La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

jueves, 13 de noviembre de 2014

Ley 26.657 o la nefasta reforma en materia de salud mental

La destrucción de la psiquiatría

En noviembre de 2010 se aprobó la Ley 26.657 que modifica la actividad de los psiquiatras en nuestro país, introduciendo la doctrina de los Derechos Humanos como principio ordenador, perjudicando así el desarrollo de la práctica científica para facilitar el control ideológico de la salud mental.

En Tucumán, el gobierno local –después de una fuerte campaña de presión por parte de la sucursal provincial del Inadi– promovió la adhesión a la ley y sumergió así a los psiquiatras en un mar de problemas. Mientras la Senadora Nacional Beatriz Rojkés de Alperovich se jacta de ser una de las mayores impulsoras del proyecto, cientos de psiquiatras manifiestan en voz baja su preocupación por las modificaciones que deben introducir en sus prácticas laborales.

El cambio más profundo que la ley genera es que prácticamente les quita a los profesionales de la salud la posibilidad de internar a un enfermo que puede dañarse a sí mismo o a los demás. La intención de quienes promovieron la reforma es erradicar los hospitales psiquiátricos y reemplazarlos por la medicación adecuada. El fundamento para esto proviene de la obra de autores como Michel Foucault, Franco Basaglia y Thomas Szasz, quienes –por motivos políticos– equipararon a los hospitales psiquiátricos con las cárceles, y repudiaron la existencia de ambas instituciones.

Desde esta perspectiva toda internación equivale a una privación ilegítima de la libertad. Por tanto se busca que los pacientes psiquiátricos circulen libremente, justo igual a cualquier otro ciudadano. Es la familia del enfermo quien deberá hacerse cargo a partir de ahora de esa persona.

Como los hospitales psiquiátricos tienden a reducirse, a los pacientes con problemas mentales se los envía cada vez con más frecuencia a los hospitales civiles. Allí se supone que recibirán atención por parte de un equipo multidisciplinario, pero, claro, esto rara vez ocurre (sobre todo en Tucumán), por el simple hecho de que los mentados equipos no existen. Es decir en la actualidad hay mucha gente de diversas profesiones (psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos, trabajadores sociales, abogados, etc.) que pululan por algunos hospitales, cobran sus sueldos, pero poco saben acerca de cómo trabajar de modo coordinado, haciendo cada uno aquello que le parece lo más correcto sin la necesidad de buscar la coincidencia de opinión. Los resultados son pocos satisfactorios, y muchas veces hasta contradictorios.

El paciente psiquiátrico en un hospital civil muchas veces incomoda a los otros pacientes, y otras veces los pone en peligro. Ante un paciente desbordado los médicos poco pueden hacer sin riesgo a ser denunciados después. Un psiquiatra me comentó que cuando uno de sus colegas decide retener a un enfermo, normalmente trata de adivinar si tiene o no parientes que lo puedan denunciar más tarde (en Tucumán ya empezaron a aparecer abogados “caranchos” que merodean los hospitales para anoticiarse sobre esas situaciones y convencer a los familiares de los enfermos de hacer la denuncia con el fin de obtener un resarcimiento económico).

Corrupción e hipocresía

Puesto que muchos pacientes psiquiátricos mantienen un vínculo muy frágil con sus familias (o directamente no tienen ningún tipo de relación con ellas), al deshopitalizarse uno de ellos termina deambulando sin ningún tipo de contención por las calles. Para resolver esa situación, el área de salud del gobierno tucumano ha puesto en marcha algo que llama “residencias tutelares”. ¿Qué son estas instituciones? Pues nada más y nada menos que manicomios en pequeña escala, destinados a albergar a toda aquella gente que por no tener una familia quedan flotando en las calles. Refuncionalizan los hospitales psiquiátricos sólo para reducirlos y enviarlos a diversos barrios, en tanto que venden públicamente que han dedehachehachizado a la psiquiatría haciéndola “más inclusiva y menos estigmatizante”.  Absoluta hipocresía.

