La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

domingo, 3 de agosto de 2014

La guerra en espera o sobre el tráfico ilegal de armas en la Frontera Caliente

Las clandestinas

En febrero de este año la Policía de Salta detuvo en Salvador Mazza a dos delincuentes que habían protagonizado un raid delictivo en la ciudad. El detalle más llamativo del caso fue que, para robar, los malvivientes emplearon subametralladoras. La prensa señaló que se trataban de Uzis, pero la noticia fue desmentida poco tiempo después: en realidad eran subfusiles FMK-3. La rectificación tenía por propósito calmar a la ciudadanía provincial, la cual, al enterarse de la noticia, se manifestó en las redes sociales sosteniendo que resulta profundamente preocupante que armas de guerra de origen extranjero lleguen a manos de delincuentes argentinos, ya que ello deja entrever que el hampa del país, al adquirir armamento militar, está elevando los niveles de violencia criminal a alturas inéditas.

La prensa adicta al gobierno pretendió ocultar el episodio indicando que los FMK-3 son de fabricación nacional y de uso común por parte de las Fuerzas de Seguridad argentinas, por lo que –según su hipótesis– esas armas habrían llegado a manos de la delincuencia gracias a algún policía corrupto que se las habría facilitado. Sin embargo, si se revisa la hemeroteca se encontrará que, en 2012, un joven fue detenido en la misma ciudad de Salvador Mazza portando, ahora si, una Uzi de procedencia extranjera.

De todos modos las subametralladoras no son las únicas armas que los policías salteños encontraron en el norte provincial en lo que va del año: en Payogastilla los vecinos se toparon con una granada, mientras que en Piquirenda, el allanamiento de una casa permitió el hallazgo de un arsenal, que hasta contaba con la presencia de munición antiaérea, la misma que se usa para derribar helicópteros. ¿Por qué hay armas de guerra circulando clandestinamente por Salta y el resto del Norte argentino?

El papel de Bolivia

El episodio de Piquirenda dejó en evidencia algo que normalmente se busca silenciar: el rol del Ejército de Bolivia en las operaciones de tráfico de armas en la Argentina. Esta vez las autoridades de esa institución tuvieron que admitir que algún tipo de responsabilidad tienen por el ingreso de material bélico en nuestro país, ya que varias de las armas incautadas en esa oportunidad tenían marcas identificatorias del principal cuerpo militar boliviano. 

En más de una ocasión se ha denunciado que Ecuador funciona como puerta de entrada a Suramérica de la inmigración internacional masiva. Gente de Asia, África y Europa desembarca casi sin ningún tipo de restricción en el pequeño país gobernado por Rafael Correa, y desde allí se traslada hacia el norte o hacia el sur del continente, aprovechando la debilidad de los controles fronterizos o la facilidad para atravesar ilegalmente algunas fronteras. Pues bien, mientras que Ecuador ha adoptado el papel de facilitador del ingreso de la inmigración ilegal al continente, Bolivia ha hecho lo propio con las armas.

En 2012, después de una infernal balacera en una ciudad boliviana protagonizada por narcotraficantes y hombres de la Fuerza de Seguridad de ese país, funcionarios de Morales se vieron forzados a reconocer que no ejercen demasiado control sobre la circulación de armas en su territorio. El dato relevante que fue aportado en esa ocasión es que la mayoría de las armas habrían ingresado desde Rumania e Israel. Sin embargo es obvio que hubo una manipulación de la información: la industria de armas de Rumania, que hace algunas décadas atrás llegó a ser una de las más grandes del mundo, hoy en día se encuentra reducida a su mínima expresión; es por ello que, en los últimos 15 años, Rumania no ha estado exportando armas de fabricación propia al resto del mundo, sino que ha estado funcionando como plataforma para triangular negocios.

El Caso Shimon Naor-Hershkowitz lo ilustra: un antiguo miembros de las Fuerzas Armadas israelíes, tras retirarse en su país, se reubicó en Rumania desde donde consiguió que muchas armas fabricadas en Medio Oriente llegasen con facilidad a destinos del Tercer Mundo. El diario israelí Haaretz, en un artículo de 2010, señaló la multiplicación de casos como el de Naor-Hershkowitz en los últimos quince años. De allí que las armas encontradas en Bolivia en 2012 no fuesen rumanas, sino que eran israelíes pero habían sido exportadas en una turbia triangulación con el país de Europa del Este. Por ello Bolivia puede darse el lujo de declarar “terrorista” al Estado de Israel: sus negociados con ese país no les exigen fingir la existencia de buenas relaciones.

