Acerca del clima de violencia en Tucumán

La vocación de paz y la legítima defensa

Agosto fue particularmente violento en Tucumán. Dos casos policiales resonaron bastante: en uno, un hombre baleó a un asaltante que pretendía despojar de su cartera a su esposa; en el otro, un comerciante le disparó a un ladrón que ingresó en su propiedad a robar en medio de la noche. Rápidamente se impuso la figura de la legítima defensa para ambos casos, aunque fue más fácil probarla en el primero que en el segundo de ellos.

Junto con estos episodios, la Justicia tucumana informó que durante el mes se registró más de una decena de denuncias de delincuentes que acusaban a sus captores de haberlos maltratado. Lo destacable aquí es que esos supuestos maltratadores no eran policías, sino ciudadanos comunes. Así el fantasma de los linchamientos (algo que hace unos pocos meses atrás fue tema de discusión nacional) revivió en Tucumán.

Todo esto generó inquietud en las autoridades provinciales. Paul Hofer, el Secretario de Seguridad de la provincia, pidió que ante un delito flagrante la gente “por favor no intervenga, sino que acuda a la Policía y que llame al 911 para denunciar cualquier tipo de amenaza o sospecha que tengan”.

¿Pero que esperar de una población que perdió la confianza en el cuerpo de policía? El recuerdo de la huelga policial y de los saqueos de 2013 todavía está muy vivo entre los tucumanos: la gente se alteró tanto en aquella oportunidad, que entre diciembre y enero pasado la venta de armas legales a particulares se disparó hasta alcanzar cifras extraordinarias en la provincia. Y si a eso se le suma que hay un Legislador Provincial que recorre la capital entregando alarmas para que los vecinos de un barrio asistan a otros vecinos cuando estos se vean amenazados por algún peligro, entonces es sorprendente que la gente no haya liquidado a un número aún mayor de delincuentes. Si hoy escasean los cadáveres de maleantes abatidos es porque el pueblo tucumano manifiesta un gran deseo de vivir pacíficamente, pese a que los gobernantes provinciales y municipales poco hagan para satisfacer esta demanda.

La declaración de guerra

Pero no es sólo el ciudadano tucumano honesto quien se ha radicalizado en relación a la defensa de su vida y de sus bienes, también la policía local siguió ese camino. Lo ilustra el tiroteo en el paraje El Jardín: una banda de asaltantes que operaba en Tucumán y Santiago del Estero fue emboscada en su escondite, por lo que, al parecer, los maleantes habrían abierto fuego y la policía habría contestado las balas hasta conseguir ejecutar a los pistoleros.

Sebastián Herrera Prieto, un criminólogo y docente universitario, señaló que el operativo “fue una clara demostración de la incapacidad e inoperancia de nuestras llamadas ‘fuerzas de seguridad’ para conjurar hechos delictivos”. Según este teórico, la violenta manera de resolver el asunto y la homologación de dicho procedimiento hecha posteriormente por el Secretario Hofer es contraria a la doctrina de los Derechos Humanos.

Al difundirse la noticia, Hofer, temiendo que alguien pudiera criticar la acción policial, se congratuló por lo que hicieron los uniformados, pues, según él, éstos “desmembraron una banda muy peligrosa, integrada por gente absolutamente despiadada, sin ningún tipo de freno ante la vida”; y para rematar agregó que el hampa debe interpretar los hechos como “un mensaje: que la Policía va a hacer todo lo que sea necesario, dentro del marco del Estado de Derecho, para no permitir que los delincuentes ganen la calle”.

A Herrera Prieto las declaraciones de Hofer le sonaron como competencia: el funcionario, al tildar a los delincuentes muertos de ser gente “absolutamente despiadada”, es como que transformó al tiroteo en la condena de un juez que previamente había ponderado la evidencia y dictado sentencia en base a ella.

Hofer desestimó la acusación invocando la legítima defensa que le recomendó no ejercer a los ciudadanos de la provincia: “La Policía hizo el trabajo conforme lo establece la ley. Respondió a un nivel de agresión brutal donde estos delincuentes dispararon con armas de grueso calibre con punta de teflón, lo cual significa que pone en peligro la vida de los peatones y del personal policial”. Y fue más allá hasta declararle la guerra al crimen organizado, pues desde su perspectiva los derechos humanos de las víctimas deben ser protegidos a toda costa, incluso atropellando los derechos humanos de los victimarios. 

El verdadero enemigo

Hofer usa un lenguaje bélico. Se considera comandante en jefe de un ejército y su enemigo, al parecer, es el crimen organizado. Su plan es simple: quiere destruir a estos personajes. ¿Pero qué entiende Hofer por “crimen organizado”?

A primera vista, pareciera ser que la idea de “crimen organizado” de Hofer se circunscribe a esas bandas de asaltantes y secuestradores formadas por delincuentes de carrera y policías corruptos. Sin embargo el concepto de “crimen organizado” excede esa realidad: normalmente por “crimen organizado” se entiende a una asociación ilícita de delincuentes que tienen los elementos suficientes como para no ser perseguidos o castigados por su actividad criminal. A raíz de ello el combate contra el crimen organizado es altamente complejo, puesto que los maleantes cuentan con complicidades de las autoridades, pantallas legales y todo tipo de artilugios para delinquir sin encontrar demasiados obstáculos.

Por el contexto, creo que Hofer le declaró la guerra a las organizaciones criminales y no al crimen organizado, es decir el Secretario de Seguridad de Tucumán pretende ser impiadoso contra todos aquellos que operan desde las sombras sin procurar fabricarse estructuras que le den seguridad cotidiana. Esto parece una medida saludable, pero el crimen que más daño causa en Tucumán es el organizado, el cual, hoy en día, se nuclea en torno al narcotráfico y al comercio clandestino de armas. En efecto, los narcos alimentan por igual a ricos y pobres, generando desorden en todos los ámbitos y contribuyendo (junto al mercado negro de armas) al incremento de la violencia social. La acción gubernamental en contra de esta realidad no parece gozar del empuje que Hofer prometió aplicar en contra de las organizaciones criminales.

Al mal del narcotráfico y de la venta ilegal de armas hay que sumarle en Tucumán a la atroz impunidad. La Comisión de Familiares de Víctimas de la Inseguridad (CFVI) destacó que el mayor problema en la provincia no es la inseguridad, sino la falta de justicia que sufren las víctimas de la misma. El Poder Judicial es percibido por los ciudadanos tucumanos como una caja negra: de la enorme cantidad de denuncias que se reciben a diario, sólo una ínfima parte progresa, mientras que el resto va a parar a los archivos; las víctimas que cuentan con tiempo y demás recursos para presionar a los funcionarios judiciales son las que consiguen mejores resultados, transmitiéndole al resto de los ciudadanos la idea de que sin dinero no hay justicia. 

Entonces, con un gobierno pasivo ante el ascenso de la cultura del narcotráfico, y con una Justicia que no funciona, no es de extrañar que el pacto de protección entre ciudadanos y policías se haya roto, y que la gente no tema enfrentarse mano a mano ante los delincuentes, pues existe la sensación de que si ellos no aplican un castigo nadie más lo hará.

La pena de muerte para aquellos delincuentes peligrosos que propone Hofer parece ser una buena idea, pero hay que considerar dos cosas: (1) Este tipo de castigo debe ser aplicado por la Justicia, pues es fácil para un policía corrupto ejecutar a alguien, endilgarle crímenes que él cometió, y volver al ruedo en sus actividades delictivas. (2) Así como las bandas criminales o los narcotraficantes pueden llegar a merecer la muerte a manos del Estado, también los corruptos que arruinan el funcionamiento de las instituciones deben correr con igual suerte, pues así como las organizaciones criminales son nefastas para el ciudadano trabajador, también lo son aquellos que hacen funcionar al crimen organizado.

