La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

miércoles, 3 de diciembre de 2014

Nuestros nuevos amos

La patria subsidiada

En Perú existe la controversia histórica sobre cómo fue la homosexualidad en la época de los Incas. Básicamente hay dos grupos de historiadores: los que sostienen que los Incas repudiaron, persiguieron y castigaron a la abominación sodomita, y los que afirman que, por el contrario, durante aquellos años existió cierta tolerancia hacia lo antinatural que normalizó a la homosexualidad, especialmente en las áreas alejadas a Cuzco.  

Los neoindigenistas, curiosamente, apoyan casi unánimemente a la segunda postura. Entre estos personajes se encuentra la jujeña Milagro Sala, lideresa de la infame Organización Barrial Tupac Amaru y actual Diputada Provincial. Para ella la bandera del arco iris de los aberrosexuales y la bandera del arco iris de los indios son idénticas. Por ese motivo este año Sala organizó en Jujuy un Encuentro Nacional del elegebetismo, que culminó con un grotesco desfile de invertidos que parodiaba a la Fiesta Nacional de los Estudiantes con sus carros alegóricos y sus mil “reinas de belleza”.

La Marcha del Orgullo Gay estuvo dedicada en esta ocasión a Jorge Chambi, un travestido que desde hacía unos años había conseguido que en su documento figure el nombre de “Ailén”. Chambi era algo así como el cacique de los travestis jujeños, que cobraba un sueldo por trabajar en el Inadi y por andar por la vida presionando a instituciones públicas (el Registro Civil de Jujuy, la UNJU, etc.) para que lo dejaran de tratar como hombre y lo empezaran a tratar como mujer. Pero parece que el depilado se olvidó de lo básico: nunca hizo el trámite para cambiar de nombre en el registro que llevaba la funeraria a la cual era adherente. Por ello, en el pasado mes octubre, cuando este travestido de 42 años murió en su casa en vaya uno a saber qué circunstancias, la empresa de sepelios le señaló a la familia Chambi que quien había contratado el servicio era Jorge y no Ailén, por lo que ellos se negaban a brindarle las prestaciones acordadas. Esa precaución empresarial para evitar fraudes fue considerada un acto de discriminación, y no sólo hubo una denuncia judicial sino también un escrache social. Parece que evitar los desquicios que genera la libre y legal falsificación de documentos públicos con aval del Estado es un crimen en nuestro país.

Si Chambi hubiese sobrevivido, hubiese podido hacerse acreedor del bochornoso subsidio destinado a compensar generosamente a travestidos mayores de 40 por la supuesta discriminación que sufrieron a lo largo de su vida. (En rigor de la verdad esta aberración promovida por Diana Conti en el Congreso de la Nación no ha sido oficialmente sancionada aún, ¿pero cuánto falta para que suceda?)

Esteban Paulón, uno de los elegebetistas más influyentes del país, trató de rebatir las razones para oponerse al subsidio para travestidos. Así, de los creadores de “no importa si los desaparecidos son treinta mil, ocho mil o cualquier otro número porque que haya uno sólo en esa condición es una aberración”, llega el “los travestis mayores de 40 son sólo un puñado que es casi imposible avistarlos, por lo que la cantidad aquí si importa”. El reducido número de hombres maduros fingiendo ser mujeres se debe, según Paulón, a que su expectativa de vida es de 40 años. Semejante dato suena a mito urbano: a simple vista pareciera ser que es tanta la marginación que padecen estos hombres, que la falta de alimentos y las enfermedades se los llevan en la flor de la vida; sin embargo lo cierto es que muchos travestis mueren jóvenes a causa de la violencia criminal en la que participan (es incontable la cantidad de casos de estos sujetos vinculados a la industria de las drogas), a otros los consumen las adicciones, en tanto que un buen número de ellos simplemente abandona el travestismo al cumplir los 40, conscientes de que un hombre que ingresa en la andropausia se ve doblemente ridículo vestido de mujer.

