Sobre la supervivencia en el Jardín de la República

Un informe reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación develó que el promedio de homicidios en Tucumán está por encima del promedio nacional, signo innegable de que la inseguridad ganó las calles en el Jardín de la República. El problema es que las autoridades provinciales no toman medidas serias para aplacar el flagelo, pues los poderes del Estado conspiran contra un cuerpo de policía que se ha vuelto impopular y lo hacen responsable de las situaciones caóticas que ellos generan. Por ello se ha creado una consciencia entre la ciudadanía tucumana de que la seguridad es un asunto personal, ya que la supervivencia de las familias ante una delincuencia cada vez más violenta parece ser una cuestión que ya no involucra al Estado.

Los buenos samaritanos

Sábado, 17 horas, ruta 38 al sur de Concepción. A la vera del camino, debajo de un Pacará, hay una motocicleta estacionada. Sus dos tripulantes esperan que alguien pase. Cuando otro motociclista finalmente se acerca, los hombres de la banquina lo interceptan. Rápidamente uno de ellos se baja con un arma en la mano. “¡Dame la moto hijo de puta!”, grita el malviviente. El hombre atacado se defiende. Entonces el ladrón hace un par de disparos, uno de los cuales le lastima la mano a la víctima.

Mientras el forcejeo continúa y la violencia desplegada por los delincuentes crece, una mujer grita desde una casa cercana: “¡Ya llamé a la policía! ¡Ya llamé a la policía!”. Los miserables, sabiendo que han perdido mucho tiempo para realizar el atraco, deciden emprender la huída. Suben a su moto y arrancan en dirección a Concepción. Sin embargo, mientras intentan acelerar, otro motociclista que ha presenciado el intento de homicidio en situación de robo a unos 30 metros de distancia saca un arma desde sus ropas, apunta contra los delincuentes y les hace unos cuantos disparos. Tres de esas balas impactan contra el conductor de la moto de los criminales, y el hombre cae abatido, llevando a su vehículo hacia el suelo. El otro ladrón que sobrevive a los balazos justicieros, intenta arrancar la moto, pero no puede. Por ello decide huir a pie a través de los matorrales. Unas horas después este sujeto será detenido. El justiciero anónimo –un policía o ex-policía según se sospecha–, afortunadamente, no ha sido identificado aún. 

La escena descripta, aunque parezca tremebunda, es una escena cotidiana en el Tucumán actual. En una provincia azotada por la inseguridad, los propios vecinos han decidido autodefenderse. Por ello el número de delincuentes arrestados por la ciudadanía se ha incrementado considerablemente este último año. Como es común en nuestro país, no hay estadísticas oficiales sobre el asunto, pero si hay un montón de videos y fotografías difundidas a través de las redes sociales que, de tanto en tanto, dejan constancia de que un malviviente fue capturado por gente sin placa, arma o uniforme.

Y mientras el fenómeno del combate directo de la ciudadanía contra la delincuencia se vuelve algo cada vez más cotidiano en Tucumán, también la delincuencia crece y se vuelve más peligrosa. En efecto, los hospitales tucumanos sostienen que cada vez es más frecuente recibir en la sala de urgencias a personas con heridas producidas por armas blancas o armas de fuego. Un médico del Centro de Salud señaló que los casos de ese tipo aumentaron un 300% en relación al año pasado. Obviamente los heridos pertenecientes a familias trabajadoras llegan casi siempre como víctimas de robos, en tanto que los heridos pertenecientes a familias planeras son frecuentemente hospitalizados como víctimas de narcoajustes, disputas intrafamiliares mal resueltas, intentos violentos de cobro de deudas y, claro, duelos criollos en contextos urbanos.    

Esa violencia que es producida por individuos que viven sumergidos en la falta de educación, la pobreza y una vida sin un horizonte de sentido ni valores positivos, se ha contagiado a otras personas en Tucumán. Son los violentos los que hacen que gente pacífica reaccione de modo violento. El buen samaritano tucumano normalmente está dispuesto a ayudar a su prójimo en peligro, aun si ello implica poner en riesgo la propia vida.

Cuero tiene el ganado

La reacción de los gobernantes tucumanos ante semejante escenario social ha sido motivo de indignación. El Gobernador José Alperovich, insólitamente, declaró: “La verdad es que hay que estar en el cuero de cuando a uno le roban. No sé cómo reaccionaría uno, si me pasara. Hay que estar en el cuero de la gente”.

Esas palabras llenas de demagogia fueron rebatidas por el Diputado Nacional José Cano: “Alperovich lleva más de una década con funcionarios que no saben nada de seguridad. Fomentó la impunidad. Toleró el vale todo de las fuerzas de seguridad y de muchos de los dirigentes políticos que lo acompañan con fuertes vínculos con los narcos y los ladrones. Ahora, irresponsablemente, dice que hay que ponerse en el cuero de la gente para entender porqué toman justicia por mano propia cuando ocurren robos sin que ningún policía haga nada. Populismo barato para un inoperante de la más alta escuela”.

Jorge Gassenbauer, actual Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de Tucumán, repudió los ajusticiamientos realizados sin intervención policial o judicial, y les advirtió a los ciudadanos que “cuando [desde el gobierno] veamos estas situaciones no las vamos a permitir.” De ese modo este sujeto amenazó a la ciudadanía que ha decidido defenderse: el gobierno está más interesado en perseguir a las víctimas que a los victimarios.

Al tener los conceptos invertidos, no es extraño que Alperovich y compañía hayan concebido un ominoso plan para evitar el caos en el diciembre consumista: sobornar a los posibles saqueadores para que se abstengan de tomar las calles. Lo que se dice un pacto entre delincuentes.

Policías en Inacción

En Tucumán es muy común culpabilizar a la policía por la inseguridad. Se les reprocha estar ausentes de las calles. De todos modos lo cierto es que si hay patrullaje policial permanente, pero, claro, éste no cubre la totalidad del territorio durante la totalidad del tiempo. Entonces los delincuentes procuran encontrar esos intervalos sin vigilancia para efectuar sus fechorías.

Cualquiera es una víctima potencial en el Jardín de la República. En la madrugada del lunes 24 de noviembre una pareja de jóvenes fue asaltada en la calle Crisóstomo Álvarez al 4.400, el vecindario en el cual vive el Gobernador Alperovich. Los custodios del mandatario, al presenciar el asalto, dispararon en contra de los malvivientes, quienes escaparon y fueron finalmente detenidos –con otro tiroteo en el medio– por un oficial de policía a unas cuarenta cuadras de distancia.

Afortunadamente ese extraño episodio terminó con una muestra de la capacidad policial para frenar el delito, pero bien podría haber culminado de otra manera. ¿Qué hubiese sucedido si la bala de uno de los custodios de Alperovich hería o mataba a alguno de los jóvenes que fueron víctimas del asalto? ¿Saldría a la luz que se trata de antiguos agentes de la Mossad contratados irregularmente por el gobierno provincial? ¿O dirían que el que disparó es un policía que estaba haciendo un adicional?

La policía de Tucumán es un perfecto chivo expiatorio: despreciada por la gente (debido al caos que estalló durante las huelgas de uniformados del año 2013) y explotada por los gobernantes (quienes se aprovechan de que no tienen un sindicato que la defienda), la policía suele ser perseguida y amordazada, quitándole de ese modo la autoridad que requiere para cumplir correctamente con su trabajo.

Para ilustrarlo mejor citaré dos casos. Uno es el llamado Caso Núñez y el otro es el Caso Verduguez.  

Pamela Núñez era una mujer de Famaillá, novia de Fabio Abregú, un oficial perteneciente a la Policía Federal. Una noche de noviembre de 2010 la pareja volvía a su hogar después de haber estado en una discoteca. Los acompañaban dos amigos y la hermana de Abregú. En un momento, Núñez abrió la guantera del auto para sacar un CD. Abregú recordó que su pistola estaba allí (la cual se encontraba cargada y sin seguro) y le pidió que se la alcanzase. Al hacerlo, aparentemente hubo un inesperado movimiento brusco del oficial o de su novia que provocó un disparo. La bala impactó contra Pamela Núñez, dejándola en agonía. Los dos hombres (que luego testificarían validando la versión) se bajaron del auto, y los hermanos Abregú decidieron llevar a Núñez al hospital. Alterado por la situación, el conductor del auto perdió el control del vehículo y quedó empantanado. Desesperado porque todo se le iba de las manos –y víctima de la presión que normalmente padecen quienes combaten al crimen–, Abregú se disparó a sí mismo. Su hermana, en un estado de histeria, imitaría su decisión funesta. Finalmente Fabio Abregú sobrevivió a su intento de suicidio y, por ello, fue a juicio.