Pablo Ulises Soria

Las palabras y los cosos

La mordaza

Últimamente en Salta el lobby gay o cabildeo elegebetista ha estado operando violentamente y con la cooperación de la casta politiquera local para imponer su agenda. Primero fue ex-Rodrigo “Victoria” Liendro el que propuso conseguir la igualdad de los sexos a través de la intervención estatal en el ámbito económico, y después fue “Gabriela” Dagum quien adquirió un simbólico poder de policía al ser incorporado al cuerpo de inspectores de tránsito de la Municipalidad capitalina.

Muchos salteños reaccionaron ante estos episodios indicando que no es lo mismo pedir ser respetados como minoría a querer imponer sus puntos de vista como verdades dogmáticas al resto de la sociedad. Esa gente amante de la verdad fue acusada de fomentar la “transfobia”, por lo que se sugirió que sean amordazados para que no sigan “contaminando” a las mentes vírgenes.

Asco a lo aberrante

El término “transfobia” es confuso, pues antaño –hace apenas cinco años atrás– era clara la diferencia entre un transexual (alguien que se mutila o altera los órganos reproductivos para fingir ser miembro del sexo opuesto) y un travestido (un hombre o mujer homosexual que se viste con ropas propias del otro sexo e intenta efectuar gestos que no son los de su sexo). Hoy en día se pretende deliberadamente borrar la diferenciación entre un hombre mutilado y uno vestido de mujer, poniendo en igualdad de condiciones a travestidos y transexuales bajo la etiqueta genérica de “trans”, como si todo fuese lo mismo.

En muy poco tiempo los argentinos nos vimos bombardeados por un arsenal de conceptos tan novedosos como tramposos. Antes se hablaba de hombres y mujeres que buscaban a sus opuestos o que iban detrás de sus iguales, en la actualidad, en cambio, ese segundo grupo se ha diversificado hasta el infinito.

Lo que sucede, en realidad, es que se busca eliminar la idea de lo parafílico, esto es se quiere abolir la idea de que es una perversión sexual aquello que hace que el pene vaya hacia cualquier otro lugar en vez del lugar al que tiene por ir por naturaleza: la vagina. El plan es destruir la diferencia entre lo recto y lo desviado, entre lo ordenado y lo invertido, entre lo normal y lo aberrante, pues lo que se anhela es que el vicioso se equipare al virtuoso igualando hacia abajo (o sea prohibiendo la virtud para que el vicio reine).

Por este motivo en lugar de estar siguiéndoles el juego a quienes buscan ponerle un nombre nuevo al homosexual y a los demás pervertidos, lo mejor es comprender todas esas orientaciones como lo que son: una aberración. De esa manera la “fobia” recupera su significado: la “aberrofobia” es el rechazo a todo lo aberrante, lo cual es bastante natural y sano, ¿o hay alguien que quiera defender lo aberrante?

Y de hecho si: hoy en día hay muchos que quieren defender lo aberrante. Estos personajes son los “gays”, las “lesbianas”, los “bisexuales”, los “trans” y los “intersexuales”: el “Colectivo LGBTI” o el elegebetismo, una ideología política como lo es el marxismo, el liberalismo, el fascismo o el sionismo. Mientras que los marxistas hacen de los pobres el Sujeto de la Historia, los liberales le dan ese rol al rico y los fascistas a la clase media. El sionismo, por su parte, se nutre de ricos, pobres y clasemedieros, siempre y cuando estos satisfagan una condición: ser étnicamente judíos. Pues bien, los elegebetistas son como los sionistas en este sentido: no importa ser rico o pobre para jurarle lealtad a la bandera del arco iris, lo que importa es ser homosexual o, al menos, tener una sexualidad desviada. Y así como los sionistas descalifican a sus críticos con el mote de “antisemita”, los elegebetistas hacen lo mismo sólo que aplicando una mayor creatividad: “tránsfobo”, “homófobo”, “lesbófobo”, etc.   

Ahora bien “fobia” proviene del griego “phobos” que quiere decir miedo, por lo que las fobias son, por definición, miedos irracionales. Pero la “aberrofobia” no es ni un miedo ni una irracionalidad. Es una emoción, claro, pero que resulta ser completamente natural, normal y saludable. Los parafílicos o aberrados (entre los que se encuentran los homosexuales) son enfermos. Es difícil saber si la enfermedad que padecen es psicológica o biológica, ya que globalmente los más interesados en averiguarlo son esos países africanos o asiáticos que cuentan con escasos presupuestos para investigar científicamente el origen de este mal. En el resto del mundo el lobby gay ya triunfó, por lo que no sólo no se puede criticar a la aberrosexualidad sino que además se debe pagar algún tipo de precio por hacerlo.

Entonces el escenario parece sencillo de comprender: si queremos acabar con esta enfermedad se debe, por un lado, empezar a compadecerse de los aberrados (no basta con eso de no entrometerse mientras la privacidad se imponga, puesto que lo privado hoy casi no existe en un mundo de cámaras de vigilancia, Internet y chips inteligentes), y evitar que la ideología elegebetista triunfe y eleve sus tergiversaciones a la categoría de dogmas.

Anticipada la conclusión de este ensayo, en lo que queda del texto me dedicaré a clarificar los conceptos de “travesti” y de “transexual” para ayudar a los lectores a evitar caer en trampas lingüísticas en el futuro.

Travestis

El travestido no es más que un homosexual grotesco, que llega hasta esa situación a causa de su situación social. Es decir, en una familia pobre hay un joven que es homosexual; pues bien, este muchacho no puede manifestar su enfermedad con la misma libertad que lo hace alguien de clase media o alta, ya que la moral del espacio social en el que habita es más comunitarista (o menos individualista) que la de otros espacios en los que se concentran los más acaudalados de la sociedad, debido a que, hoy en día, la profundidad de la vida privada está determinada por la cantidad de dinero con la que se cuenta para distanciarse del resto de las personas. Entonces, para proseguir con su desviación, el homosexual pobre se ve obligado a vestirse de mujer y adquirir hábitos y gestos femeninos, ya que esa “metamorfosis” hace más tolerable su homosexualidad ante sus pares. Y como estos travestidos suelen ser económicamente exitosos en el ámbito de la prostitución o de la estética femenina, pronto se convierten en pilares familiares, contribuyendo a la manutención de sus padres, abuelos, hermanos o sobrinos.

De allí que –como bien lo ilustra el travestido Roberto Carlos Trinidad, alias “Florencia de la V”– estos hombres quieran ser reconocidos como plenas mujeres, ya que lo que les importa es ser aprobados en su rol de jefe de familia, siendo fieles al modelo tradicional de la institución familiar que interiorizaron en sus infancias. No es que estos hombres se sientan realmente mujeres, el tema es que estos hombres quieren ser considerados mujeres para convencerse de que han logrado realizarse en la vida, después de haberse impuesto ante un escenario hostil que en un principio los rechazó pero que a la larga terminó aceptándolos.

Transexuales

Ante el travestido, entonces, no se puede manifestar “transfobia”, dado que, como mucho, alguien que los discrimine debería ser tratado de “homófobo”. Hoy por hoy en la Argentina el número de travestidos es más alto que el de transexuales, más que nada porque homosexuales pobres son muchos y gente con el deseo de mutilarse son más bien pocos, pero no sería de extrañar que los travestidos quieran transexualizarse, dado que, al fin y al cabo, el elegebetismo en la Argentina no para de avanzar con la complicidad de los medios masivos de comunicación y con la de los que controlan los poderes legítimos del Estado. En los próximos años podría darse una epidemia de penes cortados y allí si el término “transfobia” será más utilizado que ahora.   