Es el Estado boliviano el que invierte en armas, pero sólo un pequeño porcentaje de lo adquirido se queda en el país. El resto fluye con rapidez en todas las direcciones –excepto hacia el Oeste, en donde Chile se ocupa de restringir y complicar el acceso de lo boliviano a través de su frontera. Las armas que Bolivia envía al norte del continente, atraviesan diversos puntos de la frontera peruano-boliviana con enorme facilidad. Sin embargo es en Bolpebra –triple frontera norte de Bolivia– en donde operan los cárteles de narcotraficantes mexicanos y colombianos interesados en adquirir armas ilegales, y lo hacen junto a toda otra clase de sinarquías ocultas que se dedican a diversas actividades delictivas que van desde el comercio de niños hasta la colaboración con el terrorismo islámico. En ese sentido, Bolpebra es similar a Ciudad del Este en Paraguay.

Ahora bien, en Bolivia hay puntos claves en materia de tráfico de armas perfectamente identificables. Los mismos son Puerto Suárez en la frontera boliviano-brasileña (en donde son frecuentes los intercambios de armas por municiones, ya que en Brasil opera la Companhia Brasileira de Cartuchos, que es la fábrica más grande del mundo en su rubro), Villamayor en la frontera boliviano-paraguaya (en donde se suelen realizar trueques de armas por importantes cantidades de marihuana), y Yacuiba en la frontera boliviano-argentina (en donde, entre otras cosas, se ha vuelto habitual la permutación de armas por vehículos).   

Los inquietantes colombianos
   
El año pasado, en la capital de Salta, un operativo de la AFIP en contra de usureros se topó con cuatro decenas de armas y una importante cantidad de municiones. Algunas de las armas eran de guerra, algunos de los usureros eran colombianos.

En Salta hay una colonia muy grande de colombianos. Ricardo Moreno, Juez Federal de Catamarca, señaló que sólo en los departamentos del norte provincial se han instalado cerca de 2.000 personas provenientes de Colombia. Claro que no por ser colombiano se está necesariamente vinculado al mundo del delito, pero el número de personas de esa nacionalidad atrapadas en actividades delictivas en los últimos cinco años es asombrosamente alto. Y los delitos agotan casi todas las tipificaciones: hurtos, robos, homicidio, contrabando de mercadería, narcotráfico, estafa, lavado de dinero y, claro, tenencia ilegal de armas.

Lo curioso de los colombianos en Salta son sus pasaportes. Hay muchos que no tienen problemas en admitir que provienen de Colombia (durante el desarrollo de la última Copa del Mundo de Fútbol se los veía caminando con camisetas amarillas o reunidos en bares para ver los partidos), sin embargo los pasaportes de estos personajes los sindican como ecuatorianos, venezolanos o de otras nacionalidades. Y así como hay colombianos con documentación evidentemente falsa, también hay gente de otras latitudes (mayormente centroamericanos) que ingresan a la argentina con pasaportes colombianos, presuntamente falsificados.

Estos datos le fueron revelados a El Defensor del Norte Argentino por un miembro de la Gendarmería Nacional, al que, para proteger su integridad, llamaremos simplemente “El Informante”.

El destino del mal

Al consultarle al Informante sobre el destino de las armas ingresadas ilegalmente a Argentina, nos aseguró que son cuatro grupos los que se benefician del fenómeno del tráfico.

En primer lugar está el hampa nacional. Los maleantes, ciertamente, son los principales beneficiarios de la porosidad de la frontera Norte. A éstos les interesa adquirir especialmente las armas de calibres más bajos, útiles para realizar asaltos. Aunque hay algunos otros que buscan las armas de guerra, pues se dedican a atacar camiones blindados y ese tipo de objetivos que requieren de un poder de fuego importante para poder doblegarlo.

Junto a los delincuentes que acopian armas para usarlas para robos y ese tipo de delitos (el Informante nos habla de bandas con larga experiencia, muchas de ellas integradas por policías o gendarmes corruptos, algunas de las cuales protagonizan los hechos delictivos ellos mismos y otras sólo alquilan el armamento a quienes optan por el crimen), están las agrupaciones legales o semi-legales a las que también les interesa armar sus arsenales. En este caso ya no sería para atacar a los ciudadanos argentinos, sino para protegerse de posibles ataques externos. El Informante señala a los sindicatos, las barrabravas y ese tipo de organizaciones que cada tanto se ven involucradas en episodios que incluyen balazos. Aquí, según el Informante, se encontraría, por ejemplo, la Organización Barrial Tupac Amaru o la barrabrava de Atlético Tucumán. Estas agrupaciones, muchas veces, le facilitan el acceso a las armas –a través de la venta, el alquiler o la permuta– a gente interesada en delinquir. “Es un negocio extra” nos indica el Informante.  