Cuando era obvio que a Abregú lo iban a condenar a tres años de prisión por el homicidio culposo de Pamela Núñez, los jueces decidieron aprovechar la ocasión para hacer un poco de circo judicial, ya que, por suerte para ellos, se trataba de un “odiado” policía. Invocando la nefasta Convención de Belem do Pará, los magistrados aprovecharon para sumar unos puntos en el ranking de la corrección política condenando a Abregú por “violencia de género”, destinándolo así a vivir en prisión por los próximos 12 años. Para ellos es obvio: un policía torpe y descuidado lleva la violencia en el vientre, y las mujeres indefensas son sus víctimas predilectas. Sólo el camarista José Alfredo Garzia tuvo la valentía de hacer respetar el derecho, evitando aprovechar la oportunidad para que la colonización ideológica del Poder Judicial tuviera un nuevo avance. Por ese motivo este juez señaló que lo de Abregú fue una muestra de conducta irresponsable en el manejo de su arma de fuego reglamentaria y que, ni siquiera forzando el concepto, podía considerar a la situación como dolosa. Su opinión, como no podía ser de otro modo en la Argentina de hoy, fue categóricamente ignorada.

El Caso Verduguez, por su parte, es un ejemplo aún más claro de la persecución contra policías. Una tarde de octubre de 2006 dos patotas de adolescentes habían tomado la vereda del Colegio María Auxiliadora para convertirla en escenario de una batalla campal. Se trataba de las nefastas “Banda del Kiosquito” y “Banda del Portón”, dos grupos de jóvenes pertenecientes a familias de clase media y alta que pasaban sus días consumiendo drogas, robándole a los transeúntes y peleándose con quienes ellos identificaran como enemigos. El oficial Jorge Verduguez, al enterarse del enfrentamiento patotero, intervino para acabar con la trifulca.

Debido a que se trataba de una situación desigual (un policía contra una treintena de jóvenes descontrolados), el oficial quiso amedrentar a los jóvenes mostrándoles su arma. Cuando uno de los cabecillas de la “Banda del Kiosquito” se escapaba, Verduguez lo persiguió con tanta mala suerte que tropezó y emitió un disparo accidental. La bala alcanzó a un joven que estaba presenciando un partido de fútbol intercolegial en el Complejo Avellaneda y lo mató. Por ese homicidio evidentemente culposo, los jueces tucumanos condenaron a Verduguez a 10 años de prisión efectiva.

El padrastro de la víctima, durante el juicio, le reprochó a Verduguez que el oficial les “debía un hijo” a su familia. Pero lo cierto es que quien le debe un hijo a esa familia son los miembros de las patotas juveniles. El episodio del María Auxiliadora sirvió para ponerle un freno a los “nenes” patoteros: el revuelo que causó el crimen hizo que los padres de los jóvenes, finalmente, se hicieran cargo de los energúmenos que habían criado y se pusieran en campaña para sacarlos de las drogas y convertirlos en gente decente. Sin embargo se ve que ello no ha dado frutos, puesto que si los integrantes de las extintas “Banda del Kiosquito” y “Banda del Portón” fuesen realmente hombres dignos, durante el juicio hubiesen perdido perdón y hubiesen realizado algún gesto de compensación (como la creación de un fondo indemnizatorio) hacia la familia del joven muerto. Pero en el Tucumán de hoy es más fácil culpar de todos los males a la policía, incluso si es evidente que los oficiales intentan hacer lo que las familias disfuncionales no hacen.

La burbuja judicial

A los policías tucumanos no sólo no se les permite cometer errores, también se los castiga exageradamente por los mismos. Los jueces, por otra parte, trabajan sometidos a un sistema que se ha vuelto cada vez más garantista. Y ciertamente son muy pocos los magistrados que se atreven a nadar en contra de la corriente, temerosos ante la posibilidad de perder su empleo. Es decir dado que el Poder Judicial tiene una organización piramidal, si se coloca en la cima de esa pirámide a jueces garantistas, entonces los jueces legalistas del resto de la pirámide deberán obrar de un modo que no enfurezca a los máximos referentes judiciales, o de lo contrario éstos corren con el riesgo de perder su puesto por contradecir la interpretación de la ley dominante.

Y lo más grave es cuando estos leguleyos togados se niegan a salir de su zona de comodidad. El ejemplo tucumano que ilustra esto que señalo es el rechazo que los académicos del derecho hicieron del proyecto destinado a eliminar la excarcelación de todos aquellos que incurran en el delito de robo en la vía pública. Dicho de otro modo los legisladores tucumanos –atentos por una vez a las necesidades de la gente– quieren que cuando se atrape a un delincuente que ha intentado robar, éste no deje la comisaría antes de lo que la deja la víctima del delito que va a hacer la denuncia, que es lo que normalmente sucede ahora.

Muchos ilustres leguleyos tucumanos han criticado la iniciativa. Sebastián Herrera Prieto y Gilda Pedicone de Valls repudiaron la idea sosteniendo que la prisión preventiva para un arrebatador equivale a una condena anticipada (la cual además, por algún motivo que sólo existe en la mente de los juristas, no serviría para combatir al delito) y desarmoniza el sistema punitivo ya que encierra a alguien por una falta de un tipo y deja libre a otras personas con otro tipo de faltas que vendrían a ser, según su criterio, más graves.

Así, mientras políticos y jueces le ponen trabas absurdas a la policía, los ciudadanos tucumanos dependen cada vez más de si mismos para sobrevivir a la violencia que ha convertido al Jardín de la República en un terreno de hostilidades en el que la paz social se encuentra a punto de colapsar.  

Pablo Ulises Soria

Evo el Conquistador

El décimo pilar

2014 quizás pasará a la historia como el año cero para las relaciones entre Bolivia y Argentina: con pequeños gestos cargados de un gran simbolismo, el país del norte nos ha avisado que está dispuesto a revertir el sistema geopolítico regional para convertirnos en sus vasallos. Aprovechando el trabajo de desintegración que las sinarquías han ejecutado sobre nuestra nación, los bolivianos están dispuestos a colonizarnos. Ciertamente no avanzan sobre nosotros con la violencia con la que avanzaron los hunos y los godos sobre Roma, pero si buscan propagandear su modelo neoimperial hasta instalarse definitivamente en la Argentina. Porque no se trata aquí de meros saqueadores probando suerte, sino que más bien es una cultura con sus propios valores (en muchos casos ajenos o contrarios a los nuestros) expandiéndose más allá de sus fronteras.

En enero de este año ocurrió el penoso Incidente de los Mojones Limítrofes: el diario El Tribuno denunció que el Estado boliviano había agredido a unas 17 familias argentinas residentes en el norte de Salta, después de haber realizado tareas de demarcación limítrofe para completar su plan de desarrollo minero en una zona rica en uranio. La actitud del gobierno argentino fue vergonzosa, pues nuestros líderes no hicieron más que negar cualquier tipo de tensión, ignorando categóricamente el testimonio (y la existencia) de las familias desplazadas por las autoridades bolivianas.

El Incidente de los Mojones Limítrofes generó euforia entre los “andalucistas” de Tarija: en Bolivia a Tarija se la llama la “Andalucía boliviana”, porque, como la Andalucía española, constituye la marca sur del país –cuando en realidad debería ser llamada la “Asturias argentina”, ya que históricamente la provincia representa nuestra marca norte.

