Azul manchado, el color de moda

El enemigo en casa

Después de la crisis social y política que desató la huelga policial de diciembre pasado, el kirchnerismo ha optado por acorralar a los uniformados para vengarse por el trauma que les hicieron sufrir.

Desde un principio el aparato propagandístico del régimen impuso la consigna de que la protesta policial era un acto de intolerable extorsión, como si los oficiales estuviesen reteniendo de rehén a la paz social para negociar una suba en sus salarios. Los fabricantes de relato kirchnerista no tardaron en sostener que el caos era una maniobra perfectamente calculada por una conspiración de enemigos que incluía a los policías mafiosos, a los políticos opositores, a los sindicalistas independientes y a la prensa malvada.  

Un rebaño de puras ovejas negras

Como es sabido, Córdoba fue el punto de partida desde donde se desencadenó la crisis social que acompañó a las protestas policiales. Tomás Méndez, un periodista cordobés, explicó en su momento que los policías de su provincia fueron al paro exigiendo un aumento salarial “desmedido” [sic] porque, tras la revelación de las conexiones entre la fuerza de seguridad y los narcos que él había denunciado mediáticamente en los meses anteriores, el gobierno de De la Sota suspendió todas las actividades ilícitas de los uniformados. Así, con el propósito de compensar la pérdida de ingresos que significaba para la policía el fin del delito organizado desde las comisarías, estallaron las protestas para solicitar mejores sueldos.

La versión de Méndez, sin duda, es calumniante. Semejante hipótesis sobre el conflicto policial deja entrever que este sujeto no es más que un cagatintas, cuyos logros como periodista fueron el mero producto de una interna policial para la cual él oficio de vocero. A su vez, la tontería enunciada por Méndez es ingenua o maliciosamente ideológica, pues lo que él sostiene es algo así como que todo el delito –o, al menos, la mayor parte de los actos delictivos– ocurren por obra y gracia de la policía. Es una posición típica de la ultraizquierda más oligofrénica: la policía no es más que un cuerpo de guardianes de la propiedad, cuya labor consiste en reprimir a quienes se atreven a violarla; y como casi todos los policías provienen de los sector pobres de la sociedad, entonces, de tanto cuidar la propiedad ajena y acongojados por no poseer la propia, se entregan al delito que debían combatir. Bajo esta perspectiva el ciento por ciento de los policías son corruptos, pues son simples oprimidos que usan sus armas para prolongar esa opresión, en lugar de usarlas para liberar a sus hermanos que padecen de las inequidades del sistema.

Si se elimina la idea de que la propiedad es el crimen, entonces se puede apreciar a la policía de un modo más realista: no caben dudas que, como en todos los ámbitos sociales, hay “ovejas negras” en las filas del cuerpo policial, sin embargo éstos lejos están de constituir la totalidad de la fuerza, o siquiera una mayoría. Es probable que la institución policial precise de nuevos mecanismos para controlar y castigar a sus miembros, pero ello no implica realizar un total reseteo para recomenzar de cero (como piden muchos exaltados que, pese a haber estudiado sociología y/o antropología, entienden muy poco acerca de la naturaleza humana y del funcionamiento de una sociedad).

La paja en el ojo ajeno

  

En medio del ojo del huracán del mes pasado, funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación hicieron una conferencia de prensa para señalar que un tal Salvador Baratta, un antiguo policía convertido en concejal de Lanús por el massismo, era uno de los autores intelectuales de los saqueos que sufría el país a lo largo y ancho de su geografía. Por supuesto que, después de eso, no faltaron los escribas del kirchnerismo que declararon que, tras la extinción del poderío del Ejército, la Armada y la Fuerza Área en la Argentina (al igual que en casi toda Hispanoamérica), es la policía el cuerpo armado disponible para que los “grupos económicos monopólicos” financien el derrocamiento de las “democracias progresistas” de la región. Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, pese a también contar con armas, no fueron señalados en esta ocasión como golpistas por los kirchneristas (en 2012, empero, esas otras fuerzas del orden debieron tolerar ser tildadas de “desestabilizadoras” sólo por reclamar por sus salarios). 

Gente que no tuvo que entregar un examen psicofísico, que no concursó el cargo que ocupa, cuyo desempeño no fue evaluado para ser ascendido en su carrera administrativa y que por amistad, parentesco, lealtad hacia el jefe o simple suerte está donde está, tiene los bríos de acusar por traición a la patria a los policías psicofísicamente aptos, cuyos puestos laborales fueron conseguidos gracias a la superación de cursos de capacitación y gracias a haber obtenido el visto bueno de una junta calificadora. Es indignante. Y más indignante aún es que mientras los que dan las órdenes hacen desmanes todo el tiempo y acusan a sus críticos de estar realizando operaciones de prensa, quienes ejecutan esas órdenes no pueden equivocarse ni una vez sin el temor a perder sus empleos.

Uno de esos peleles cuyo salario no es más que un ingreso que destina para las vacaciones –pues tiene tantos negocios de diversa índole en marcha que se olvidó de lo que es sufrir pensando en llegar a fin de mes– embiste contra un asalariado que cumple con sus horarios y aprovecha su tiempo libre para sumar adicionales como seguridad privada, al mismo tiempo que se da maña para agarrar changas de albañil, mecánico o de lo que pueda. El político fiel al régimen actual acusa de sedicioso e insurrecto al policía, y alguno va más allá reprochándole de que sean coimeros, olvidando, claro, que los “malditos policías” les financian las campañas electorales, aún en contra de su voluntad.

A treinta años de finalizada la última dictadura militar no falta el kirchnerista que sostiene que la estructura y los mecanismos de poder autoritario de las fuerzas de seguridad se mantienen intactos desde aquella época, a pesar de que hoy en día las cabezas visibles de la policía son gente que ingresó a la fuerza en los años en que Alfonsín, Menem, Duhalde y Kirchner fueron presidentes, vale decir en los años en que la institución policial sufrió el proceso de acondicionamiento presupuestario al nuevo escenario social y político. La acusación no deja de ser ilusa, ya que ve en un trabajador que con un salario entre promedio y bajo debe lidiar con la inflación a un émulo de la policía golpista de los setenta, que cobraba en aquel entonces una cifra tan alta que resultaba envidiable para el resto del mercado laboral.

Negociando con la pistola sobre la mesa

En la Argentina a los policías se le exige que estén disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, en cada rincón del país. Se les pide que no sean corruptos, que nos protejan, que nos traten amablemente y que estén siempre dispuestos a enfrentar el peligro aun cuando estén de franco, todo ello a cambio de un sueldo nada extraordinario y de los beneficios de una obra social. Al mismo tiempo se les impide reclamar, por lo que se les prohíbe agremiarse. ¿Cómo se pretende que consigan una mejora en sus condiciones de trabajo? ¿Enviándoles cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos?

Lo que diciembre trajo es la vieja discusión sobre la conveniencia o la inconveniencia de la sindicalización de la policía. Nadie duda de que la aparición de uno o varios sindicatos policiales equivale a una jugosa caja de recaudaciones, que le vendrían más que bien a cualquier jerarca gremial. Los políticos kirchneristas, pese a que hablan pestes de los policías y les demandan todo el tiempo que se “democraticen” (cosa que ellos, que sistemáticamente se niegan a competir en internas partidarias, tampoco han hecho), se niegan a permitir la agremiación. Los opositores al régimen, en cambio, ya han presentado varios proyectos en ese sentido. ¿Cómo es posible que a la iniciativa progresista en este asunto la tomen los adversarios del gobierno que se jacta de ser el más progresista de la historia nacional? El tema no está oficialmente aclarado aún, pero probablemente pase por algún lugar vinculado a un equilibrio de dinero legal e ilegal que los pingüinos no quieren romper.  

Para paliar la situación, gente del kirchnerismo ha propuesto alternativas como la creación de un Defensor de la Policía (tal y como lo sostuvo el jujeño Daniel Almirón, entre varios otros). Pero desde la propia fuerza policial rechazan eso, ya que aunque aprueban la idea desconfían de su aplicación.

La excusa más a mano de los kirchernistas para anular todo intento de agrupamiento de la policía es que los uniformados no pueden organizar huelgas, porque las consecuencias de ellos son nefastas, según lo atestiguan los muertos y los robos. Entonces están condenados a permanecer al margen de la ley, sin poder gozar del derecho que la Constitución Nacional les garantiza.