La “transfobia” es, puntualmente, el sentimiento natural de repulsión ante los hombres que se han cercenado el pene o ante las mujeres que han hecho lo mismo pero con sus senos para –junto a otras cosas– “cambiar de sexo”. El sexo de cada uno está determinado por los propios cromosomas, así que el llamado “cambio de sexo” en realidad no produce ningún cambio real de sexo. Sólo sirve para transformar a un hombre mutilado en el simulacro de una mujer, y a una mujer mutilada en el simulacro de un hombre.

Los “cambios de sexo”, por ende, se revelan como fútiles, ya que no existen procedimientos quirúrgicos para alterar los cromosomas. Uno sólo puede masacrar el propio cuerpo y llenarlo de drogas para parecer alguien del sexo opuesto. Y cuando muchos transexuales finalmente comprenden el horror de haberse sometido a ello, terminan por matarse ellos mismos (sería bueno que se difunda la tasa anual de suicidios de aberrosexuales en nuestro país para empezar a discutir seriamente sobre el tema).

La repulsión hacia un transexual, normalmente, no está basada ni en la “ignorancia” ni en la “maldad” como sostienen los progresistas, sino en la mera y simple simpatía. Cuando una persona sana encuentra a otra adolorida, experimenta el horror pues llega a sentir el dolor de los otros (ello es literalmente la simpatía: sufrir con otros). Yo amo mi cuerpo, y la idea de ver mis órganos mutilados me llena de horror. Y cuando alguien ve a alguien que se causa a si mismo daño, es natural sentir enojo junto al horror, ya que se trata de una situación que no debería de ocurrir. El que se lastima a si mismo, también lastima a los demás. Por eso los tatuajes a muchos nos generan sentimientos de pena y repugnancia: son marcas absurdas e innecesarias, propias de alguien que se odia a si mismo.

La gente que no siente simpatía con aquellos que se han mutilado a si mismo están, muy probablemente, enfermos. Carecen de la elemental simpatía ante el dolor ajeno, incluso no sería raro enterarse de que sienten placer al ver a alguien sufrir.

Lo primero que una persona sana piensa ante alguien que se autolesiona es que ese alguien “está loco”. Eso quizás parezca que es un juicio apresurado y malicioso de esas personas, pero al preguntarle a un transexual la evaluación se confirma: ellos dicen ser hombres atrapados en el cuerpo de una mujer o viceversa. Así que el auténtico asunto aquí no es si los transexuales sufren o no de una enfermedad mental –la cual, por cierto, ellos admiten sufrir– sino cuál es el mejor tratamiento que se les puede dar para acabar con su sufrimiento. La mutilación, evidentemente, no es una cura para la enfermedad mental, sino otro síntoma de ésta.

Si un hombre piensa que es Jesús, no se lo crucifica. Si un hombre piensa que es Napoleón Bonaparte, no se lo corona emperador. Si un hombre piensa que es una mujer, ¿por qué hay que seguirle la corriente? ¿No debería dársela algún tipo de ayuda para que retorne al mundo real, como se ayuda normalmente a las anoréxicas a dejar de hambrearse voluntariamente y sin un justo motivo? ¿Y desde cuando es consistente con el Juramento Hipocrático para un doctor mutilar un cuerpo sano y convertirlo en una parodia del sexo opuesto?

Ante los transexuales siento repugnancia pero también compasión. Pero los que me causan indignación son aquellos que los fomentan y explotan. ¿Entonces que habría que hacer?

Primero y principal habría que decir “no”. Toda sociedad decente debe asistir a su población para ayudarla a preservar su salud física y mental. Cuando alguien es un caso psiquiátrico, esa persona no puede tomar decisiones responsables por si misa. Así que una sociedad decente ejercita la tutoría sobre el mentalmente enfermo. Y el interés principal del enfermo es el curarse del mal que lo afecta, no profundizar su estado. La compasión y la responsabilidad nos obliga, entonces, a decir “no”.

En segundo lugar la mutilación de cuerpos sanos es contraria a la profesión médica. Por tanto aquel galeno que genera operaciones de “cambio de sexo” debería ser sancionado primero, y expulsado del mundo de la medicina después. La mutilación genital debería estar prohibida en todas sus formas.

Y en tercer lugar debemos mantener un sentido de la perspectiva. Yo no odio a los transexuales. Los transexuales no son malignos ni amenazantes. Son gente enferma que debe ser curada, no odiada ni dañada. Los aberrosexuales, por su parte, son esa gente enferma engañada por otros para que se enorgullezcan de su condición sexual en lugar de sentir el natural dolor y la entendible vergüenza que provoca llevar una vida en la que se cultivan sus prácticas sexuales aberrantes 

Los agentes del mal son aquellos que explotan a estos desafortunados para obtener una ganancia: los cirujanos que alteran cuerpos por dinero y los progresistas que utilizan a los aberrosexuales como armas de la diversidad y la ilustración –demostrando así que sus enemigos no son la injusticia o la desigualdad, sino la naturaleza, la salud y la sanidad. Ninguna sociedad debería consentir ser gobernada por estos monstruos.  

Antonella Díaz

Tucumán: votos del siglo XXI, elecciones del siglo XIX

Deseos electrónicos

En el año 2006 Tucumán reformó su Constitución Provincial. La Convención Constituyente que llevó a cabo esa tarea estuvo constituida casi en su totalidad por políticos leales a José Alperovich. La orden que tenían esos personajes era manipular la letra del texto constitucional para permitirle al hebreo gobernador no una sino dos reelecciones; después el resto de la Constitución Provincial casi no importaba: había que rellenar los artículos con conceptos que parecieran novedosos y futuristas, para justificar de ese modo el exabrupto de una reforma innecesaria. Gracias a ese enanismo mental tan típico de los políticos argentinos, la provincia introdujo así el voto electrónico, pues los cerebros luminosos que rehicieron la Carta Magna tucumana supusieron que el concepto sonaba vanguardista.

Pues bien, pasaron ocho años desde que la Constitución Provincial entrara en vigencia y, sin embargo, el voto electrónico aún no se ha materializado en Tucumán. A raíz de ello este mes se insertó al tema en el debate público. Fue Domingo Amaya, el Intendente de San Miguel de Tucumán, el que sugirió que en el 2015 los tucumanos deberían emitir sus votos de manera electrónica, pues ello fortalecerá “la democracia y la transparencia”.

Lo cierto es que Amaya quiere ser candidato a gobernador el año próximo, por lo que entiende que el aparato pejotista fraguará sencillamente las elecciones si no cambian cuanto antes al sistema de votación. No nos olvidemos de que él es un miembro de la pandilla gobernante, y por tanto habla con conocimiento de causa. José Cano de la UCR, Ricardo Bussi de Fuerza Republicana y Roberto Ávila del PRO le reprocharon ello al Intendente: tras haberse beneficiado de los trucos electorales actuales, recién ahora pretende Amaya más transparencia.

La negativa

Para contestarle a Amaya, el Gobernador Alperovich señaló que él está de acuerdo en implementar el voto electrónico, pero agregó también que la Junta Electoral Provincial deberá analizar el tema, ya que entiende que el sistema no es barato. En 2010 Alperovich había dicho algo parecido al manifestar que, por el elevado costo, en 2011 no se aplicaría el voto electrónico. Ante esa excusa, los amayistas le respondieron al mandatario que “la transparencia no tiene valor”. De todos modos se entiende cuál es la lógica detrás de lo que dice el padre de Sara y Gabriel: montar las urnas electrónicas en toda la provincia equivaldría a invertir una suma similar a la que el PJ gasta en materia de dádivas clientelares en cada elección, por lo que o es lo uno o es lo otro.

Siguiendo ese razonamiento, algunos alfiles alperovichistas salieron a rechazar la idea del voto electrónico: Jorge Gassenbauer, Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, dijo que desconfía del poder revolucionario del nuevo sistema, y hasta se mostró partidario de las papeletas por amor a lo folklórico; el Diputado Nacional Alfredo Dato, menos energúmeno para argumentar, indicó que el voto electrónico no es confiable por su facilidad para ser adulterado, y sugirió que en lugar de debatir sobre su implementación se debata sobre la utilización de boletas únicas.