Otra cosa que sostiene Paulón es que la homosexualidad no se elige: las personas nacen homosexuales. Esto es todo una revelación, ya que los elegebetistas se niegan sistemáticamente a explicar el origen y la causa del gusto por la sodomía. La homosexualidad, para Paulón, sería igual que la diabetes o la calvicie, cosas que se producen en el cuerpo sin que uno las desee. La diferencia es que mientras a la diabetes y a la calvicie se les está intentando encontrar una cura científica, nadie hace lo mismo con respecto a la homosexualidad.

Algo adicional que se deriva de la idea de que la homosexualidad no se elige es que, de ser cierta esta mirada, es evidente que el gobierno estaría privilegiando a gente por ser quienes son y no por haber hecho algo por el país. Que se le den privilegios a un veterano de la Guerra de Malvinas de 1982 o de las Guerras contra la Subversión de la década de 1970 no me parece escandaloso, puesto que se trata de gente que puso en riesgo su vida para la grandeza de la patria y la tranquilidad de la población argentina. Pero que se le de dinero a alguien sólo porque nació homosexual es lo mismo a que se le de dinero a alguien porque nació obeso, delgado, rubio, etc., es decir es un subsidio por existir, el único requisito sería el no haberse suicidado. Si esa es la idea, que los elegebetistas cabildeen a favor de una renta básica universal y dejen de buscar el promover a los suyos en detrimento de los demás. Pero, claro, ella no es su idea: estos sujetos lo único que pretenden es vivir como minoría a expensas de la mayoría, porque no quieren ser la mayoría, sólo quieren usufructuar sus beneficios de un modo gratuito; si ello no sucede es porque, para su interpretación de las cosas, la mayoría constituye una masa malvada, opresora y pestilente que debe ser salvada de sí misma.

Paulón, como buen mentecato que es, niega que los subsidios selectivos sean una promoción de la vagancia y una escandalosa recompensa a alguien que no ha aportado nada útil para su sociedad. Y, por supuesto, se enfada con la idea de que cualquier mayor de 40 se ponga una peluca y se anote para cobrar el subsidio, idea, por cierto, que ellos mismos alentaron a través del diseño de la catastrófica Ley de Identidad de Género (la misma que le causó problemas al finado Chambi y a tantos otros en situaciones similares).

Para rematar Paulón afirma que quienes más se quejan del posible subsidio a travestis son la gente perteneciente al sector socioeconómico ABC1. Le atribuye esa posición al odio conservador de esas gentes a todo lo que sea “inclusivo”, olvidando el hecho de que esas personas producen riqueza, por lo que no suelen estar muy contentas con que un Estado cada día más totalitario se las extraiga y se las entregue a alguien a quien le encanta “trabajar” acostado. 

El broche de oro de Paulón es su crítica a la religión, aunque más precisamente embiste en contra del catolicismo. Este aberrosexual acusa al Estado argentino de financiar a la Iglesia Católica, cosa que considera intolerable. Empero este sujeto omite decir que el mismo Estado subsidia generosamente a los elegebetistas (la FALGBT, la ONG que encabeza, recibe dinero del gobierno nacional y de varios gobiernos provinciales). Con la misma lógica de Paulón, yo podría decir que nadie debe entregarle un centavo a los homosexuales. ¿Por qué? Porque no me agradan. De todos modos, más allá de los gustos personales que Paulón o yo podamos tener, la principal diferencia entre católicos y aberrosexuales es que los primeros buscan incluir a todos, en tanto que los otros quieren ser un club de privilegiados. Esa discrepancia es clave: los católicos buscan que todo el mundo sea católico para alcanzar la igualdad sustentada en la Verdad y el Amor, mientras que los elegebetistas sólo quieren que todos los admiremos como seres superiores por el hecho de que ellos se dedican a usar el recto de un modo equivocado.    