Unos meses después, más precisamente en julio de este año, ocurrió otro episodio peculiar: la imagen de la Virgen de Urkupiña visitó Jujuy y Salta. Esto fue todo un acontecimiento, ya que nunca antes la “Patrona de la Integración Nacional Boliviana” había desembarcado en el norte argentino. Sería como que la tradicional peregrinación anual hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján o la Fiesta del Milagro se realizasen en el extranjero. El evento sorprendió a propios y a extraños, ya que, si bien es cierto que desde hace décadas los residentes bolivianos en la Argentina celebran con fervor a la fiesta dedicada a la virgen, jamás habían tenido la oportunidad de que las autoridades de su país de origen transplantasen a la celebración fuera de sus tierras.

Las honras a la Virgen de Urkupiña se caracterizan por ser estruendosas y desmadradas: a los bolivianos les gusta ambientar la procesión con tinkus y pirotecnia, y es común que en esos días de celebración religiosa la gente se entregue a la bebida. Por ello miles de salteños estaban aterrados con lo que sucedería. Sin embargo, pese a que más de cincuenta mil personas asistieron al evento mariano bajo la mirada protectora y vigilante de un millar y medio de policías argentinos, los bolivianos estuvieron impecables. Entre las asociaciones de residentes bolivianos circuló la orden de que debía evitarse a toda costa cualquier situación que pudiera generar fricciones con la población local, por lo que muchos se abstuvieron de reproducir sus festejos habituales, pese a que en el fondo se morían de ganas de convertir a todo en una quermés de mal gusto. Los que intentaron salirse de la regla impuesta sufrieron duros choques contra los miembros de su colectividad, los cuales en algunos casos terminaron hasta con agresiones físicas.

¿Por qué Bolivia presionó territorialmente e invadió culturalmente a Argentina de ese modo? En 2013 el gobierno boliviano dio a conocer un plan estratégico de gobierno llamado “Agenda Patriótica del Bicentenario”, el cual tiene el propósito de desarrollar una serie de políticas de Estado que pongan a Bolivia a la vanguardia suramericana para el año 2025. El plan consta de trece puntos o pilares, siendo el décimo el que sostiene que para Evo Morales y compañía es necesario lograr la “integración complementaria de los pueblos con soberanía, orientada a unir a los pueblos”. La complementariedad es un concepto tomado del utopismo andino: se supone que esa idea es la que estaba detrás de la cohesión social y territorial de los ayllus. Sin embargo, con sólo ver lo que el evomoralismo hace con los indígenas bolivianos desde que estallase el conflicto del TIPNIS, queda en claro que no es la solidaridad internacional y el respeto entre los pueblos lo que se predica; por el contrario, así como los norteamericanos invaden países para llevar “democracia” y “libertad”, la idea de los bolivianos es exportar la “complementariedad”, aún aunque no la necesitemos.

Una lección de demagogia

El broche de oro del avance boliviano en 2014 fue la visita de Evo Morales a Salta el 20 de noviembre pasado, justo el día en que los argentinos celebramos la defensa de nuestra Soberanía Nacional. A lo largo del año el Presidente Morales estuvo estrechando vínculos con políticos argentinos (como cuando se reunió en Tarija con Miguel Isa, Intendente de Salta, y Alberto Ortiz, Intendente de Palpalá, o cuando invitó a Sergio Leavy, Intendente de Tartagal, y a Rolando Ficoseco, Intendente de Perico, a la inauguración de una planta de energía en Yacuiba, o como cuando coordinó a las filiales argentinas del MAS para que, con la logística de Milagro Sala, arriasen ciudadanos que le sumen votos desde nuestro país). Su objetivo era el de tantear el terreno y ofrecerles recursos nada despreciables para sus futuras campañas electorales.

Durante su paso por Salta, Morales realizó tres actividades públicas: un acto en Campo Santo para apadrinar a la Escuela Julio Argentino Cornejo en la que estudió cuando era niño, un discurso en la sede la Universidad Nacional de Salta (UNSA) al recibir su trigésimo segundo doctorado honoris causa, y un partido de fútbol en el Estadio Delmi entre la delegación boliviana y funcionarios del gobierno de Salta. En el medio de esos eventos, Morales mantuvo encuentro con políticos y sindicalistas. A quienes no recibió fue a los bolivianos o descendientes de bolivianos residentes en nuestro país que sólo querían acercarles presentes, intercambiar algunas palabras con él o sacarse fotos (el temor del entorno presidencial era que entre los asistentes hubiese alguien residente en el Abra de Santa Cruz, epicentro del Incidente de los Mojones Limítrofes).

En Campo Santo, después de que el Intendente local invitase a Morales a develar una placa que anuncia la creación de una escuela ¡que lleva su nombre!, el Presidente de Bolivia brindó un discurso cargado de emotividad. Contó que en 1966, cuando tenía siete años de edad, llegó junto a su familia a la Argentina para acompañar a su padre, que era un peón rural golondrina. Según Morales, él era analfabeto ¡y no entendía el castellano! De todos modos no duró mucho en la escuela y al poco tiempo terminó vendiendo picolé y enterrando el dinero para ahorrar lo ganado. Cuando retornó a su país, Morales dijo que se llevó consigo algunos hábitos vernáculos como el comer lechuga o dormir en catre, dando a entender que él era una especie de argentino, o al menos un boliviano argentinizado. Quizás por ello al final del acto se puso un poncho colorado y se sacó una foto con un busto del General Güemes.

Tras su esfuerzo por presentarse como un pobre que, gracias a su fuerza de voluntad y a los sabios consejos de sus padres y maestros, cumplió con el sueño de progresar, Morales habló en la UNSA. Allí aseguró que la prosperidad que experimenta actualmente Bolivia es fruto de haber gobernado en contra del imperialismo capitalista transnacional. La careta que se puso fue la del indio que, con su lanza en la mano y el taparrabos cubriéndole las vergüenzas, venció a las corporaciones multinacionales y a la banca usurocrática.

Finalmente la ridiculez del partido de fútbol le sirvió a Morales para sugerir que él es un hombre vital, descontracturado y amante de la vida sana. ¡El amigo Evo!         

Lo cierto es que todo lo que Evo Morales hizo en Salta fue de una demagogia más que calculada, la cual, obviamente, obnubiló a las prensa argentina, ¿pues a quien no le gustan las historietas de autosuperación personal?

La agenda faltante

El gran anfitrión de Evo Morales fue el Gobernador Juan Manuel Urtubey. Un rumor que no cesó de circular sostiene que Urtubey estaría dispuesto a dejarse auspiciar por Morales para una futura candidatura presidencial en 2015 o 2019. Otro rumor señala que el acercamiento de Urtubey a Morales tiene por objetivo sumar aliados para frenar el avance de Juan Carlos Romero en su campaña para retornar al gobierno provincial. Sea como sea, nadie puede negar que Urtubey se mostró complacido ante Morales, y que, a su modo, reprodujo el infame discurso de la “hermandad latinoamericana”, la “Patria Grande” y el “kirchnerismo continental”. 

A medida que Morales parloteaba en la UNSA sobre geopolítica y macroeconomía, muchos esperábamos que mencione lo evidente: el problema del narcotráfico. El día anterior al arribo del Presidente boliviano a Salta, una avioneta tripulada por dos bolivianos se estrelló en el departamento de Anta, mientras llevaba consigo una carga superior a los 200 kilogramos de cocaína. La avioneta cayó al suelo gracias a un desperfecto técnico, puesto que en Argentina nadie se ocupa de derribar aeronaves sospechosas que violan el espacio aéreo nacional. El episodio fue totalmente ignorado por Morales, quien, cínicamente, sólo atinó a decir sobre el narcotráfico que este asunto es un problema “del Norte”, o sea que, en la mente del Presidente de Bolivia, en los países desarrollados permitirían de alguna manera el consumo de drogas para tener una excusa con la cual presionar a los países subdesarrollados que las producen.

Recientemente el gobierno de los EEUU denunció que Bolivia es el tercer país que más cocaína produce en el mundo, sólo superado por Colombia y Perú. ¿Cómo reaccionó Morales ante esta información? Pues desacreditándola, como no podía ser de otro modo. En rigor los bolivianos no dijeron que los norteamericanos estuviesen mintiendo, sino que señalaron que es inapropiado que un país desarrollado incluya a uno subdesarrollado en algún tipo de lista negativa, ya que eso sería como un acto de estigmatización internacional. Por tanto a esa gente no les molesta que los narcos cogobiernen, les molesta que ello se sepa.