José Páez, Legislador Provincial por la Democracia Cristiana, intentó polemizar contra Dato, pero perdió el hilo de la discusión: si bien acertó al recordar que Dato –cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán– validó el clientelismo que naturalizó la vigencia del penoso “voto cadena” en la provincia, terminó desbarrancando al asociar al reclamo popular de transparencia, eficiencia y precisión para contar los votos a la implementación del voto electrónico. 

Mentiras salteñas

En medio del debate, la gente de La Gaceta hizo algo que de tan insólito suena a malintencionado: buscó la opinión de un experto, pero en lugar de contactarse con, por ejemplo, Beatriz Busaniche, publicaron una apología del voto electrónico escrita por Samira Saba, una mujer que brinda servicios informáticos electorales en la “hipertransparente” República Bolivariana de Venezuela. 

Y, para agregar mayor leña al fuego, los del diario entrevistaron a Miguel Isa, el Intendente de Salta. Isa sostuvo con un total convencimiento que, junto a la celeridad para divulgar los resultados de las elecciones (celeridad que es más un reclamo de los políticos ansiosos por apropiarse del Estado que de la ciudadanía resignada que los elije), el voto electrónico anula toda posibilidad de fraude. Y esa afirmación temeraria fue acompañada de una prueba: la victoria electoral del Partido Obrero en la capital salteña en las últimas elecciones de 2013.

Empero esto es una clara afrenta a la inteligencia. Los resultados de las elecciones de 2013 no son testimonio de que el fraude (que es el mayor peligro del voto electrónico) no se haya impuesto. De hecho la evidencia hace pensar que es todo lo contrario.

Es sólo cuestión de analizar los datos. En 2013 en Salta hubo dos elecciones: una nacional y otra provincial. En las primeras, Evita Isa –la candidata oficialista e hija de Miguel Isa– terminó detrás de los candidatos del romerismo y del altamirismo, y apenas arriba de la candidata del olmedismo. Allí el sufragio fue con las papeletas tradicionales. Sin embargo en las elecciones provinciales desarrolladas al mes siguiente, el voto electrónico apareció en escena. ¿Resultado? Sorpresivo triunfo del PO, pero cómodo segundo lugar para la lista del PJ, que superó con un amplio margen al romerismo y al olmedismo. ¿En menos de 30 días el votante salteño pasó de desaprobar a Isa a validarlo? ¿El romerismo sumó lo suficiente en la ciudad como para hacer triunfar a sus candidatos a Diputado Nacional y a Senador Nacional pero ni los Diputados Provinciales, ni los Concejales, ni el Senador Provincial sedujeron lo suficiente como para retener esos votos? ¿El PO, una fuerza política violenta y contestataria pero en el fondo inofensiva a causa de su imposibilidad para conquistar el poder por falta de apoyo popular, creció en pocos días porque la gente se radicalizó con ellos o porque al oficialismo que se sabía derrotado antes de comenzar le convenía tener de opositor a unos cabezas huecas incendiarios que jaqueasen menos su hegemonía que el romerismo o el olmedismo? Las preguntas parecen contestarse solas.     

Los ilusos y las ilusiones

Osvaldo Jaldo, Regino Amado, Sergio Mansilla y muchos otros alperovichistas leales repitieron la misma cantinela: ninguno está en contra del voto electrónico (pues ello los haría ver como retrógrados) pero tampoco están a favor de apurar su implementación (ya que son expertos para manipular papeletas y todavía no recibieron la correspondiente capacitación para hacer lo mismo con las computadoras). Estos abridores de Sésamo no tienen la capacidad intelectual ni la preparación académica para dar razones que justifiquen su negativa a la adopción del voto electrónico, por lo que sólo se limitan a manejar excusas simplistas como la falta de presupuesto o el deseo de evitar el impacto tecnológico negativo en una población que no sabe ni usar un cajero automático y que ahora se la obligaría a elegir autoridades con una máquina. Es por eso que sus opositores le ganan tan sencillamente el debate: ellos hasta se dan el lujo de asegurar que el reclamo por el voto electrónico no es una treta política para cortarle las garras al clientelismo de Alperovich, sino que es la mera solicitación de que se cumpla con lo que está escrito.  

Al escepticismo de Dato, Julio Saguir –actual Secretario de Gestión Pública y Planeamiento– le agregó una observación más que pertinente: en la democracia lo que importa es el derecho a voto, no el modo en qué este se hace. El voto electrónico es sólo un instrumento que satisface un derecho, y no hay evidencia de que éste sea mejor que otros instrumentos similares.

Evidentemente desde unas pocas mentes oficialistas surgen las mejores argumentaciones en el debate sobre la adopción o el rechazo del voto electrónico. De todos modos la voz de esos sujetos es casi inaudible, pues los demagogos de todos los ámbitos de la partidocracia (especialmente los de la oposición) quieren que la magia “tecnológica” penetre en los cuartos obscuros. Su escaso conocimiento de la democracia o de la tecnología y su enorme ambición de poder los hace equivocarse con tanta certeza.

El tema de fondo es aquí la tecnología. La palabra “tecnología” está vinculada en el habla cotidiana a los procesos de investigación y desarrollo, vale decir a la cultura científica. Una cuchara o una escalera son objetos tecnológicos, pero en nuestros días esa palabra se aplica fundamentalmente para referirse a todo aquello que emana desde algún laboratorio –público o privado– y llega a la vida cotidiana para modificarla –ya sea de modo profundo o superficial.

Esa unión entre la ciencia y la técnica que trastoca los modos en los que habitualmente se desenvuelve la vida es percibida, desde la perspectiva cotidiana, como un signo de modernización. Y lo “moderno” se interpreta aquí como un sinónimo de lo “novedoso”, lo que muchas veces es juzgado como lo mejor, alentándose con ello la idea (a nivel del discurso popular) que lo que el presente oferta como lo nuevo es el fruto de un progreso triunfante que nace de la optimización de la vida social.

La crítica a la idea de Progreso no es algo que el imaginario popular tenga demasiado interiorizado; por el contrario, la relación entre tecnología moderna y progreso social parece ser inquebrantable en la mirada popular, y más en un país como el nuestro que vive de crisis en crisis, o sea entre el más brutal de los estancamientos (que da la impresión de ser un “atraso”) y el más tenue de los desarrollos (que es percibido como un “salto adelante”). Las innovaciones tecnológicas tienden a introducir mayor orden, mayor regularidad, mayor sistematización y mayor control sobre algo (por ejemplo un walkman daba un acceso mucho menos controlable y ordenado a la música del que puede dar un reproductor de MP3), por ende, desde la perspectiva que vengo señalando, quien posee la novedad ha hecho más confortable su discurrir cotidiano, lo que implica una mejora sustancial en su calidad de vida. De allí que todo lo que incluya electricidad, automatización y materiales sintéticos (desde juguetes para niños hasta edificios o urnas) sea comprendido como un agente del cambio social.

Ese optimismo ante la novedad tecnológica –sumado al hecho ya apuntado de que lo tecnológico es percibido como algo que proviene del trabajo de unos expertos desde laboratorios o espacios similares– termina por dibujarnos a las tecnologías como cajas negras (o sea objetos cuyo origen se conoce vagamente y cuyo funcionamiento se ignora casi completamente) que tienen el poder irresistible de transformar a la sociedad. 

La verdadera caja negra

Lo que en la actualidad es una caja negra es el Estado argentino. El voto electrónico vendría a representar simbólicamente la introducción de la tecnología optimizadora en el mundo corrupto de la política: si la voluntad popular se cumple desde el momento mismo de la elección, ¿cómo podría el gobierno de los electos defraudar a quienes lo votaron? El voto electrónico parece ser la llave de un futuro promisorio, pero lejos está de serlo.

