Efectos de una ley producto del lobby aberrosexualista en un país de planes sociales
El Gobierno nacional anunció que el Registro Civil inscribirá de oficio a los bebés, si sus padres no los registraron pasados cuarenta días de su nacimiento. El objetivo de la medida es lograr que todos los pequeños estén documentados y asegurar la filiación entre madre e hijo, sin posibilidad de error.
La medida fue confirmada a Radio 2 por el titular del Registro Civil de Jujuy, Julio Daniel Ferreyra, quien aseguró que en breve el Ejecutivo pondrá en marcha el nuevo sistema. Este incluye un nuevo certificado médico de nacimiento, así como la inscripción de oficio que podrá hacer el organismo.
Actualmente está en vigencia en forma parcial la ley nacional 26.413, que rige las actuaciones respecto de nacimientos, casamientos y defunciones. Existen artículos, como el que establece la posibilidad de que el Registro Civil inscriba de oficio a los bebés si no lo hacen sus padres, que nunca se pusieron en marcha, lo que ahora cambiará.
En este sentido, Ferreyra explicó que “este es un tema que nos tiene bastante preocupados porque la disposición del artículo 28 de la ley 24.613, que reemplazó a la que regía dice que si los progenitores no inscriben a los niños dentro de los 40 días, el Registro Civil los tiene que inscribir de oficio”.
“Las clínicas y sanatorios ya no tienen que entregar el certificado médico a los padres sino al Registro Civil más cercano. Esto trae una serie de complicaciones si no lo mandan en término, en algunos casos los certificados llegan casi vencidos. Si los padres no vienen y nosotros tenemos el dato en el certificado del nombre y apellido de la madre y el nombre que se le quería poner a la criatura, no tenemos el dato del padre; entonces si tenemos que inscribir de oficio vamos a tener que inscribir con el nombre del certificado de nacido vivo y el apellido de la madre. Eso, sin dudas, nos va a generar enfrentamientos con los padres que no van a comprender que la ley nos impone la obligación de inscribirlos”, señaló.
Además, el funcionario provincial remarcó el hecho que “ahora que está de moda poner nombres estrambóticos sacados vaya a saber uno de dónde, si ponen un nombre no autorizado en el certificado de nacido vivo y los padres no aparecen en el Registro Civil, realmente vamos a tener una tremenda complicación con esto”.
“Alguna vez se dijo que los padres no inscribían a los hijos por un problema económico; desde el año 2004 se dispuso la gratuidad del trámite y lo mismo no inscriben a los hijos. En este momento en que el documento es gratuito y se paga la asignación por hijo, lo menos que se les puede pedir a los padres es que anoten a los hijos y no transferir esa responsabilidad al registro Civil, con todas las consecuencias que va a traer aparejado”.
“Inscribir un hijo representa una responsabilidad, ser padres representa una responsabilidad, entonces el Estado no tenía que asumir como propia una responsabilidad que era y es de los padres”, dijo.
Por otro lado, Ferreyra indicó que la nueva normativa no contempla algunos casos que seguramente traerán complicaciones en el futuro, sosteniendo que “la ley no contempla, por ejemplo, los casos donde el padre de la criatura se ha casado con la señora, por lo que este señor va a tener tres hijos con un determinado apellido y el cuarto, porque no lo inscribió en término, nosotros lo vamos a inscribir con el apellido de la madre. Se va a dar un caso de un hombre casado con tres hijos con un apellido y el cuarto con otro”.
“En ese caso puntual, nosotros damos una solución interna administrativa porque es irracional que dentro de una pareja haya hijos con un apellido y otros con uno distinto. De todas maneras, todos estos inconvenientes se generan en una ley en la que no se ha consultado a los actores”, puntualizó.
Y agregó que “no todo en la vida pueden ser derechos, también tiene que haber obligaciones: documento gratuito, asignación por hijo, etc., entonces vayan y anoten a sus hijos”, finalizó.