Ya en 2008, apenas dos años después de haber asumido por primera vez la presidencia de su país, Morales expulsó a la agencia norteamericana Administración para el Control de Drogas (DEA) del territorio boliviano. Según sus propios estudios, en estos últimos seis años Bolivia ha hecho más para frenar el narcotráfico que lo que hizo la DEA durante los treinta y cinco en que operó en ese país. Claro que no hay ni un solo investigador experto en tráfico de drogas imparcial y objetivo que avale esa afirmación, pero ello no parece importarle al tal Morales.

El inventado

Evo Morales no es quien dice ser. Todos amamos el relato del changuito pobre que devino un líder justo, pero ello no es más que solamente un relato. No quiero decir que Morales no haya sido pobre, quiero decir que el cuento del ascenso de este hombre al estrellato ignora todo lo que sucedió en el medio.

Antes de ser presidente, Morales fue un líder sindical. Representaba a los cocaleros. Durante el tramo final de la Guerra Fría, EEUU lanzó la consigna global de erradicar la cocaína, la cual, traducida en los países cocaleros, significaba erradicar a la hoja de coca misma. A fines de la década de 1980 se formó la Federación del Trópico, un enorme gremio que velaba por los intereses de la industria cocalera. Morales fue jefe de esa organización, lo que le permitió convertirse en un influyente líder social.

Fernando Vargas –un indígena que fuese candidato presidencial por el Partido Verde en las últimas elecciones bolivianas– denunció que en todos estos años Morales no ha dejado de comandar a la Federación del Trópico, usando así su puesto en el Estado para favorecer a sus viejos socios y compañeros. El asunto se agrava al recordar que ha sido el propio Presidente de Bolivia quien reconoció que los productores de coca que integran la Federación del Trópico forman parte de la industria de los narcóticos.

Vargas también señala que si en el poder está un hombre que contribuye con la expansión del narcotráfico, no es de extrañar que Bolivia se haya convertido en un nido de delincuentes que alberga y ampara a contrabandistas, traficantes de armas y personajes de esa calaña.

Otra cosa criticable que ha hecho Morales en los años en que ha ejercido la presidencia está directamente relacionada al asunto de la identidad nacional boliviana. En efecto, durante su paso por Salta a Morales se lo escuchó decir que “los indios demostramos que podemos gobernar”. Aquí es probable que el término “indio” esté usado en un sentido figurado, pero a Morales le gusta usarlo en un sentido literal. Y eso es un embuste: Morales no es un indio, es un mestizo. En Argentina el tema del mestizaje no suele ponerse en discusión, puesto que la inmigración europea que el país recibió en los últimos doscientos años y el sistema educativo nacional cambiaron el modo de percibir los asuntos raciales en estas latitudes. En Bolivia, en cambio, esa transformación no se produjo, por lo que desde su perspectiva el mestizaje si es un tema relevante. Es decir dado que Bolivia fue históricamente un país pobre, el viejo sistema de castas raciales se convirtió en un sistema de castas económicas. Entonces, al ser Morales un mestizo y no un indio, los indios bolivianos -la gente más postergada de ese país- no se siente enteramente identificada con el líder populista.  

Para resolver este inconveniente, Morales no tuvo mejor idea que erradicar el mestizaje. La “raza cósmica” de José Vasconcelos, el “autóctono” de Franz Tamayo, y el “mestizo como síntesis universal” de Mariano Picón Salas se han convertido en personajes de ciencia ficción ante el “originario milenario” y “el originario contemporáneo” de Evo Morales.

El problema se reflejó en el Censo Nacional de Bolivia de 2012. Con la reforma constitucional que sufrió el país en 2009, la vieja República fue reemplazada por el nuevo Estado Plurinacional. Más allá de todas las transformaciones institucionales de cariz populista que se hicieron, lo más destacado de aquel texto constitucional era que establecía el reconocimiento oficial de 36 etnias indígenas en territorio boliviano. Al momento del censo, aproximadamente el 60% de la población de Bolivia no se identificaba a si misma como miembro de ningún tipo de etnia originaria. Ello significa que esa gente se autopercibe como blancos (criollos o de otro origen) o, mayormente, mestizos. Álvaro García Linera, el Vicepresidente de Bolivia, sostuvo que el mestizaje no es una matriz de identidad, así que si o si aquel boliviano que no se viese como blanco tenía que afiliarse obligatoriamente a una de las 36 etnias indígenas. De ese modo la bolivianidad es reemplazada por el culto a los cadáveres mitológicos sacrificados ante altares paganos. O sea, bajo el disfraz del pluralismo, el evomoralismo propone la atomización como política identitaria: seremos todos indios en pie de guerra, miembros de tribus que deben permanecer unidas y bajo un liderazgo único para que no retornen los “invasores” de Occidente a arrojarnos cruces y espadas. En este contexto defender el pasado hispánico y los valores cristianos, vale decir ser mestizo, es lo mismo que no ser boliviano.

El ideólogo de esta patraña es el propio García Linera, personaje siniestro si los hay. El Vicepresidente de Bolivia es la eminencia gris detrás de Evo Morales. Javier Cornejo ha destacado que García Linera es uno de los diseñadores del plan geoestratégico boliviano, el cual contempla agitar la bandera ecologista ante la opinión pública internacional mientras instalan plantas de energía nuclear a lo largo y ancho del país, destruyen reservas naturales para instalar carreteras y ganar hectáreas para el cultivo de coca y ostentan el record por tener la mayor huella de dióxido de carbono de toda América del Sur.

Como penetrar en Chile les está costando demasiado, la intención de los bolivianos es expandirse hacia el norte y hacia el sur, es decir hacia Perú y Argentina. La idea no es nueva: ya el Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana (quien era mestizo como Morales y masón como García Linera) la había intentado poner en marcha. Como resultado nuestro país sufrió el desmembramiento de Salta, ya que los bolivianos fueron los más interesados en autonomizar a Jujuy para absorber el territorio en lo que fue la Confederación Peruano-Boliviana con la que nuestro país entró en guerra para salvaguardar la soberanía territorial (fue una de esas guerras que no suelen ser contadas en Paka Paka). Morales ha declarado sentirse orgulloso por estar pronto por sobrepasar a Santa Cruz en relación a la cantidad de años de enquistamiento en el poder.  

Paradigma invertido

La devaluación del peso argentino hizo que el peso boliviano aumentase su poder de compra en nuestro país. Por ello el contrabando de Argentina hacia Bolivia se ha incrementado. Los bolivianos compran aquí todo más barato y luego se las ingenian para introducirlo en su país. A raíz de ello las autoridades bolivianas han comenzado a incrementar los mecanismos de control para ingresar a Bolivia desde Argentina (algo que, por ejemplo, debería contribuir a reducir el número de denuncias de jóvenes que desaparecen en nuestro país por haber sido trasladados al país vecino, de no ser por el hecho de que el personal aduanero de allá lo que hace es, fundamentalmente, controlar el acceso de bienes y no de personas).

Uno de los bienes que los bolivianos adquieren son los combustibles. En un país como el nuestro, en donde el desabastecimiento de nafta y gasoil es un fantasma que permanentemente sobrevuela entre la gente, día a día los bolivianos llegan al norte de Jujuy y de Salta para cargar combustible en sus vehículos y llevarse consigo bidones llenos del tan preciado líquido.

Para intentar evitar ese fenómeno y garantizar el abastecimiento, un concejal de Orán perteneciente al partido Salta Somos Todos propuso que los autos con patente extranjera que lleguen al municipio a cargar nafta o gasoil deben pagar el precio internacional y sujetarse a un cupo de X cantidad de litros para que no retornen a su país con reservas.

Que yo sepa esta iniciativa es una de las pocas reacciones políticas que ha habido frente al cambio del paradigma económico argentino-boliviano durante este último año. La propuesta de reciprocidad no fue bien recibida por los progresistas locales, quienes la consideran un acto de xenofobia. Sin embargo estos personajes poco o nada dicen sobre el discurso incómodo para feministas y elegebetistas que el admirado Evo Morales constantemente promueve. Es que el Presidente de Bolivia puede ser un buen amigo de lo ilegal, pero tiene cierto reparo para apoyar a ciertas inmoralidades. Eso, por supuesto, le da una ventaja a Bolivia en materia de dominio regional.    