Más allá del fraude electrónico, el problema aquí es que se sigue viendo a la democracia como la capacidad de elegir cada cierta cantidad de años a aquellos que van a esclavizar a la ciudadanía. En la población de Argentina no existe la idea de que el Estado (y por tanto todo aquel que trabaja allí) está al servicio del ciudadano. Aquí se piensa lo contrario, por ello los drones, el DNI con chip inteligente o el escáner de huellas digitales para hacer las compras en el supermercado encuentran tan poca resistencia, pese a ser terribles atropellos en contra de los derechos individuales.  

El voto electrónico no es más que un paso hacia el “gobierno electrónico”, lo que no equivale a aproximarse al “gobierno abierto” en el que el ciudadano utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para cogobernar, sino que más bien significa que el Estado penetra con mayor fuerza en la vida privada y nos manipula a su gusto, mientras nosotros observamos todo desde afuera sin comprender demasiado qué es lo que realmente sucede.

Francisco Vergalito 

Marcelo contra Marcelo

Circo clausurado

Un megaoperativo encabezado por la AFIP en Orán dejó al descubierto el lamentable estado en el que la corrupta dirigencia política ha sumergido al norte salteño. Acompañada por la Policía Federal y por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos allanó una veintena de edificios, entre los que se incluían discotecas, radios FM, domicilios particulares y prostíbulos disfrazados de karaokes. Las irregularidades fueron incontables: la mayoría de los locales investigados no tenían comprobantes de facturación, ni el CUIT activo, ni registro alguno de haber presentado las correspondientes declaraciones juradas. Estaban fuera del sistema fiscal, evadiendo impuestos en cifras millonarias, y sin interés alguno de garantizar las condiciones mínimas de seguridad ciudadana ni de higiene pública –puesto que eran ajenos a las inspecciones municipales.

Junto a la emboscada a los empresarios que, a través de discotecas y radios, explotan la diversión nocturna sin retribuirle casi nada al Estado, se visibilizó –al menos tenuemente– al gigantesco negocio de venta de drogas ilegales y prostitución que funciona en Orán.  

El día después o el preocupante ahora

Roberto Meri, suegro del Senador Provincial Pablo González, fue el principal perjudicado por la acción estatal. Este sujeto manifestó que le desagradó “el circo” montado para realizar los operativos: es que durante la noche de la razzia, la ciudad de Orán se encontró militarizada por la enorme cantidad de vehículos policiales y efectivos de las Fuerzas de Seguridad que cortaron calles y ocuparon edificios en horas de la madrugada. Dado que la zona se encuentra clasificada como “peligrosa”, los policías optaron por ir lo suficientemente equipados para entrar en acción si encontraban algún tipo de resistencia armada.    

Pero Meri no fue el único afectado. Entre los otros que tuvieron que tolerar el control sorpresivo de la AFIP se encontraba Marcelo Astún, actual Diputado Provincial por Orán y socio de su hermano Gustavo, empresario del rubro de la diversión nocturna en el norte salteño.

Transcurrido el vendaval, el Partido Obrero elevó un pedido de informes en el Concejo Deliberante oranense para que se explique cómo es que las discotecas cuentan con habilitación para funcionar pese a ser incapaces de aprobar los controles de Defensa Civil, y para que se indique cuánto dinero municipal va a parar como pauta oficial a las arcas de las radios investigadas por la AFIP. Lo que se sospecha es, incluso, que gracias a la diversión nocturna oranense habría un mecanismo de lavado de activos, a través del cual el dinero del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de animales y del contrabando comercial se legalizaría para circular sin problemas dentro del país.  

Astún y/o Lara Gros

Marcelo Astún declaró que la AFIP llegó hasta él como parte de una venganza por haber denunciado que el Mercado de Abasto de Orán evade millones de pesos diariamente, gracias a que estaría articulado con el negocio de los bagayeros (trabajadores que pasan mercadería a pie a través del límite argentino-boliviano).

Esta denuncia de Astún no es más que un tiro por elevación al Intendente de Orán, Marcelo Lara Gros –personaje al que se alió circunstancialmente en 2013 por ser ambos oficialistas, pero contra quien mantiene una vieja lucha por el poder. En efecto, después de mucho batallar, Lara Gros consiguió tejer una alianza con los bagayeros, que resulta muy beneficiosa para ambos.

El escenario en Orán, entonces, se vislumbra como patético: de un lado Astún y su vínculo con el sospechoso mundo de la diversión nocturna, y del otro lado Lara Gros y su pacto con los que se aprovechan de los agujeros fronterizos. En el medio, el ciudadano oranense que carece de trabajo legítimo y se ve acosado por la droga, la prostitución y la delincuencia (marginal y de cuello blanco).

FUENTE:

Repercusiones del holocausto palestino en Tucumán

La opción por la sangre

Julio de 2014 fue un mes aciago para la humanidad. Varias tragedias ocurrieron en esos treinta días, siendo la del ataque israelí a la Franja de Gaza la más penosa de ellas. Con la excusa de combatir contra Hamas, el Estado de Israel se dedicó a destruir edificios, asesinando cruentamente a más de mil personas (la mayoría de las cuales eran meros niños).

Pues bien, ese acto de barbarie criminal no ocurrió sin generar respuestas alrededor del mundo. Muchísima gente se pronunció a favor de la justicia, es decir en contra del sionismo de Israel. Sin embargo los sionistas israelíes también tuvieron sus defensores: gente dispuesta a apoyar a la carnicería humana.

En Argentina la minoría pro-genocidio se hizo presente y, sin ningún pudor, hasta hizo pública su posición. No tenían ninguna necesidad de defender a Israel y menos a los violentos sionistas, no obstante lo hicieron con total convencimiento. Cansados de ver que los argentinos –al menos en este asunto– están mayormente del lado de la verdad, sintieron la necesidad de expresar su apoyo por la demolición, la mutilación y el homicidio, especialmente por el homicidio de niños.

Los amigos de lo horroroso

Tucumán, claro, no fue la excepción en eso de querer justificar los delitos de lesa humanidad. El viernes 25 de Julio, varios miembros de la comunidad judía local organizaron un acto pro-Israel en la Plaza Independencia de la capital provincial. El número de la convocatoria no resultó despreciable, lo que da a entender que en la ciudad es bastante grande la cantidad de apologistas del genocidio; incluso es probable que éstos sean más numerosos que los supuestos antisemitas que, según la DAIA, residen en la ciudad.

Durante ese acto, al que asistí como observador externo, los oradores pro-genocidio fustigaron al gobierno nacional por no darles apoyo en su tarea aniquiladora. También criticaron a la prensa por no emplear el mismo vocabulario lleno de eufemismos que ellos emplean para justificar las matanzas. Aparentemente les molestaba que el resto del mundo no piense con la claridad con la que ellos piensan, les fastidiaba que exista tanta gente profundamente equivocada. El DAIA-Standartenführer Fabián Neiman, el mismo papanatas que validó la mentira que pretendía hacer pasar a un tercio de la población tucumana por antisemita, terminó pidiendo la resolución pacífica del conflicto por intermedio de la creación del Estado de Palestina, es decir abogando por la nefasta solución biestatal.