Lo que sucede en realidad es que pensar en los sindicatos como instituciones que sólo existen para declarar el paro de actividades es trivializar la auténtica función de los mismos, evitando con ello que estas organizaciones se adapten a la tarea de diseñar a la sociedad actual. De todos modos no hay que negar que el punto de oposición es bastante fuerte: si la policía se sindicaliza, es obligatorio que se le quite el derecho a huelga. Y aquí está lo más problemático de todo, puesto que un sindicato sin derecho a huelga es como un matrimonio sin hijos. Si se permite un gremio policial que no pueda suspender sus actividades, habría que revisar las leyes de agremiación para darle un estatuto similar a otros gremios (como el de los docentes, el de los trabajadores de la salud, el de los transportistas de pasajeros y hasta el de los bancarios). De más está decir que eso levantaría la ira de muchos trabajadores en el país.  

Argentina sufre de la cultura piquetera desde hace más de una década. Como la protesta dejó de “criminalizarse” con los Kirchner, la aplicación de la ley se detuvo. Porque una cosa es reprimir a trabajadores, estudiantes y otros actores sociales (como los gobiernos de los últimos 30 años vienen haciendo permanentemente), y otra cosa es usar la fuerza legítimamente para poner fin a lo “aprietes”: para distinguir lo uno de lo otro basta con diferenciar a quien ataca de aquel que se defiende. Cuando Néstor Kirchner mandó a los ambientalistas a bloquear los puentes de Gualeguaychú, implícitamente estaba homologando los acuartelamientos policiales. Entonces la salida que le queda al país es retornar al orden, erradicar los malos hábitos. Es eso, o maquillar el asunto con un ombudsman policial y volver a lo mismo.

La realidad distorsionada

En la mente del kirchnerista promedio, los medios masivos de comunicación se ocupan de mostrar sólo lo malo que acontece en el país, pues ello sirve para desestabilizar al gobierno que les ha puesto en jaque su negocio. El kirchnerista ilustrado –un sujeto de más difícil avistamiento– sabe que eso es cháchara, porque en la época de las redes sociales y de los miles de canales alternativos que contiene la Internet los viejos comunicadores han perdido un terreno más que significativo.

Es imposible negar que hay medios que defienden lo indefendible, como también que hay medios que atacan por atacar, pues ambos están entrenados para eso. Muchos otros, en cambio, van hacia donde sopla el viento. Tal es el caso de, por ejemplo, La Gaceta de Tucumán. El gran diario del Jardín de la República hizo una cobertura digna del caos que fue la provincia entre el 8 y el 11 de diciembre de 2013, y también acompañó discretamente la indignación en contra del Gobernador Alperovich que se vivió en las semanas subsiguientes. Pero, como esa era la opinión instaurada (además de ser la menos dañina), también apuntó contra la policía. Está de moda en Tucumán hablar mal de las fuerzas de seguridad, algo que en Salta, por ejemplo, sería ofensivo. Así fue que Juan Manuel Montero, otro mercenario cagatintas de alto salario, publicó un violento artículo titulado “Maldita Policía Tucumana”.   

En su texto, Montero defenestra a la policía de su provincia, tildándola de caótica. Sugiere que la verticalidad se ha perdido, y por ello una banda de pistoleros hace de las suyas en la provincia, apoyados espiritualmente por los oficiales pasados a retiro.

De cualquier modo se entiende que este periodista se exceda: su escrito es una suerte de replica a quienes amenazaron de muerte a Alberto Lebbos, a los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, al funcionario del Ministerio de Seguridad Paul Hofer, y al periodista –y jefe de Montero– Roberto Delgado. Aparentemente fueron policías quienes llamaron por teléfono a esas personas para amedrentarlos. Pero el episodio en si mismo no resulta verosímil.

Que no se malentienda: no estoy negando que las llamadas hayan existido, lo que digo es que todo parece un burdo montaje. Tras siete años de congelamiento, finalmente en estos últimos meses ha comenzado a avanzar la Causa Lebbos para esclarecer el homicidio de la joven Paulina. La Justicia apuntó en contra de varios policías que habrían encubierto el crimen, demorando con ello la investigación sobre los culpables de haberle quitado la vida a la mujer. En ese escenario, lo de los policías parece tener sentido. Pero donde todo se vuelve suprarrealista es en el hecho de que entre los amenazados esté Hofer. Hofer es la cara del gobierno de Alperovich en materia de seguridad ciudadana, por lo que una amenaza contra él es como una amenaza contra su jefe. ¿Por qué los policías buscarían atentar contra un hombre que cuenta con una enorme protección personal, si le causan más daño filtrando información sobre los asesinos de Paulina Lebbos? Por esa razón todo suena a una autoamenaza, suena al gobierno provincial ensuciando a los policías para conseguirse una excusa. ¿Excusa para qué? Pues supongo que para dar marcha atrás con el aumento, como ya lo hicieron los gobernadores de Chaco, Entre Ríos y Misiones que se niegan a reajustar sus presupuestos y a inventar impuestos para pagarle a los uniformados. El propio Hofer dijo que eso no pasaría en Tucumán (como dijo también que no habría acuartelamiento ni saqueos en diciembre), pero de gente como él poco se puede creer.

De cualquier manera, más allá de este tema me gustaría volver sobre la crudeza del texto de Montero. En un párrafo, este sujeto señala que desde hace 15 años (¿por qué 15 años?) “en la Policía no entra quien debe, sino quien quiere”. Acusa a los oficiales actuales de no tener vocación, de ser meros rapiñadores de sueldos, que se vistieron de azul porque son familiares o amigos de dirigentes políticos. Por supuesto que eso no es cierto: en el ingreso a la policía suele haber en muchos casos un componente nepótico, pero la fuerza es bastante receptiva. Y es verdad que falta vocación en los muchachos y las muchachas que se incorporan al cuerpo policial. ¿Pero cómo exigírsela?

La policía, en la Argentina contemporánea, sufre de un descrédito enorme, y es despreciada socialmente por ricos y pobres por igual. Los protegidos de los dirigentes políticos optan por empleos en la tranquilidad de una oficina pública, antes que por ponerse un chaleco antibalas y salir a patrullar una ciudad con una criminalidad bastante alta.

Tal vez no sea una mala idea reconstruir culturalmente la imagen de la policía argentina y despertar así alguna vocación. Para ello es crucial lo que hagan o no hagan los medios de masivos y alternativos de comunicación.

Víctimas de los victimarios

Recuerdo que cuando los saqueos pululaban por todos lados, el periodista ultrakirchnerista Adrián Murano, casi como un filósofo, indicó que “el hiperconsumismo” de diciembre fue uno de los estimulantes del delito. Linda forma de justificar a los bandidos: poseídos por el espíritu malvado del consumo, los humildes, los “incluidos” por la benévola Cristina Kirchner en la “década ganada”, se sumaron sin meditarlo demasiado a la obra destructiva organizada por las fuerzas del mal que promovían el odio y la discordia.

Evidentemente la Argentina padece de anomia. No quiero insistir con esto, pues muchísimo se ha escrito al respecto, y poco se ha hecho para remediarlo. Es que acabar con la anomia implica trastocar el estado de cosas actual, lo que significa confrontar con sectores que tienen todo acomodado para maximizar la ganancia y minimizar el esfuerzo. Ya lo apunté más arriba al hablar de los sindicatos: para que hayan cambios drásticos, deben haber acciones drásticas, lo que necesariamente supone enfrentamientos. En la Argentina de hoy sobra el conflicto, pero no entre las partes que deberían de chocar. No propongo que se produzca una alianza entre los actores en pugna y se avance en contra de otros, propongo que se abran nuevos frentes.

Pero si alguien va a ir a la batalla, no puede hacerlo desarmado. Aquí creo yo que es necesario potenciar lo de la cultura que señalé más arriba. Los cambios estructurales tardan años en lograrse, por ello, por ejemplo, aunque se haya demolido el concepto de Familia en nuestro país, aun así esta institución social sigue siendo muy positivamente considerada por la mayoría de la gente. Lograr que la gente proyecte coherentemente su vida a largo plazo es algo que no se logra en una semana, sino que lleva su tiempo. Erradicar al apriete, recuperar el servicio militar obligatorio, reintroducir la educación en las escuelas, desacostumbrarse al fácil acostumbramiento ante la crisis que tenemos, es algo que demora bastante. Sin embargo nada de ello se consigue si no se hace nada al respecto.