Francisco Vergalito

Ley 26.657 o la nefasta reforma en materia de salud mental

La destrucción de la psiquiatría

En noviembre de 2010 se aprobó la Ley 26.657 que modifica la actividad de los psiquiatras en nuestro país, introduciendo la doctrina de los Derechos Humanos como principio ordenador, perjudicando así el desarrollo de la práctica científica para facilitar el control ideológico de la salud mental.

En Tucumán, el gobierno local –después de una fuerte campaña de presión por parte de la sucursal provincial del Inadi– promovió la adhesión a la ley y sumergió así a los psiquiatras en un mar de problemas. Mientras la Senadora Nacional Beatriz Rojkés de Alperovich se jacta de ser una de las mayores impulsoras del proyecto, cientos de psiquiatras manifiestan en voz baja su preocupación por las modificaciones que deben introducir en sus prácticas laborales.

El cambio más profundo que la ley genera es que prácticamente les quita a los profesionales de la salud la posibilidad de internar a un enfermo que puede dañarse a sí mismo o a los demás. La intención de quienes promovieron la reforma es erradicar los hospitales psiquiátricos y reemplazarlos por la medicación adecuada. El fundamento para esto proviene de la obra de autores como Michel Foucault, Franco Basaglia y Thomas Szasz, quienes –por motivos políticos– equipararon a los hospitales psiquiátricos con las cárceles, y repudiaron la existencia de ambas instituciones.

Desde esta perspectiva toda internación equivale a una privación ilegítima de la libertad. Por tanto se busca que los pacientes psiquiátricos circulen libremente, justo igual a cualquier otro ciudadano. Es la familia del enfermo quien deberá hacerse cargo a partir de ahora de esa persona.

Como los hospitales psiquiátricos tienden a reducirse, a los pacientes con problemas mentales se los envía cada vez con más frecuencia a los hospitales civiles. Allí se supone que recibirán atención por parte de un equipo multidisciplinario, pero, claro, esto rara vez ocurre (sobre todo en Tucumán), por el simple hecho de que los mentados equipos no existen. Es decir en la actualidad hay mucha gente de diversas profesiones (psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos, trabajadores sociales, abogados, etc.) que pululan por algunos hospitales, cobran sus sueldos, pero poco saben acerca de cómo trabajar de modo coordinado, haciendo cada uno aquello que le parece lo más correcto sin la necesidad de buscar la coincidencia de opinión. Los resultados son pocos satisfactorios, y muchas veces hasta contradictorios.

El paciente psiquiátrico en un hospital civil muchas veces incomoda a los otros pacientes, y otras veces los pone en peligro. Ante un paciente desbordado los médicos poco pueden hacer sin riesgo a ser denunciados después. Un psiquiatra me comentó que cuando uno de sus colegas decide retener a un enfermo, normalmente trata de adivinar si tiene o no parientes que lo puedan denunciar más tarde (en Tucumán ya empezaron a aparecer abogados “caranchos” que merodean los hospitales para anoticiarse sobre esas situaciones y convencer a los familiares de los enfermos de hacer la denuncia con el fin de obtener un resarcimiento económico).

Corrupción e hipocresía

Puesto que muchos pacientes psiquiátricos mantienen un vínculo muy frágil con sus familias (o directamente no tienen ningún tipo de relación con ellas), al deshopitalizarse uno de ellos termina deambulando sin ningún tipo de contención por las calles. Para resolver esa situación, el área de salud del gobierno tucumano ha puesto en marcha algo que llama “residencias tutelares”. ¿Qué son estas instituciones? Pues nada más y nada menos que manicomios en pequeña escala, destinados a albergar a toda aquella gente que por no tener una familia quedan flotando en las calles. Refuncionalizan los hospitales psiquiátricos sólo para reducirlos y enviarlos a diversos barrios, en tanto que venden públicamente que han dedehachehachizado a la psiquiatría haciéndola “más inclusiva y menos estigmatizante”.  Absoluta hipocresía.

El Hospital de Salud Mental “Nuestra Señora del Carmen” viene siendo transformado desde el año 2007. Fundado en 1920, la institución fue un casa de alienados de gran importancia que, a partir de 1982, reformuló sus principios para convertirse en un hospital modelo en materia de salud mental en el NOA. Pero desde 2007 la infame Minera La Alumbrera comenzó a inyectarle dinero para remodelar sus instalaciones. En unos pocos años todo cambió adentro del hospital, disminuyendo el número de pacientes internados pero multiplicando el número no sólo de trabajadores de la salud (psiquiatras y enfermeros principalmente, pero también psicólogos, neurólogos, ginecólogos, nutricionistas, dentistas, oculistas, y un largo etcétera), sino también de abogados, trabajadores sociales y educadores de todo tipo que organizan talleres “terapéuticos”, los cuales incluyen actividades como la jardinería, el bordado, algo llamado “expresión corporal” y muchas otras cosas similares que parecen escapadas del catálogo de intereses de Utilísima. Se comenta que el número de profesionales que trabajan allí superan ampliamente al número de gente que atienden, levantando dudas sobre si realmente están haciendo algo por la salud de la comunidad o si algunos pocos sólo coparon una institución pública para acomodar en el universo del empleo estatal a hijos y entenados con títulos universitario.

Las drogas ganan

La Ley 26.657 es promocionada como una obra maestra de la corrección política. Sin embargo es más que claro que hay una relación directa entre la normativa que regula el abordaje de los problemas de salud mental en la Argentina y quienes se benefician con el comercio (legal e ilegal) de drogas.

Día a día crece en nuestro país la venta de psicolépticos. Como los psiquiatras no pueden desarrollar terapias sin el consentimiento expreso por parte del paciente, cada vez más sostienen su práctica sobre la medicación. Esto, claro, ha generado que la circulación de psicolépticos haya aumentado, aumentando también el mercado negro que alimenta a aquellas personas que usan estas drogas de modo recreativo.

Pero los verdaderos beneficiados con esta ley son los narcotraficantes. El psiquiatra Eduardo Kalina ha denunciado valientemente a este hecho. Según Kalina, como la despenalización del consumo de drogas ilegales en nuestro país es efectiva (ningún juez del país tiene las agallas para penalizar con la cárcel a un consumidor de estupefacientes), queda en mano de los psiquiatras proteger a la sociedad ayudando al mismo tiempo a los individuos que se autoagreden a través de las drogas. Empero la nueva ley le ata las manos a los psiquiatras de un modo casi ridículo: si, por ejemplo, hay un adicto con un brote psicótico o en estado paranoico portando un arma (sea blanca o de fuego), un psiquiatra no puede actuar para medicarlo o internarlo, o si quiera reducirlo, ya que ello iría en contra de la voluntad del enfermo y sería lo mismo que un secuestro. Al psiquiatra sólo le queda conversar con el individuo alterado y tratar de hacerlo entrar en razón. Permítaseme la frase: ¡una locura! 

Kalina sostiene que un adicto sufre un cambio químico en su cerebro, lo que le hace percibir a la realidad de un modo que sólo corresponde a su mente. La mayoría de estos sujetos provienen de hogares que padecen una infinidad de problemas y van a parar a comunidades terapéuticas que trabajan con más voluntad que capacidad. Por tanto lo más lógico sería que el psiquiatra pueda tomar el control de la situación para beneficiar al consumidor, pero ello ya no se puede hacer.

Hay una burocratización espantosa en la nueva ley, que obliga a que antes de ayudar a un enfermo el equipo multidisciplinario delibere sobre la conveniencia o inconveniencia del caso. Entonces si una persona llega a un hospital bajo los efectos de la marihuana o de la cocaína, el psiquiatra no puede ordenar la retención del paciente como ha hecho siempre, sino que ahora tiene que convocar a los miembros del comité, limpiándole así al drogado el camino para volver a la vía pública con todos los peligros que ello implica. El que consume drogas ahora ya no sólo no es un delincuente, sino que tampoco es un enfermo: se trata simplemente de un consumidor que desea gastar su dinero como le place, por más que ello genere un grave daño contra él y contra todos los que lo rodean o lo cruzan. La monstruosidad más absoluta del individualismo.