Sin embargo, ante estos grupos tradicionales de delincuentes, resultan más llamativos los otros dos grupos que estarían equipándose con armas de fuego para sus actividades ilícitas, ya que, según el Informante, serían ellos los más interesados en poseer las armas más letales y dañinas (la munición antiaérea, la granada y la Uzi que mencionamos anteriormente): los narcos y las guerrillas.

En efecto, el Informante destaca que los narcos –gracias a que viven con cierta complicidad gubernamental, como lo probaría, entre otras cosas, el infame traslado del Escuadrón 54 de Gendarmería Nacional de Salvador Mazza hacia Aguaray– no han tenido la necesidad de iniciar un enfrentamiento bélico contra el Estado argentino, como si ha sucedido en Colombia o en México. No obstante el problema es que aguardan el cambio de gobierno y la consiguiente reforma en materia de lucha contra el narcotráfico, lo que los obligaría a levantarse en armas. Por ello, como la hormiga de la fábula que trabaja pacientemente para estar preparada para tiempos difíciles, los narcos por estos días se estarían dedicando a equiparse para la guerra, acumulando armas de gran poder.     

Por otro lado el Informante también destaca a las guerrillas: “oficialmente en la Argentina no opera ninguna guerrilla, pero no sería extraño que súbitamente aparecieran”. Hoy en día, con el socialismo en el poder, encontrar una excusa para levantarse en armas es un tanto complicado. Sin embargo en la Argentina existen grupos que podrían estallar “ante la injusticia”: son los ahora llamados “pueblos originarios”.

En Salta, en particular, los aborígenes –en la provincia se usa más esa denominación que la de “pueblos originarios”– sufren no sólo de la marginación del sistema capitalista sino también de la manipulación por parte de toda clase de personajes, que van desde miembros del gobierno que los usan para sumar votos hasta las misiones de las iglesias anglicanas que los ponen en contacto directo con financistas de Londres, interesados en contribuir con el desarrollo de gente que vive sobre una zona rica en petróleo. En Salta los indios locales no tienen el nivel de organización que si tienen los mapuches en Chile, pero coinciden con éstos en que ambos son objeto de especial interés por parte de sinarquías ocultas y visibles de origen británico.

La importación nefasta  

Las guerrillas indigenistas, teoriza el Informante, tendrían por objetivo operar como pantalla para permitir que la ilegalidad de la frontera Norte siga intacta. Un experimento similar se estaría llevando a cabo en Panamá, más precisamente en la región de Darién. El epicentro de estos grupos sería Salta, pero podrían extenderse a otras provincias septentrionales del país.

Los aborígenes salteños se han mostrado predispuestos a protagonizar acciones de carácter guerrillero como los sabotajes: la destrucción de una antena de telefonía de la empresa Telecom o la voladura de una cisterna propiedad del empresario Franco Brunetti son sólo botones de muestra. El temor es que habría la intención de prepararlos para la realización de acciones más violentas como secuestros extorsivos, asesinatos políticos y operaciones de guerra psicológica. De ese modo actuarían como las FARC: con excusas ideológicas, colaborarían para que los narcos desarrollen sus actividades con menor presión. En materia de armas no habría problemas, ya que “mientras que la guerrilla del siglo pasado necesitaba asaltar cuarteles y comisarías para conseguir armamento, hoy en día es tanta la facilidad para obtener un arma en el mercado negro que lo último que se le ocurriría a alguien interesado en formar una guerrilla sería intentar un copamiento saqueador”. 

El Informante nos recuerda que Sergio Schoklender desarrolló un ambicioso proyecto de urbanización en el norte salteño. Antes de que Sueños Compartidos pudiera concluir con las obras que había iniciado, ya se rumoreaba que uno de los barrios que iban a construir se denominaría tarde o temprano “Pequeña Medellín”, puesto que albergaría, principalmente, a colombianos emigrados. No es un secreto el vínculo de Madres de Plaza de Mayo con los movimientos terroristas de América y Europa. Lo que se decía antes de la caída de Schoklender es que en un solo lugar se concentrarían gente de las FARC, Sendero Luminoso y otras bandas de esa calaña que saben mucho de hacer la guerra pero poco sobre vivir en paz. Al día de hoy, la “Pequeña Medellín” existe, sólo que no ha sido oficialmente erigida por Schoklender y, por tanto, se encuentra fragmentada y dispersa a lo largo y ancho del territorio nacional.



Ángela Micaela Palomo