La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

martes, 7 de octubre de 2014

¿Cómo hace el caballito?

El delito y lo inapropiado

El video de un policía tucumano mofándose de un hombre esposado generó polémica. La prensa no vaciló en calificar de “torturas” a la acción policial videograbada una tarde de septiembre, sin embargo al imaginario popular argentino –adoctrinado con sesiones de La noche de los lápices– le cuesta interpretar al episodio como algo relacionado a las torturas. En efecto, para el argentino promedio, gracias a la persistente educación y propaganda dedehachehachista, la tortura es concebida como un acto maligno cuyo destinatario es un inocente, por lo que el espectáculo de un delincuente levemente maltratado lejos está de ser visto como tortura. La imagen que muestra el video es graciosa: el policía no parece escarmentar al malviviente de un modo perverso o malicioso, parece, más bien, un adolescente gastándole una broma a otro, como si fuese alguien ejecutando uno de esos pesados chascarrillos que los muchachos en edad escolar suelen idear sólo para grabarlos y subir luego las imágenes a YouTube.

En su momento el delincuente denunció penalmente a los policías, pero como su cuerpo no retuvo marcas de violencia, la Justicia optó por desestimar el asunto. Es que claramente el policía no intentó ajusticiar él mismo al maleante; de haberlo querido realmente, lo podría haber destrozado. Tampoco parece haber sido el caso de que el uniformado haya buscado aleccionar al ladronzuelo: dudo que el policía crea que, por zarandear un rato a un infeliz acostumbrado a reincidir, éste vaya a cambiar de mentalidad –él trata a diario con cretinos de esa calaña y entiende perfectamente como funciona el mundo de la calle. ¿Entonces?

Calculo no equivocarme al sostener que el policía “boludeó” al ladrón a causa del sentimiento de impotencia que lo acompaña. Seguramente no es la primera vez que el uniformado detiene a un delincuente culpable y ve cómo, en menos de 24 horas, el inservible retorna a las andanzas. De allí el comportamiento inapropiado (exageradamente tildado de “torturas” por los cagatintas de siempre) que el oficial manifiesta.  En 2010 la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán divulgó un informe que indicaba que mensualmente en las cárceles y comisarías tucumanas se denuncian un promedio de cuatro casos de tortura. Casi todas esas denuncias no son auténticas torturas sino mero comportamiento inapropiado del hombre de las Fuerzas de Seguridad responsable; esos zamarreos, esa imposición física de la autoridad, poco tienen que ver con esas escenas en las que un policía golpea, picanea o quema a alguien.

En la Argentina el delito de torturas está penado con condenas de ocho a veinticinco años de prisión. Las estadísticas que se registran sobre el tema tienen por protagonistas a policías y carceleros, pero nunca a delincuentes. ¿Acaso cuando un delincuente ingresa al hogar de una persona y la golpea mientras la desvalija no es una tortura? No para la Justicia argentina.

Sea como sea imputar por torturas a los policías por lo que hicieron con el detenido (actualmente la Justicia tucumana identificó a cinco uniformados como responsables) es claramente una absoluta exageración. Como mucho esos hombres merecen una suspensión temporal de funciones –con el correspondiente goce de sueldo–, para que al tiempo fuera de servicio lo empleen en algún tipo de clase o curso destinado a recordarles cómo tratar apropiadamente a un detenido. Un castigo mayor sería abuso de poder.  

Un castigo adecuado

El sistema judicial argentino es acusatorio, lo que significa que a un delincuente se lo imputa y se lo libera para que experimente en libertad el desarrollo del proceso judicial en su contra. Hay excepciones, por supuesto, pero la tendencia mayoritaria de los jueces es la de no retener al acusado, porque prácticamente todos los Códigos de Procesamiento Penal del país indican eso. Esto causa indignación en la gente, quien se convierte en víctima de un delincuente, eleva la denuncia y luego –muchas veces en un lapso muy breve– se encuentra compartiendo nuevamente el espacio público con quien la atacó.

El problema no es sólo que se obligue a la víctima a convivir con el victimario, sino que lo que de verdad preocupa es que los casos delictivos de menor gravedad suelen quedar impunes en la Argentina. Cuando nos enteramos que un juez en Catamarca condena a 16 meses de prisión efectiva a alguien por robar una botella de gaseosa y otra de fernet pareciera que se está aplicando la ley rigurosamente, pero lo cierto es que a ese delincuente le cupo esa condena por amenazar con armas de fuego, no por llevarse dos botellas. Si el sujeto se hubiese limitado solamente a sustraer las bebidas, hoy gozaría de la libertad.

