Sobre la supervivencia en el Jardín de la República

Un informe reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación develó que el promedio de homicidios en Tucumán está por encima del promedio nacional, signo innegable de que la inseguridad ganó las calles en el Jardín de la República. El problema es que las autoridades provinciales no toman medidas serias para aplacar el flagelo, pues los poderes del Estado conspiran contra un cuerpo de policía que se ha vuelto impopular y lo hacen responsable de las situaciones caóticas que ellos generan. Por ello se ha creado una consciencia entre la ciudadanía tucumana de que la seguridad es un asunto personal, ya que la supervivencia de las familias ante una delincuencia cada vez más violenta parece ser una cuestión que ya no involucra al Estado.

Los buenos samaritanos

Sábado, 17 horas, ruta 38 al sur de Concepción. A la vera del camino, debajo de un Pacará, hay una motocicleta estacionada. Sus dos tripulantes esperan que alguien pase. Cuando otro motociclista finalmente se acerca, los hombres de la banquina lo interceptan. Rápidamente uno de ellos se baja con un arma en la mano. “¡Dame la moto hijo de puta!”, grita el malviviente. El hombre atacado se defiende. Entonces el ladrón hace un par de disparos, uno de los cuales le lastima la mano a la víctima.

Mientras el forcejeo continúa y la violencia desplegada por los delincuentes crece, una mujer grita desde una casa cercana: “¡Ya llamé a la policía! ¡Ya llamé a la policía!”. Los miserables, sabiendo que han perdido mucho tiempo para realizar el atraco, deciden emprender la huída. Suben a su moto y arrancan en dirección a Concepción. Sin embargo, mientras intentan acelerar, otro motociclista que ha presenciado el intento de homicidio en situación de robo a unos 30 metros de distancia saca un arma desde sus ropas, apunta contra los delincuentes y les hace unos cuantos disparos. Tres de esas balas impactan contra el conductor de la moto de los criminales, y el hombre cae abatido, llevando a su vehículo hacia el suelo. El otro ladrón que sobrevive a los balazos justicieros, intenta arrancar la moto, pero no puede. Por ello decide huir a pie a través de los matorrales. Unas horas después este sujeto será detenido. El justiciero anónimo –un policía o ex-policía según se sospecha–, afortunadamente, no ha sido identificado aún. 

La escena descripta, aunque parezca tremebunda, es una escena cotidiana en el Tucumán actual. En una provincia azotada por la inseguridad, los propios vecinos han decidido autodefenderse. Por ello el número de delincuentes arrestados por la ciudadanía se ha incrementado considerablemente este último año. Como es común en nuestro país, no hay estadísticas oficiales sobre el asunto, pero si hay un montón de videos y fotografías difundidas a través de las redes sociales que, de tanto en tanto, dejan constancia de que un malviviente fue capturado por gente sin placa, arma o uniforme.

Y mientras el fenómeno del combate directo de la ciudadanía contra la delincuencia se vuelve algo cada vez más cotidiano en Tucumán, también la delincuencia crece y se vuelve más peligrosa. En efecto, los hospitales tucumanos sostienen que cada vez es más frecuente recibir en la sala de urgencias a personas con heridas producidas por armas blancas o armas de fuego. Un médico del Centro de Salud señaló que los casos de ese tipo aumentaron un 300% en relación al año pasado. Obviamente los heridos pertenecientes a familias trabajadoras llegan casi siempre como víctimas de robos, en tanto que los heridos pertenecientes a familias planeras son frecuentemente hospitalizados como víctimas de narcoajustes, disputas intrafamiliares mal resueltas, intentos violentos de cobro de deudas y, claro, duelos criollos en contextos urbanos.    

Esa violencia que es producida por individuos que viven sumergidos en la falta de educación, la pobreza y una vida sin un horizonte de sentido ni valores positivos, se ha contagiado a otras personas en Tucumán. Son los violentos los que hacen que gente pacífica reaccione de modo violento. El buen samaritano tucumano normalmente está dispuesto a ayudar a su prójimo en peligro, aun si ello implica poner en riesgo la propia vida.

Cuero tiene el ganado

La reacción de los gobernantes tucumanos ante semejante escenario social ha sido motivo de indignación. El Gobernador José Alperovich, insólitamente, declaró: “La verdad es que hay que estar en el cuero de cuando a uno le roban. No sé cómo reaccionaría uno, si me pasara. Hay que estar en el cuero de la gente”.

Esas palabras llenas de demagogia fueron rebatidas por el Diputado Nacional José Cano: “Alperovich lleva más de una década con funcionarios que no saben nada de seguridad. Fomentó la impunidad. Toleró el vale todo de las fuerzas de seguridad y de muchos de los dirigentes políticos que lo acompañan con fuertes vínculos con los narcos y los ladrones. Ahora, irresponsablemente, dice que hay que ponerse en el cuero de la gente para entender porqué toman justicia por mano propia cuando ocurren robos sin que ningún policía haga nada. Populismo barato para un inoperante de la más alta escuela”.