Mentirle a los jóvenes

Esteban Paulón, más allá de su penosa defensa del “Plan TraVajar” o “Pro.Cre.Tra.Vas”, es, como sugerí, un militante elegebetista muy activo. Paulón es, de hecho, tan apasionado que suele caer en las arbitrariedades más absolutas y en los fanatismos más peligrosos.

Un ejemplo: a principios de noviembre de este año, Paulón hizo circular por Twitter una fotografía de un manual de educación sexual católico con el que se trabaja en el Colegio del Salvador, institución escolar parroquial ubicada en el municipio de Yerba Buena, provincia de Tucumán. En la página capturada por Paulón se lee que, según el autor del manual, es preciso repudiar a los matrimonios entre homosexuales por ser ilegítimos (ya que, como es sabido, el matrimonio es una unión entre hombres y mujeres solamente).

El librito no miente: el matrimonio entre homosexuales puede ser legal en nuestro país, pero eso no significa que sea legítimo. La legitimidad es un acto social, que depende de la coherencia del pueblo no de los caprichos de los gobernantes. Una ley puede permitir o prohibir cualquier cosa, pero eso no la convierte en deseable para la sociedad.

De más está decir que, en este caso, la brigada tucumana del Inadi defenestró al colegio y le exigió a sus autoridades que le permitieran penetrar en sus aulas para salvar las mentes de los jóvenes del “lavado de cerebro católico” al que algún docente irresponsable, prejuicioso y gorila los estaba sometiendo. Y la acción del Inadi es completamente entendible: después de que se le abrió la puerta al matrimonio entre homosexuales, se le abrió la puerta a la educación gay, al arte gay, a la economía gay, a la política gay, etc. Cuando muchos argentinos decían en 2010 que les daba lo mismo que un homosexual se case con otro ya que cada uno “tiene derecho de hacer con su culo un florero” no se percataban de que al legalizar públicamente algo que sucede en privado estaban llevando la degeneración de las alcobas directo a la lucha por el poder. Los hombres y las mujeres mentalmente sanos de esta generación que simplemente no hicieron nada por combatir la avanzada elegebetista, son culpables de haber permitido que la mentira ingrese y se cuele en las escuelas. Por ello que un manual diga la verdad de un modo tan contundente en Tucumán es motivo de escándalo para el presidente de la FALGBT en Buenos Aires.  

El ómnibus de la vida fácil

Otra manifestación reciente de impostura y prepotencia elegebetista tuvo como escenario Salta. Durante una entrevista radial, el empresario Juan Collado, candidato a gobernador de esa provincia por el PRO, protagonizó un furcio al responder sobre transporte público a la pregunta “¿qué propuesta tiene para el Colectivo LGBT de Salta?” Cabía la posibilidad de que Collado fuese un genio de la ironía, pero, de entrada, todo indicaba que el episodio se trató de un mero error. Ello lo confirmó el propio candidato a la gobernación, pero aún así no pudo evitar que los elegebetistas de la provincia manifestaran su furia contra él: Rodrigo “Victoria” Liendro, un funcionario municipal salteño, lo mandó a “desburrarse”, y Antonio Soria, presidente de la rama local del Partido Socialista, le exigió a Collado que ofrezca una disculpa pública por “ningunear” la “lucha” de estos degenerados.

Es obvio que los aberrosexuales han llegado demasiado lejos cuando una situación cómica se convierte en un intento de linchamiento. “Con la homosexualidad no se jode”. Es una cuestión sagrada. Está solemnización de la práctica de introducir cosas por los orificios diseñados para expulsarlas demuestra cuan serio es el asunto: siempre se pagan las consecuencias de burlarse de un tirano.

Lo que confundió a Collado es que en Salta el viaje en ómnibus es gratuito para estudiantes y jubilados. Por ello creyó que le hablaban del colectivo gratis, y no de la comunidad LGBT. De todos modos en Catamarca sucedió algo curiosamente relacionado a colectivos y aberrosexuales: la Legislatura local sancionó una ley para que todos los enfermos de sida en la provincia puedan viajar gratis en los ómnibus urbanos.