Silvio Manino Leal, un tucumano que trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Nación desde la época en que Nilda Garré mandaba, propuso que hay que cambiar la matriz de pensamiento de la policía, tal y como se hizo con las Fuerzas Armadas. Tan poderoso ha sido el trabajo contra las FFAA de los últimos veinte años, que la mayoría de los argentinos se olvidaron de que existen. A la policía no se le puede hacer lo mismo. En este caso los ajustes internos son mínimos comparados con el trabajo externo que debería de emprenderse.

Concretamente en el caso policial, me gustaría ver más a los uniformados en las escuelas promocionando la institución y multiplicando su presencia en ambientes no-hostiles. Que al policía no sólo se lo invoque ante la aparición de un problema, sino que tome un rol activo y no de mero vigilante en los momentos de calma. No niego que ello sea incómodo para los oficiales, ya que su trabajo no es específicamente ese, pero se está en un punto en el que hace falta flexibilizar la imagen emitida para ganar confianza y credibilidad. Los medios podrían hacer su parte: en EEUU, por ejemplo, el Ejército del país financia la creación de videojuegos para penetrar en el mundo juvenil del cual se nutre; algo similar en estas latitudes no sería mala idea. O tampoco estaría mal que las fuerzas de seguridad administren canales de televisión, equipos deportivos y coproduzcan entretenimiento, estrategias que, justamente, están pensadas para reconstruir la proyección de la institución en el imaginario colectivo. Una inteligente e innovadora campaña mediática de la policía colaboraría en eso de hacer que el azul recupere la dignidad que perdió.

Pablo Ulises Soria

Algo oculta Héctor D’Auria

El Caso D’Auria es turbio por donde se lo mire. La información que en un principio transmitió la prensa estaba plagada de errores: se dijo que al Diputado Provincial lo detuvieron en el peaje de Aunor luego de haber eludido el de Cabeza de Buey, y que transportaba 50 kilogramos de cocaína en una camioneta oficial, o sea en uno de esos vehículos a los que ni policías ni gendarmes habitualmente los detienen. Luego se supo que los hechos fueron diferentes: aparentemente Gendarmería Nacional había requisado la camioneta (que no era oficial sino que pertenecía a una empresa de transportes de Tucumán) en los peajes de Cabeza de Buey y Aunor, y posteriormente en el predio de Chachapoyas, en donde le fueron hallados unos envoltorios que contenían 60 gramos de cocaína y casi 70 de marihuana.

En el tiempo que tardó la segunda versión en tapar a la primera, una mujer apareció para denunciar que una adolescente se había suicidado en el interior de una vivienda propiedad de D’Auria. Lo que la mujer agregó es que no hubo autopsia sobre el cadáver, por lo que es muy grande la sospecha de que la nena haya muerto por una sobredosis, posiblemente en el marco de una orgía.

Y como si eso fuese poco, el mismísimo Horacio Thomas –un antiguo Diputado Provincial pejotista proveniente de la misma Metán que D’Auria– dijo que el sospechado de narcotráfico es un paracaidistas que llegó desde Tucumán a ganarse una banca legislativa, invirtiendo cantidades abultadas de dinero propio para ejercer el clientelismo, y tratándose de ganar el favor tanto de quienes esperan una cosa de los políticos como de quienes esperan lo contrario. El rumor adicional es que el tal D’Auria poseería vínculos con el Clan Ale de Tucumán, y su presencia en la provincia tendría por propósito allanarle el camino a esos personajes para que se instalen en Salta.  

D’Auria, como no podía ser de otra manera, se desentendió de toda responsabilidad sobre el asunto. Sostuvo que un sector del Partido Justicialista de Metán se complotó con Gendarmería Nacional para perjudicarlo, y presentó su renuncia a la Cámara de Diputados de Salta para que sus privilegios como representante del pueblo no obstaculicen a la Justicia Federal en su investigación.

Resumiendo, se puede señalar que en el Caso D’Auria caben tres posibilidades: o el personaje sería un narcopolítico más (como Ernesto Aparicio, Luís Arturo Cifre, Ulises Durán, Federico Parra y tantos otros), o un adicto en un puesto de poder (60 gramos de cocaína es una cantidad obscena, que, por ejemplo, podría satisfacer el ansia de consumo de 30 a 40 consumidores ocasionales en una fiesta), o una víctima. Cualquier opción que se elija es no sólo bochornosa sino también indignante: la narcopolítica es –o al menos debería ser– uno de los delitos de lesa humanidad del presente; el político adicto es otra plaga que trastorna y degrada al sentido del poder político, pues cambia la idea de servicio por la de abuso; y los complots son la manera más vil y despreciable de resolver disputas personales.

Si yo fuera D’Auria, haría dos cosas: demostrar que no soy un adicto (realizándome y publicitando los resultados de una rinoscopia) y demostrar que la narcopolítica que está detrás de mi no tiene el poder para derribarme (ya que no denunciar con nombre y apellido a esos supuestos conspiradores que armaron una escena en contra de uno es lo mismo que ser cómplice de ellos). De no hacer esas cosas, la gente honesta sospecharía que hay algo que está siendo ocultado.  

Francisco Vergalito

De madres e hijos

Una triste historia con un final feliz

Una mujer invita a su novio a convivir con ella. En la casa en la que la pareja habita, vive también la hija que la mujer ha tenido con otro hombre. Se trata de una pequeña, que apenas ha alcanzado la pubertad. El hombre se aprovecha de la joven, y abusa de ella en reiteradas ocasiones. Pasan cerca de dos años. Finalmente la adolescente, con 14 años ya, queda embarazada. Al enterarse de ello, la madre denuncia a su pareja por violador y lleva a su hija al hospital. Allí exige que asesinen a la criatura que su hija engendró, ya que quiere deshacerse de todo lo que le remita a ese cretino. Entonces interviene la Justicia.

Con buen tino, la Asesora de Incapaces le pide a un Juez que no permita que se lleve adelante ese aborto. El Juez le hace caso (de todos modos, al parecer, no hay médicos en ese hospital dispuestos a hacerlo). La funcionaria judicial se reúne con enfermeras, psicólogas y trabajadoras sociales y les solicita que se movilicen para informarle a la madre y a la hija que están requiriendo que se cometa un crimen aberrante, y que en la actualidad existen otras opciones a las de tapar un delito con otro delito. Sin embargo la madre de la joven no quiere escuchar. Entonces aparecen unas abogadas a las que les encanta caranchear casos como esos, pues no sienten vergüenza de pertenecer a sinarquías hembristas y promover su agenda.

El relato que hice tiene por protagonistas a la Asesora de Incapaces Claudia Flores Larsen, al Juez de Familia Víctor Soria, a las abogadas Graciela Abutt Carol y Mónica Menini, y a una mujer cuyo nombre no ha trascendido aunque debería de hacerlo (ya que en Salta, a diferencia de otras provincias, los diarios suelen publicar los nombres de los criminales, junto a sus apodos, sus edades y hasta sus fotos).  
La demonización de Soria o el final feliz arruinado

El caso del aborto provocó indignación e ira entre los cultores de la muerte y los promotores del odio. En su mente no cabía que el homicidio de una persona inocente e indefensa se viese frustrado por la decisión de un Juez. Así fue que rápidamente se organizó un linchamiento mediático contra el magistrado.

Soria es un hombre que, como todo hombre, ha tenido aciertos y errores. Este año la AFIP decidió perseguirlo, pues el Juez había tomado la “mala” decisión de permitir que los dueños de una panificadora jujeña ingresen harina desde Bolivia, violando las restricciones a las importaciones que impuso la Secretaría de Comercio Interior. Pero donde la prensa se hizo un festín fue con las denuncias que su mujer le hizo por violencia verbal ejercida contra ella y por violencia física ejercida contra la hija de ambos. La mujer despechada, además, señaló que Soria es un alcohólico. Todo ello, sumado a su valiente defensa de la vida del niño por de nacer y de la de su madre, bastó para que la fauna progresista de Salta y del resto del país pidiese la cabeza del Juez.