El Hospital de Salud Mental “Nuestra Señora del Carmen” viene siendo transformado desde el año 2007. Fundado en 1920, la institución fue un casa de alienados de gran importancia que, a partir de 1982, reformuló sus principios para convertirse en un hospital modelo en materia de salud mental en el NOA. Pero desde 2007 la infame Minera La Alumbrera comenzó a inyectarle dinero para remodelar sus instalaciones. En unos pocos años todo cambió adentro del hospital, disminuyendo el número de pacientes internados pero multiplicando el número no sólo de trabajadores de la salud (psiquiatras y enfermeros principalmente, pero también psicólogos, neurólogos, ginecólogos, nutricionistas, dentistas, oculistas, y un largo etcétera), sino también de abogados, trabajadores sociales y educadores de todo tipo que organizan talleres “terapéuticos”, los cuales incluyen actividades como la jardinería, el bordado, algo llamado “expresión corporal” y muchas otras cosas similares que parecen escapadas del catálogo de intereses de Utilísima. Se comenta que el número de profesionales que trabajan allí superan ampliamente al número de gente que atienden, levantando dudas sobre si realmente están haciendo algo por la salud de la comunidad o si algunos pocos sólo coparon una institución pública para acomodar en el universo del empleo estatal a hijos y entenados con títulos universitario.

Las drogas ganan

La Ley 26.657 es promocionada como una obra maestra de la corrección política. Sin embargo es más que claro que hay una relación directa entre la normativa que regula el abordaje de los problemas de salud mental en la Argentina y quienes se benefician con el comercio (legal e ilegal) de drogas.

Día a día crece en nuestro país la venta de psicolépticos. Como los psiquiatras no pueden desarrollar terapias sin el consentimiento expreso por parte del paciente, cada vez más sostienen su práctica sobre la medicación. Esto, claro, ha generado que la circulación de psicolépticos haya aumentado, aumentando también el mercado negro que alimenta a aquellas personas que usan estas drogas de modo recreativo.

Pero los verdaderos beneficiados con esta ley son los narcotraficantes. El psiquiatra Eduardo Kalina ha denunciado valientemente a este hecho. Según Kalina, como la despenalización del consumo de drogas ilegales en nuestro país es efectiva (ningún juez del país tiene las agallas para penalizar con la cárcel a un consumidor de estupefacientes), queda en mano de los psiquiatras proteger a la sociedad ayudando al mismo tiempo a los individuos que se autoagreden a través de las drogas. Empero la nueva ley le ata las manos a los psiquiatras de un modo casi ridículo: si, por ejemplo, hay un adicto con un brote psicótico o en estado paranoico portando un arma (sea blanca o de fuego), un psiquiatra no puede actuar para medicarlo o internarlo, o si quiera reducirlo, ya que ello iría en contra de la voluntad del enfermo y sería lo mismo que un secuestro. Al psiquiatra sólo le queda conversar con el individuo alterado y tratar de hacerlo entrar en razón. Permítaseme la frase: ¡una locura! 

Kalina sostiene que un adicto sufre un cambio químico en su cerebro, lo que le hace percibir a la realidad de un modo que sólo corresponde a su mente. La mayoría de estos sujetos provienen de hogares que padecen una infinidad de problemas y van a parar a comunidades terapéuticas que trabajan con más voluntad que capacidad. Por tanto lo más lógico sería que el psiquiatra pueda tomar el control de la situación para beneficiar al consumidor, pero ello ya no se puede hacer.

Hay una burocratización espantosa en la nueva ley, que obliga a que antes de ayudar a un enfermo el equipo multidisciplinario delibere sobre la conveniencia o inconveniencia del caso. Entonces si una persona llega a un hospital bajo los efectos de la marihuana o de la cocaína, el psiquiatra no puede ordenar la retención del paciente como ha hecho siempre, sino que ahora tiene que convocar a los miembros del comité, limpiándole así al drogado el camino para volver a la vía pública con todos los peligros que ello implica. El que consume drogas ahora ya no sólo no es un delincuente, sino que tampoco es un enfermo: se trata simplemente de un consumidor que desea gastar su dinero como le place, por más que ello genere un grave daño contra él y contra todos los que lo rodean o lo cruzan. La monstruosidad más absoluta del individualismo.



Pablo Ulises Soria 

1 comentario:

  1. Hace poco en Salta se murió un interno del Ragone (un hospital psiquiátrico muy famoso) porque los enfermeros lo ataron a la cama y sufrió de una gangrena o algo así. En Salta nadie saltó a denunciar el hecho y decir que se violan los derechos humanos. Si pasaba en Tucumán iba a ser al revés.

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