El sida es un elemento esencial de la agenda elegebetista, ya que siguen siendo los hombres homosexuales quienes más padecen de esta enfermedad. ¿Acaso hay pases libres de colectivo para diabéticos o calvos? No, porque ello sería estigmatizador para alguien que, en definitiva, no padece de algo que lo haga muy diferente del resto de las personas. Con el sida, según el discurso mismo de los elegebetistas, debería ser igual. Sin embargo no lo es: ser un sidoso en Catamarca lo convierte a uno en un privilegiado y no en un igual.

Y todo esto es un producto de la perversa esquizofrenia que cultivan en este país nuestros elegebetistas: quieren ser diferentes para gozar de toda clase de privilegios, y, al mismo tiempo, quieren ser iguales para transmitirles al ortosexual una sensación de culpabilidad que les garantice el gozo de esos beneficios completamente inmerecidos. Juegan un doble juego (como ese de traicionar a la naturaleza e intentar naturalizar esa traición) y nos obligan a ser parte de él.



Francisco Vergalito

lunes, 1 de diciembre de 2014

Sobre la supervivencia en el Jardín de la República

Un informe reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación develó que el promedio de homicidios en Tucumán está por encima del promedio nacional, signo innegable de que la inseguridad ganó las calles en el Jardín de la República. El problema es que las autoridades provinciales no toman medidas serias para aplacar el flagelo, pues los poderes del Estado conspiran contra un cuerpo de policía que se ha vuelto impopular y lo hacen responsable de las situaciones caóticas que ellos generan. Por ello se ha creado una consciencia entre la ciudadanía tucumana de que la seguridad es un asunto personal, ya que la supervivencia de las familias ante una delincuencia cada vez más violenta parece ser una cuestión que ya no involucra al Estado.

Los buenos samaritanos

Sábado, 17 horas, ruta 38 al sur de Concepción. A la vera del camino, debajo de un Pacará, hay una motocicleta estacionada. Sus dos tripulantes esperan que alguien pase. Cuando otro motociclista finalmente se acerca, los hombres de la banquina lo interceptan. Rápidamente uno de ellos se baja con un arma en la mano. “¡Dame la moto hijo de puta!”, grita el malviviente. El hombre atacado se defiende. Entonces el ladrón hace un par de disparos, uno de los cuales le lastima la mano a la víctima.

Mientras el forcejeo continúa y la violencia desplegada por los delincuentes crece, una mujer grita desde una casa cercana: “¡Ya llamé a la policía! ¡Ya llamé a la policía!”. Los miserables, sabiendo que han perdido mucho tiempo para realizar el atraco, deciden emprender la huída. Suben a su moto y arrancan en dirección a Concepción. Sin embargo, mientras intentan acelerar, otro motociclista que ha presenciado el intento de homicidio en situación de robo a unos 30 metros de distancia saca un arma desde sus ropas, apunta contra los delincuentes y les hace unos cuantos disparos. Tres de esas balas impactan contra el conductor de la moto de los criminales, y el hombre cae abatido, llevando a su vehículo hacia el suelo. El otro ladrón que sobrevive a los balazos justicieros, intenta arrancar la moto, pero no puede. Por ello decide huir a pie a través de los matorrales. Unas horas después este sujeto será detenido. El justiciero anónimo –un policía o ex-policía según se sospecha–, afortunadamente, no ha sido identificado aún. 

La escena descripta, aunque parezca tremebunda, es una escena cotidiana en el Tucumán actual. En una provincia azotada por la inseguridad, los propios vecinos han decidido autodefenderse. Por ello el número de delincuentes arrestados por la ciudadanía se ha incrementado considerablemente este último año. Como es común en nuestro país, no hay estadísticas oficiales sobre el asunto, pero si hay un montón de videos y fotografías difundidas a través de las redes sociales que, de tanto en tanto, dejan constancia de que un malviviente fue capturado por gente sin placa, arma o uniforme.