Claro que nadie dio un argumento coherente para destituir a Soria. El fallo FAL, que es como un texto sagrado para los genocidas abortistas, fue invocado como si se tratase de una ley, cuando en realidad no es más que la interpretación perversa y violenta de los fragmentos más penosos del artículo 86 del Código Penal Argentino. Soria dictó una resolución impidiendo el aborto, interpretando el caso con un criterio completamente válido, con amplio sustento doctrinal y jurisprudencial.  

No faltaron los peleles de siempre que salieron a indicar cómo deben obrar los funcionarios judiciales, infiltrando sus visiones enunciadas desde una ideología miserable. La administración de justicia es una función del Estado que, como todo lo que proviene de esa institución, debe necesariamente desarrollarse como servicio, ya que el individuo no está para servir al Estado ni para servirse del mismo, sino para ser servido por él. El Estado tiene leyes, pero se puede legislar sobre cualquier cosa, produciendo cualquier zafarrancho. Por tanto los jueces tienen la tarea de ser más que meros aplicadores de la ley elaborada por un grupo de insensatos bajo vaya uno a saber cual influencia exterior perversa: los jueces están para que haya justicia en el mundo, aun a pesar de las leyes que la niegan. Cuando dos derechos colisionan como en este caso (el derecho a la vida del feto contra el derecho a la salud de la adolescente violada), los jueces tienen la dura tarea de ir en contra de la corriente política actual a la que le importa un bledo la justicia, porque interpreta que al niño por nacer hay que darle la muerte como aquello que le corresponde.

Soria obró como se espera que un buen juez lo haga: fue servicial, imparcial y justo. Siguió la ley, la ley más elemental que sostiene que una persona en el vientre materno no debe enfrentar la ejecución, puesto que no ha hecho nada que lo amerite, ya que existir no es un delito (a menos, claro, que se tome una postura genocida y se busque eliminar a alguien por el simple hecho de ser quien es).

La tragedia de la vida

Lamentablemente, la Corte de Justicia Salta dejó sin efecto la medida cautelar impulsada por el Juez Soria, y autorizó la realización del aborto en la provincia. De todos modos la adolescente y su madre, ni lentas ni perezosas, aprovecharon el tumulto para salirse por la puerta trasera y viajar en silencio a Capital Federal para llevar a cabo el homicidio allí de su familiar, ya que en ese distrito, aparentemente, hay una amplia oferta de sicarios que estudiaron medicina para trabajar como verdugos.

Abutt Carol, la abogada, envió una carta a los medios para victimizar a quienes resultaron ser victimarias. Textualmente la letrada escribió: “Resulta contraintuitiva la idea de que el sistema de salud, normalmente orientado a proteger la salud y la vida de las personas, o el que una Asesora de Menores e Incapaces, o un Juez de Personas y Familia, sean capaces de imprimir torturas en una menor indefensa, revictimizándola luego de su tragedia”. En su mente, un grupo de profesionales hablándole a la joven de lo violento que significa asesinar a una persona y del trauma que ocasiona ese acto equivale a una sesión de tortura, intolerable en un Estado democrático como el nuestro. Al mismo tiempo, Abutt Carol no ve (o, peor, no quiere ver) que todo aborto es un episodio de cruenta tortura, seguido de horrenda muerte, y que ni siquiera cuenta con un trato digno post-mortem, ya que a los restos del cadáver los arrojan en una bolsa que va a parar a la basura o a las manos de alguien que hace quien sabe qué con el cuerpecito destruido, y la mujer -lo mismo que al haber sido torturada- comienza un proceso de negación y olvido del evento, como si eso alcanzase para eliminar las pesadillas.

Al mismo tiempo que el debate entre quienes defienden la vida y los necios que sólo predican la muerte se desarrollaba, en la ciudad de Orán una mujer embarazada fue atacada por motochorros, que no se conformaron solamente con robarle, sino que además procuraron lastimarla lo suficiente como para dejarla al borde de la muerte. Afortunadamente el bebé que llevaba en su vientre –que nació a través de una cesárea de emergencia– está a salvo, pero su madre sigue en grave estado. Ante este caso, prácticamente todos los que pedían a gritos que se apruebe el aborto se horrorizaron: no condenaron al robo en sí, sino que los enfureció el hecho de que traten con tanto desprecio a una mujer, sólo porque son víctimas más accesibles que los hombres.

¿Cuál es la diferencia entre el pequeño Baltasar que nació en medio de la tragedia que sufrió su madre y la criaturita salteña arrojada al limbo en un hospital porteño? Ninguna. La tragedia de uno estuvo en el momento de nacimiento, la del otro en el de la concepción, pero eso no hace merecedor de la muerte a ninguno de los dos. Son víctimas, como sus madres. Quienes deben pagar, y pagar con todo el peso de la ley son los que les hicieron daño. A las madres y a los hijos.

Antonella Díaz 

Papá y mamá, y viceversa

Los rectos desviados

Desde que en la Argentina se aprobó una ley para tergiversar los géneros a voluntad, todo tipo de situaciones ridículas acontecen. Así, por ejemplo, hace poco un reo salteño “se convirtió en mujer” y consiguió que lo trasladen a un centro penitenciario femenino, sólo para arrepentirse después y comenzar un proceso judicial para revertir su decisión (uno podría pensar que el travestido reflexionó sobre lo que había hecho en su nuevo destino de detención y finalmente entró en razón, pero en realidad el hombre no es más que un aberrosexual que extraña la sodomía y que utiliza su derecho a peticionar ante las autoridades sólo porque desea volver a sentir el cuerpo de otro hombre dentro del suyo con más frecuencia). El nuevo descalabro que ahora nos deparó la perversidad de nuestros legisladores involucra a un hombre y a una mujer que, en Entre Ríos, engendraron a una hija, con el retorcido detalle de que él viste y pretende comportarse como mujer y ella, como hombre.  

De todas maneras este último caso –que, por supuesto, tiene una versión salteña– necesita de un análisis adecuado, ya que no se trata de un hombre o de una mujer tratando de sacar provecho de los errores intencionales de los políticos, sino que más bien se está en presencia de un hombre y de una mujer que hacen lo que les corresponde hacer pero de un modo completamente equivocado.  

La nueva Babel

El Padre Álvaro Sánchez Rueda, un sacerdote católico que es médico, señala que lo más reprochable del matrimonio de travestidos ortosexuales no es la acción individual de la pareja (ya que, desde el punto de vista religioso, todo el vicio del que son culpables lo pagarán debidamente llegado el momento); lo que de verdad merece el repudio es la posición de los comunicadores y comunicólogos, quienes no vacilaron en titular que un hombre había dado a luz a una pequeña. Ciertamente el documento y la partida de nacimiento de esa mujer indican que ella es un hombre, como bien podría indicar que ella es un robot, una oruga o una nube, pero la realidad, aunque no nos guste, impone lo que de verdad es. Entonces utilizar adrede un lenguaje que niega lo real sólo sirve para crear confusión, la misma confusión que nos quita el dominio de las situaciones y nos esclaviza ante quien dicta bajo cual disfraz debemos percibir aquello que estamos percibiendo de un modo completamente diferente.

La Biblia relata la historia de Babel: la gente estaba construyendo una inmensa torre que opacaría a Dios, así que Él castigó a los hombres con la multiplicidad de las lenguas, obligando a cada nación a reiniciar el humilde camino del aprendizaje hasta volver a encontrar la claridad que supere a la enemistad. Hoy en día nuestra nación, en lugar de avanzar hacia la claridad, permite que se genere más confusión, con el penoso fin de que cada ser humano hable una lengua que sólo él entenderá, incomunicando a la gente entre si para dejar vivo sólo el vínculo del dinero. Es decir el castigo que Dios le había impuesto antaño a los hombres debido a su arrogancia, ahora el hombre se lo impone arrogantemente a si mismo, sólo para distanciarse cada vez más de Dios.  

Egoístas 

Al estar el sexo determinado genéticamente, no caben dudas de que las parejas de rectos desviados entrerrianos y salteños deberían cumplir con el mandato biológico que, de hecho, ya cumplen. Pero la cultura los condiciona para que inviertan roles: así papá se pinta los labios y mamá se deja crecer el bigote. ¿Hay necesidad de todo ello?

