñalado durante una pelea con otro interno en la cárcel. De los tres acusados, Vilte fue el que más enérgicamente negó haber realizado aquello que se le atribuía haber hecho (durante el juicio se dijo que Daniel Vilte había abusado de un niño, lo que hace sospechar que la policía, operando intuitivamente, lo buscó por sus antecedentes de presunto violador).

Sin embargo algo sobre lo que se enfatizó poco en las diversas audiencias fue el Caso Piccolo. Néstor Piccolo era el Jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Salta; él fue el responsable, entre julio y noviembre de 2011, de conducir la pesquisa para dar con los violadores y homicidas. A Piccolo no lo apartaron del caso, simplemente apareció muerto, con un tiro en la cabeza. Se estableció que el deceso del policía fue por un suicidio, pero siempre quedó en el aire la duda sobre la veracidad de ello. Durante el juicio su nombre apareció varias veces, pero la evocación del fantasma no motivó absolutamente nada entre las autoridades judiciales.

Ficciones

Conocido el veredicto de los jueces, toda Salta sintió un sabor amargo en la boca. Las críticas no se hicieron esperar: Martín Pérez y los miembros de la Brigada de Investigaciones se llevaron la peor parte, acusados de ser vergonzosamente incompetentes. También se señaló la extraña actitud del condenado Gustavo Lasi (Bouvier lo tildó de “psicópata”): nadie puede asegurar si está o no encubriendo a alguien.  

Jean Michel Bouvier, un típico sesentiochista, retornó a su país aparentemente sin rencor, satisfecho por haber visto que los derechos de los acusados fueron respetados, y pidiéndole al Estado argentino que ayude a erradicar la violencia en contra de las mujeres y que trabaje para que se eviten los apremios ilegales a los imputados. Mientras tanto, en Argentina, más de uno aprovechó el episodio para forzar algunas conclusiones. El sociólogo Pedro Marcelo Ibarra es ejemplar en ese aspecto: consultado por el diario tucumano La Gaceta, Ibarra indicó que la actitud estoica de Bouvier provocó cierta empatía en la sociedad salteña y que ello es positivo, pues a partir de ahora muchos estarán dispuestos a reclamar justicia con la misma entereza y templanza que el francés, ya que además el juicio –al no caer en lo de condenar a los perejiles sólo para contentar al público– habría demostrado que en Salta es posible gozar de los derechos elementales por más poder superior que se vea afectado a causa ello. O sea, para Ibarra, lo bueno de todo esto es que la mancha sobre la imagen internacional de Salta que Urtubey trató velozmente de limpiar sigue estando. Y como si regocijarse de ello fuese poco, Ibarra aprovechó para empujar su propia agenda: aseguró que en Salta es ridículamente amplio el contraste entre el escenario turístico y el escenario cotidiano, y que mientras esa brecha no se reduzca (mejorando, claro, las condiciones de vida de la población salteña) entonces se está en peligro de brotes de racismo y machismo que serían un resabio colonial.

Lo de Ibarra parece oportunismo ideológico ante una tragedia impune. En este sentido lo suyo es similar a, por ejemplo, la reflexión que las12, el suplemento hembrista del pasquín Página/12, publicó después de conocida la sentencia del juicio. Allí se pinta a Lasi como un producto del patriarcado falocrático que atacó a dos mujeres que caminaban por la quebrada de San Lorenzo porque, simplemente, entendió que puede hacerlo. Es decir, para las12 –como para las hembristas en general– no hubo un doble homicidio sino un doble feminicidio: dos mujeres fueron violadas y asesinadas por el simple hecho de haber nacido mujeres y de haberse cruzado con viles machistas que fueron programados culturalmente para atacar a toda mujer que se vea indefensa. Es tan absurda esa conclusión (sobre todo porque el propio texto sugiere que todo indica que Lasi no las atacó en donde se dice que fueron atacadas) que terminan mezclando el caso con crímenes pasionales recogidos en un libro de Selva Almada que en nada se parecen a lo que sucedió en Salta.

Quien usa la ficción de un modo más acertado es Sergio Olguín. Olguín es un autor que escribió Las extranjeras, una novela que trata de una periodista que investiga el doble homicidio de unas turistas foráneas en Tucumán. Olguín, astutamente, relaciona el hecho a casos como el de María Soledad Morales o Paulina Lebbos, vale decir a casos de asesinatos en el marco de fiestas protagonizadas por miembros de las familias poderosas de la región.

Personalmente, si yo tuviera que elaborar una ficción a partir de este caso, emplearía a personajes pertenecientes a la fauna progresista como asesinos. Suena más creíble.

Ángela Micaela Palomo

Repudio norteño a la Narcorepública

La Liga de la Justicia

En el mes de mayo se realizó un operativo antidrogas en el norte de Salta que terminó con el arresto de dos hombres (ambos gendarmes) y la decomisión de casi 400 kilos de cocaína. La enorme cantidad de droga secuestrada junto a la detención de dos uniformados hubiese resultado un hecho llamativo hace diez años atrás, pero en la Argentina de hoy a nadie sorprende que la frontera sea tan ridículamente porosa y que sus guardianes sean tan grotescamente corruptos como para que con tanta facilidad penetre tanta muerte en polvo a nuestra nación.

