Silencio atroz
En
Salta no hay cifras oficiales sobre el abuso infantil. Empero ello no es un mal
provincial: todo el país padece de lo mismo. Lo que sucede es que en este tipo
de delitos surgen obstáculos que no existen en otro tipo de delitos. De hecho
no es exagerado sostener que el abuso infantil es el delito más impune en el
planeta, ya que lo normal es que el silencio sea tan protagonista como el daño
–y a dicho silencio no lo compone únicamente el silencio provocado por la
amenaza del victimario, sino también el silencio originado en la confusión de
la víctima. Se estima que, aproximadamente, de cada mil casos denunciados
(cifra que sólo cuantifica una fracción de los que en realidad se cometen)
únicamente uno se esclarece.
Quizás
por ello son tan impactantes las noticias que llegan a la prensa sobre casos de
abuso infantil. Pese a que es un crimen que acontece todo el tiempo y en
muchísimos lugares, afectando a niños y niñas de todos los niveles
socioeconómicos, son raras las ocasiones en que nos enteramos de que algo tan
aberrante ha ocurrido.
Dos pervertidos al descubierto
Este
año Salta ha presenciado al menos dos tremendos casos de corrupción de menores
y abuso infantil cuya cobertura mediática ha sido relativamente escasa, pese a
que la información generó una gran indignación y repudio en la gente. Me
refiere, claro, a los eventos que tienen por protagonistas a Pablo Rafael Martearena y a Alfredo Demetrio Rojas.
A
Martearena lo detuvieron en Rosario de la Frontera, ciudad en la que vivía. El hombre, de
53 años, había convertido a su casa en un prostíbulo, en donde su esposa, de 22
años, trabajaba como meretriz a la par de otras mujeres y varios travestidos. Al
lugar acudían hombres mayores y menores de edad, a veces acompañados de mujeres
para practicar el troilismo. La pareja de pervertidos tiene dos hijos de 8 y 7 años,
lo que hace deducir que la mujer quedó embarazada del quincuagenario cuando era
sólo una adolescente por debajo del límite de edad legal para el consentimiento
sexual.
Lo
que alertó a la policía sobre Martearena fueron las denuncias de varios vecinos
de la ciudad del sur de Salta: lo acusaban de recorrer los barrios en una moto,
tratando de socializar con niños a quienes les ofrecía diversos regalos para
que lo acompañasen hasta su vivienda. Es que el degenerado había descubierto
que la producción y comercialización de pornografía infantil (tanto la
heterosexual como la homosexual) era un negocio muy lucrativo; a su clientela
se la proporcionaban los contactos que tenían los homosexuales que trabajaban
para él, muchos de ellos travestidos salteños que habían residido por una
temporada o más en Buenos Aires y otras ciudades importantes. La casa de
Martearena se había convertido en los últimos meses en una célula elegebetista,
en donde activistas sociales y políticos a favor de la ampliación de derechos
para los homosexuales de la localidad coordinaban acciones públicas (y donde
también, aparentemente, aprovechaban para organizar la realización y venta de
pornopedofilia).
El
otro caso involucra a Alfredo Demetrio Rojas, un sujeto de 31 años con
numerosos seudónimos a cuestas. Según lo que se sabe, Rojas tenía dos oficios:
era relaciones públicas de diversas discotecas capitalinas, y trabajaba como investigador
privado para quienes quisieran contratarlo.
El
degenerado era muy activo en las redes sociales, desde donde usaba sus
influencias en la noche salteña como anzuelo para captar adolescentes. Rojas
era muy generoso, especialmente con jovencitas de entre 12 y 16 años, a quienes
colmaba de regalos mientras las sondeaba cuidadosamente tratando de hallar a
aquellas provenientes de familias disfuncionales, puesto que ese tipo de
adolescente resulta más sencillamente corruptible que otras mujeres. Una vez
que las ubicaba, las introducía al submundo de la diversión nocturna y las
ofrecía a su cartera de clientes. El pervertido además guardaba registros
fílmicos y fotográficos de sus víctimas, que luego utilizaba tanto para
extorsionarlas como para publicitarlas.
Rojas,
al igual que Martearena, también mantenía excelentes relaciones con la
comunidad gay y lesbiana de su ciudad. En La City y Dr. Jekyll –dos tugurios de
aberrosexuales–, Rojas reclutaba lesbianas para alquilárselas a hombres
consumidores de prostitución. Se interesaba, claro, por las de edades escasas.