La evidencia me exime de probar que los que optan por la homosexualidad lo hacen motivados por una triste combinación de lascivia individual y marginación social. Quien no padece de ambas cosas jamás caerá en la homosexualidad. Pero constituir una familia, precisamente, implica refrenar la lascivia e integrarse socialmente. Para hacer ello es necesario amar al otro, al punto tal de aceptar limitar el propio deseo y acatar las normas pensadas para beneficiar a los indefensos y a quienes cuidan de ellos. O sea formar una familia equivale a aceptar que hay un Dios encima nuestro y que el mundo se maneja de tal manera que el otro –especialmente el otro que es demasiado joven, o demasiado viejo, o demasiado débil, o demasiado desorientado– es reconocido no como un obstáculo que bloquea la felicidad personal, sino como aquello que de hecho la posibilita. Lo que quiero decir es que la homosexualidad es, por definición, una cuestión de egoísmo, mientras que la familia es todo lo contrario.

La tercera posición

Lo más probable es que ambas parejas sufran por su situación de anormal normalidad. Una pareja –y me refiero a dos amantes– nunca se trata de dos personas, pues siempre hay un tercero: Dios. ¿Entenderán esto así esas personas? Desconozco la situación particular de la pareja salteña, pero la pareja entrerriana se declaró católica y pidió que un cura de la localidad de Victoria los case. El cura, correctamente, se negó a hacerlo, aunque dijo que está dispuesto a bautizar a la niña, pues no deben pagar los hijos por los pecados de los padres.

Si las parejas se han encontrado el uno al otro y han decidido ya no ser sólo ellos, sino ser alguien más, entonces Dios se encuentra allí. Pero, en este caso, puedo asegurar que, aunque le hayan mandado un correo electrónico al Papa, Dios no ha bendecido a la pareja. Y no lo ha hecho no porque Él sea un malvado que le niega la felicidad a la gente: no lo ha hecho porque esa gente, esas parejas de travestidos, persisten en su egoísmo, o sea niegan a Dios.

No conozco el caso lo suficiente para determinar con exactitud por qué niegan a Dios en concreto aun cuando existe aparentemente una voluntad de abandonar esa postura, pero puedo afirmar con mucha seguridad que el tema pasa por la cuestión de la identidad personal. Estos travestidos, en su lascivia y marginación, permitieron que su personalidad sea reducida a su sexualidad. Prefirieron no concebirse como cuerpo y alma que se integran en el mundo para darse cuenta de quienes son, sino que optaron por verse como almas atrapadas en cuerpos extraños; no quisieron la integración, escogieron en su lugar colgarse una etiqueta externa para no olvidarse quienes son internamente. Por ello ahora buscan que la Iglesia o el Estado los homologue: saben que la naturaleza les deparó un destino y saben que una cultura intenta justificar su desvío, pero íntimamente no saben quienes son, pues no se animan a dejar de vivir para si mismos y empezar a vivir para los otros.

Antonella Díaz

Buen policía, mal policía

¿Sinarquía o anomia?

Después de diez días de agitación social producida por los saqueos que se desencadenaron al unísono de las huelgas policiales, la presidente Cristina Fernández de Kirchner finalmente habló vía Twitter sobre el tema. Por supuesto que no fue –como si hubiese sido en muchas otras partes del mundo occidental– para asumir su responsabilidad, pedirle disculpas al pueblo argentino y presentar su renuncia indeclinable, pues, como es sabido, el nuestro es un país con una institucionalidad alterada. En su lugar, la presidente se encargó de señalar a quienes serían los culpables del caos que padeció la Argentina.

En su relato, Cristina Fernández de Kirchner apuntó esencialmente en contra de los cuerpos de policía, y deslizó por detrás un montón de conjeturas conspirativas. Al parecer miles de policías a lo largo y ancho del país respondieron a la convocatoria de unas cuantas decenas de cabecillas que sólo querían crear una situación de tensión, por lo que no sólo promovieron el acuartelamiento sino que también organizaron junto a varios hampones unos cuantos robos en banda en contra de ciertos comercios para tentar a los humildes que el Estado se ha ocupado de “incluir” a que se comporten como unos desaforados. Lo que se buscaba era demostrar que la policía es indispensable en la Argentina de hoy y que por ello no se puede no concederle lo que demanda. Esos policías “extorsionadores” y “desestabilizadores” contaron en el relato kirchnerista, claro, con el apoyo directo de gremialistas, políticos y hasta de narcotraficantes, y con el apoyo indirecto del Grupo Clarín, es decir ellos fueron parte del “Eje del Mal”.

Dos escenarios

Si se analiza la situación que vivió Tucumán a la luz de la explicación kirchnerista, es probable que se adhiera a esa versión. Es que en esa provincia la policía suspendió sus tareas habituales, allanándole el camino a la delincuencia para que avance con su actividad expropiadora y destructiva. Durante dos días se vivió en el terror, debido a que nadie del gobierno provincial se hizo cargo de la crisis mientras estaba estallando (y tampoco hicieron ello después de que culminó). La gente, como era de esperarse, reaccionó con un gran malestar ante los policías, a quienes aprovecharon para increparlos en la vía pública o para denostarlos a través de las redes sociales. En una tienda llegaron a colocar un cartel en el que anunciaban que a los miembros de la fuerza policial les iban a cobrar los productos que venden con un grosero sobreprecio, en clara actitud de desquite por los efectos colaterales que ocasionó su huelga.

La contracara de Tucumán fue, sin dudas, Salta. En Salta también hubo acuartelamiento por parte de los policías provinciales. Sin embargo éstos no estuvieron acompañados por saqueos, ya que, justamente, cuando hubo intentos de rapiñar en los comercios locales, fueron los policías los que pusieron el cuerpo y detuvieron a la horda que iba detrás de lo ajeno, minimizando de ese modo los daños provocados. Después de anulado el peligro, muchos oficiales comenzaron a sumarse al paro, pidiendo una suba salarial. La gendarmería nacional entró en escena para suplantar a los policías voluntariamente fuera de servicio, y los únicos inconvenientes y encontronazos que se registraron fueron entre miembros del gobierno y representantes de las fuerzas del orden.

La reacción de los salteños ante su policía fue diametralmente opuesta a la de los tucumanos: en lugar de negarles la atención o cobrarles tarifas especiales, los comerciantes de Salta decidieron agradecerle a sus guardianes ofreciéndoles generosos descuentos en sus locales por lo que resta de diciembre.

El clima popular ante los policías es hoy en día muy distinto en una y otra provincia. La gente de Tucumán acusa de codiciosos a los oficiales y les echa en cara que sus aumentos están manchados por la sangre de los comprovincianos que murieron durante los saqueos; la gente de Salta, en cambio, ha sido informada que el aumento salarial de los policías se financiará a través de un incremento en los impuestos, hecho que no ha puesto a los afectados en contra de los uniformados sino antes bien en contra de los políticos.

Esto también se percibe a nivel político. En Tucumán, el massismo local (un bloque parlamentario integrado en la Legislatura Provincial por José Orellana, Gerónimo Vargas Aignasse y José Teri) presentó un proyecto de ley mediante el cual proponen durísimas sanciones en contra de aquellos policías que intenten organizar algún tipo de protesta frente a sus superiores. En Salta, por el contrario, un opositor como el diputado nacional Bernardo Biella habló de un proyecto suyo para “humanizar” las fuerzas de seguridad, permitiéndoles cierto derecho a quejarse públicamente y protestar pero siempre y cuando no descuiden sus obligaciones más básicas.   

La realidad como límite

Ciertamente la policía de Tucumán y la de Salta no difieren demasiado. En ambos cuerpos hay numerosos elementos corruptos que, por acción u omisión, son productores de delitos. Y no hablo únicamente de coimas, sino que me refiero a la constitución de bandas delictivas integradas por uniformados. Quizás habría que ir a los archivos y cuantificar el número de policías involucrados en estos repudiables episodios durante la última década, para constatar si es mayor el número de malos elementos en Salta o en Tucumán, o si es parejo de uno y otro lado de la frontera. De cualquier manera no son sólo las tristes excepciones las que contribuyen a perjudicar la percepción social de la policía, sino que también ello lo logran a través de ciertos excesos en sus funciones: me refiero, claro, a las denuncias por apremios ilegales, abuso de autoridad y ese tipo de cosas.

Todo eso contribuye a que la policía funcione como un buen chivo expiatorio. En Tucumán, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ordenaron detener a nueve perejiles a los que se les imputa la autoría mediata de los saqueos, los homicidios y otros delitos. Quieren culpabilizar a trabajadores de mala traza para que la opinión pública focalice su bronca en contra de ellos y no en contra del resto de los políticos oficialistas, lo que se dice “buscar tapar el sol con la mano”.

