La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

lunes, 25 de agosto de 2014

Acerca del clima de violencia en Tucumán

La vocación de paz y la legítima defensa

Agosto fue particularmente violento en Tucumán. Dos casos policiales resonaron bastante: en uno, un hombre baleó a un asaltante que pretendía despojar de su cartera a su esposa; en el otro, un comerciante le disparó a un ladrón que ingresó en su propiedad a robar en medio de la noche. Rápidamente se impuso la figura de la legítima defensa para ambos casos, aunque fue más fácil probarla en el primero que en el segundo de ellos.

Junto con estos episodios, la Justicia tucumana informó que durante el mes se registró más de una decena de denuncias de delincuentes que acusaban a sus captores de haberlos maltratado. Lo destacable aquí es que esos supuestos maltratadores no eran policías, sino ciudadanos comunes. Así el fantasma de los linchamientos (algo que hace unos pocos meses atrás fue tema de discusión nacional) revivió en Tucumán.

Todo esto generó inquietud en las autoridades provinciales. Paul Hofer, el Secretario de Seguridad de la provincia, pidió que ante un delito flagrante la gente “por favor no intervenga, sino que acuda a la Policía y que llame al 911 para denunciar cualquier tipo de amenaza o sospecha que tengan”.

¿Pero que esperar de una población que perdió la confianza en el cuerpo de policía? El recuerdo de la huelga policial y de los saqueos de 2013 todavía está muy vivo entre los tucumanos: la gente se alteró tanto en aquella oportunidad, que entre diciembre y enero pasado la venta de armas legales a particulares se disparó hasta alcanzar cifras extraordinarias en la provincia. Y si a eso se le suma que hay un Legislador Provincial que recorre la capital entregando alarmas para que los vecinos de un barrio asistan a otros vecinos cuando estos se vean amenazados por algún peligro, entonces es sorprendente que la gente no haya liquidado a un número aún mayor de delincuentes. Si hoy escasean los cadáveres de maleantes abatidos es porque el pueblo tucumano manifiesta un gran deseo de vivir pacíficamente, pese a que los gobernantes provinciales y municipales poco hagan para satisfacer esta demanda.

La declaración de guerra

Pero no es sólo el ciudadano tucumano honesto quien se ha radicalizado en relación a la defensa de su vida y de sus bienes, también la policía local siguió ese camino. Lo ilustra el tiroteo en el paraje El Jardín: una banda de asaltantes que operaba en Tucumán y Santiago del Estero fue emboscada en su escondite, por lo que, al parecer, los maleantes habrían abierto fuego y la policía habría contestado las balas hasta conseguir ejecutar a los pistoleros.

Sebastián Herrera Prieto, un criminólogo y docente universitario, señaló que el operativo “fue una clara demostración de la incapacidad e inoperancia de nuestras llamadas ‘fuerzas de seguridad’ para conjurar hechos delictivos”. Según este teórico, la violenta manera de resolver el asunto y la homologación de dicho procedimiento hecha posteriormente por el Secretario Hofer es contraria a la doctrina de los Derechos Humanos.

Al difundirse la noticia, Hofer, temiendo que alguien pudiera criticar la acción policial, se congratuló por lo que hicieron los uniformados, pues, según él, éstos “desmembraron una banda muy peligrosa, integrada por gente absolutamente despiadada, sin ningún tipo de freno ante la vida”; y para rematar agregó que el hampa debe interpretar los hechos como “un mensaje: que la Policía va a hacer todo lo que sea necesario, dentro del marco del Estado de Derecho, para no permitir que los delincuentes ganen la calle”.

A Herrera Prieto las declaraciones de Hofer le sonaron como competencia: el funcionario, al tildar a los delincuentes muertos de ser gente “absolutamente despiadada”, es como que transformó al tiroteo en la condena de un juez que previamente había ponderado la evidencia y dictado sentencia en base a ella.