La muerte de un viajante
En
julio de este año un hombre de 64 años fue hallado muerto en un hostal del
barrio Ceferino, en la capital de Salta. Aparentemente lo que le causó el
deceso al huésped fue un paro cardíaco. El problema con el hombre emergió justo
después de su fallecimiento: al revisar sus pertenencias, la policía descubrió
que tenía varios miles de euros y dólares encima, junto a cuatro pasaportes
(uno italiano y tres de diversos países sudamericanos) con su fotografía pero con
distintos nombres. Por la descripción que proveyó la dueña del hostal, el
hombre en cuestión se trataba de un europeo muy culto y refinado, notoriamente
aberrosexual. Al principio se barajaron varias hipótesis sobre el oficio del misterioso
muerto: narcotraficante, contrabandista, traficante de personas, traficante de
órganos y hasta agente de inteligencia o mercenario. La prensa salteña indagó sobre el asunto y, antes de que la
Justicia determinase qué era lo que contenían la notebook y
los pendrives que el sujeto poseía, se supo que el muerto era un italiano
llamado Renato Maltoni, quien estaba prófugo en su país tras haber sido
condenado por posesión de material pedopornográfico que había filmado y protagonizado
él mismo durante una estadía en Ecuador.
Los
diarios italianos describieron a Maltoni como un profesor de literatura de
escuela media, que vivía en Moretta y viajaba regularmente a diversos destinos
atraído por el turismo sexual homopedófilo. El dato que omitieron (pero que fue
recogido por la prensa argentina) es que Maltoni, además, tenía vínculos con el
cuerpo diplomático italiano.
El
perfil de este personaje excede el del típico invertido que ingresa al mundo de
la docencia para corromper y abusar de sus jóvenes alumnos, y que casi todos
hemos conocido de primera mano en alguna instancia de nuestro paso por el
sistema educativo. Maltoni no era un afeminado depredador más. Toda la
evidencia apunta a señalar que es probable que haya estado vinculado a algún
tipo de “círculo rosado”, es decir a algún tipo de mafia homosexual vinculada a
los hombres de poder en Italia.
Criminales en el Ejército
Un
poco después del caso Maltoni, Salta volvió a horrorizarse cuando la policía
capturó a otro pedófilo. En esta oportunidad no se trató de un pervertido
importado, sino de uno local. El detalle esta vez estuvo en que cuando fue
detenido, el pervertido, Luciano Díaz Vanolli, se encontraba en el interior de
un vehículo, fotografiando a jóvenes estudiantes con una cámara de gran alcance,
tratando de obtener imágenes de su ropa interior. Fueron los padres de las
adolescentes quienes detectaron a Díaz Vanolli e hicieron la denuncia a la
policía. Más tarde se supo que el hombre en cuestión, de 23 años de edad, tenía
un socio llamado Rodrigo Gutiérrez Serrano, a quien también se lo detuvo. Ambos
sujetos eran propietarios de cuantioso material pornográfico que involucraba a
menores de edad, y ambos eran, ¿curiosamente?, miembros de bajo rango del Ejército Argentino.
Díaz
Vanolli y Gutiérrez Serrano son dos trabajadores del área de la informática.
Cuando en La Tradición
y Villa Primavera cayeron otros dos pedófilos de perfil similar (llamados,
respectivamente, Marcos Nicolás Coronel e Iván Ariel Pastrana), se informó que
el FBI era la fuerza que estaba detrás de la investigación, intentando
desarticular desde Washington a una red de pornógrafos pedófilos que operaba en
Hispanoamérica pero para el mercado norteamericano.
El
dato llamativo fue que tanto Díaz Vanolli como Gutiérrez Serrano poseían junto
al material pornográfico obsceno y degradante una buena cantidad de archivos con
registros militares. A partir de ahí la información que fluyó hacia la prensa
se volvió más limitada y el secreto de sumario fue robustecido. Sólo se supo
después que Díaz Vanolli planteó una oportuna y judicialmente elaborada defensa
para minimizar o directamente escapar de su condena.
¿Qué
se esconde detrás de todo esto? Es difícil saberlo, pero los datos sugieren que
–al igual que Maltoni– ni Díaz Vanolli, ni Gutiérrez Serrano, ni Coronel, ni
Pastrana son los típicos degenerados que serían clientes de Martearena o Rojas.
Quiero decir, tal vez estos hombres además de pedopornógrafos sean efectivamente
consumidores de prostitución infantil, pero el hecho de estar vinculados a un
sector estratégico como el militar arroja la sospecha de si los sujetos
nombrados producían y distribuían pedopornografía sólo para satisfacer sus
deseos sexuales desviados y obtener una ganancia con ello, o si empleaban ese
material con otros fines distintos como es el de la extorsión.