Es que en Tucumán, siguiendo el libreto conspirativo propuesto por el kirchnerismo, no tienen a nadie más contra quien apuntar: el gremialismo moyanista prácticamente no existe en la provincia, del mismo modo en que el massismo se resume en un puñado de dirigentes de poca influencia; Alperovich disparó contra la UCR y La Bancaria, pero nadie, ni el más fanático de los suyos, cree capaz a esa gente de armar algo tan escabroso como fueron los saqueos. Por tanto el gobernador tucumano no tiene más opción que endilgarle toda la culpa a unos cuantos policías a los que, obviamente, no se los acusará de tener vínculos con redes de narcotraficantes (como si se acusa normalmente a la policía de Córdoba y Santa Fe), sino que, cuanto mucho, se les señalará algún contacto con el hampa local a exclusivo título personal.   

En Salta, empero, la estrategia defensiva kirchnerista se estrella contra la realidad. Allí si hay un massismo y un moyanismo poderoso (el encabezado por Juan Carlos Romero y sus aliados), y la narcopolicía es una realidad desvelada desde hace algunos años. Sin embargo, aunque a los kirchneristas les pese, debido a lo acontecido y atestiguado por todos no se puede sugerir que en Salta las bandas saqueadoras hayan sido amparadas ni motivadas por la policía –una policía que, por cierto, no se privó de manifestar el mismo descontento que manifestaron sus colegas en el resto del país. ¿Entonces? ¿Cómo explicar el caos sin recurrir a la invocación de fuerzas golpistas? Creo que asumiendo el fracaso, aceptando que el problema no es que la policía sea buena en un lugar y mala en otra, sino que el problema es que en nuestro país la policía resulta ser la delgada línea azul que divide a la civilización del salvajismo, porque el trabajo, la educación y la justicia están gravemente ausentes, pese a que se nos quiera hacer creer que se ha “ganado la década”.   

Pablo Ulises Soria

La bomba tucumana

Las invasiones intensas

Durante dos días, Tucumán fue zona de guerra. Eran dos los bandos que se enfrentaban: el orden y el caos, la ley y el delito, la policía y los criminales. Sin embargo uno de esos bandos, el de los policías, optó por ausentarse, por lo que la población civil se vio obligada a actuar, pero no para restaurar y preservar el orden, sino, simplemente, para no verse devorados por el delito. Debido a ello una anarquía caótica reinó en la Capital provincial y sus alrededores.

En todos lados proliferaron las barricadas. Los vecinos bloqueaban las esquinas con lo que tuviesen a mano –llegando, en algunos casos, a encender hogueras–, y arrojaban aceite o vidrio molido en la calle, calculando que si por su zona intentaban circular las motos que transportaban a los del malón, éstas iban a tropezar, dándole tiempo a la gente para abalanzarse sobre sus tripulantes con el fin de lincharlos con palos, piedras, cadenas, machetes y todo lo que pudiesen utilizar.

El grueso de la población tucumana experimentó el pánico. Pero la actitud de la mayoría no fue paralizarse, sino intentar detener por sus propios medios a la destrucción que avanzaba por las calles. El 9 y el 10 de diciembre de 2013, Tucumán fue víctima de una horda impredecible, y el monopolio de la violencia que posee el Estado se disolvió entre las miles de manos del pueblo. Tucumán no ardió: directamente explotó en miles de pedazos.

Crónica de un desastre anunciado

El conflicto, como es sabido, comenzó en Córdoba, y se produjo un efecto dominó que arrastró a casi todas las demás provincias de la República Argentina. Los gobernadores contaban con la salvaje experiencia cordobesa como advertencia de lo que podía ocurrir en sus distritos.

A Tucumán, la huelga policial llegó el domingo 8 en horas de la noche. Paul Hofer, un funcionario del Ministerio de Seguridad Ciudadana de Tucumán, no tuvo mejor idea que minimizar el acontecimiento, sosteniendo que había políticos detrás (apuntó contra el ucerista José Cano y la frepasista Stella Maris Córdoba) y asegurando que los que protestaban no tenían legitimidad para hacerlo, ya que en su gran mayoría se trataba de oficiales retirados o apartados del cuerpo policial. Ignoraba este incompetente que los gremios policiales están, precisamente, integrados por esa clase de oficiales, que son los que normalmente promueven y encabezan las protestas.

El lunes 9 empezó a crecer desde temprano el rumor de que se desencadenarían los saqueos. Ni lento ni perezoso, el Gobernador José Alperovich alertó a su familia para que tomen precauciones. Así fue que la concesionaria de autos León Alperovich decidió dejar de atender al público y movilizar en caravana sus numerosos vehículos para ocultarlos en zonas seguras, donde serían custodiados por una guardia especial.

Alrededor de las 15 horas de ese lunes se desató la locura. El golpe fue veloz y sin un patrón previsible: saqueos en la avenida Kirchner, en la Gobernador del Campo, en la Belgrano, en Lomas de Tafí, en Banda de Río Salí, en todos lados menos en Yerba Buena y en el área de las Cuatro Avenidas (aunque también se registraron allí hechos delictivos). El servicio de colectivos fue suspendido y las estaciones de servicio optaron por cerrar sus puertas. Cerca de las 21 la Gendarmería Nacional comenzó a patrullar la ciudad, pero concentrándose especialmente en las zonas que no habían sido saqueadas aún, es decir en las zonas monitoreadas por cámaras de vigilancia y defendidas con hombres de seguridad privada.

El martes 10, bien temprano, se produjo el saqueo a la distribuidora de Sancor. Allí un vecino filmó la escena patética en la que una madre deja abandonado a su hijo en un coche para ir a robar en los depósitos. La preocupación ante una ola imparable de robos comenzó a crecer entre la población. Al mediodía empezó a circular el rumor de que los malandrines iban a sabotear los transformadores de energía eléctrica, para dejar a la ciudad sometida a la obscuridad y avanzar así sobre el área del centro. Las redes sociales se hicieron eco de la alerta de catástrofe, y la gente de esa área decidió salir a la vereda o a los balcones de sus casas con una cacerola en la mano. A las pocas horas muchos vecinos se habían concentrado en la Plaza Independencia. Allí se encontraba el Gobernador Alperovich, el Arzobispo Zecca, representantes de los policías acuartelados, y varios funcionarios de primera línea del gobierno provincial negociando una salida honrosa. Furiosa, la gente no sólo les transmitió su bronca gritando, sino que además vandalizaron los autos oficiales (Alperovich culpó de ello a los miembros de La Bancaria). Encerrados en Casa de Gobierno, el Gobernador y su séquito mandó a un grupo de efectivos policiales a despejar el lugar. Allí empezaron a sonar los disparos de balas de goma, dos de los cuales impactaron en contra de un manifestante que quedó ensangrentado, imagen que fue recogida y reproducida por los corresponsales de Todo Noticias que se encontraban registrando la protesta.

La policía reapareció el martes a la noche, pero el miedo siguió golpeando durante la madrugada del miércoles 11. Miles de vecinos se negaron a dejar las calles y volver a sus casas, temerosos de que surgiesen los malones de entre las sombras: es que muchos ya habían protagonizado defensas exitosas de comercios barriales que intentaron ser atacados por los maleantes, y estaban lo suficientemente envalentonados como para no dejarse doblegar por la delincuencia. La zona de la Costanera fue un campo de batalla, ya que gente de otras villas se acercaron con la intención de entrar y saquear el lugar, suponiendo que los botines más interesantes se encontraban ocultos en las casillas del lugar. Ya cuando despuntó el alba, el terror comenzó a disiparse y dejó paso a la bronca generalizada. Vecinos a lo largo y ancho de San Miguel de Tucumán y localidades aledañas manifestaron su repudio sin tapujos hacia la fuerza policial (en algunos casos simplemente increpándolos, en otros ironizando contra ellos, y en muchos casos más enfrentándolos con violencia). Tampoco se salvó de la ira de la gente la señora Silvia Rojkés de Temkin, Ministra de Educación de la provincia, que aún sin el servicio de transporte público restituido y con las calles todavía repletas de escombros de barricadas, dio la orden de que se dicten clases normalmente, obligando a miles de niños y adolescentes a asistir a las escuelas como si la conmoción ya estuviese plenamente superada.

