La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

jueves, 20 de marzo de 2014

Postales de la narcolonización del NOA

A la espera de resultados

A Pastor Humberto Maurín lo detuvo la policía a principios de enero de este año por comercializar paco en Villa Juanita, un barrio marginal de la ciudad de Salta. El lunes pasado Maurín –conocido popularmente por el apodo de “Vaca Mala” que obtuvo en sus años como boxeador profesional– fue juzgado y condenado a pasar los próximos cuatro años en prisión. Lo destacable de este caso es que se trató de la primera causa por narcocomercio que resolvió la Justicia de la provincia de Salta, ya que dicha atribución correspondía anteriormente a los juzgados federales.

Salta adhirió a la Ley 26.052 en julio de 2013. Dicha ley modifica a la 23.737 –otra famosa norma conocida como la Ley Nacional de Estupefacientes– estableciendo que los cuerpos judiciales provinciales pueden emitir sentencia en los casos de “narcomenudeo”, o sea en los casos en que una persona le entrega droga a otra en una dosis destinada directamente para el consumo. En su momento, tras ser aprobada la adhesión, el Diputado Provincial Javier David del Frente Salteño se mostró escéptico ante los supuestos beneficios que promueve la ley, señalando que la provincia no contaba con la infraestructura necesaria para combatir al microtráfico de drogas. Sin embargo, varios meses después, el Juez Federal Raúl Reynoso elogió la nueva medida adoptada, asegurando que ello generará un gran alivio en su tarea (la actitud de Reynoso quizás se explique recordando que el año pasado fue duramente criticado tras haber liberado a una treintena de microtraficantes para no ser acusado después de haber negado los recursos de habeas corpus).

Eduardo Sylvester y Pamela Calletti, ministros de Gobierno y de Justicia de Salta respectivamente, manifestaron su satisfacción ante la condena de Maurín, sugiriendo que ella es la primera de muchas. No obstante suena un tanto ridículo que un par de funcionarios festejen que un puntero vaya a prisión por orden de la Justicia provincial cuando es muy probable que, de haber caído en la órbita de la Justicia federal, al delincuente le hubiese sucedido lo mismo. Encarcelar gente es la última acción en la lucha contra el narcotráfico; ante lo que los funcionarios de una provincia limítrofe deberían celebrar es en el haber conseguido que el gobierno nacional tape los enormes agujeros fronterizos que el delito utiliza para crecer.

Ahora bien, mientras la provincia de Salta ya puso en marcha lo que la Ley 26.052 dispone, la provincia de Tucumán recién este mes ha decidido adherir a dicha norma. La movida ha generado numerosas críticas. Quien mejor las expone es el periodista Álvaro Aurane de La Gaceta: según este escriba, los políticos tucumanos han acatado la ley pero no han planificado absolutamente nada sobre cómo hacerla operativa. Es decir, hoy en día, la Justicia tucumana padece de una escasez de fiscales, lo que hace que sólo el 10% de las causas penales promovidas anualmente sean resueltas; a eso se le suma que la provincia carece de un equipo policial destinado a combatir el narcotráfico y tampoco posee centros de rehabilitación para atender a los consumidores detenidos. Aun así los legisladores provinciales han optado por obligar al Estado tucumano a emprender una lucha intensa y desgastante.

Aurane subraya además que no son claros los motivos del Gobernador Alperovich para ordenarle a su tropa parlamentaria que marque este nuevo rumbo. En principio se supone que la adhesión a la Ley 26.052 inyectaría importantes cantidades de dinero de la Nación en la provincia para financiar la infraestructura policial, judicial y penitenciara que debe de crearse (y no hay que olvidar que, junto a la insuficiencia judicial y a la insolvencia policial, el actual déficit penitenciario tucumano es gigantesco); empero otros distritos que ya transitaron el camino de Tucumán han asegurado que el gobierno nacional lo que menos ha hecho ha sido girar fondos para atender ese asunto. ¿Entonces cuál es el verdadero motivo? Según Aurane todo se trata de obsecuencia: la Casa Rosada quiere compartir el penoso fracaso en su lucha contra el crecimiento del narcotráfico y contra el avance de la cultura de las drogas, por lo que deposita un problema en las provincias leales que, en realidad, es enteramente su responsabilidad.

