El INADI: entre los lobbies más espurios y la absoluta futilidad para defender a las víctimas de discriminación

El INADI de Tucumán y su misión de destruir las costumbres locales

Discriminar se proyecta en la ausencia de posibilidades de acceso a la salud, el trabajo, la educación, la seguridad, el respeto a la dignidad y a la identidad cultural. Esta es la problemática ante la cual trabaja Teresa Ivankow, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Delegación Tucumán. Sin filtros, define a la sociedad tucumana como "conservadora" y reconoce esta característica como uno de los obstáculos más grandes que, desde su función, encuentra diariamente a la hora de afrontar casos donde la negación de derechos básicos de las personas sea una constante.

"Las sociedades en el norte del país tienen patrones culturales muy patriarcales, donde la sensación de inferioridad hacia las mujeres es una condición permanente. A eso se le suma las condiciones feudalistas que dan lugar a las luchas de los pueblos originarios que son tan resistida por grupos económicos que no entienden de derechos. El tucumano es muy clasista y clasifica, etiqueta. Está muy naturalizado esto, tanto en la escuela, en la casa, el trabajo... siempre se etiqueta", razona Ivankow.

"Este organismo tiene la obligación de ejercitar y sensibilizar a la comunidad en el derecho de la ciudadanía. Ese es un objetivo primordial que tenemos. Intentamos que el Estado, sea Nación, Provincia o Municipalidad, sepa que tiene un compromiso en la función pública y debe brindar las mismas oportunidades a todos y todas. Entonces, muchas veces debemos enseñarles a los mismos funcionarios públicos lo que es el derecho de la ciudadanía y su deber de bregar por ellos. No es sencillo incorporar esta nueva mirada", explica.

Redunda sobre este aspecto con el objetivo de enfatizar la complejidad de la finalidad del organismo a su cargo. Y, pese al cargo público que ostenta, resalta nuevamente el rol de los funcionarios en esta problemática. "Pretendemos que los derechos de cualquier persona se cumplan, que sean exigibles. Es decir, que todos se puedan manifestar y tener las vías idóneas para que ese derecho sea otorgado por el mismo Estado que tiene la obligación de hacerlo. Se discute mucho con otros organismos públicos para exigir el cumplimiento, incluso, de lo que mandan convenciones internacionales. Estamos hablando de los principios básicos de los derechos humanos que muchas veces chocan con sectores conservadores insertos dentro del mismo Estado".

"Entonces, como premisas fundamentales, se trabaja en el respeto por la progresividad de los derechos humanos, es decir, se apunta siempre hacia adelante, se avanza en cuanto a esto. Junto a esto, defendemos la idea de que los derechos humanos no se discuten sino que se ejercen plenamente, además de estar siempre a favor de la persona. Sin estos elementos es casi imposible una política pública en pos de la no discriminación", enfatiza la abogada.

Dentro de este desafío, entiende que 2011 fue un año con avances significativos dentro de las pautas de trabajo mencionadas entre las que, destaca, los avances registrados en materia de casos vinculados a discapacidad y salud. "Por ejemplo, es la primera vez que el Ministerio de Salud incorpora un organismo de derechos humanos al Consejo Oficial Comunitario y, dentro de esa mesa, poder agilizar y hacer gestiones a corto y largo plazo. Así, destacamos el trabajo en busca de medidas que faciliten el acceso al transporte de personas con discapacidad. Para esto nos reunimos con el empresariado para exigir que se respeten los derechos de autonomía y libre circulación que por legislación y tratados internacionales nos corresponde a todos. Hoy una vereda sin rampa no sólo afectará a discapacitados, también a adultos mayores, personas con cochecitos, mujeres embarazadas; todo se hace una odisea. Pero todo esto no está claramente visibilizado por la agenda política por lo que estamos tratando de revertir esto. No todo se soluciona con una rampa, es algo más profundo", agrega.

Para Ivankow, los casos más complejos que desde su organismo se deben encarar están vinculados a personas con alguna discapacidad debido a la naturalización de la discriminación en nuestra sociedad. "En realidad, esto se ve en todas las áreas. Recuerdo el caso de una maestra que quería que haya una escuela distinta para alumnos de familias que eran beneficiarias de la Asignación Universal por Hijos por cuestiones de seguridad".

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El INADI de Salta: amigo del poder, enemigo de las víctimas

La Defensora Oficial Civil Nº 4, Natalia Buira, comentó que el día 23 de enero formalizó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo de Salta por precariedad laboral, explotación laboral y discriminación laboral dentro del Ministerio Público de Salta.

En este sentido, habló sobre lo que la llevó a realizar la denuncia y comentó que a través de “una resolución se despide sin causa justificada a 12 abogados pasantes rentados que ganaban $1.500 mensuales. Mientras que por otro lado, contratan a 220 agentes del Ministerio Público transitoriamente por un año, lo que implican precariedad laboral”.

Además, dijo que “hay una severa discriminación, porque están los empleados de planta permanente que son los únicos que están dentro de la legalidad, después están los contratados con recibo de sueldo, los contratados con facturación, los pasantes rentados y los pasantes ad honorem”. Seguidamente aseguró que las personas que trabajan transitoriamente no gozan de vacaciones, no pueden acceder a un crédito, no tienen licencias por embarazo o por enfermedad, entre otras cosas.

Por último, Buira manifestó: “No voy a formalizar la denuncia en el Inadi Delegación Salta porque como todos saben que es funcional al Gobierno actual o al gobierno de turno y porque todas las denuncias de discriminación que se hicieron contra el Estado nunca han sido resueltas”.

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