Policías, políticos y periodistas: los enemigos del pueblo

En Facebook alguien abrió una página para escrachar a los saqueadores de Tucumán. Transcurridas 24 horas, dicha página tenía ya más de veinte mil adhesiones. Eso marcó perfectamente el sentimiento generalizado de la población tucumana.

El miércoles 11, a partir de las 18, la Plaza Independencia comenzó a llenarse de gente. Un par de horas después, una multitud había copado el lugar. Muchos de los presentes estaban allí para manifestarse en contra de la policía por su negligencia de dejar a la ciudad sin protección, otros estaban para repudiar al gobierno provincial por haber dejado que las cosas se les escapen de sus manos y haber contribuido al caos, y el resto se había acercado a la plaza para enfrentar tanto a los policías como a los políticos.

Quienes también sintieron la bronca del pueblo fueron los periodistas, especialmente aquellos que trabajan en la televisión local. En plena protesta, fueron reprendidos por la gente que les recordó que, así como los policías y los políticos se borraron en el momento más agudo del conflicto, así también ellos no hicieron su trabajo cuando era el momento más necesario. Es que si algún canal de aire (el Canal 8 o el Canal 10) hubiese puesto un micrófono y una cámara en la Plaza Independencia el martes por la tarde –suspendiendo la basura televisiva que habitualmente transmite–, hubiesen gozado de una audiencia enorme y de un poder tremendo, que hubiese colaborado en gran medida a generar la respuesta política que nunca se generó. Pero los mercenarios trabajan según la lógica del mercenario: lo que les importa es el dinero.

Bailando en la obscuridad

Algo que indignó a la mayoría de Tucumán fue que mientras en la provincia se vivía el caos, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner bailaba sobre un escenario en Plaza de Mayo con una cacerola y una cuchara, en una suerte de parodia dirigida directamente en contra de la gente que había tomado ambos elementos para hacerse oír en la Cuna de la Independencia.  

Como es común, la energúmena que gobierna al país no pidió disculpas ni nada parecido por su exabrupto de entregarse al ritmo de la danza macabra. Es que para ella era necesario festejar 30 años de democracia. Aun si todo ardía o se hundía, el circo tenía que continuar. Ya en ese momento se sabía que los muertos eran muchos (en Tucumán, al parecer hay cinco muertos, pero el número podría ser mayor), no obstante ello no fue obstáculo para que la Señora de la “Buena Onda” brinde un espectáculo bochornoso junto a su equipo de aduladores bien pagados.  

¿Cuál ha sido la reacción del Gobernador Alperovich? El perfil bajo. Hizo una reunión para felicitar a la Gendarmería por su acción, cambió al Jefe de la Policía Provincial, anunció que la justicia está ubicando y persiguiendo a los protagonistas de los saqueos, pero no asumió su responsabilidad: si en lugar de esconder su patrimonio, firmaba el acta en la que acordaba la suba salarial de los policías el día lunes, la movida saqueadora hubiese sido mucho menos dañina o ni siquiera hubiese tenido lugar. La gente se lo recordó: primero escracharon la sede de una concesionaria de León Alperovich, y luego organizaron manifestaciones directamente ante su domicilio de calle Crisóstomo Álvarez. Le piden la renuncia mientras concurren a las armerías para comprar protección. Temen, porque intuyen que la obscuridad volverá y los encontrará indefensos.

Francisco Vergalito

La izquierda salteña: cuando los opas se vistieron de rojo

La sorpresa que es

El triunfo del Partido Obrero en el departamento Capital en las últimas elecciones provinciales salteñas es tan significativo como el triunfo de Juan Carlos Romero en el mismo lugar sólo que dos semanas antes. En principio ambos fenómenos se explican como un voto de concentración ideológica, es decir el PO ganó porque hubo muchos votantes de izquierda (desde los de ultraizquierda hasta los de centroizquierda) que no tuvieron una opción más potable y útil que esa, de la misma manera que los votantes de derecha (especialmente los liberales) apoyaron a Romero para avalar a alguien que los represente.

Mucho se ha dicho para intentar explicar el sorpresivo avance de la extrema izquierda en Salta. De más está decir que no deben tomarse en cuenta las palabras de los propios protagonistas, pues a ellos no les interesa conocer la razón real de lo acontecido, sino sólo aprovechar el episodio para seguir creciendo –de allí es que anden diciendo que son los únicos representantes legítimos de las causas populares y falsedades por el estilo–; por tanto es preciso buscar otras voces.

A nivel provincial Lucio Yazlle sostuvo que el triunfo del PO es una consecuencia natural producida por un sistema económico neoliberal cuyo defensor político, vale decir el PJ, se fragmentó sin más motivo que la ambición desmedida de su dirigencia, algo que terminó pagando muy caro. Armando Caro Figueroa, desde la vereda ideológica opuesta a la de Yazlle, señaló que en este caso nada tienen que ver las teorías de León Trotsky con el triunfo del PO y que no es verdad que los trabajadores asalariados estén reaccionando ante la explotación laboral con un plan revolucionario, sino que, por el contrario, el PO se impuso porque representa un convincente vehículo para canalizar el voto de aquellos que están hastiados de una clase política que se ha ido castificando y corporizando. El contraste del análisis es claro entre los izquierdistas y los derechistas salteños: para Yazlle finalmente ha llegado el momento en que los trabajadores se levantarán en contra de la milenaria opresión que los doblega, mientras que para Caro Figueroa un grupo de ciudadanos que ha alcanzado su techo de crecimiento personal y que quiere hacerse cargo del manejo de los asuntos públicos (quizás para mejorar la calidad institucional republicana) ha optado por apoyar masivamente a una fuerza extremista como el PO sólo para castigar y amedrentar a los que ya están en el gobierno.

Ahora bien, a nivel nacional el análisis es prácticamente el mismo, sólo que un tanto más sofisticado o pintoresco (sofisterías y pintoresquismos que aparecen para tapar los huecos que surgen allí en donde alguien habla sobre Salta sin conocer Salta con la profundidad de un salteño). La blogósfera kirchnerista, por su parte, ha manifestado su asombro ante el crecimiento de una fuerza que los supera en izquierdismo, pero no han tardado en culpabilizar de ello al “viejo PJ” que aún subsiste en el interior del oficialismo salteño o incluso al pase de factura de la sociedad a Urtubey por una muy débil adhesión a la Vulgata progresista con la que ellos se manejan.

La revolución cultural que no fue

Más allá del aspecto político, hubo quienes quisieron ver en el triunfo del PO una cuestión cultural. Un caso ejemplar en este sentido fue el de Daniel Ávalos, escriba de la siempre imberbe revista Cuarto Poder. Con un optimismo casi juvenil, Ávalos identifica al PO como el partido de los travestidos, de las hembristas lesbianas, de las hembristas prostitutas, de los malos católicos y de toda la demás escoria social (a la que él denomina “rebeldes culturales”). Ello es difícil de comprobar, pero no es descabellado pensar que muchos de esos desviados apoyaron a un partido que habitualmente los apoya. Sea como sea, Ávalos trata de interpretar el triunfo del trotskismo como un golpe directo en el corazón de la identidad salteña. Los votos cosechados por el PO serían la prueba de que el pueblo de Salta ha dejado de ser conservador, penitente, abnegado y obediente, o sea católico.

Ávalos, a diferencia de Yazlle o Caro Figueroa, desestima la cuestión socioeconómica para centrar su atención en el tema cultural, pues lo que hace este autor no es tratar de explicar las causas del voto al PO sino imaginar sus consecuencias. El trotskismo en el poder equivaldría, aparentemente, a menos virtuosismo y más vicio entre los individuos que constituyen la sociedad. Sin embargo en el último lustro los desviados han conseguido casi todo lo que solicitaron por años, y ello no fue gracias al trotskismo. Quizás Ávalos esté diciendo que ahora todos los antaño marginales (devenidos hoy en los mimados del sistema) estén mordiendo la mano que les dio de comer, pero ello sería como equiparar homosexualidad, hembrismo o lo que fuese con la izquierda política, cuando es bien sabido que hay muchos homosexuales, hembristas y demás personajes de esa calaña que aún siendo lo que son (y aún admitiéndolo públicamente) no adhieren ni aprecian políticamente a la izquierda.

