La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

martes, 10 de junio de 2014

El arte salteño de la impunidad

Los cadáveres politizados

El homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni dejó al descubierto que Salta es una provincia insegura para los miles de visitantes que espera atraer anualmente. La horrenda violencia que sufrieron esas dos mujeres, además, causó un tremendo aturdimiento social –que, tristemente, terminó alimentando a las sinarquías hembristas en sus cruzadas por imponer sus agendas ideológicas.   

El gobierno salteño, conciente de toda la repercusión negativa que el crimen generaba, apuró la investigación judicial para evitar que la impunidad reinase (impunidad que suele ser lo normal para otros casos similares). Así, tras casi tres años de procesamiento, finalmente se condenó a prisión a Gustavo Lasi. Los jueces fueron durísimos: lo sentenciaron a pasar los próximos 30 años detrás de las rejas. Sin embargo quedó claro que Lasi no actuó solo, sino que tuvo cómplices que también violaron y asesinaron. Daniel Vilte y Santos Vera, dos hombres a los que se los sindicaba como los cómplices de Lasi, fueron sometidos a juicio y terminaron absueltos por falta de pruebas en su contra. Una vez conocido el fallo, Jean Michel Bouvier, el padre de una de las víctimas, señaló que en Salta hay culpables que están libres.

Algunos acusan al gobierno de Juan Manuel Urtubey de haber ejercido una imprudente presión contra el Poder Judicial provincial que terminó fomentando el error. El periodista Daniel Chocobar, uno de los que avala esta idea, recordó que, en julio de 2012, ante el conmocionante hallazgo de los cadáveres de Luján Peñalva y Yanina Nuesch, el Gobernador también sugirió apresurar la investigación, por lo que se determinó que aquello se trató de un “pacto suicida”, conclusión que no termina de cerrarles a miles de salteños.

Dudas y certezas

Cuando se encontraron los cuerpos sin vida de Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la quebrada de San Lorenzo a fines de julio de 2011 se dijo que llevaban apenas unas horas de muertas. Luego, tras diversas pericias, la fecha del deceso de las francesas fue cambiada al 15 de julio. Ese hecho anunciaba que el evento produciría más dudas que certezas.

Como el estado de descomposición de los cadáveres era escaso para alguien que llevaba casi dos semanas sin vida a la intemperie, y debido a que las mujeres llevaban desaparecidas la misma cantidad de días, de inmediato se pensó que o bien las mujeres estuvieron en cautiverio o bien los cuerpos, tras ser asesinados, fueron retenidos y conservados en algún lugar antes de ser arrojados al espacio silvestre.

La línea oficial de investigación, la que siguió el Juez Martín Pérez a cargo de la causa, planteaba como hipótesis que unos lugareños habían interceptado a las francesas, sólo para violarlas y asesinarlas, abandonando luego sus cadáveres en medio de la tupida vegetación sanlorenceña. Así dieron con los que serían después los imputados, a quienes incluso les secuestraron objetos que pertenecían a las víctimas.

Otras hipótesis fueron descartadas. Una, que hasta llegó a ser defendida por la Diputada Provincial Liliana Mazzone, sostenía que las francesas eran investigadoras académicas que estaban redactando un informe sobre la malversación de fondos destinados al desarrollo social entre las comunidades aborígenes de Salta (hipótesis un tanto descabellada, que tiene menos verosimilitud que la posibilidad de que se haya tratado de un narcoajuste); la otra hipótesis, que fue mencionada en el juicio, es que a las mujeres las habrían atacado en un barrio privado de San Lorenzo, en el interior de una de las tantas mansiones que allí se ubican, quizás como efecto de una fiesta desmadrada.

La esquiva verdad

El juicio para determinar las responsabilidades de los actores del caso dejó muchos interrogantes abiertos. El más notorio de ellos fue sobre los resultados de ADN. Los peritos argentinos indicaron que la evidencia de que Lasi y Vera habían violado a las francesas era innegable; los peritos de Francia, en cambio, pusieron en duda que Vera haya ultrajado a las mujeres asesinadas, y señalaron además que habían encontrado ADN femenino en el área genital de los cadáveres, algo que nuestros peritos jamás mencionaron.