Pablo Ulises Soria 

El caballito anda suelto

El Salvaje Oeste y el Barbárico Norte

San Miguel de Tucumán, al igual que muchas otras ciudades del país, está infestada de motochorros. Pero en la capital tucumana también hay delincuentes que operan a caballo, justo igual que aquellos viejos bandidos rurales a los que se los creía extintos.

Hace unos días en el Barrio Miguel Lillo la policía se tiroteo con dos ladrones que montaban a caballo, y logró capturar a uno de los malvivientes después de que éste protagonizara una violenta escena similar a la histórica balacera del O.K. Corral.

En esta oportunidad el delincuente abatido tuvo la suerte de caer en manos de la policía, ya que los vecinos no llegaron a acercársele. De haberlo hecho, seguramente le hubiesen dado una buena golpiza.

Donde si hubo un intento de linchamiento fue en la esquina de Laprida y Manuel Estrada: dos delincuentes asaltaron una despensa y se dieron a la fuga; los propietarios del lugar hicieron sonar una alarma barrial y los vecinos corrieron en su auxilio; un comisario que vive en la zona disparó contra los delincuentes, logrando herir a uno de ellos en el pie; la gente se abalanzó contra el caído, llegando a propinarle algunos golpes, pero el comisario y otro oficial vecino detuvieron a la turba enardecida.

Mientras la indignación popular no dejaba de crecer por la intervención de la policía a favor del delincuente (acción correcta por cierto), se conoció que otro ladrón fue linchado en el Barrio Lincoln, luego de que el malviviente tratara de quitarle el bolso a una mujer. Las fotos del golpeado circularon por las redes sociales a gran velocidad y luego, sin ningún pudor, fueron reproducidas por muchos medios de prensa.  

Todo esto ocurrió apenas un par semanas después de que se conociese un video en el que un policía trataba inapropiadamente a un delincuente detenido. Los periodistas armaron un gran escándalo por las imágenes, mientras que la gente, en su gran mayoría, se puso del lado de los oficiales: el argumento era que, de estar frente a un delincuente, ellos reaccionarían de igual o peor modo; y, al parecer, la gente no mentía.

Del consejo a la acción

Justo a tres cuadras de Laprida y Manuel Estrada asesinaron a Iván Senneke en el año 2011. El muchacho de 19 años volvía de trabajar cuando fue abordado por dos motochorros que, no conformes con quitarle su mochila, lo ejecutaron de un tiro en la cabeza. Senneke había intentado resistirse al asalto.

El Comisario Mario Rojas, Subjefe de la Policía de Tucumán, sostuvo que afortunadamente no se repitió el Caso Senneke, porque esta vez los delincuentes optaron por no usar sus armas. Y aconsejó que ante un asalto en el que el malhechor esté armado, el ciudadano víctima debe evitar resistirse. Según él, los delincuentes de hoy en día son impredeciblemente violentos, pues los efectos de las drogas y/o su pasado delictivo los vuelve altamente peligrosos (ya que no miden las consecuencias al actuar).

Esas declaraciones dispararon una catarata de réplicas de la ciudadanía: hay cientos de casos en donde la víctima no se resiste y, sin embargo, termina herida o muerta. ¿Entonces como distinguir al ladrón con códigos del ladrón sin códigos? Eso no es algo que le corresponda hacer al ciudadano.

La policía no puede darle consejos a una víctima sobre como obrar en una situación de vida o muerte, pues en todo caso terminaría teniendo algo de responsabilidad por esos episodios en donde los delincuentes ejecutan a sangre fría a gente que hasta incluso colaboró con ellos por temor a no perder la vida.

Lo que la policía debe hacer es capacitar a la gente para que aprendan a obrar del modo más adecuado posible cuando sufren un delito o cuando le sucede a alguien más. Hoy en día en Tucumán reparten alarmas barriales, las cuales suelen ser activadas por los vecinos cuando se encuentran en peligro. ¿Y qué sucede? No mucho: los vecinos salen a la calle a ver qué sucedió, y a veces realizan un arresto ciudadano, mientras que otras veces sólo terminan por convertirse en testigos del crimen.   

La idea de que la policía es una caja negra que debe ser transparentada ante la sociedad para que ésta pueda fiscalizarla, es sólo la mitad del camino para reinstaurar el orden de seguridad; lo otro que se precisa es garantizarle a la gente común su derecho a ejercer la legítima defensa de un modo exitoso.

Las nubes gaseosas de los mandarines

Roberto Delgado es una de las plumas más importantes del influyente diario La Gaceta. Este sujeto, apóstol de los DDHH, suele escribir sobre cuestiones vinculadas a la acción policial, normalmente para denigrar a la fuerza usando los paupérrimos argumentos del tipo “la policía argentina fracasa a la hora de relacionarse con la sociedad porque sigue siendo la misma policía de la época de la Dictadura”.

Pues bien, en una columna reciente, Delgado señaló que la sociedad “comienza a considerar que el [problema del aumento de la violencia] involucra otros estamentos del Estado [además de la policía], entre otras cosas porque hay causas sociales profundas, como la exclusión social, tal como planteó el jurista Mario Juliano, de la Asociación Pensamiento Penal.” El tal Mario Juliano al que cita como autoridad Delgado es uno de los epígonos de Zaffaroni más famosos de la actualidad. Para este personaje (y los miles de imberbes y peleles que comparten sus ideas) la manera más exitosa de disminuir a la violencia es a través de la inclusión social. Suponen que en una sociedad más justa e integradora, la inseguridad no tendrá lugar.

Uno de los bandoleros vivos más famosos de Tucumán es Germán “Mocho” Zamudio, un sujeto que es hijo de Enrique Zamudio, viejo dirigente del PJ que llegó hasta ocupar un cargo de ministro provincial. El “Mocho”, evidentemente, no necesita de la mentada “inclusión”, porque ya está más que incluido; sin embargo este sujeto no para de delinquir. ¿Por qué sucede esto?

Académicos de la Universidad Nacional de Tucumán presentaron recientemente el libro Investigaciones sobre Economía de la Delincuencia en el que se apunta algo interesante: los planes sociales sirven para disminuir los robos sin violencia, como el hurto o el pillaje, pero los delitos más graves, los que incluyen la violencia expropiadora y más preocupación causan entre la población, no están vinculados a tener o no tener un plan social.

Aquel que agarra un arma blanca o un arma de fuego y sale a delinquir no lo hace para sobrevivir, lo hace para gozar de una vida a la que se niega a acceder por el camino del trabajo y del esfuerzo. Es un problema de valores el que genera la delincuencia más brutal.

Leandro Santoro es uno de los últimos radicales K que quedan (pero uno de los muchos uceristas progresistas que día a día se multiplican). Este sujeto, en un programa de televisión, realizó una espeluznante apología de los presidiarios. Según él, un preso liberado sufre del desempleo porque los posibles empleadores se niegan a tomarlo cuando se enteran de sus antecedentes. Entonces eso genera resentimiento, y ello explicaría no sólo el alto índice de reincidencia del hampa argentino, sino también el creciente empleo de la violencia.

Semejante sofisma ignora lo obvio: el delincuente es responsable de su situación, es decir él es culpable de la suerte que le toca. Una persona resentida es una persona orgullosa, o sea una persona que no siente vergüenza. El problema de las cárceles argentinas es que sólo amontonan cuerpos, pero allí no se trabaja sobre las mentalidades de los detenidos. Los presos argentinos, al ingresar a una unidad penitenciaria, buscan afiliarse al Vatayón Militante o a pandillas similares, a través de las cuales pueden convertir a su experiencia carcelaria en un periodo de vacaciones pagas (que incluye, claro, consumo de drogas y prostitutas, y salidas transitorias semiclandestinas). Ciertamente una cárcel así no sólo es inútil, sino que además es perniciosa: actualmente si el delincuente no sale con más ganas de delinquir que antes para proseguir su carrera en donde la dejó, entonces hace los contactos suficientes durante su encierro como para devenir barrabrava, puntero o algo en esa línea.