Ciertamente es preocupante encontrar tanta indiferencia ante algo tan grave como el narcotráfico. Cada una de las medidas gubernamentales en contra de este problema aparentan ser escasas y tardías. Los dos paladines kirchneristas en la lucha contra la drogadicción y el narcotráfico son Sergio Berni y Juan Carlos Molina, un médico y un trabajador social con respectivo pasado en el Ejército Argentino y la Iglesia Católica. Ambos sujetos reúnen de un modo simbólico los cuatro pilares sobre los que debería estar construida la estrategia en  contra del flagelo de la droga: trabajo social preventivo y contención espiritual para imposibilitar las adicciones, medicina para rescatar a quienes se suicidan dosis a dosis, y acción militar para combatir a la delincuencia. Sin embargo dicho plan, por más elemental que suene, resulta ajeno a la Argentina de hoy.

Es por ello que muchos miembros del Poder Judicial han comenzado una campaña para alertar acerca de la insuficiente acción gubernamental que se observa para combatir al narcotráfico que opera en el país. Un grupo de jueces federales de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones ha adquirido notoriedad en los últimos meses tras haberse agrupado para emitir peticiones dirigidas a las autoridades nacionales, solicitándoles que intensifiquen las medidas judiciales para combatir el avance de la narcolonización (en rigor de la verdad, estos magistrados están haciendo lo que cualquier otro juez haría en su lugar: dar pruebas del caos actual para que después, cuando todo se vea desbordado, no los persigan acusándolos de no haber cumplido con sus funciones).

En la última reunión de los magistrados realizada en un hotel de la ciudad de Buenos Aires el funcionario Julián Álvarez, un camporista prepotente y confrontativo, fue a convencer a los jueces para que acepten que la realidad es maravillosa tal y como la pinta 678, pero tuvo que escaparse del recinto hostigado por la cantidad de quejas que recibió. A diferencia del gobierno, parece que a estos jueces si les interesan los problemas del país y no desean convertirse en integrantes de la Narcorépublica.

Sin mordaza

Para generar algo de respuesta a sus reclamos, los jueces decidieron utilizar los medios masivos de comunicación con la esperanza de que el gobierno actúe ante la preocupación de la opinión pública. Es por ello que el juez salteño Jorge Villada hizo declaraciones explosivas en las últimas semanas.

Villada podía haber hablado sobre el contrabando, el lavado de dinero o el tráfico humano, ya que esos delitos son realidades cotidianas en Salta, sin embargo prefirió abordar otro tema escandaloso: el narcotráfico. Villada dijo que, a raíz de la falta de radares óptimos, es común ver como “llueve” droga desde avionetas en el NOA; también sostuvo que las fuerzas de seguridad de la región están contaminadas de delincuentes, los cuales trabajan infiltrados para hacer funcionar el negocio narco. Pero la más fuerte de sus declaraciones fue el asegurar que en Salta se produce aproximadamente un narcoajuste por semana. Esto causó cierto estupor a nivel nacional. Sin embargo el propio Villada se encargó poco tiempo después de aclarar que eso que había dicho estaba sacado de contexto, ya que él no había cuantificado la cantidad de narcoajustes sino que simplemente había señalado la existencia de los mismos y su multiplicación a lo largo de los años.

De cualquier modo, lo que Villada dice –haya sido o no una mala interpretación periodística– no parece incorrecto. En todo el país se producen homicidios vinculados a cuestiones de droga, pero la prensa no siempre lo relata así. En Tucumán, para poner un ejemplo, el diario La Gaceta constantemente informa acerca de homicidios en barrios marginales de la capital y sus alrededores, pero ellos son siempre presentados como “disputas entre vecinos”, “peleas entre familias” o cosas por el estilo. Empero cuando uno entrevista a quienes habitan en los vecindarios donde vivían las víctimas lo más común es enterarse que los asesinados tenían algún tipo de contacto con el mundo de las drogas. Evidentemente ni víctimas ni victimarios pueden decirle la verdad a los policías y a los jueces, pues ello arruinaría el narconegocio, por lo que todo termina presentado a Tucumán como si fuese una tierra habitada por salvajes que resuelven sus problemas domésticos a los tiros cuando la realidad es otra.

Pero Villada no fue el único que habló. Graciela Fernández Vecino, una camarista federal tucumana, señaló que la presencia de un gran número de migrantes colombianos en territorio argentino es algo que no se puede pasar por alto, y la jueza chaqueña Zunilda Niremperger señaló que la por la frontera norte del país también ingresan armas.

La actitud de estos magistrados ante las promesas vacías del gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y las adicciones convoca a la sociedad argentina a prepararse para asistir a la narcolonización del territorio nacional. Los jueces proponen multiplicar juzgados, designar más personal para atender todas las causas penales, y crear mecanismos para que se multipliquen las denuncias contra los mercaderes de la muerte y los denunciantes se sientan protegidos. Son las respuestas que pueden aportar desde su posición, pero a la droga no se la vencerá en nuestro país sin la unión de sus ciudadanos, es decir no se la vencerá mientras continúen en el poder los actuales gobernantes.

Pablo Ulises Soria