La decisión del Gobierno de Salta de que la religión siga siendo parte de la educación pública vuelve a generar polémica. Padres denunciaron
que, en una escuela del barrio Bancario, obligaron a sus hijos a
participar de clases basadas en temas católicos y a usar una remera
con una imagen de la Virgen.
Vecinos de la zona sur de la ciudad que pidieron no difundir sus
nombres relataron que no los dejaron decidir si sus hijos asistirían a
las horas de religión, elección que debería ser libre.
Un padre detalló que maestras de la escuela María del Rosario de San
Nicolás del barrio Bancario le dijeron que los chicos no pueden estar
ausentes de la clase.
“Me comunicaron que, si no estaba conforme con la materia, yo debía
mandar actividades relacionadas con el culto que profeso para que hagan
mis hijos en esas horas, pero que no podían dejar de ir”, señaló el
hombre, que no comparte la fe católica.
La religión forma parte de los planes de estudio en las primarias de
Salta. Sin embargo, y ante reiterados cuestionamientos, el Ministerio
de Educación sostiene que las familias pueden pedir que los chicos
salgan del aula y hagan tareas alternativas, como leer, cuando se
dicte esta asignatura.
La vicedirectora de la escuela María del Rosario, Elizabeth Pistán,
dijo a El Tribuno que no estaba al tanto de que algún alumno se
hubiera opuesto a estar en las clases.
Los padres también manifestaron que los niños de cuarto grado deben
llevar una remera con una imagen de la Virgen para hacer educación
física. “Nos dijeron que podían quedar libres si no se la ponen”,
aseguraron.
Sobre el reclamo por la vestimenta, la vicedirectora respondió que
“no fue tan terminante” la decisión de que la usen y que podía
modificarse el diseño.
Además de tener un nombre católico, la escuela muestra una gran
cantidad de símbolos relacionados con la Iglesia en áreas como el
patio.
En febrero, el juez Marcelo Domínguez prohibió imponer prácticas
católicas a los alumnos en establecimientos públicos. El magistrado
además pidió que la materia de religión se adaptara para respetar la
pluralidad de creencias.
Domínguez tomó esta decisión en respuesta al recurso de amparo que
iniciaron padres que consideran que enseñar religión en el ámbito público implica discriminar a los que no son católicos.
“Es habitual que el gobernador y su gabinete utilicen el derecho
para aparentar un respeto a la ley y después permitan, por acción u
omisión, que las instituciones provinciales incumplan leyes y sentencias
en una suerte de cinismo funcional”, opinó ayer Graciela Abutt Carol,
abogada que representó a las familias que iniciaron la demanda.
“En el caso de la sentencia que garantiza la libertad religiosa y
prohíbe las prácticas católicas en las escuelas públicas, existe un
muy dispar cumplimiento, sin que sea una preocupación de ningún
funcionario...”, expresó la letrada.
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