Los miembros del Poder Judicial tucumano reaccionaron de manera distinta ante la nueva iniciativa contra el narcotráfico. El Camarista Federal Ricardo Sanjuán manifestó su apoyo a la idea ya que supone que ello ayudará a descomprimir su labor, en tanto que el Fiscal Federal Gustavo Gómez sostuvo que se está creando un problema muy grave al divorciar la tarea nacional de la provincial a la hora de combatir al tráfico de drogas (cabe aclarar que Sanjuán y Gómez son algo así como rivales, debido a que uno y otro han demostrado cultivar posiciones muy divergentes a la hora de abordar asuntos judiciales relacionados al daño del medio ambiente).

Ante las críticas, José Alperovich indicó que la nueva normativa se encuentra en periodo de pruebas, y agregó que tras analizar la evolución de su efectivización durante el año (léase tras medir cuánto rédito político puede llegar a obtener él al dar la sensación de estar combatiendo a los narcos mientras se cierran kioscos y se encierra a punteros) decidirá aplicarla en 2015 o prorrogarla hasta quien sabe cuando.  

La guerra contra la Hidra

En Jujuy, a diferencia de Salta y Tucumán, la adhesión a la Ley 26.052 todavía es un proyecto en ciernes. Lo curioso de esa provincia es que las propuestas para imitar a sus vecinas provienen no del oficialismo, sino de la oposición, ya que ha sido el Diputado Provincial Pablo Baca de la UCR quien más ha presionado para que Jujuy asuma su rol judicial y policial en la lucha contra el narcomenudeo.

Baca, por supuesto, busca que el Poder Judicial se amplíe y que la Policía Provincial se especialice, para que de ese modo la persecución contra los criminales sea eficaz. De todos modos las buenas intenciones de individuos como el citado parlamentario poco pueden hacer contra las duras críticas que han emitido algunos expertos en la lucha contra el delito.

Básicamente lo que muchos hacen es recordar que la provincia de Buenos Aires fue la primera en adherir a la Ley 26.052 y desde entonces el narcotráfico no ha parado de crecer en aquel territorio. Al principio, la Policía bonaerense se lucía deteniendo a los punteros, pero ello sólo logró que el narcokiosco fuese sustituido por el narcodelivery. Así, hoy en día se ven ir y venir a cientos de jóvenes en motocicletas a toda hora; cuando se los detiene, debido a la escasa cantidad de droga que llevan consigo, son candidatos ideales para que los jueces los califiquen de “consumidores” y en cuestión de semanas estén nuevamente en las calles. Por ello querer combatir al narcotráfico de ese modo es como querer derrotar a la Hidra cortándole las cabezas.

La evidencia que muchos se resisten a ver

Más allá de las críticas de los expertos, es comprensible que los gobiernos de Salta o Tucumán busquen dar algún tipo de respuesta a una tragedia que cada día se vuelve más visible. Porque el consumo de drogas no para de crecer en la Argentina, afectando tanto a los ricos como a los pobres, destruyendo familias e incrementando los niveles de violencia cotidiana. Hay barrios donde todo el mundo puede señalar quienes son los que venden droga y a quienes se la venden, pero poco se hace en contra de esos personajes.

Salta es un buen ejemplo de lo que es la narcolonización contemporánea. Recientemente el Fiscal Federal José Luís Bruno estimó que cerca del 80% de las causas por narcotráfico en Salta están radicadas en el norte provincial, lo que ilustra lo terrorífica y decadente que es el área fronteriza en nuestro país. Sin embargo esa situación no es exclusiva del olvidado norte salteño: en el sureste de la mismísima ciudad de Salta, concretamente en los barrios Ceferino y 20 de Junio, una ONG alertó que 8 de cada 10 menores de edad están peligrosamente vinculados a la droga. De allí que el caso de un adolescente en Metán detenido con una gran cantidad de cigarros de marihuana listos para vender en la escuela a la que asiste no resulte tan escandaloso como debiera de serlo.

Una de las cosas más tristes de este asunto, es que los responsables más visibles de este escenario no tienen ni un gramo de vergüenza. Un ejemplo de ello es Claudia Román Ru, la actual Secretaria de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones de la provincia de Salta. A su repartición, la Sindicatura General de la Provincia le hizo una auditoría que resultó lapidaria: varios millones de pesos llegan anualmente a la Secretaría, pero es notoria la ausencia de acciones estratégicas destinadas a ayudar a las personas adictas, ya que la falta de protocolos específicos y la pobrísima gestión de la información recabada sobre el tema hace que quede en evidencia la grotesca improvisación que debe tolerar una persona a la que la droga le está consumiendo la vida en Salta. Gustavo Farquharson, el antecesor de Román Ru en el puesto de Secretario, sostuvo que el creciente caos en materia de recuperación de adictos es culpa de la incompetencia de la actual responsable en el área. Román Ru –la aludida por Farquharson– prefirió contestar a las críticas que le hicieron desviando la discusión hacia otro lado, destacando que es urgente que Argentina avance hacia la legalización de la marihuana para desestigmatizar a las víctimas de la adicción y colocarse a la par de los países más “progresistas” de la región.

La droga, evidentemente, circula por el NOA con pocas restricciones. Si es cocaína entra a través de Bolivia y si es marihuana lo hace a través de Paraguay (aunque no siempre es así), e inicia su periplo hasta Buenos Aires, dejando rastros en todo el país. Normalmente la droga, al momento de ingresar, ha sido previamente procesada en Bolivia, Perú, Paraguay u otro país, pero en otras ocasiones a las plantas las convierten en el producto listo para el consumo aquí mismo. El Secretario de Seguridad de la Nación, el médico Sergio Berni, generó una polémica al contradecir al Ministro de Defensa de la Nación, el ingeniero Agustín Rossi, quien había declarado que Argentina era un país productor de estupefacientes. Berni, para evitar el blanqueamiento sincericida, señaló que para producir droga es necesario permitir los cultivos de coca, cáñamo u otras plantas que, en nuestro país, están prohibidos. El Juez Reynoso, asombrado ante esas declaraciones, le recordó a Berni que ambos habían visitado hace no mucho un laboratorio clandestino hallado en el Chaco salteño en donde se acopiaba coca y se elaboraba cocaína. El Comisario Marcelo Lami, Jefe de la Policía de Salta, intentó desautorizar a Reynoso, apuntando que él, que es el responsable de controlar el territorio provincial, en todos sus años de servicio jamás había oído sobre la existencia de ese tipo de establecimientos, intentando con ello demostrar que la experiencia personal del propio Juez no sirve para ensuciar al país de la “década ganada”.   

La cruz sobrecargada

El tópico de la narocolonización que sufre la Argentina llegó al debate público hace unas semanas, después de que la violencia propia del mundo de las drogas golpease con todo su horror en los bosques de Palermo. Tuvo que ser asesinado alevosamente un delincuente colombiano en los jardines de la Metrópolis para que la prensa comience a parlotear seriamente acerca de algo que en lugares como Salvador Mazza se vive a diario y desde hace bastante.

La Iglesia Católica había intentado instalar el tema el año pasado. En noviembre último, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un documento en el que manifestaban su preocupación por el sólido matrimonio que existe entre la corrupción y el narcotráfico, lo que provoca que la muerte impere allí en donde debería de triunfar la vida. El texto generó incomodidad en el gobierno nacional, que, acto seguido, ideó una salida que creyeron brillante: designar a Juan Carlos Molina, un sacerdote católico, al frente del SEDRONAR, un organismo estatal dedicado a coordinar las políticas públicas en materia de lucha contra la drogadicción.

Unos meses antes, en julio, el propio Papa Francisco había repudiado a los mercaderes de la muerte, dejando en claro que la liberalización de las drogas le parece aberrante. Sin embargo la interpretación del mensaje papal que hicieron los políticos argentinos es diferente: ninguno comenzó una campaña para intentar detener el cabildeo drogón que llevan a cabo Aníbal Fernández, Victoria Donda, Eugenio Zaffaroni y personajes de esa calaña, y si, por el contrario, aprovecharon el asunto para utilizarlo como una oportuna plataforma para intentar llegar hasta el Papa (y hasta la gente que escucha más lo que proviene desde el Vaticano que lo que se dice desde aquí).  

Quien ha explotado oportunistamente a la preocupación de la Iglesia Católica por el combate contra la esclavitud de las drogas ha sido Miguel Isa, actual Intendente de Salta y autoproclamado candidato a gobernador de su provincia para 2015. Isa ha apostado a contratar a José Di Paola, un supuesto “cura villero” de buena relación con el Papa Francisco, para que organice acciones contra el consumo de drogas y el narcotráfico que han demostrado ser tan vistosas como ineficaces.

De cualquier modo hay sacerdotes que no callan lo que es obvio: su rol ante las drogas es limitado, ya que la Iglesia Católica no es una agencia especializada en seguridad y salud; son los políticos, los jueces, los gendarmes y los policías los que deberían presentar la batalla contra los males del mundo.