La cultura del abuso
La
pedofilia es uno de los crímenes que mayor rechazo generan en la sociedad
contemporánea. Ciertamente hay crímenes más brutales como el aborto, pero la pedofilia
es percibida como una de las cosas más abyectas en el mundo. Antaño cuando se
buscaba ensuciar a alguien despreciable se lo acusaba de tener vínculos con el
diablo, hoy en día, en cambio, se lo acusa de ser un “nazi” o un “pedófilo”… o
ambas cosas. Y así como hay gente que se reconoce como nazi y trata de mostrar
que lo suyo no es tan perverso como parece, así también hay pedófilos que realizan
campañas para convencer a la gente de que los dejen vivir el amor como a ellos
les agrada vivirlo.
La
pedofilia que involucra a dos personas del mismo sexo es un fenómeno muy
extendido: si se le pregunta a un hombre homosexual acerca de su primera
experiencia sexual, la enorme mayoría afirmará que ésta ocurrió cuando aún no
había alcanzado la pubertad, siendo el iniciador una persona más grande. Por
ese motivo casi todas las organizaciones que cabildean para despenalizar la
pedofilia son encabezadas por homosexuales.
Por
otro lado la pedofilia que involucra a dos personas de sexos distintos cuenta
con menos defensores, al menos formalmente. Es que en este caso las sinarquías
hembristas operan para imponer su agenda, por lo que no pueden dejar este tema
fuera de su discurso.
Para
hablar sobre este asunto tan controversial me gustaría abordar dos cuestiones:
la sexualidad en la comunidad wichi y el famoso Caso Simón Hoyos. Esta
perspectiva permite observar los dos extremos, tanto el del carenciado como el
del opulento.
Así,
en más de una ocasión hemos visto como la prensa salteña nos anoticia sobre
algún hombre de la etnia wichi (llamada también mataca) que es sentenciado a
prisión por violación de menores. Un caso conocido fue aquel en que un mataco
embarazó a la hija adolescente de su mujer con el consentimiento expreso de la
misma, ya que de esa manera ella podría darle la descendencia que ya no le
podía dar debido al mal estado de su sistema reproductivo. Hubo gente que se
indignó con las autoridades salteñas por emitir una condena, sosteniendo que en
la cultura de los indios ese acuerdo no tenía nada de ilegal ni inmoral.
Pues
bien puede ser que los originarios tengan reglas y normas que naturalizan lo
aberrante, pero ello no significa que haya que aceptarlas así sin más. El
problema aquí es que quienes defienden a los matacos lo hacen normalmente con evidente
odio anticristiano. De ese modo dan por sentado que esos indios son incapaces
de malicia, y que toda acción criminal que hoy en día cometen es una
consecuencia directa del colonialismo que destruyó el paraíso en el que vivían
antes de la llegada del hombre blanco. En un mundo gobernado por los matacos,
el abuso infantil sería ejecutado ante la mirada de todos.
En
nuestro mundo occidental, en cambio, el abuso infantil es ejecutado a
escondidas, o casi. Eso lo sabe bien Simón Hoyos, aquel tristemente célebre
abogado y empresario salteño que fue enviado a prisión en 2005 por intentar
abusar de una pequeña de ocho años en un motel y que fue puesto en libertad en
2011 por las limitaciones del sistema penal.
Cuando
estalló el escándalo en 2003, decenas de mujeres denunciaron a Hoyos por haber
sido víctimas de su depravación a lo largo de los años. Casi todas dijeron que
eran adolescentes cuando fueron corrompidas y abusadas por el empresario. Los
diarios nacionales aprovecharon para tildar a Hoyos de “señor feudal”,
relatando que mientras se servía de los cuerpos de su empleada Valentina Luzco
y de varias de sus hijas, al mismo tiempo les obsequiaba cosas y las trataba
como a ahijadas o a sobrinas.
¿Es
el patrón de la finca más despreciable que el mataco en su pobreza? ¿Es el rico
más culpable que el pobre? Yo creo que no: tanto uno como el otro son dignos
merecedores de la castración.
Emergencia de Edad
Al
mencionar la castración para violadores alguien podría pensar que estoy tomando
una posición hembrista, justo después de haber fustigado a ese grupúsculo
político. Pero en realidad no es desde el hembrismo desde donde enuncio. No me
interesa la igualdad de los géneros, me interesa la protección y la seguridad
de las personas.