Jorge Gassenbauer, actual Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de Tucumán, repudió los ajusticiamientos realizados sin intervención policial o judicial, y les advirtió a los ciudadanos que “cuando [desde el gobierno] veamos estas situaciones no las vamos a permitir.” De ese modo este sujeto amenazó a la ciudadanía que ha decidido defenderse: el gobierno está más interesado en perseguir a las víctimas que a los victimarios.

Al tener los conceptos invertidos, no es extraño que Alperovich y compañía hayan concebido un ominoso plan para evitar el caos en el diciembre consumista: sobornar a los posibles saqueadores para que se abstengan de tomar las calles. Lo que se dice un pacto entre delincuentes.

Policías en Inacción

En Tucumán es muy común culpabilizar a la policía por la inseguridad. Se les reprocha estar ausentes de las calles. De todos modos lo cierto es que si hay patrullaje policial permanente, pero, claro, éste no cubre la totalidad del territorio durante la totalidad del tiempo. Entonces los delincuentes procuran encontrar esos intervalos sin vigilancia para efectuar sus fechorías.

Cualquiera es una víctima potencial en el Jardín de la República. En la madrugada del lunes 24 de noviembre una pareja de jóvenes fue asaltada en la calle Crisóstomo Álvarez al 4.400, el vecindario en el cual vive el Gobernador Alperovich. Los custodios del mandatario, al presenciar el asalto, dispararon en contra de los malvivientes, quienes escaparon y fueron finalmente detenidos –con otro tiroteo en el medio– por un oficial de policía a unas cuarenta cuadras de distancia.

Afortunadamente ese extraño episodio terminó con una muestra de la capacidad policial para frenar el delito, pero bien podría haber culminado de otra manera. ¿Qué hubiese sucedido si la bala de uno de los custodios de Alperovich hería o mataba a alguno de los jóvenes que fueron víctimas del asalto? ¿Saldría a la luz que se trata de antiguos agentes de la Mossad contratados irregularmente por el gobierno provincial? ¿O dirían que el que disparó es un policía que estaba haciendo un adicional?

La policía de Tucumán es un perfecto chivo expiatorio: despreciada por la gente (debido al caos que estalló durante las huelgas de uniformados del año 2013) y explotada por los gobernantes (quienes se aprovechan de que no tienen un sindicato que la defienda), la policía suele ser perseguida y amordazada, quitándole de ese modo la autoridad que requiere para cumplir correctamente con su trabajo.

Para ilustrarlo mejor citaré dos casos. Uno es el llamado Caso Núñez y el otro es el Caso Verduguez.  

Pamela Núñez era una mujer de Famaillá, novia de Fabio Abregú, un oficial perteneciente a la Policía Federal. Una noche de noviembre de 2010 la pareja volvía a su hogar después de haber estado en una discoteca. Los acompañaban dos amigos y la hermana de Abregú. En un momento, Núñez abrió la guantera del auto para sacar un CD. Abregú recordó que su pistola estaba allí (la cual se encontraba cargada y sin seguro) y le pidió que se la alcanzase. Al hacerlo, aparentemente hubo un inesperado movimiento brusco del oficial o de su novia que provocó un disparo. La bala impactó contra Pamela Núñez, dejándola en agonía. Los dos hombres (que luego testificarían validando la versión) se bajaron del auto, y los hermanos Abregú decidieron llevar a Núñez al hospital. Alterado por la situación, el conductor del auto perdió el control del vehículo y quedó empantanado. Desesperado porque todo se le iba de las manos –y víctima de la presión que normalmente padecen quienes combaten al crimen–, Abregú se disparó a sí mismo. Su hermana, en un estado de histeria, imitaría su decisión funesta. Finalmente Fabio Abregú sobrevivió a su intento de suicidio y, por ello, fue a juicio.

Cuando era obvio que a Abregú lo iban a condenar a tres años de prisión por el homicidio culposo de Pamela Núñez, los jueces decidieron aprovechar la ocasión para hacer un poco de circo judicial, ya que, por suerte para ellos, se trataba de un “odiado” policía. Invocando la nefasta Convención de Belem do Pará, los magistrados aprovecharon para sumar unos puntos en el ranking de la corrección política condenando a Abregú por “violencia de género”, destinándolo así a vivir en prisión por los próximos 12 años. Para ellos es obvio: un policía torpe y descuidado lleva la violencia en el vientre, y las mujeres indefensas son sus víctimas predilectas. Sólo el camarista José Alfredo Garzia tuvo la valentía de hacer respetar el derecho, evitando aprovechar la oportunidad para que la colonización ideológica del Poder Judicial tuviera un nuevo avance. Por ese motivo este juez señaló que lo de Abregú fue una muestra de conducta irresponsable en el manejo de su arma de fuego reglamentaria y que, ni siquiera forzando el concepto, podía considerar a la situación como dolosa. Su opinión, como no podía ser de otro modo en la Argentina de hoy, fue categóricamente ignorada.