Esta discrepancia y anomalía se explicó afirmando que las muestras que llegaron a los laboratorios de Francia estaban alteradas, pero la noticia no tardó en asociarse con la foto de una mujer anónima que apareció en una de las cámaras de las víctimas. Al principio, por lo que manifestó el propio Bouvier, se creyó que la imagen correspondía a una mujer de nacionalidad francesa que trabaja como funcionaria provincial, gracias a que Francisco López Sastre –antiguo Ministro de Medio Ambiente– le facilitó el acceso al puesto público, aun sin demostrar idoneidad para ello. Luego esto fue desmentido (una joven en Buenos Aires entregó a la Embajada de Francia unos anteojos de sol similares a los que lucía la mujer en la misteriosa foto, diciendo que ella los había encontrado tirados en las sierras salteñas durante una visita a la provincia). Y, como si no fuera suficiente la presencia de francesas disimuladas, una vecina de San Lorenzo declaró que unos días antes de que se encontrasen los cadáveres recibió una extraña llamada telefónica en la que una mujer, con tono desesperado, le dijo en francés algo que no entendió por no hablar el idioma.

De todos modos eso no fue lo más llamativo en este asunto. Unos días antes del inicio del juicio, Luís Sarmiento murió apuñalado en una gresca, en lo que se creyó que se trataba del asesinato de un testigo clave. Sin embargo este individuo no estaba vinculado al caso. Quien si lo estaba era su hermano Miguel Sarmiento, un muchacho que, ante el tribunal, aseguró haber visto como la policía plantó el arma homicida cuando le allanaron su casa a Daniel Vilte (él, junto a Rodrigo Bautista –un oficial que sostuvo que los proyectiles hallados en la escena del crimen también fueron plantados–, enturbió lo que se había promocionado como una investigación impecable).

Vilte, uno de los imputados que terminó absuelto, fue también apuñalado durante una pelea con otro interno en la cárcel. De los tres acusados, Vilte fue el que más enérgicamente negó haber realizado aquello que se le atribuía haber hecho (durante el juicio se dijo que Daniel Vilte había abusado de un niño, lo que hace sospechar que la policía, operando intuitivamente, lo buscó por sus antecedentes de presunto violador).

Sin embargo algo sobre lo que se enfatizó poco en las diversas audiencias fue el Caso Piccolo. Néstor Piccolo era el Jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Salta; él fue el responsable, entre julio y noviembre de 2011, de conducir la pesquisa para dar con los violadores y homicidas. A Piccolo no lo apartaron del caso, simplemente apareció muerto, con un tiro en la cabeza. Se estableció que el deceso del policía fue por un suicidio, pero siempre quedó en el aire la duda sobre la veracidad de ello. Durante el juicio su nombre apareció varias veces, pero la evocación del fantasma no motivó absolutamente nada entre las autoridades judiciales.

Ficciones

Conocido el veredicto de los jueces, toda Salta sintió un sabor amargo en la boca. Las críticas no se hicieron esperar: Martín Pérez y los miembros de la Brigada de Investigaciones se llevaron la peor parte, acusados de ser vergonzosamente incompetentes. También se señaló la extraña actitud del condenado Gustavo Lasi (Bouvier lo tildó de “psicópata”): nadie puede asegurar si está o no encubriendo a alguien.  

Jean Michel Bouvier, un típico sesentiochista, retornó a su país aparentemente sin rencor, satisfecho por haber visto que los derechos de los acusados fueron respetados, y pidiéndole al Estado argentino que ayude a erradicar la violencia en contra de las mujeres y que trabaje para que se eviten los apremios ilegales a los imputados. Mientras tanto, en Argentina, más de uno aprovechó el episodio para forzar algunas conclusiones. El sociólogo Pedro Marcelo Ibarra es ejemplar en ese aspecto: consultado por el diario tucumano La Gaceta, Ibarra indicó que la actitud estoica de Bouvier provocó cierta empatía en la sociedad salteña y que ello es positivo, pues a partir de ahora muchos estarán dispuestos a reclamar justicia con la misma entereza y templanza que el francés, ya que además el juicio –al no caer en lo de condenar a los perejiles sólo para contentar al público– habría demostrado que en Salta es posible gozar de los derechos elementales por más poder superior que se vea afectado a causa ello. O sea, para Ibarra, lo bueno de todo esto es que la mancha sobre la imagen internacional de Salta que Urtubey trató velozmente de limpiar sigue estando. Y como si regocijarse de ello fuese poco, Ibarra aprovechó para empujar su propia agenda: aseguró que en Salta es ridículamente amplio el contraste entre el escenario turístico y el escenario cotidiano, y que mientras esa brecha no se reduzca (mejorando, claro, las condiciones de vida de la población salteña) entonces se está en peligro de brotes de racismo y machismo que serían un resabio colonial.

Lo de Ibarra parece oportunismo ideológico ante una tragedia impune. En este sentido lo suyo es similar a, por ejemplo, la reflexión que las12, el suplemento hembrista del pasquín Página/12, publicó después de conocida la sentencia del juicio. Allí se pinta a Lasi como un producto del patriarcado falocrático que atacó a dos mujeres que caminaban por la quebrada de San Lorenzo porque, simplemente, entendió que puede hacerlo. Es decir, para las12 –como para las hembristas en general– no hubo un doble homicidio sino un doble feminicidio: dos mujeres fueron violadas y asesinadas por el simple hecho de haber nacido mujeres y de haberse cruzado con viles machistas que fueron programados culturalmente para atacar a toda mujer que se vea indefensa. Es tan absurda esa conclusión (sobre todo porque el propio texto sugiere que todo indica que Lasi no las atacó en donde se dice que fueron atacadas) que terminan mezclando el caso con crímenes pasionales recogidos en un libro de Selva Almada que en nada se parecen a lo que sucedió en Salta.

Quien usa la ficción de un modo más acertado es Sergio Olguín. Olguín es un autor que escribió Las extranjeras, una novela que trata de una periodista que investiga el doble homicidio de unas turistas foráneas en Tucumán. Olguín, astutamente, relaciona el hecho a casos como el de María Soledad Morales o Paulina Lebbos, vale decir a casos de asesinatos en el marco de fiestas protagonizadas por miembros de las familias poderosas de la región.

Personalmente, si yo tuviera que elaborar una ficción a partir de este caso, emplearía a personajes pertenecientes a la fauna progresista como asesinos. Suena más creíble.



Ángela Micaela Palomo

jueves, 5 de junio de 2014

Repudio norteño a la Narcorepública

La Liga de la Justicia

En el mes de mayo se realizó un operativo antidrogas en el norte de Salta que terminó con el arresto de dos hombres (ambos gendarmes) y la decomisión de casi 400 kilos de cocaína. La enorme cantidad de droga secuestrada junto a la detención de dos uniformados hubiese resultado un hecho llamativo hace diez años atrás, pero en la Argentina de hoy a nadie sorprende que la frontera sea tan ridículamente porosa y que sus guardianes sean tan grotescamente corruptos como para que con tanta facilidad penetre tanta muerte en polvo a nuestra nación.

Ciertamente es preocupante encontrar tanta indiferencia ante algo tan grave como el narcotráfico. Cada una de las medidas gubernamentales en contra de este problema aparentan ser escasas y tardías. Los dos paladines kirchneristas en la lucha contra la drogadicción y el narcotráfico son Sergio Berni y Juan Carlos Molina, un médico y un trabajador social con respectivo pasado en el Ejército Argentino y la Iglesia Católica. Ambos sujetos reúnen de un modo simbólico los cuatro pilares sobre los que debería estar construida la estrategia en  contra del flagelo de la droga: trabajo social preventivo y contención espiritual para imposibilitar las adicciones, medicina para rescatar a quienes se suicidan dosis a dosis, y acción militar para combatir a la delincuencia. Sin embargo dicho plan, por más elemental que suene, resulta ajeno a la Argentina de hoy.

Es por ello que muchos miembros del Poder Judicial han comenzado una campaña para alertar acerca de la insuficiente acción gubernamental que se observa para combatir al narcotráfico que opera en el país. Un grupo de jueces federales de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones ha adquirido notoriedad en los últimos meses tras haberse agrupado para emitir peticiones dirigidas a las autoridades nacionales, solicitándoles que intensifiquen las medidas judiciales para combatir el avance de la narcolonización (en rigor de la verdad, estos magistrados están haciendo lo que cualquier otro juez haría en su lugar: dar pruebas del caos actual para que después, cuando todo se vea desbordado, no los persigan acusándolos de no haber cumplido con sus funciones).

En la última reunión de los magistrados realizada en un hotel de la ciudad de Buenos Aires el funcionario Julián Álvarez, un camporista prepotente y confrontativo, fue a convencer a los jueces para que acepten que la realidad es maravillosa tal y como la pinta 678, pero tuvo que escaparse del recinto hostigado por la cantidad de quejas que recibió. A diferencia del gobierno, parece que a estos jueces si les interesan los problemas del país y no desean convertirse en integrantes de la Narcorépublica.

Sin mordaza

Para generar algo de respuesta a sus reclamos, los jueces decidieron utilizar los medios masivos de comunicación con la esperanza de que el gobierno actúe ante la preocupación de la opinión pública. Es por ello que el juez salteño Jorge Villada hizo declaraciones explosivas en las últimas semanas.

Villada podía haber hablado sobre el contrabando, el lavado de dinero o el tráfico humano, ya que esos delitos son realidades cotidianas en Salta, sin embargo prefirió abordar otro tema escandaloso: el narcotráfico. Villada dijo que, a raíz de la falta de radares óptimos, es común ver como “llueve” droga desde avionetas en el NOA; también sostuvo que las fuerzas de seguridad de la región están contaminadas de delincuentes, los cuales trabajan infiltrados para hacer funcionar el negocio narco. Pero la más fuerte de sus declaraciones fue el asegurar que en Salta se produce aproximadamente un narcoajuste por semana. Esto causó cierto estupor a nivel nacional. Sin embargo el propio Villada se encargó poco tiempo después de aclarar que eso que había dicho estaba sacado de contexto, ya que él no había cuantificado la cantidad de narcoajustes sino que simplemente había señalado la existencia de los mismos y su multiplicación a lo largo de los años.

De cualquier modo, lo que Villada dice –haya sido o no una mala interpretación periodística– no parece incorrecto. En todo el país se producen homicidios vinculados a cuestiones de droga, pero la prensa no siempre lo relata así. En Tucumán, para poner un ejemplo, el diario La Gaceta constantemente informa acerca de homicidios en barrios marginales de la capital y sus alrededores, pero ellos son siempre presentados como “disputas entre vecinos”, “peleas entre familias” o cosas por el estilo. Empero cuando uno entrevista a quienes habitan en los vecindarios donde vivían las víctimas lo más común es enterarse que los asesinados tenían algún tipo de contacto con el mundo de las drogas. Evidentemente ni víctimas ni victimarios pueden decirle la verdad a los policías y a los jueces, pues ello arruinaría el narconegocio, por lo que todo termina presentado a Tucumán como si fuese una tierra habitada por salvajes que resuelven sus problemas domésticos a los tiros cuando la realidad es otra.

Pero Villada no fue el único que habló. Graciela Fernández Vecino, una camarista federal tucumana, señaló que la presencia de un gran número de migrantes colombianos en territorio argentino es algo que no se puede pasar por alto, y la jueza chaqueña Zunilda Niremperger señaló que la por la frontera norte del país también ingresan armas.

La actitud de estos magistrados ante las promesas vacías del gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y las adicciones convoca a la sociedad argentina a prepararse para asistir a la narcolonización del territorio nacional. Los jueces proponen multiplicar juzgados, designar más personal para atender todas las causas penales, y crear mecanismos para que se multipliquen las denuncias contra los mercaderes de la muerte y los denunciantes se sientan protegidos. Son las respuestas que pueden aportar desde su posición, pero a la droga no se la vencerá en nuestro país sin la unión de sus ciudadanos, es decir no se la vencerá mientras continúen en el poder los actuales gobernantes.



Pablo Ulises Soria