En esa oportunidad también se oyeron algunas quejas en contra de La Gaceta, verdadero núcleo de comunicación hegemónica en la provincia. Muchos de los concurrentes se quejaban de que habían enviado cartas de lectores para propagandear al sionismo al diario, pero éstas jamás fueron publicadas. Alguno, exaltado de tanta rabia sionista, sugirió hasta realizarle un boicot a ese medio, exhortando a los que publicitan en sus páginas a que se abstengan de hacerlo. Empero, en la realidad, La Gaceta ha mostrado una posición casi neutra en el asunto: por ejemplo el diario nunca publicó la convocatoria a una marcha en contra del genocidio realizada ese mismo 26 de Julio en la misma Plaza Independencia (sólo que en horas de la noche), y tampoco ha dado cabida a las cartas de lectores –numerosísimas, según me comentó alguien que trabaja allí– que día a día llegan hasta la redacción, escogiendo para la impresión solamente algunas pocas misivas que llaman a que los victimarios hebreos confraternicen con las víctimas palestinas bajo la bendición del Papa Francisco y cosas por el estilo. La única excepción a ello fue una carta publicada recién el 1º de Agosto, en la cual un grupo de asistentes al acto anti-genocidio (entre los cuales me incluyo) le recriminaban a La Gaceta la falta de difusión de una marcha que contó con decenas de adhesiones, y que hasta terminó con la intervención arbitraria de la policía local que se llevó demorados a dos participantes por usar petardos estruendosos y violar el Código de Contravenciones vigente.

Una apología del genocidio con olor a poder

La nota del exceso sionista en Tucumán la dio, como no podía ser de otro modo, la Senadora Nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del Gobernador de la provincia. Desde su página en Facebook esta mujer famosa por sus “deslices” verbales publicó una repugnante apología del genocidio.

Citó a Golda Meir: “Podemos perdonar a los árabes por matar a nuestros hijos. No podemos perdonarles por obligarnos a matar a sus hijos”. Además de ampararse en esa reflexión ominosa –que es filosóficamente igual a lo que dijo Ayelet Shaked sobre exterminar a las mujeres palestinas para que no engendren más terroristas–, habló de la historia de Israel con total inexactitud, y llegó a acusar a los palestinos de estar empleando imágenes de la más reciente guerra civil siria para hacerle creer al mundo que están viviendo un genocidio (¿acaso los sionistas saben algo sobre inventar genocidios?). Con esa epístola la Senadora pretende recobrar el apoyo de la comunidad judía, a la que había abandonado para adherir a la religión cristinista que, según temen los propios feligreses de esa secta, está llegando a su fin.

La palabra ausente en el discurso de Rojkés de Alperovich –y que fuese pronunciada hasta el cansancio por los sionistas que se juntaron en la Plaza Independencia– fue “terrorismo”. Un judío tucumano que ha hablado sabiamente del terrorismo es Simón Litvak, quien dijo: “Casi todas las religiones sostienen que uno puede tener ingreso al paraíso si siembra amor y hace buenas obras. Pero el terrorismo fundamentalista ha dado una vuelta de tuerca atroz a este concepto y cree que el ingreso al paraíso se gana con la matanza de inocentes”. Litvak, ciertamente, se refiere a los palestinos que no aceptan la esclavitud que les propone el sionismo, pero las palabras se ajustan perfectamente a quienes gobiernan Israel en la actualidad. El terrorismo fundamentalista y canalla de Israel ha asesinado en las últimas semanas a muchos hombres, mujeres, ancianos, ancianas, y, sobre todo, niños y niñas. Suponen que de ese modo allanan su camino al paraíso (terreno o celeste), creen que la sangre de los infantes y demás sacrificados para garantizar la seguridad de su nación complace a su dios, sea cual sea éste.

José Zaín el-Din Caballero 

La guerra en espera o sobre el tráfico ilegal de armas en la Frontera Caliente

Las clandestinas

En febrero de este año la Policía de Salta detuvo en Salvador Mazza a dos delincuentes que habían protagonizado un raid delictivo en la ciudad. El detalle más llamativo del caso fue que, para robar, los malvivientes emplearon subametralladoras. La prensa señaló que se trataban de Uzis, pero la noticia fue desmentida poco tiempo después: en realidad eran subfusiles FMK-3. La rectificación tenía por propósito calmar a la ciudadanía provincial, la cual, al enterarse de la noticia, se manifestó en las redes sociales sosteniendo que resulta profundamente preocupante que armas de guerra de origen extranjero lleguen a manos de delincuentes argentinos, ya que ello deja entrever que el hampa del país, al adquirir armamento militar, está elevando los niveles de violencia criminal a alturas inéditas.

La prensa adicta al gobierno pretendió ocultar el episodio indicando que los FMK-3 son de fabricación nacional y de uso común por parte de las Fuerzas de Seguridad argentinas, por lo que –según su hipótesis– esas armas habrían llegado a manos de la delincuencia gracias a algún policía corrupto que se las habría facilitado. Sin embargo, si se revisa la hemeroteca se encontrará que, en 2012, un joven fue detenido en la misma ciudad de Salvador Mazza portando, ahora si, una Uzi de procedencia extranjera.

De todos modos las subametralladoras no son las únicas armas que los policías salteños encontraron en el norte provincial en lo que va del año: en Payogastilla los vecinos se toparon con una granada, mientras que en Piquirenda, el allanamiento de una casa permitió el hallazgo de un arsenal, que hasta contaba con la presencia de munición antiaérea, la misma que se usa para derribar helicópteros. ¿Por qué hay armas de guerra circulando clandestinamente por Salta y el resto del Norte argentino?

El papel de Bolivia

El episodio de Piquirenda dejó en evidencia algo que normalmente se busca silenciar: el rol del Ejército de Bolivia en las operaciones de tráfico de armas en la Argentina. Esta vez las autoridades de esa institución tuvieron que admitir que algún tipo de responsabilidad tienen por el ingreso de material bélico en nuestro país, ya que varias de las armas incautadas en esa oportunidad tenían marcas identificatorias del principal cuerpo militar boliviano. 

En más de una ocasión se ha denunciado que Ecuador funciona como puerta de entrada a Suramérica de la inmigración internacional masiva. Gente de Asia, África y Europa desembarca casi sin ningún tipo de restricción en el pequeño país gobernado por Rafael Correa, y desde allí se traslada hacia el norte o hacia el sur del continente, aprovechando la debilidad de los controles fronterizos o la facilidad para atravesar ilegalmente algunas fronteras. Pues bien, mientras que Ecuador ha adoptado el papel de facilitador del ingreso de la inmigración ilegal al continente, Bolivia ha hecho lo propio con las armas.

En 2012, después de una infernal balacera en una ciudad boliviana protagonizada por narcotraficantes y hombres de la Fuerza de Seguridad de ese país, funcionarios de Morales se vieron forzados a reconocer que no ejercen demasiado control sobre la circulación de armas en su territorio. El dato relevante que fue aportado en esa ocasión es que la mayoría de las armas habrían ingresado desde Rumania e Israel. Sin embargo es obvio que hubo una manipulación de la información: la industria de armas de Rumania, que hace algunas décadas atrás llegó a ser una de las más grandes del mundo, hoy en día se encuentra reducida a su mínima expresión; es por ello que, en los últimos 15 años, Rumania no ha estado exportando armas de fabricación propia al resto del mundo, sino que ha estado funcionando como plataforma para triangular negocios.

El Caso Shimon Naor-Hershkowitz lo ilustra: un antiguo miembros de las Fuerzas Armadas israelíes, tras retirarse en su país, se reubicó en Rumania desde donde consiguió que muchas armas fabricadas en Medio Oriente llegasen con facilidad a destinos del Tercer Mundo. El diario israelí Haaretz, en un artículo de 2010, señaló la multiplicación de casos como el de Naor-Hershkowitz en los últimos quince años. De allí que las armas encontradas en Bolivia en 2012 no fuesen rumanas, sino que eran israelíes pero habían sido exportadas en una turbia triangulación con el país de Europa del Este. Por ello Bolivia puede darse el lujo de declarar “terrorista” al Estado de Israel: sus negociados con ese país no les exigen fingir la existencia de buenas relaciones.