Y mientras el fenómeno del combate directo de la ciudadanía contra la delincuencia se vuelve algo cada vez más cotidiano en Tucumán, también la delincuencia crece y se vuelve más peligrosa. En efecto, los hospitales tucumanos sostienen que cada vez es más frecuente recibir en la sala de urgencias a personas con heridas producidas por armas blancas o armas de fuego. Un médico del Centro de Salud señaló que los casos de ese tipo aumentaron un 300% en relación al año pasado. Obviamente los heridos pertenecientes a familias trabajadoras llegan casi siempre como víctimas de robos, en tanto que los heridos pertenecientes a familias planeras son frecuentemente hospitalizados como víctimas de narcoajustes, disputas intrafamiliares mal resueltas, intentos violentos de cobro de deudas y, claro, duelos criollos en contextos urbanos.    

Esa violencia que es producida por individuos que viven sumergidos en la falta de educación, la pobreza y una vida sin un horizonte de sentido ni valores positivos, se ha contagiado a otras personas en Tucumán. Son los violentos los que hacen que gente pacífica reaccione de modo violento. El buen samaritano tucumano normalmente está dispuesto a ayudar a su prójimo en peligro, aun si ello implica poner en riesgo la propia vida.

Cuero tiene el ganado

La reacción de los gobernantes tucumanos ante semejante escenario social ha sido motivo de indignación. El Gobernador José Alperovich, insólitamente, declaró: “La verdad es que hay que estar en el cuero de cuando a uno le roban. No sé cómo reaccionaría uno, si me pasara. Hay que estar en el cuero de la gente”.

Esas palabras llenas de demagogia fueron rebatidas por el Diputado Nacional José Cano: “Alperovich lleva más de una década con funcionarios que no saben nada de seguridad. Fomentó la impunidad. Toleró el vale todo de las fuerzas de seguridad y de muchos de los dirigentes políticos que lo acompañan con fuertes vínculos con los narcos y los ladrones. Ahora, irresponsablemente, dice que hay que ponerse en el cuero de la gente para entender porqué toman justicia por mano propia cuando ocurren robos sin que ningún policía haga nada. Populismo barato para un inoperante de la más alta escuela”.

Jorge Gassenbauer, actual Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de Tucumán, repudió los ajusticiamientos realizados sin intervención policial o judicial, y les advirtió a los ciudadanos que “cuando [desde el gobierno] veamos estas situaciones no las vamos a permitir.” De ese modo este sujeto amenazó a la ciudadanía que ha decidido defenderse: el gobierno está más interesado en perseguir a las víctimas que a los victimarios.

Al tener los conceptos invertidos, no es extraño que Alperovich y compañía hayan concebido un ominoso plan para evitar el caos en el diciembre consumista: sobornar a los posibles saqueadores para que se abstengan de tomar las calles. Lo que se dice un pacto entre delincuentes.

Policías en Inacción

En Tucumán es muy común culpabilizar a la policía por la inseguridad. Se les reprocha estar ausentes de las calles. De todos modos lo cierto es que si hay patrullaje policial permanente, pero, claro, éste no cubre la totalidad del territorio durante la totalidad del tiempo. Entonces los delincuentes procuran encontrar esos intervalos sin vigilancia para efectuar sus fechorías.

Cualquiera es una víctima potencial en el Jardín de la República. En la madrugada del lunes 24 de noviembre una pareja de jóvenes fue asaltada en la calle Crisóstomo Álvarez al 4.400, el vecindario en el cual vive el Gobernador Alperovich. Los custodios del mandatario, al presenciar el asalto, dispararon en contra de los malvivientes, quienes escaparon y fueron finalmente detenidos –con otro tiroteo en el medio– por un oficial de policía a unas cuarenta cuadras de distancia.