Leyes irracionales: el problema de violar el orden natural y el sentido común
El art. 36 de la ley 26.618 [Ley de Matrimonios Homosexuales], que reforma la ley 26.413 relativa a la inscripción de nacimiento, alude, aunque de modo indirecto, a la cuestión de la determinación de la filiación de aquellos niños que nacen dentro de un matrimonio conformado por dos mujeres. El texto que sustituye el inciso c) del art. 36 de la ley 26.413 dice: "El nombre y apellido del padre y de la madre o, en el caso de hijos de matrimonios entre personas del mismo sexo, el nombre y apellido de la madre y su cónyuge, y tipo y número de los respectivos documentos de identidad. En caso de que carecieren de estos últimos, se dejará constancia de edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de dos (2) testigos de conocimiento, debidamente identificados, quienes suscribirán el acta".
Ahora bien, el art. 243 del Código Civil (según la modificación radical al régimen jurídico filial que introdujo la ley 23.264 allá por el año 1985, y posteriormente, la ley 23.515) (Adla, XLV-D, 3581; XLVIII-B, 1535) dispone: "Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución, anulación o la separación personal o de hecho de los esposos. No se presume la paternidad del marido con respecto al hijo que naciere después de los trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio vincular, separación personal o nulidad del matrimonio, salvo prueba en contrario".
¿Cuál es el fundamento de la presunción de paternidad prevista en este artículo? Varias son las respuestas posibles:
Se podría sostener que se funda en un elemento biológico: en razón de los deberes y derechos del matrimonio, entre ellos, el deber de fidelidad, convivencia y débito conyugal, la ley presume que el marido de la madre es el padre del niño que nace de ella, salvo prueba en contrario que debe sustanciarse en el marco de un proceso judicial.
Por otro lado, la determinación de la paternidad matrimonial tiene un alto componente social. En efecto, el marido de la madre puede no ser genéticamente el progenitor del niño que su esposa da a luz. En este sentido, con cita de Puig Brutau, Zannoni y Bossert afirman que la presunción en análisis "representa la primacía de lo social sobre lo biológico en derecho, primacía justificada hoy por la constelación de fines que la familia legítima satisface". (16) Precisamente, este argumento es pilar fundamental de la postura restrictiva en materia de legitimación activa y caducidad de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial consagrada por el art. 259 del Código Civil.
En suma, lo biológico es un elemento de peso para la presunción de paternidad matrimonial, más comparte el escenario con elementos de carácter social.
¿Aparece el elemento biológico en los supuestos de matrimonios entre dos mujeres? En algunos casos no; en otros sí. ¿En cuáles sí? En aquellos en los que una mujer gesta un niño con material genético de su cónyuge (y de un tercero, conocido o anónimo, que aporta el material masculino). Este caso reafirma la complejidad de las situaciones fácticas que se pueden dar.
Otro interrogante es si el elemento genético debe ser el decisivo para la determinación de la filiación o si, justamente, los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo son uno de los casos que explican las corrientes cada vez más extendidas en el derecho comparado en torno a la llamada "socioafectividad" y dentro de ésta, la "homoafectividad"; es decir, la revalorización de la identidad en su faz dinámica que, en definitiva, es la que auspicia y refuerza la noción de "voluntad procreacional", eje, principio o columna vertebral de la filiación basada en el uso de las técnicas de procreación asistida, siendo ésta una fuente más del derecho filial, que comparte el escenario con la filiación biológica (o por naturaleza) y la filiación adoptiva.
Según el texto del citado art. 36 de la ley 26.618, parecería que se prioriza el elemento volitivo-social por sobre el genético, sin importar si el material que porta el niño es o no de la cónyuge de quien lo dio a luz (el texto dice: el nombre y apellido de la madre y su cónyuge, sin distinguir). ¿Debería aplicarse el aforismo "lex posterior derogat priori"? La aceptación de esta regla permitiría sostener que el ordenamiento vigente ha extendido la presunción de filiación que prevé el art. 243 a favor del cónyuge de la persona a quien se atribuye la maternidad (también en la fecundación asistida heteróloga), y no sólo en el supuesto del matrimonio de parejas del mismo sexo.