Es el Estado boliviano el que invierte en armas, pero sólo un pequeño porcentaje de lo adquirido se queda en el país. El resto fluye con rapidez en todas las direcciones –excepto hacia el Oeste, en donde Chile se ocupa de restringir y complicar el acceso de lo boliviano a través de su frontera. Las armas que Bolivia envía al norte del continente, atraviesan diversos puntos de la frontera peruano-boliviana con enorme facilidad. Sin embargo es en Bolpebra –triple frontera norte de Bolivia– en donde operan los cárteles de narcotraficantes mexicanos y colombianos interesados en adquirir armas ilegales, y lo hacen junto a toda otra clase de sinarquías ocultas que se dedican a diversas actividades delictivas que van desde el comercio de niños hasta la colaboración con el terrorismo islámico. En ese sentido, Bolpebra es similar a Ciudad del Este en Paraguay.

Ahora bien, en Bolivia hay puntos claves en materia de tráfico de armas perfectamente identificables. Los mismos son Puerto Suárez en la frontera boliviano-brasileña (en donde son frecuentes los intercambios de armas por municiones, ya que en Brasil opera la Companhia Brasileira de Cartuchos, que es la fábrica más grande del mundo en su rubro), Villamayor en la frontera boliviano-paraguaya (en donde se suelen realizar trueques de armas por importantes cantidades de marihuana), y Yacuiba en la frontera boliviano-argentina (en donde, entre otras cosas, se ha vuelto habitual la permutación de armas por vehículos).   

Los inquietantes colombianos

   

El año pasado, en la capital de Salta, un operativo de la AFIP en contra de usureros se topó con cuatro decenas de armas y una importante cantidad de municiones. Algunas de las armas eran de guerra, algunos de los usureros eran colombianos.

En Salta hay una colonia muy grande de colombianos. Ricardo Moreno, Juez Federal de Catamarca, señaló que sólo en los departamentos del norte provincial se han instalado cerca de 2.000 personas provenientes de Colombia. Claro que no por ser colombiano se está necesariamente vinculado al mundo del delito, pero el número de personas de esa nacionalidad atrapadas en actividades delictivas en los últimos cinco años es asombrosamente alto. Y los delitos agotan casi todas las tipificaciones: hurtos, robos, homicidio, contrabando de mercadería, narcotráfico, estafa, lavado de dinero y, claro, tenencia ilegal de armas.

Lo curioso de los colombianos en Salta son sus pasaportes. Hay muchos que no tienen problemas en admitir que provienen de Colombia (durante el desarrollo de la última Copa del Mundo de Fútbol se los veía caminando con camisetas amarillas o reunidos en bares para ver los partidos), sin embargo los pasaportes de estos personajes los sindican como ecuatorianos, venezolanos o de otras nacionalidades. Y así como hay colombianos con documentación evidentemente falsa, también hay gente de otras latitudes (mayormente centroamericanos) que ingresan a la argentina con pasaportes colombianos, presuntamente falsificados.

Estos datos le fueron revelados a El Defensor del Norte Argentino por un miembro de la Gendarmería Nacional, al que, para proteger su integridad, llamaremos simplemente “El Informante”.

El destino del mal

Al consultarle al Informante sobre el destino de las armas ingresadas ilegalmente a Argentina, nos aseguró que son cuatro grupos los que se benefician del fenómeno del tráfico.

En primer lugar está el hampa nacional. Los maleantes, ciertamente, son los principales beneficiarios de la porosidad de la frontera Norte. A éstos les interesa adquirir especialmente las armas de calibres más bajos, útiles para realizar asaltos. Aunque hay algunos otros que buscan las armas de guerra, pues se dedican a atacar camiones blindados y ese tipo de objetivos que requieren de un poder de fuego importante para poder doblegarlo.

Junto a los delincuentes que acopian armas para usarlas para robos y ese tipo de delitos (el Informante nos habla de bandas con larga experiencia, muchas de ellas integradas por policías o gendarmes corruptos, algunas de las cuales protagonizan los hechos delictivos ellos mismos y otras sólo alquilan el armamento a quienes optan por el crimen), están las agrupaciones legales o semi-legales a las que también les interesa armar sus arsenales. En este caso ya no sería para atacar a los ciudadanos argentinos, sino para protegerse de posibles ataques externos. El Informante señala a los sindicatos, las barrabravas y ese tipo de organizaciones que cada tanto se ven involucradas en episodios que incluyen balazos. Aquí, según el Informante, se encontraría, por ejemplo, la Organización Barrial Tupac Amaru o la barrabrava de Atlético Tucumán. Estas agrupaciones, muchas veces, le facilitan el acceso a las armas –a través de la venta, el alquiler o la permuta– a gente interesada en delinquir. “Es un negocio extra” nos indica el Informante.  

Sin embargo, ante estos grupos tradicionales de delincuentes, resultan más llamativos los otros dos grupos que estarían equipándose con armas de fuego para sus actividades ilícitas, ya que, según el Informante, serían ellos los más interesados en poseer las armas más letales y dañinas (la munición antiaérea, la granada y la Uzi que mencionamos anteriormente): los narcos y las guerrillas.

En efecto, el Informante destaca que los narcos –gracias a que viven con cierta complicidad gubernamental, como lo probaría, entre otras cosas, el infame traslado del Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional de Salvador Mazza hacia Aguaray– no han tenido la necesidad de iniciar un enfrentamiento bélico contra el Estado argentino, como si ha sucedido en Colombia o en México. No obstante el problema es que aguardan el cambio de gobierno y la consiguiente reforma en materia de lucha contra el narcotráfico, lo que los obligaría a levantarse en armas. Por ello, como la hormiga de la fábula que trabaja pacientemente para estar preparada para tiempos difíciles, los narcos por estos días se estarían dedicando a equiparse para la guerra, acumulando armas de gran poder.     

Por otro lado el Informante también destaca a las guerrillas: “oficialmente en la Argentina no opera ninguna guerrilla, pero no sería extraño que súbitamente aparecieran”. Hoy en día, con el socialismo en el poder, encontrar una excusa para levantarse en armas es un tanto complicado. Sin embargo en la Argentina existen grupos que podrían estallar “ante la injusticia”: son los ahora llamados “pueblos originarios”.

En Salta, en particular, los aborígenes –en la provincia se usa más esa denominación que la de “pueblos originarios”– sufren no sólo de la marginación del sistema capitalista sino también de la manipulación por parte de toda clase de personajes, que van desde miembros del gobierno que los usan para sumar votos hasta las misiones de las iglesias anglicanas que los ponen en contacto directo con financistas de Londres, interesados en contribuir con el desarrollo de gente que vive sobre una zona rica en petróleo. En Salta los indios locales no tienen el nivel de organización que si tienen los mapuches en Chile, pero coinciden con éstos en que ambos son objeto de especial interés por parte de sinarquías ocultas y visibles de origen británico.

La importación nefasta  

Las guerrillas indigenistas, teoriza el Informante, tendrían por objetivo operar como pantalla para permitir que la ilegalidad de la frontera Norte siga intacta. Un experimento similar se estaría llevando a cabo en Panamá, más precisamente en la región de Darién. El epicentro de estos grupos sería Salta, pero podrían extenderse a otras provincias septentrionales del país.

Los aborígenes salteños se han mostrado predispuestos a protagonizar acciones de carácter guerrillero como los sabotajes: la destrucción de una antena de telefonía de la empresa Telecom o la voladura de una cisterna propiedad del empresario Franco Brunetti son sólo botones de muestra. El temor es que habría la intención de prepararlos para la realización de acciones más violentas como secuestros extorsivos, asesinatos políticos y operaciones de guerra psicológica. De ese modo actuarían como las FARC: con excusas ideológicas, colaborarían para que los narcos desarrollen sus actividades con menor presión. En materia de armas no habría problemas, ya que “mientras que la guerrilla del siglo pasado necesitaba asaltar cuarteles y comisarías para conseguir armamento, hoy en día es tanta la facilidad para obtener un arma en el mercado negro que lo último que se le ocurriría a alguien interesado en formar una guerrilla sería intentar un copamiento saqueador”. 