El Caso Verduguez, por su parte, es un ejemplo aún más claro de la persecución contra policías. Una tarde de octubre de 2006 dos patotas de adolescentes habían tomado la vereda del Colegio María Auxiliadora para convertirla en escenario de una batalla campal. Se trataba de las nefastas “Banda del Kiosquito” y “Banda del Portón”, dos grupos de jóvenes pertenecientes a familias de clase media y alta que pasaban sus días consumiendo drogas, robándole a los transeúntes y peleándose con quienes ellos identificaran como enemigos. El oficial Jorge Verduguez, al enterarse del enfrentamiento patotero, intervino para acabar con la trifulca.

Debido a que se trataba de una situación desigual (un policía contra una treintena de jóvenes descontrolados), el oficial quiso amedrentar a los jóvenes mostrándoles su arma. Cuando uno de los cabecillas de la “Banda del Kiosquito” se escapaba, Verduguez lo persiguió con tanta mala suerte que tropezó y emitió un disparo accidental. La bala alcanzó a un joven que estaba presenciando un partido de fútbol intercolegial en el Complejo Avellaneda y lo mató. Por ese homicidio evidentemente culposo, los jueces tucumanos condenaron a Verduguez a 10 años de prisión efectiva.

El padrastro de la víctima, durante el juicio, le reprochó a Verduguez que el oficial les “debía un hijo” a su familia. Pero lo cierto es que quien le debe un hijo a esa familia son los miembros de las patotas juveniles. El episodio del María Auxiliadora sirvió para ponerle un freno a los “nenes” patoteros: el revuelo que causó el crimen hizo que los padres de los jóvenes, finalmente, se hicieran cargo de los energúmenos que habían criado y se pusieran en campaña para sacarlos de las drogas y convertirlos en gente decente. Sin embargo se ve que ello no ha dado frutos, puesto que si los integrantes de las extintas “Banda del Kiosquito” y “Banda del Portón” fuesen realmente hombres dignos, durante el juicio hubiesen perdido perdón y hubiesen realizado algún gesto de compensación (como la creación de un fondo indemnizatorio) hacia la familia del joven muerto. Pero en el Tucumán de hoy es más fácil culpar de todos los males a la policía, incluso si es evidente que los oficiales intentan hacer lo que las familias disfuncionales no hacen.

La burbuja judicial

A los policías tucumanos no sólo no se les permite cometer errores, también se los castiga exageradamente por los mismos. Los jueces, por otra parte, trabajan sometidos a un sistema que se ha vuelto cada vez más garantista. Y ciertamente son muy pocos los magistrados que se atreven a nadar en contra de la corriente, temerosos ante la posibilidad de perder su empleo. Es decir dado que el Poder Judicial tiene una organización piramidal, si se coloca en la cima de esa pirámide a jueces garantistas, entonces los jueces legalistas del resto de la pirámide deberán obrar de un modo que no enfurezca a los máximos referentes judiciales, o de lo contrario éstos corren con el riesgo de perder su puesto por contradecir la interpretación de la ley dominante.

Y lo más grave es cuando estos leguleyos togados se niegan a salir de su zona de comodidad. El ejemplo tucumano que ilustra esto que señalo es el rechazo que los académicos del derecho hicieron del proyecto destinado a eliminar la excarcelación de todos aquellos que incurran en el delito de robo en la vía pública. Dicho de otro modo los legisladores tucumanos –atentos por una vez a las necesidades de la gente– quieren que cuando se atrape a un delincuente que ha intentado robar, éste no deje la comisaría antes de lo que la deja la víctima del delito que va a hacer la denuncia, que es lo que normalmente sucede ahora.

Muchos ilustres leguleyos tucumanos han criticado la iniciativa. Sebastián Herrera Prieto y Gilda Pedicone de Valls repudiaron la idea sosteniendo que la prisión preventiva para un arrebatador equivale a una condena anticipada (la cual además, por algún motivo que sólo existe en la mente de los juristas, no serviría para combatir al delito) y desarmoniza el sistema punitivo ya que encierra a alguien por una falta de un tipo y deja libre a otras personas con otro tipo de faltas que vendrían a ser, según su criterio, más graves.

Así, mientras políticos y jueces le ponen trabas absurdas a la policía, los ciudadanos tucumanos dependen cada vez más de si mismos para sobrevivir a la violencia que ha convertido al Jardín de la República en un terreno de hostilidades en el que la paz social se encuentra a punto de colapsar.  

Pablo Ulises Soria