Lo que si sucedió en relación a lo cultural fue el ataque gratuito de la dirigencia del PO a la Iglesia Católica. Embriagados por su triunfo ante la corporación partidocrática, estos perroflautas de camiseta roja se animaron a criticar a los representantes de Dios en la Tierra. A su supuesta lucha cotidiana por el trabajo digno, el acceso a la vivienda, la defensa del medio ambiente y el fin de la impunidad, los del PO no tardaron en agregarle el pedido de la legalización del asesinato en masa de niños mientras estén aún en el vientre materno (recordemos que el punto más alto de la campaña de la energúmena Cristina Foffani para el Senado de la Nación fue cuando sostuvo que el feto humano es una mera deformación).

Algo curioso de todo esto es que, pese a lo radicalizado que es el discurso del PO, nadie se escandaliza verdaderamente. Ello se debe al simple hecho de que el aborto, la aberrosexualidad, el ateísmo y los demás errores fatales vienen siendo promovidos por el oficialismo kirchnerista. Trotskistas y kirchneristas coinciden en lo esencial de su proyecto promotor de antivalores, pero difieren en algunos asuntos relacionados a lo económico. Por eso a mi me llama la atención la disputa que se ha generado en el Concejo Deliberante capitalino: en principio bien podría acusarse al PO de ser extremista y constituirse algo así como un “frente democrático” que aísle a la mayoría trotskista para dejar todo en manos del Partido Justicialista, el Partido de la Victoria, Salta Somos Todos y el Frente Salteño; empero llegado el momento de evitar que Salta se convierta en una ciudad Pro Vida, o ante la propuesta de eliminar el monumento dedicado a los héroes de las guerras contra la subversión o de cambiarle el nombre a las calles para vituperar el pasado hispánico, al menos la mitad de los concejales del PJ se unirían a los del PO en el momento de la votación, produciéndose así la muestra más cabal de la política de decadencia que padece nuestro país.

El soviet que no será

Creo que lo más interesante que puede llegar a pasar con el PO en Salta es su fragmentación. Fueron las reformas al sistema de representación política introducidas por la Constitución Provincial de 1998 lo que le permitió al PO empezar a ganar pequeños espacios en los poderes gubernamentales a partir de 2001. En 2005 llegaron a tener tres diputados provinciales (uno menos que en la actualidad) y al menos cinco concejales en Salta (cuatro menos que ahora), pero el PO no generó absolutamente nada novedoso ni disruptivo en aquella oportunidad. Hoy en día amenazan con movilizar a las masas para acompañar su acción parlamentaria, pero todos en Salta saben que ello no es de temer, puesto que el PO no tiene el poder de convocatoria ni de movilización que si tiene, por ejemplo, la Tupac Amaru en Jujuy (el PO salteño, en este momento, carece de la fuerza suficiente para sitiar la capital provincial y ocupar edificios públicos, algo que el grupo que capitanea Milagro Sala puede hacer cada vez que se le antoje en la vecina Jujuy).

Roque Rueda, un afiliado al conservador Partido Propuesta Salteña, publicó en El Intransigente un largo artículo en el que revisa documentos del PO para demostrar que dicho partido no es más que un grupo de extremistas que buscan la confiscación de la propiedad privada y el ejercicio de la violencia en contra de los contrarrevolucionarios. Pretendía con ello generar rechazo entre los moderados que le iban a dar su voto al PO para manifestar su bronca en contra de un sistema que no funciona como le corresponde hacerlo.

En lo personal no creo que el texto de Rueda haya tenido algún tipo de influencia sobre los votantes, pues la teoría marxista es hoy en día algo que sólo les preocupa a los marxistas, dado que solamente ellos parecen tomársela en serio y el resto de la gente ni la entiende, ni la sigue, ni le teme. El economista Rolando Astarita es, justamente, uno de esos marxistas dispuestos a juzgar la experiencia del PO salteño en su relación con el marxismo. Una cosa que Astarita señala es que si el PO desea influir sobre la gente debe esforzarse en conseguir el beneficio de las masas trabajadoras y no sólo en denunciar a las corrupciones del sistema o en promover cambios culturales (que es lo que ha venido haciendo hasta ahora). No obstante este autor señala también que lo normal es que el PO se enfrente al desgaste progresivo, ya que, al estar el sistema capitalista funcionando en condiciones normales, es sólo cuestión de tiempo para que el utopismo trotskista se vuelva realismo y su militancia se desmoralice, haciendo que los cuadros menos formados y con acceso a los puestos parlamentarios se sientan tentados a transfugarse en beneficio propio. Es que, en el fondo, el comunismo no puede elegir la vía electoralista para lograr sus fines, debido a que el sistema electoral está diseñado para administrar un Estado que difiere económica y políticamente de su idea de Estado.

En octubre, el propio Jorge Altamira retuiteó un mensaje de un militante del PO de Colonia Santa Rosa que decía que el partido sería mayoría en el Concejo Deliberante local “si Dios y la Virgen acompañan”. Que el movimiento de izquierda que se jacta de ser el más ortodoxo del país tenga miembros que invocan fuerzas divinas cuando, filosóficamente, se supone que son materialistas y ateos, deja entrever cuan frágil es realmente el PO salteño y cuan casual es su ascenso al poder. Ello, sin embargo, le augura una prolongada estadía en el mundo partidocrático argentino.  

Hernán Solifrano (h)

Tucumán libre de masacres

En el pasado mes de abril escribí un artículo en el que califiqué de “sicarios” a los médicos de la Maternidad de San Miguel de Tucumán que se ocuparon de ejecutar un homicidio en contra de un niño que aún permanecía en el vientre de su madre. Ahora, nobleza obliga, me toca felicitar a esa institución por su trabajo en defensa de la vida del aún no nacido.

El infame diario Página/12 nos cuenta sobre un caso sucedido en Tucumán, en el que supuestamente se le impidió a una joven de 16 años realizar un aborto tras declarar que había sido violada, siendo obligada por ello a trasladarse a Buenos Aires para asesinar allí a su descendencia.

La nota fue escrita por Mariana Carbajal, una periodista feminista famosa por las licencias literarias que toma a la hora de redactar. Según el relato del diario progresista, una adolescente, con un embarazo de casi cuatro meses, afirmando haber sido violada se acercó a un hospital público para que le realizasen un aborto. Los profesionales de la institución notaron que su versión de los hechos era poco clara, y promovieron una denuncia penal para que la mentada violación no quedase impune. Luego trataron de explicarle a la joven que lo que exigía como un derecho en realidad se trataba de un cruento homicidio y hasta enviaron a una trabajadora social para ayudar a la adolescente y evitar así el crimen. Sin embargo, testaruda, la madre decidió pese a todo continuar con su macabro plan de darle muerte a su hijo. Una psicóloga de la Maternidad optó por despreciar el valiente esfuerzo de sus compañeros, y gracias a ella la joven consiguió pasajes de ida y de vuelta financiados por el Estado para hacerse vaciar el vientre en el Hospital Argerich de la Capital Federal. La familia de la asesina prepara ahora acciones judiciales en contra de los profesionales que defendieron la vida de su hijo fallecido.

Carbajal, intentando demonizar a los médicos que se niegan a trabajar de sicarios en Tucumán, agregó una referencia a un inverosímil caso acontecido en la provincia el año pasado, en el que a una mujer abortista le hicieron un torturante legrado sin anestesia, “seguramente a modo de castigo porque las médicas que la atendieron sospecharon de que había interrumpido voluntariamente el embarazo”.

El cambio de actitud de los profesionales de la Maternidad en sólo seis meses se debió a la acción judicial y política que un grupo de tucumanos llevaron a cabo contra la matanza de inocentes. Junto a las denuncias contra la Maternidad por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, el PRO, la UCR y la DC propusieron medidas para que el Estado rechace la cultura del genocidio y favorezca el florecimiento de la vida y la contención de las víctimas. Pero el verdadero éxito en contra del abortismo es producto del oficialismo provincial, el cual, extrañamente, todavía no ha sucumbido a la exigencia de facilitar los asesinatos impunes. Esperemos que esta noble actitud de un grupo de gobernantes que no se caracterizan precisamente por su nobleza persista en el tiempo, sobre todo por el bien de los niños por nacer. También sería bueno que casos como el de la joven que viajó a otra provincia sólo para disfrutar de la sensación de saber que su hijo ha muerto no se vuelvan a producir.

Antonella Díaz