Hofer desestimó la acusación invocando la legítima defensa que le recomendó no ejercer a los ciudadanos de la provincia: “La Policía hizo el trabajo conforme lo establece la ley. Respondió a un nivel de agresión brutal donde estos delincuentes dispararon con armas de grueso calibre con punta de teflón, lo cual significa que pone en peligro la vida de los peatones y del personal policial”. Y fue más allá hasta declararle la guerra al crimen organizado, pues desde su perspectiva los derechos humanos de las víctimas deben ser protegidos a toda costa, incluso atropellando los derechos humanos de los victimarios. 

El verdadero enemigo

Hofer usa un lenguaje bélico. Se considera comandante en jefe de un ejército y su enemigo, al parecer, es el crimen organizado. Su plan es simple: quiere destruir a estos personajes. ¿Pero qué entiende Hofer por “crimen organizado”?

A primera vista, pareciera ser que la idea de “crimen organizado” de Hofer se circunscribe a esas bandas de asaltantes y secuestradores formadas por delincuentes de carrera y policías corruptos. Sin embargo el concepto de “crimen organizado” excede esa realidad: normalmente por “crimen organizado” se entiende a una asociación ilícita de delincuentes que tienen los elementos suficientes como para no ser perseguidos o castigados por su actividad criminal. A raíz de ello el combate contra el crimen organizado es altamente complejo, puesto que los maleantes cuentan con complicidades de las autoridades, pantallas legales y todo tipo de artilugios para delinquir sin encontrar demasiados obstáculos.

Por el contexto, creo que Hofer le declaró la guerra a las organizaciones criminales y no al crimen organizado, es decir el Secretario de Seguridad de Tucumán pretende ser impiadoso contra todos aquellos que operan desde las sombras sin procurar fabricarse estructuras que le den seguridad cotidiana. Esto parece una medida saludable, pero el crimen que más daño causa en Tucumán es el organizado, el cual, hoy en día, se nuclea en torno al narcotráfico y al comercio clandestino de armas. En efecto, los narcos alimentan por igual a ricos y pobres, generando desorden en todos los ámbitos y contribuyendo (junto al mercado negro de armas) al incremento de la violencia social. La acción gubernamental en contra de esta realidad no parece gozar del empuje que Hofer prometió aplicar en contra de las organizaciones criminales.

Al mal del narcotráfico y de la venta ilegal de armas hay que sumarle en Tucumán a la atroz impunidad. La Comisión de Familiares de Víctimas de la Inseguridad (CFVI) destacó que el mayor problema en la provincia no es la inseguridad, sino la falta de justicia que sufren las víctimas de la misma. El Poder Judicial es percibido por los ciudadanos tucumanos como una caja negra: de la enorme cantidad de denuncias que se reciben a diario, sólo una ínfima parte progresa, mientras que el resto va a parar a los archivos; las víctimas que cuentan con tiempo y demás recursos para presionar a los funcionarios judiciales son las que consiguen mejores resultados, transmitiéndole al resto de los ciudadanos la idea de que sin dinero no hay justicia. 

Entonces, con un gobierno pasivo ante el ascenso de la cultura del narcotráfico, y con una Justicia que no funciona, no es de extrañar que el pacto de protección entre ciudadanos y policías se haya roto, y que la gente no tema enfrentarse mano a mano ante los delincuentes, pues existe la sensación de que si ellos no aplican un castigo nadie más lo hará.

La pena de muerte para aquellos delincuentes peligrosos que propone Hofer parece ser una buena idea, pero hay que considerar dos cosas: (1) Este tipo de castigo debe ser aplicado por la Justicia, pues es fácil para un policía corrupto ejecutar a alguien, endilgarle crímenes que él cometió, y volver al ruedo en sus actividades delictivas. (2) Así como las bandas criminales o los narcotraficantes pueden llegar a merecer la muerte a manos del Estado, también los corruptos que arruinan el funcionamiento de las instituciones deben correr con igual suerte, pues así como las organizaciones criminales son nefastas para el ciudadano trabajador, también lo son aquellos que hacen funcionar al crimen organizado.


Pablo Ulises Soria