¿Cómo impartir justicia y erradicar ese sentimiento de impotencia y miedo que sufre la gente honesta? La respuesta es tan simple que asusta pensarla: hay que descartar la doctrina de los Derechos Humanos que, desde 1983, rige en nuestro país como dogma de fe. Los DDHH son una doctrina ajena a las tradiciones legales, sociales y culturales argentinas, por ello su imposición en 1983 fue casi tan arbitraria como si se hubiese decidido declarar comunista al país.

Ciertamente la salida de la dictadura de los DDHH tiene que darse paulatinamente. Uno de los modos más productivos sería, por ejemplo, implantar el castigo físico judicial en contra de los delincuentes. Muchos países del Caribe (Barbados, Dominica, Bahamas, Trinidad y Tobago, etc), África (Somalia, Nigeria, Tanzania, Lesotho, etc) y Asia (Irán, Afganistán, Qatar, Singapur, etc) permiten los latigazos, bastonazos u otro tipo de flagelación contra quienes delinquen. En Argentina bien podría comenzar a aplicarse ese sistema, lo que habría que discutir es si conviene que sea complementario o supletorio de otras penas.   

El reflejo de la sociedad

El video de los policías comportándose inapropiadamente ante un detenido disparó una catarata de sesudas opiniones de escaso valor. ¿Por qué esas opiniones no aportan nada? Porque constituyen un mero linchamiento mediático a la policía.

En lo que va de octubre dos personas murieron en Tucumán baleadas por delincuentes, sin embargo la prensa local le dedicó mucho más espacio a la información sobre los policías del video. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo hacerle la guerra a la policía que a la delincuencia: el objetivo es más sencillo de identificar desde la comodidad de un escritorio y las consecuencias negativas de semejante acción son casi nulas. La idea de que los policías torturan porque eso “es una herencia de la Dictadura” se repitió hasta el cansancio, pese al pequeño detalle de que el uniformado que aparece en el video es un hombre de unos 30 años, que fue educado en la escuela y en la academia de policía por “la Democracia”. Álvaro Aurane, un periodista de La Gaceta, no tuvo mejor idea que vincular el acto de exceso policial videograbado con los defectos de la fuerza (concretamente señaló que la policía que se mofaba de un detenido era la misma policía que se había acuartelado en diciembre pasado, o la que contribuyó con la desaparición de Marita Verón o con el encubrimiento del homicidio de Paulina Lebbos). Y luego repudió el hecho de que mucha gente se haya alegrado por ver el suplicio que fue obligado a padecer el delincuente.

La opinión de Aurane es la opinión del típico opinólogo que tiene respuesta para todo pero iniciativa para nada. Vale preguntar: ¿acaso Aurane está dispuesto a contribuir con la seguridad con algo más que el mero parloteo insustancial? ¿Acaso los que se horrorizaron e indignaron con lo que hicieron los policías alguna vez harán algo más que quejarse de los guardianes del Orden?

Ya lo he señalado en otras oportunidades: uno de los mayores problemas de la policía argentina actual es la calidad humana de sus miembros. Lo mismo pasa con las escuelas: antaño, cuando las maestras eran las hijas de las familias más sólidas, la educación nacional era otra historia; hoy en día esas mujeres son abogadas, contadoras, psicólogas, arquitectas, etc., pero no maestras, por ello los niños sufren las consecuencias. Lo mismo pasa con la policía: hoy en día hay una sobreabundancia de abogados, comunicólogos, pedagogos, sociólogos, filósofos, profesores de educación física, etc., que en otra época podrían haber devenido policías.

Y en caso de que se logre formar una policía de mayor calidad humana, la misma necesitaría, a su vez, de una organización interna, una disciplina de cuerpo y una preparación integral distinta a la actual. Muchos charlatanes le exigen “democratizarse” a la policía argentina, cuando lo conveniente sería lo opuesto: este país se ha venido "democratizando" desde 1983 y la decadencia nunca ha sido tan pronunciada, ¿queremos eso para nuestra policía? Evidentemente no: lo urgente es militarizar más al cuerpo de policía, militarizarlo no sólo para darle más capacitación para el combate contra la delincuencia, sino militarizarlo sobre todo para inculcarles el espíritu heroico y la entereza moral de los grandes guerreros argentinos. Si en este país hay muchos dispuestos a dar “la vida por el Modelo” pero llegado el momento no serían capaces ni de recibir un balazo por defender a la Patria, ¿cómo se espera que alguien busque hacer de la riesgosa defensa del Orden su vocación? Hay un asunto educativo íntimamente ligado al problema de la inseguridad que resulta ser una de las puntas del ovillo.

¿Cómo hace el caballito? Seguramente no del mismo modo en que relinchaban los corceles de quienes galopaban a través de los campos de batalla en donde se combatía por la Libertad. Ese es el sonido que la policía argentina debe anhelar oír.  



Pablo Ulises Soria