Afortunadamente ese extraño episodio terminó con una muestra de la capacidad policial para frenar el delito, pero bien podría haber culminado de otra manera. ¿Qué hubiese sucedido si la bala de uno de los custodios de Alperovich hería o mataba a alguno de los jóvenes que fueron víctimas del asalto? ¿Saldría a la luz que se trata de antiguos agentes de la Mossad contratados irregularmente por el gobierno provincial? ¿O dirían que el que disparó es un policía que estaba haciendo un adicional?

La policía de Tucumán es un perfecto chivo expiatorio: despreciada por la gente (debido al caos que estalló durante las huelgas de uniformados del año 2013) y explotada por los gobernantes (quienes se aprovechan de que no tienen un sindicato que la defienda), la policía suele ser perseguida y amordazada, quitándole de ese modo la autoridad que requiere para cumplir correctamente con su trabajo.

Para ilustrarlo mejor citaré dos casos. Uno es el llamado Caso Núñez y el otro es el Caso Verduguez.  

Pamela Núñez era una mujer de Famaillá, novia de Fabio Abregú, un oficial perteneciente a la Policía Federal. Una noche de noviembre de 2010 la pareja volvía a su hogar después de haber estado en una discoteca. Los acompañaban dos amigos y la hermana de Abregú. En un momento, Núñez abrió la guantera del auto para sacar un CD. Abregú recordó que su pistola estaba allí (la cual se encontraba cargada y sin seguro) y le pidió que se la alcanzase. Al hacerlo, aparentemente hubo un inesperado movimiento brusco del oficial o de su novia que provocó un disparo. La bala impactó contra Pamela Núñez, dejándola en agonía. Los dos hombres (que luego testificarían validando la versión) se bajaron del auto, y los hermanos Abregú decidieron llevar a Núñez al hospital. Alterado por la situación, el conductor del auto perdió el control del vehículo y quedó empantanado. Desesperado porque todo se le iba de las manos –y víctima de la presión que normalmente padecen quienes combaten al crimen–, Abregú se disparó a sí mismo. Su hermana, en un estado de histeria, imitaría su decisión funesta. Finalmente Fabio Abregú sobrevivió a su intento de suicidio y, por ello, fue a juicio.

Cuando era obvio que a Abregú lo iban a condenar a tres años de prisión por el homicidio culposo de Pamela Núñez, los jueces decidieron aprovechar la ocasión para hacer un poco de circo judicial, ya que, por suerte para ellos, se trataba de un “odiado” policía. Invocando la nefasta Convención de Belem do Pará, los magistrados aprovecharon para sumar unos puntos en el ranking de la corrección política condenando a Abregú por “violencia de género”, destinándolo así a vivir en prisión por los próximos 12 años. Para ellos es obvio: un policía torpe y descuidado lleva la violencia en el vientre, y las mujeres indefensas son sus víctimas predilectas. Sólo el camarista José Alfredo Garzia tuvo la valentía de hacer respetar el derecho, evitando aprovechar la oportunidad para que la colonización ideológica del Poder Judicial tuviera un nuevo avance. Por ese motivo este juez señaló que lo de Abregú fue una muestra de conducta irresponsable en el manejo de su arma de fuego reglamentaria y que, ni siquiera forzando el concepto, podía considerar a la situación como dolosa. Su opinión, como no podía ser de otro modo en la Argentina de hoy, fue categóricamente ignorada.

El Caso Verduguez, por su parte, es un ejemplo aún más claro de la persecución contra policías. Una tarde de octubre de 2006 dos patotas de adolescentes habían tomado la vereda del Colegio María Auxiliadora para convertirla en escenario de una batalla campal. Se trataba de las nefastas “Banda del Kiosquito” y “Banda del Portón”, dos grupos de jóvenes pertenecientes a familias de clase media y alta que pasaban sus días consumiendo drogas, robándole a los transeúntes y peleándose con quienes ellos identificaran como enemigos. El oficial Jorge Verduguez, al enterarse del enfrentamiento patotero, intervino para acabar con la trifulca.