La cárcel, el destino final del criminal, debe convertirse en escuela de ciudadanía, no de delito. Y para ello es necesario trabajar con la mentalidad del delincuente quebrándolo psicológicamente para reintroducirle la capacidad de sentir vergüenza y culpa, y luego reconstruir su espíritu con los valores del Evangelio y del Martín Fierro. La idea es que cuando retorne a la sociedad, lo haga arrepentido por haber causado daño y entienda que cualquier cosa es más digna que el crimen.  

Pablo Ulises Soria 

Bolivia se expande

En la actualidad Bolivia demuestra ser un país pujante, cuyo manejo de la economía nacional lo ha posicionado en un lugar ventajoso ante Argentina. De allí que en los últimos tiempos haya empezado a latir algo que en otra época hubiese parecido insólito: la posibilidad no sólo de que Bolivia avance sobre nuestro territorio, sino que además nuestra población opte por acoger a ese avance como una posibilidad de salvación. Los Kirchner han logrado algo asombroso: castrar el orgullo de ser argentino. 

Tristes trópicos

En el año 2012 se conoció en el país la noticia de que un grupo de ciudadanos chilenos de la región de Aysén clamaban por ser argentinos. Se trataba, claro, de una ironía, puesto que de ese modo aquella gente generaba eco a su protesta: postergados en materia de transporte, salud y energía, la gente de Aysén estaba dispuesta a renunciar a su ciudadanía para recibir aquello que es vital para vivir una vida digna. El Presidente Sebastián Piñera, preocupado por la situación, reaccionó enviando a varios ministros de su gabinete para consensuar soluciones con la ciudadanía.

San Martín es un departamento en el norte de Salta que, pese a las diferencias geográficas, bien podría ser hermano de Aysén. El Trópico de Capricornio domina la vida cotidiana de la zona. En los meses primaverales y veraniegos, los termómetros estallan en ciudades como Tartagal, Embarcación y General Mosconi, pues la temperatura llega a alcanzar los 50º. Resistir ese calor no es fácil, y más cuando la gente de allí se encuentra con el mismo abandono que sufre la gente de Aysén: escasez –por no decir completa desaparición– del agua potable y de la energía eléctrica. Y, al igual que los chilenos reaccionan solicitando convertirse en argentinos, estos argentinos reaccionan solicitando convertirse en bolivianos, pues mientras el sistema hídrico y energético colapsaba aquí y la gente salía a las calles a protestar, del otro lado de la frontera vivían su día como si se tratase de cualquier otro día.

¿Cuál ha sido la respuesta de la Presidencia de la Nación ante semejante escándalo? El más absoluto desinterés, claro. Para esa gente, el norte de Salta, simplemente, les importa un bledo. Mientras la región no entre en rebelión fiscal, entonces para ellos no hay nada de que preocuparse, ni mucho menos nada de lo cual ocuparse.

El calor y la crisis

Los Diputados Provinciales del norte de Salta, oficialistas y opositores, coincidieron en que es urgente que el gobierno intervenga para que la provisión de agua y energía esté garantizada. La ausencia de estos servicios ha sumido a la zona en la indignación y la violencia.

El sábado 18 de octubre, mientras que un apagón afectaba a Tartagal y las canillas de la ciudad no otorgaban ni una gota de agua, un motín de detenidos estalló en la Comisaría Nº 42. Los encerrados esperaban que llegase un camión de bomberos a entregarles un poco de agua, sin embargo las autoridades de la unidad policial les enviaron a un equipo de fumigación que había pautado previamente trabajar ese día en aquella dependencia policial. Los detenidos se enfurecieron con la situación, y se rebelaron. En consecuencia varios oficiales se vieron obligados a intervenir para detener la sublevación. Al final la propia policía intentó desmentir el hecho, asegurando que no hubo ningún motín –por más que los vecinos de la zona digan lo contrario.

Pero eso no fue todo. El norte de Salta está poblado por un ejército piquetero que, desde hace años, trabaja por generar caos para llamar la atención. Ante un escenario de calor y crisis, estos sujetos no se privaron de actuar. Así fue como cortaron la ruta nacional 34 a la altura del acceso a General Mosconi, y se apropiaron de un ómnibus de pasajeros y de un camión cisterna.   

Cuando los funcionarios del gobierno y efectivos de la Gendarmería Nacional fueron a negociar el fin de piquete, los revoltosos les recordaron el fracaso del Fondo de Reparación Histórica (una puesta en escena demagógica que prometió más de lo que logró) y les exigieron la realización urgente de obras de infraestructura, sosteniendo que de no hacerlo volverán a cortar rutas. Lo que se rumorea es que la agrupación Quebracho, protagonista habitual de las acciones violentas en la zona, estaría armando una empresa para ofrecer los servicios de desarrollo de infraestructura que la provincia requiere. La financiación de esta empresa provendría desde Bolivia.

Bolivia nos aspira

Hasta hace poco era muy común que los argentinos cruzaran la frontera internacional argentino-boliviana para adquirir ciertos productos a precios más convenientes que en Argentina. Hoy en día, sin embargo, esta situación se ha revertido. Debido a la devaluación que padecemos, el peso boliviano vale actualmente más que el peso argentino. Eso significa que los bolivianos, con su dinero, pueden comprarnos a nosotros todo lo que ellos necesiten por un precio más barato que el que se maneja en su país.  

Recuerdo haber ido de adolescente a Yacuiba junto a mis padres a hacer compras en la década de 1990. Con muy poco dinero, nos llevábamos bolsas y bolsas de ropa. Nos resultaba más barato. Ahora esto se ha invertido: los bolivianos son los que cada vez con más frecuencia programan los tours de compra. También el contrabando de Argentina hacia Bolivia se ha incrementado en un nivel insólito.  

¿Qué es lo que hace a Bolivia tan próspera que hoy en día nosotros estamos a su sombra? La economía en primer lugar. La explotación y la exportación de sus reservas gasíferas y petroleras se incrementó en los últimos diez años, aumentando también las regalías que le quedan al Estado boliviano (dado que el precio internacional de los combustibles aumentó, las compañías del sector energético consintieron aportarle más a Bolivia sin necesariamente menguar sus ganancias). El sector minero, basado en el litio,  y el sector agrario, basado en la soja y en la quinoa, también contribuyeron positivamente en la economía boliviana.

El dinero recaudado por el Estado boliviano sirvió para incentivar el consumo. Y a la hora de gastar en salud, seguridad o educación, Evo Morales decidió simplemente no hacerlo. Por eso, al día de hoy, los bolivianos siguen viajando a Argentina para recibir asistencia médica de calidad a un muy bajo precio (sólo pagan los gastos de su estadía), el país está colonizado por narcotraficantes que operan sin encontrar resistencia, y su población es aterradoramente inculta e ignorante.

La migración de argentinos a Bolivia quizás pueda llegar a ser un fenómeno positivo, dado que esa gente le aportaría a ese país una cuota de ilustración y conciencia cívica que los bolivianos no tienen. De todos modos, conciente el gobierno boliviano de que ello podría atentar contra la continuidad de su sistema demagógico, hacen todo lo posible para frenar la inmigración, justo lo contrario a lo que sucede en Argentina.

Kirchnerlandia

En enero de este año el diario El Tribuno de Salta dio a conocer el drama que estaban atravesando 17 familias argentinas en el departamento Santa Victoria, cuando el gobierno de Bolivia, interesado por el uranio y el torio, decidió reposicionar los mojones limítrofes para controlar el territorio que, en definitiva, les corresponde controlar.

Cuando la noticia llegó a la prensa nacional, el gobierno kirchnerista acusó al diario salteño de estar fabulando. No les importó que las familias que denunciaban haber sido desplazadas fuesen reales. ¿Para qué enemistarse con la “generosa” Bolivia por sólo un puñado de personas? ¿Acaso unos cuantos hombres y una cuantas mujeres que se sienten identificados con el celeste y blanco de la bandera nacional son más importante que el fraternal abrazo de Néstor Kirchner y Evo Morales que unió el destino de las dos naciones? ¿Sirve de algo escuchar a un grupo de argentinos que desobedecen al régimen kirchnerista por el minúsculo hecho de querer seguir siendo argentinos?