El Informante nos recuerda que Sergio Schoklender desarrolló un ambicioso proyecto de urbanización en el norte salteño. Antes de que Sueños Compartidos pudiera concluir con las obras que había iniciado, ya se rumoreaba que uno de los barrios que iban a construir se denominaría tarde o temprano “Pequeña Medellín”, puesto que albergaría, principalmente, a colombianos emigrados. No es un secreto el vínculo de Madres de Plaza de Mayo con los movimientos terroristas de América y Europa. Lo que se decía antes de la caída de Schoklender es que en un solo lugar se concentrarían gente de las FARC, Sendero Luminoso y otras bandas de esa calaña que saben mucho de hacer la guerra pero poco sobre vivir en paz. Al día de hoy, la “Pequeña Medellín” existe, sólo que no ha sido oficialmente erigida por Schoklender y, por tanto, se encuentra fragmentada y dispersa a lo largo y ancho del territorio nacional.

Ángela Micaela Palomo

El doble discurso

La falaz guerra de los sexos

En mayo del año pasado, el Gobernador Juan Manuel Urtubey anunció con bombos y platillos la incorporación a su administración de un travestido que dice llamarse Mary Robles. Se suponía que este hombre cobraría un sueldo del Estado para trabajar en beneficio del pueblo salteño. Así, lo primero que se le ocurrió a este iluminado fue la genialidad de pedir la revisión del Código de Contravenciones de la provincia para que los hombres travestidos pudiesen ejercer la prostitución en la vía pública sin ser importunados por la policía. Al final, unos meses más tarde, el propio Robles se desvinculó del gobierno, después de que los funcionarios urtubeycistas le negaran la chequera que creía que iba a poseer (aunque la excusa oficial fue que se sintió ofendido cuando una ministra le señaló a Robles que si quería que el Gobernador se reuniera con sus amigotes travestidos procurara evitar hacerlo partícipe de un corso carnavalesco). 

Pues bien, este año Salta no se privó de promover a un nuevo travestido al poder para que éste se encargue de sugerir ridiculeces. Me refiero, claro, a Rodrigo Liendro, un antiguo afiliado al Partido Socialista, que se incorporó al gabinete del Intendente de Salta en el rol de jefe de algo bautizado como “Dirección General de la Diversidad”: desde allí, lo primero que hizo este sujeto fue pedir la abolición de la entrada diferencial en los locales bailables de la capital provincial y su reemplazo por la entrada única. Es decir Liendro exige que hombres y mujeres paguen lo mismo para ingresar a una discoteca, buscando así eliminar la gratuidad de la que normalmente gozan las mujeres en la noche bolichera.

La idea de Liendro fue rechazada por los empresarios del rubro afectado, ya que la consideran una intromisión comunista en un asunto capitalista. Ellos declaran ser libres de imponer los precios que crean convenientes para asegurar la rentabilidad de su negocio. Para Liendro, en cambio, esa práctica es discriminatoria, ya que en su mente la caballerosidad “cosifica” a las mujeres. Las feministas se dejaron convencer por semejante imbecilidad, y por ello se pusieron del lado de Liendro.

De todos modos lo del Director Municipal de la Diversidad es patético, pues subestima a las mujeres. En efecto, alguien debería avisarle que la gratuidad de la entrada no es obligatoria, por lo que si una mujer se siente ofendida por ello nada le impide que desembolse el monto correspondiente en la boletería y “recupere” la dignidad que creyó haber perdido. Si las mujeres no lo hacen, no es porque sean esclavas mentales de una falocracia que hay que erradicar a fuerza de leyes represivas y lavado de cerebros, es porque, simplemente, deciden no hacerlo. La mayoría se manifiesta a favor de algo. Es la democracia en marcha, aunque le pese a Liendro.

Oportunismo

El origen de la propuesta de Liendro es el travestismo: en muchas discotecas dejan ingresar gratis a las mujeres, les cobran una entrada a los hombres, y a los travestidos les hacen pagar un par de pesos de más. Es la manera que un local bailable tiene de seleccionar a su clientela, haciéndole un favor tanto a los que convoca como a los que excluye. Pues bien, esta diferenciación de los clientes según su orientación sexual resulta aberrante para los elegebetistas, quienes sostienen que las personas somos todas iguales.

Con esa consigna del igualitarismo, los grupos de presión de invertidos consiguieron hace no mucho que se les levanten las restricciones a los homosexuales para donar sangre en algunas provincias, y estuvieron a punto de lograr que ello suceda a nivel nacional (debido a una ley que aprobó casi con unanimidad la Cámara de Diputados –Alfredo Olmedo se opuso a esa aberración– y que luego, gracias a Dios, durmió en los cajones del Senado de la Nación sin llegar a ser refrendada).

Ahora bien, mientras que los elegebetistas predican la igualdad en unos casos, ellos mismos se encargan de contradecirse en otros. Son escandalosamente incoherentes. Son tan burdos de hecho, que detenerse a ponderar lo que dicen con un mínimo de seriedad resulta una afrenta a la propia inteligencia; sin embargo la moda actual consiste en anularse el sentido común y cercenarse la capacidad de razonar para que se imponga la corrección política.

Y si a alguien le parece que lo que sostengo es errado, basta con recordar que en julio la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) le presentó a Matías Posadas, actual interventor del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, un proyecto en el que le demandan al Estado salteño la reserva de un “cupo gay” de las casas que construyen. ¿Acaso no es eso una avivada que perjudica a la mayoría a la que los homosexuales y demás ralea pretenden asimilarse?

La mente abierta y la cola cerrada  

En la Argentina, gracias a esas aberraciones jurídicas de la Ley de Matrimonio Homosexual y de la Ley de Adulteración de Género, los homosexuales son percibidos por el Estado como poseedores de idénticos derechos que los normales. Entonces si un hombre al que le gusta que le empepinen la retaguardia quiere una casa construida con dinero público, debe seguir con los mismos procedimientos que sigue cualquier otra persona (debe, ante todo, contraer matrimonio y anotarse en el padrón de solicitantes, ya que la prioridad en vivienda la tienen las familias). Esto, según parece, les resulta chocante a los elegebetistas, que son los mismos elegebetistas que quieren donar sangre e ingresar a discotecas de exactamente el mismo modo en que lo hace el resto de la gente.

Para acabar con este flagrante doble discurso –que lo único que busca es llenar de privilegios a una minoría y, al mismo tiempo, eximirla de sus obligaciones– es necesario que las leyes sancionadas en el último lustro sean severamente revisadas. Eso de permitirles a dos hombres o a dos mujeres casarse y adoptar hijos es un grave error. Sería bueno que alguna comisión especial parlamentaria, algún organismo del gobierno, alguna universidad o alguna ONG desarrolle una investigación detallada sobre el universo de las bodas gays. Es necesario que se nos informe a los argentinos sobre cuántas parejas de homosexuales homologó el Estado, cómo están conformadas dichas parejas, cuántos divorcios ya se produjeron, y datos de esa índole. No creo equivocarme al sostener que la información recabada nos sorprenderían un poco, ya que develaría de qué manera funciona la dinámica amatoria de los homosexuales (la cual es diferente de la de las personas normales), y que precisa, de un lado, de un régimen distinto al de la familia para ser regulada, y del otro, ¿por qué no?, requiere de un tratamiento adecuado para alcanzar su cura. Es así, ante la homosexualidad hay que mantener la mente abierta: hay que investigarla eludiendo los dogmas contemporáneos que buscan bloquear toda discusión acerca de su dimensión patológica, y hay que mantener la cola cerrada para que no se nos escape toda la mierda que pronuncian los que están a favor de esta lamentable violación del orden natural.   

FUENTE: