La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

miércoles, 2 de julio de 2014

La corrupción se construye

El sector más corrompido de la economía es, sin dudas, el de la construcción. Todas las fases de los procesos constructivos suelen estar flageladas por prácticas corruptas. En Argentina esto resulta más que evidente. Lo penoso del escenario nacional es que mientras millones de pesos se fugan por un agujero negro, el trabajador local se ve privado de algo tan básico como una vivienda digna.

En Salta y Tucumán, en estos últimos tiempos, se destapó la cloaca sobre la que se desarrolla el negocio de la construcción. En La Linda el epicentro del escándalo fue el Instituto Provincial de la Vivienda: Fernando Alesanco, el presidente de la institución, fue acusado de contratar de modo directo a empresas encabezadas por sus propios familiares y por familiares de otros funcionarios del IPV. A ese delito se le sumó la queja por la demora excesiva (y el consiguiente reajuste presupuestario) en torno a la construcción de viviendas sociales.

En el Jardín de la República, la corrupción es aún más grave. El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizó una auditoría sobre la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que supervisaba Miguel Brito y el resultado fue perturbador: durante años esa repartición había estado realizando obras fantasmas y cobrando por ellas (como las numerosísimas rampas para discapacitados que hoy son inexistentes), o atribuyéndose obras de otros sólo para presupuestarlas y facturarlas después (como sucedió en una escuela de Amaicha del Valle en la que un grupo de estudiantes franceses de intercambio hicieron remodelaciones de manera gratuita pero figuran como abonadas por la DAU), o cumpliendo su función correctamente pero inflando el costo de cada obra de maneras grotescas. Al igual que en Salta, en Tucumán también fue tremendamente irregular el proceso de contrataciones de los constructores. Lo peor de todo es que quedó asentado que muchos de los constructores de obras fantasmas eran empresas igualmente fantasmas, con sedes en templos evangélicos, hogares humildes, galpones abandonados o en direcciones que ni si quiera se molestan por existirEn esta provincia es tan voraz el negocio de las construcciones (y tan jugosa la tajada coimera) que es común ver como el patrimonio arquitectónico histórico resulta violentamente menospreciado

Y, claro, mientras el dinero público iba a parar en cantidades excesivas a las billeteras de los funcionarios y la ciudadanía se veía afectada por la ausencia de obras, los corruptos a cargo del IPV y de la DAU no vacilaron en facilitarle las cosas a los de su casta. Es por ello que en Salta se produjo el escándalo de Lomas de Medeiros, Mirasoles, Posta de Yatasto y otras urbanizaciones en las que gente del gobierno y sus familiares recibieron cómodas viviendas de factura estatal de modos que resultaron enteramente sospechosos. Así, mientras muchas familias luchan por el acceso a un Plan Procrear sólo para comenzar después una angustiante peregrinación para encontrar un terreno a un precio accesible sobre el cual ejercer el derecho a poseer la casa propia, otras pocas familias privilegiadas consiguen disponer sin mucho esfuerzo de viviendas nuevas y bien ubicadas. 

En Tucumán, como no podía ser de otro modo, también sucedió lo que sucedió en Salta, pero no sólo ello: recientemente aparecieron testimonios de gente que, contratada por la DAU, es decir pagada con dinero del erario público, oficiaron de restauradores de las propiedades de José Alperovich y de sus familiares.     

A principios de junio de este año el alcalde de Venecia fue arrestado por haber hecho negocios turbios con constructoras. Hoy, aquí en la Argentina, Miguel Brito, Fernando Alesanco y otros involucrados en estos episodios de sistemática corrupción caminan libres por las calles, y esperan que los gobernadores los reasignen a un puesto público para seguir cobrando sus generosas becas estatales, si no es que de hecho ya lo hicieron.

¿Es tan difícil declarar imprescriptible a los delitos de corrupción? ¿Es tan difícil inhabilitar de por vida en el ejercicio de cargos públicos a quienes son culpables de este crimen?



Francisco Vergalito 

2 comentarios:

  1. En este país COMUNISTA deberían crearse leyes que regulen el tema de los alquileres, poniendo topes. Así los rentistas dejarían de parasitar a los trabajadores.

    Pablo

    ResponderEliminar
  2. Hay una ley en Tucumán, la 6.398, que establece que el Gobernador puede fijar su residencia donde desee y el Estado provincial se hace cargo de todas las refacciones y todos los gastos que se generen. Como si fuera un rey. Una burla.

    ResponderEliminar

-AVISO-
En este blog creemos en la libertad de expresión y por tanto no ejercemos la censura. Sin embargo no nos hacemos responsables por los comentarios vertidos por nuestros visitantes. Por ello, antes de comentar, por favor piense en lo que va a decir.