Debido a que se trataba de una situación desigual (un policía contra una treintena de jóvenes descontrolados), el oficial quiso amedrentar a los jóvenes mostrándoles su arma. Cuando uno de los cabecillas de la “Banda del Kiosquito” se escapaba, Verduguez lo persiguió con tanta mala suerte que tropezó y emitió un disparo accidental. La bala alcanzó a un joven que estaba presenciando un partido de fútbol intercolegial en el Complejo Avellaneda y lo mató. Por ese homicidio evidentemente culposo, los jueces tucumanos condenaron a Verduguez a 10 años de prisión efectiva.

El padrastro de la víctima, durante el juicio, le reprochó a Verduguez que el oficial les “debía un hijo” a su familia. Pero lo cierto es que quien le debe un hijo a esa familia son los miembros de las patotas juveniles. El episodio del María Auxiliadora sirvió para ponerle un freno a los “nenes” patoteros: el revuelo que causó el crimen hizo que los padres de los jóvenes, finalmente, se hicieran cargo de los energúmenos que habían criado y se pusieran en campaña para sacarlos de las drogas y convertirlos en gente decente. Sin embargo se ve que ello no ha dado frutos, puesto que si los integrantes de las extintas “Banda del Kiosquito” y “Banda del Portón” fuesen realmente hombres dignos, durante el juicio hubiesen perdido perdón y hubiesen realizado algún gesto de compensación (como la creación de un fondo indemnizatorio) hacia la familia del joven muerto. Pero en el Tucumán de hoy es más fácil culpar de todos los males a la policía, incluso si es evidente que los oficiales intentan hacer lo que las familias disfuncionales no hacen.

La burbuja judicial

A los policías tucumanos no sólo no se les permite cometer errores, también se los castiga exageradamente por los mismos. Los jueces, por otra parte, trabajan sometidos a un sistema que se ha vuelto cada vez más garantista. Y ciertamente son muy pocos los magistrados que se atreven a nadar en contra de la corriente, temerosos ante la posibilidad de perder su empleo. Es decir dado que el Poder Judicial tiene una organización piramidal, si se coloca en la cima de esa pirámide a jueces garantistas, entonces los jueces legalistas del resto de la pirámide deberán obrar de un modo que no enfurezca a los máximos referentes judiciales, o de lo contrario éstos corren con el riesgo de perder su puesto por contradecir la interpretación de la ley dominante.

Y lo más grave es cuando estos leguleyos togados se niegan a salir de su zona de comodidad. El ejemplo tucumano que ilustra esto que señalo es el rechazo que los académicos del derecho hicieron del proyecto destinado a eliminar la excarcelación de todos aquellos que incurran en el delito de robo en la vía pública. Dicho de otro modo los legisladores tucumanos –atentos por una vez a las necesidades de la gente– quieren que cuando se atrape a un delincuente que ha intentado robar, éste no deje la comisaría antes de lo que la deja la víctima del delito que va a hacer la denuncia, que es lo que normalmente sucede ahora.

Muchos ilustres leguleyos tucumanos han criticado la iniciativa. Sebastián Herrera Prieto y Gilda Pedicone de Valls repudiaron la idea sosteniendo que la prisión preventiva para un arrebatador equivale a una condena anticipada (la cual además, por algún motivo que sólo existe en la mente de los juristas, no serviría para combatir al delito) y desarmoniza el sistema punitivo ya que encierra a alguien por una falta de un tipo y deja libre a otras personas con otro tipo de faltas que vendrían a ser, según su criterio, más graves.

Así, mientras políticos y jueces le ponen trabas absurdas a la policía, los ciudadanos tucumanos dependen cada vez más de si mismos para sobrevivir a la violencia que ha convertido al Jardín de la República en un terreno de hostilidades en el que la paz social se encuentra a punto de colapsar.  


Pablo Ulises Soria