El Partido Narco

La política argentina parece estar invadida por sujetos peligrosamente cercanos al mundo de las drogas. Salta es pródiga en ejemplos. El caso más reciente es el de Héctor D’Auria, pero antes de él están Federico Parra, Ulises Durán y Arturo Cifre (y el recuento que hago abarca solamente los últimos tres años). A quien se sindica como el pionero de la narcopolítica salteña es a Juan Carlos Romero, tres veces gobernador de la provincia y actual senador nacional en segundo término. La Diputada Nacional Elisa Carrió apuntó contra el caudillo afirmando que el referente salteño de Massa y Macri heredó de su padre el puesto de organizador de una importante red de narcotráfico. 

Pero Carrió no se limitó a señalar a Salta como sede del narconegocio en la Argentina, también indicó que Santiago del Estero se ha convertido en un lugar desde donde se facilita el ingreso, la producción y la distribución de drogas. Quizás Carrió aludía a todo lo que rodea a Humberto Salim, el Intendente de Frías sospechado de tener vínculos con los narcotraficantes, pero tal vez lo que la parlamentaria intentaba era golpear un poco más arriba en la jerarquía de poder de esa provincia.

Otra dirigente de peso que alertó sobre la importancia del NOA en la circulación de la droga en la Argentina fue la Diputada Nacional Margarita Stolbizer. Lo que la lideresa del GEN dijo es que mientras se intenta instalar que Santa Fe es la base de operaciones de los narcos en la Argentina, se olvida de que Tucumán hace una contribución enorme en el asunto. Algo de razón tiene la congresista, ya que si bien en esa provincia no se multiplican los casos de narcofuncionarios como sucede en la vecina Salta, no faltan sospechas sobre lo que realmente hacen los hombre del poder.

Los hermanos Orellana son el blanco predilecto de dichas sospechas. Este mes Sergio Massa visitó el Jardín de la República para iniciar la construcción de una base provincial para el Frente Renovador. Durante su estadía en Tucumán, el Diputado Nacional visitó Famaillá, el feudo gobernado por los Orellana. Antes de concretar la visita, el mismo entorno de Massa le sugirió que no aceptase la invitación, pero el bonaerense no hizo caso. Unos días después al mismo intendente que recibió al líder opositor un grupo de concejales famaillenses lo acusaron de ser la versión local de Pablo Escobar.

Es fácil pensar que la acusación contra los Orellana son meras chicanas politiqueras, pero no hay que olvidar que los hoy convencidos massistas fueron fervientes kirchneristas hasta hace poco, lo que hace pensar que el narcotráfico en Tucumán no está ligado a los opositores únicamente.

Para contrabalancear políticamente la acusación de narcopolíticos que les han hecho a los Orellana, basta con recordar que uno de los hijos de Alperovich, el mes pasado, fue señalado por Juan Suris de ser una suerte de cómplice. Suris es un sujeto acusado no sólo de narcotráfico, sino también de lavado de dinero y tráfico de personas, que saltó a la fama cuando fue detenido en el departamento de su novia, la vedette uruguaya Mónica Farro. Más tarde varias escuchas telefónicas al tal Suris se dieron a conocer, y allí afloró la referencia a uno de los vástagos del gobernador tucumano. Por supuesto que el clan hebreo negó toda relación con el imputado y preparó una coartada tan inverosímil como válida para una Justicia corrupta como la nuestra.

Pero si hay alguien emblemático en lo de multiplicar sospechas en Tucumán por sugerir la existencia de un narcopoder ese es Pedro Hugo Balceda. Balceda es un hombre del PJ que ahora es líder de Cambio Moral, un partido provincial cercano a la UCR. En 2009, mientras oficiaba de legislador provincial por su anterior partido, declaró ante la prensa que había una connivencia entre narcotraficantes y autoridades estatales en Tucumán. Al poco tiempo se desdijo y luego su carrera política se vio trunca. Hoy en día Balceda se ha vuelto un paladín en la lucha contra las drogas, y hasta ha llegado a exigir que tantos los políticos como los policías presenten rinoscopías para que la ciudadanía conozca más sobre sus aficiones e intereses. Su interesante propuesta, pese a tener el positivo antecedente de Chubut, ha sido categóricamente ignorada.   



Ángela Micaela Palomo