Entre
los casos que más enfurecieron a los salteños este año estuvo el del abuso de
un chofer de un transporte escolar a dos nenas de 9 y 10 años. En realidad el
episodio es de 2011, lo que ocurrió en 2012 fue que el Cuerpo de
Investigaciones Fiscales (CIF) emitió un informe en el que se sostenía que las
niñas manoseadas por el depravado eran sexualmente provocativas, tanto por el
desarrollo corporal como por sus actitudes hacia el sexo opuesto: algo así como
decir que las dos chiquillas son víctimas porque se lo buscaron.
Quien
se llevó todas las críticas por el informe fue Gabriela Buabse, la directora
del CIF. Es probable que esta abogada haya simplemente firmado el trabajo
redactado por un par de perversos o de incompetentes, pero es llamativo que
dicho informe haya sido redactado tal y como fue redactado.
No
me extrañaría que, en un presente hipersexualizado como el que nos toca, las
niñas abusadas cultiven actitudes impropias para su edad, ¿pero puede ese dato
ser relevante para alguien con un mínimo de entrenamiento jurídico que aborda
un caso como este (aun siendo un pasante)?
Lo
realmente preocupante sobre la pedocriminalidad es que cuenta con mecanismos
para sellar pactos de silencio. En el caso de Hoyos nos encontrábamos ante un
psicópata que, escudado en el poder que le otorgaba su dinero, abusaba
permanentemente de la gente. Sin embargo las mujeres que lo denunciaron
reconocieron en mayor o menor medida su rol de proveedor, pues ninguna mencionó
la existencia de golpes o parafilias: tan sólo las obligaba o las convencía
para que se le entreguen a cambio de dinero u otros bienes, o incluso a cambio
de la preservación de sus puestos laborales. Hoyos era un acosador que hacía
uso impune de su riqueza hasta que le salió mal una avanzada suya y pagó con la
cárcel.
El
tema es que el abuso sexual (y especialmente el abuso sexual de menores) en
muchos casos no se trata meramente de gratificación genital, sino que hay algo
más. Por ejemplo en el caso de Rojas, cuando allanaron su casa encontraron que
en el lugar en donde guardaba el material pornográfico de elaboración casera y
sus juguetes sexuales había una figura de San La Muerte, mientras que en el
caso de Martearena la policía descubrió cientos de preservativos usados en un
cajón junto a la ropa de su esposa, en lo que claramente es algún tipo de
situación originada en cultos africanoides como el umbanda y similares. Fácilmente
se puede decir que Rojas y Martearena eran dos ignorantes o dos supersticiosos,
y que por ello se amparaban en la protección espiritual que le otorgaban
ciertos cultos despreciables para poder llevar a cabo una acción criminal que
afecta psíquicamente a las personas que la ejecutan. Pero plantear así las
cosas lleva a asociar al abuso infantil a cierta situación social, cuando el
mismo fenómeno se produce –como ya lo señalé– en todos los ámbitos, y bajo
motivaciones espirituales similares: no es casual que tanto el rico como el
pobre sean abusadores, y ello no es debido a su sexo (como quieren las
feministas), pues también hay mujeres que participan o que hasta provocan los
abusos de menores, sino que detrás hay cuestiones antropológicas más complejas
sobre las que casi no se habla.
Casi
a diario las hembristas argentinas les solicitan a diversos gobiernos municipales
y provinciales que declaren la “emergencia de género”, no obstante nadie sabe a
ciencia cierta qué se supone que implica ello (un caso ilustrativo es lo que
sucedió hace poco en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe: el Concejo Deliberante declaró la mentada emergencia de género, pese a que la Intendencia, gobernada
por el Partido Socialista, tiene un programa que incluye la manutención de dos
hogares para mujeres agredidas que necesiten dejar sus residencias, decenas de
capacitadores/adoctrinadores que trabajan en las escuelas con la problemática
de los noviazgos, una línea telefónica que brinda asesoramiento gratuito a las
víctimas de la violencia doméstica y hasta un Instituto de la Mujer cuya única función es emitir
propaganda hembrista financiada con fondos públicos). Mejor sería que tanta
energía fuese destinada a una causa mucho más noble y necesaria como lo es la
declaración de la “emergencia de edad”, para así poner en la picota a los
pedocriminales que en ranchos o en mansiones de lujo, por puro placer sexual o
por motivos turbios, abusan de diversas maneras de los niños y adolescentes que
habitan en Salta y en el mundo entero.
Ángela
Micaela Palomo