En El Tribuno de hoy salió una nota sobre un caserío en la ciudad de Salta, ubicado a la vera del 2100 de la Avenida Monseñor Tavella. La gente de allí dice no tener servicios básicos, sólo cloacas que se rebalsan cuando llueve. Como la zona no tiene nombre, algunos pensaron en bautizarla “Barrio Che Guevara”, pensando en la posibilidad de que un nombre puede hacer más tangible su existencia. Yo les sugiero a los vecinos de ese lugar que, en lugar de ponerle el nombre del infame filibustero, le pongan “Kirchnerlandia”. En cuanto circulen fotos del lugar que utiliza el “Santo Nombre de Néstor” en vano, los ciegos que gobiernan quizás vayan en su ayuda, quizás sientan vergüenza por primera vez en su vida. 

FUENTE:

¿Quién canonizó a Mariano Ferreyra?

Víctima de la circunstancia

Mariano Ferreyra fue un muchacho que murió asesinado cuando tenía apenas 23 años. Ocurrió en el marco de una disputa de trabajadores ferroviarios, aunque él no era un trabajador ferroviario. Al momento de su muerte, Ferreyra estaba anotado en una universidad como estudiante de la carrera de Historia, pero aún no había superado el CBC (lo que no le impedía figurar como un dirigente de la FUBA). Tras concluir la escuela media, y mientras se acomodaba lentamente a la vida de estudiante universitario, aprendió el oficio de tornero, pero por su desinterés en progresar no duró en los trabajos que pudo conseguir. Poco antes de morir había comentado que quería estudiar Cine en una universidad bonaerense, porque creía tener inclinaciones artísticas. 

El Partido Obrero (PO) captó a Ferreyra para sus filas durante su adolescencia. Ferreyra jamás se caracterizó por ser un estudiante sobresaliente. Pero si era voluntarioso: creía que la voluntad transforma al mundo, por lo que, para él, todo era cuestión de tratar siempre hasta conseguir los resultados. Murió antes de madurar y comprender lo falaz de esa idea.

El PO es una fuerza marxista, lo que los hace rechazar doctrinariamente al voluntarismo. Sin embargo ello es lo que precisamente los nutre. Es decir, el PO no es más que una pyme comandada por una “vanguardia iluminada” que consigue hacer ruido gracias a que funciona como un espacio receptor de aquellos jóvenes que son demasiado mediocres y asociales como para poder ser miembros productivos de la sociedad, pero que no son tan desastrosos como para andar por las calles consumiendo paco. Sus puertas están abiertas para las víctimas del fracaso personal, pues les ofrecen la contención que no encuentran en otros lugares. Ferreyra satisfacía el perfil a la perfección.

El 20 de octubre de 2010, trabajadores del Ferrocarril General Roca -fogoneados por células sindicales del PO- se propusieron cortar las vías para interrumpir el servicio de trenes. Reclamaban el fin de la precarización laboral que padecían. Por aquella época el kirchnerismo no consentía en enviar a Gendarmería Nacional o a alguna otra fuerza de seguridad para garantizar el derecho a la libre circulación por temor a que se los acusase de “criminalizar a la protesta social” (justo al revés de lo que sucede ahora). Así que fueron hombres de la Unión Ferroviaria, el sindicato de los trabajadores de ferrocarriles, quienes asumieron la tarea de despejar los obstáculos.

Un grupo de choque de la Unión Ferroviaria atacó a los manifestantes, que no eran sólo trabajadores del Roca, sino también militantes del PO los cuales, según se ve, no tenían nada mejor que hacer que acompañar a otros en su reclamo. El grupo de choque triunfó en su tarea, pero se excedió: a un monigote se le ocurrió efectuar disparos amedrentadores con un arma de fuego, que terminaron con tres heridos y un muerto, Mariano Ferreyra.

Así terminó la breve vida de Ferreyra: convertido en víctima casual por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. No lo mataron porque fuese un peligro para la seguridad nacional o para la paz social, lo mataron porque eligió mal la dirección hacia la cual correr.

Mariano Ferreyra, Inc.   

Cuando Ferreyra murió el PO movió todos sus recursos disponibles para comenzar una campaña propagandística pidiendo por justicia para el asesinado. El asunto prosperó gracias a que la CTA y otros actores políticos se sumaron al reclamo: era la oportunidad para tirar el cadáver de un inocente contra la puerta de Casa Rosada, y gozar de la indignación que eso provoca.

Lo que siguió fue un bochornoso y repugnante sainete criollo montado por el gobierno para no hacerse cargo de la tragedia que habían ocasionado. Obviamente la Unión Ferroviaria fue la primera acusada por el crimen, pero como su líder, José Pedraza, era uno de los sindicalistas más lealmente kirchneristas, hubo toda clase de intentos para despegarlo del asunto. Sin embargo pronto sacaron a la luz su currículum y la “Causa Pedraza” se volvió políticamente indefendible.

Acto seguido se montó una operación de prensa muy burda para vincular a Pedraza con Eduardo Duhalde, quien por esa época todavía era visto como un titiritero en las sombras. Pero la truchada no consiguió imponerse, así que Néstor Kirchner, Aníbal Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y toda la oligarquía K tuvo que admitir –aunque, claro, off the record– “que se habían mandado una cagada”. De esta manera el gobierno buscó negociar con las víctimas que generaron para minimizar el daño a su imagen: así los Ferreyra se acomodaron en cargos estatales (Pablo Ferreyra, el hermano de Mariano, hasta terminó convertido en Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y al PO le inyectaron los fondos suficientes como para hacer una exitosa campaña electoral en 2011 (lograron tres diputados nacionales y varias bancas en los parlamentos provinciales y municipales de diversas provincias).  

Instrucciones para bautizar a una plaza

Ferreyra fue una víctima. No merecía morir así. Pero después de él, el kirchnerismo siguió hiriendo y matando gente al reprimir protestas sociales. Estos nuevos muertos se salvaron de ser utilizados políticamente. A la mayoría de ellos no pudieron prostituirlos para alimentar la necrofilia partidista.

Ahora concejales salteños decidieron bautizar con el nombre de “Mariano Ferreyra” a una plaza en el oeste de la capital provincial. Fue una iniciativa de los hombres del PO (la mayoría en el recinto) pero que contó con la adhesión expresa de gente del kirchnerismo, pese a que en la ciudad esté vigente la ordenanza que prohíbe bautizar a un espacio público con el nombre de una persona que lleve menos de cinco años de fallecida.

Quizás no esté mal que algún lugar de la República tenga el nombre del joven asesinado. Un callejón en la Sarandí donde nació, una estación de trenes del Ferrocarril General Roca, pero ciertamente no una plaza en Salta. Se me ocurren mil personas con méritos reales que podrían prestarle su nombre a un espacio público de la ciudad de Salta. Y no es una hipérbole: realmente puedo confeccionar una lista con mil nombres de gente que merece más que Ferreyra el honor que el Concejo Deliberante le hace al chico víctima.

Permítaseme incluir sólo un ejemplo. Los Bravos de Manchalá eran soldados salteños que, en 1975, resultaban ser un tanto más jóvenes que Mariano Ferreyra. Mientras estos muchachos trabajaban en una escuela rural para cambiar sus puertas y ventanas vetustas y para pintar sus paredes derruidas, una centena de terroristas los atacó con armas de fuego. Esos hombres que disparaban defendían las mismas ideas que defendía Ferreyra. Finalmente el triunfo fue para los jóvenes salteños, quienes durante varias horas estuvieron muy cerca de caer abatidos por las balas de los criminales. Hoy en día Salta no tiene ningún espacio para honrar oficialmente a esos jóvenes, a los que la suerte quiso mantener vivos (contrariamente a los muchos que murieron en los montes tucumanos por defender a la Patria). Curioso presente: escarnio para nuestros héroes salteños, una plaza para un invento propagandístico del Partido Obrero.

Zain el-Din Caballero