La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

lunes, 6 de enero de 2014

Algo oculta Héctor D’Auria

El Caso D’Auria es turbio por donde se lo mire. La información que en un principio transmitió la prensa estaba plagada de errores: se dijo que al Diputado Provincial lo detuvieron en el peaje de Aunor luego de haber eludido el de Cabeza de Buey, y que transportaba 50 kilogramos de cocaína en una camioneta oficial, o sea en uno de esos vehículos a los que ni policías ni gendarmes habitualmente los detienen. Luego se supo que los hechos fueron diferentes: aparentemente Gendarmería Nacional había requisado la camioneta (que no era oficial sino que pertenecía a una empresa de transportes de Tucumán) en los peajes de Cabeza de Buey y Aunor, y posteriormente en el predio de Chachapoyas, en donde le fueron hallados unos envoltorios que contenían 60 gramos de cocaína y casi 70 de marihuana.

En el tiempo que tardó la segunda versión en tapar a la primera, una mujer apareció para denunciar que una adolescente se había suicidado en el interior de una vivienda propiedad de D’Auria. Lo que la mujer agregó es que no hubo autopsia sobre el cadáver, por lo que es muy grande la sospecha de que la nena haya muerto por una sobredosis, posiblemente en el marco de una orgía.

Y como si eso fuese poco, el mismísimo Horacio Thomas –un antiguo Diputado Provincial pejotista proveniente de la misma Metán que D’Auria– dijo que el sospechado de narcotráfico es un paracaidistas que llegó desde Tucumán a ganarse una banca legislativa, invirtiendo cantidades abultadas de dinero propio para ejercer el clientelismo, y tratándose de ganar el favor tanto de quienes esperan una cosa de los políticos como de quienes esperan lo contrario. El rumor adicional es que el tal D’Auria poseería vínculos con el Clan Ale de Tucumán, y su presencia en la provincia tendría por propósito allanarle el camino a esos personajes para que se instalen en Salta.  

D’Auria, como no podía ser de otra manera, se desentendió de toda responsabilidad sobre el asunto. Sostuvo que un sector del Partido Justicialista de Metán se complotó con Gendarmería Nacional para perjudicarlo, y presentó su renuncia a la Cámara de Diputados de Salta para que sus privilegios como representante del pueblo no obstaculicen a la Justicia Federal en su investigación.

Resumiendo, se puede señalar que en el Caso D’Auria caben tres posibilidades: o el personaje sería un narcopolítico más (como Ernesto Aparicio, Luís Arturo Cifre, Ulises Durán, Federico Parra y tantos otros), o un adicto en un puesto de poder (60 gramos de cocaína es una cantidad obscena, que, por ejemplo, podría satisfacer el ansia de consumo de 30 a 40 consumidores ocasionales en una fiesta), o una víctima. Cualquier opción que se elija es no sólo bochornosa sino también indignante: la narcopolítica es –o al menos debería ser– uno de los delitos de lesa humanidad del presente; el político adicto es otra plaga que trastorna y degrada al sentido del poder político, pues cambia la idea de servicio por la de abuso; y los complots son la manera más vil y despreciable de resolver disputas personales.

Si yo fuera D’Auria, haría dos cosas: demostrar que no soy un adicto (realizándome y publicitando los resultados de una rinoscopia) y demostrar que la narcopolítica que está detrás de mi no tiene el poder para derribarme (ya que no denunciar con nombre y apellido a esos supuestos conspiradores que armaron una escena en contra de uno es lo mismo que ser cómplice de ellos). De no hacer esas cosas, la gente honesta sospecharía que hay algo que está siendo ocultado.  



Francisco Vergalito