A la espera de resultados
A Pastor Humberto Maurín lo
detuvo la policía a principios de enero de este año por comercializar paco en Villa Juanita, un barrio marginal de la ciudad de Salta. El lunes pasado Maurín
–conocido popularmente por el apodo de “Vaca Mala” que obtuvo en sus años como
boxeador profesional– fue juzgado y condenado a pasar los próximos cuatro años en prisión. Lo destacable de este caso es que se trató de la primera causa por
narcocomercio que resolvió la
Justicia de la provincia de Salta, ya que dicha atribución
correspondía anteriormente a los juzgados federales.
Salta adhirió a la Ley 26.052 en julio de 2013.
Dicha ley modifica a la 23.737 –otra famosa norma conocida como la
Ley Nacional
Eduardo Sylvester y Pamela Calletti, ministros de Gobierno y de Justicia de Salta respectivamente,
manifestaron su satisfacción ante la condena de Maurín, sugiriendo que ella es
la primera de muchas. No obstante suena un tanto ridículo que un par de funcionarios festejen
que un puntero vaya a prisión por orden de la Justicia provincial
cuando es muy probable que, de haber caído en la órbita de la Justicia federal, al
delincuente le hubiese sucedido lo mismo. Encarcelar gente es la última acción
en la lucha contra el narcotráfico; ante lo que los funcionarios de una
provincia limítrofe deberían celebrar es en el haber conseguido que el gobierno
nacional tape los enormes agujeros fronterizos que el delito utiliza para crecer.
Ahora bien, mientras la provincia
de Salta ya puso en marcha lo que la
Ley 26.052 dispone, la provincia de Tucumán recién este mes
ha decidido adherir a dicha norma. La movida ha generado numerosas críticas.
Quien mejor las expone es el periodista Álvaro Aurane de La Gaceta :
según este escriba, los políticos tucumanos han acatado la ley pero no han
planificado absolutamente nada sobre cómo hacerla operativa. Es decir, hoy en
día, la Justicia
tucumana padece de una escasez de fiscales, lo que hace que sólo el 10% de las
causas penales promovidas anualmente sean resueltas; a eso se le suma que la
provincia carece de un equipo policial destinado a combatir el narcotráfico y
tampoco posee centros de rehabilitación para atender a los consumidores
detenidos. Aun así los legisladores provinciales han optado por obligar al
Estado tucumano a emprender una lucha intensa y desgastante.
Aurane subraya además que no son
claros los motivos del Gobernador Alperovich para ordenarle a su tropa
parlamentaria que marque este nuevo rumbo. En principio se supone que la
adhesión a la Ley
26.052 inyectaría importantes cantidades de dinero de la Nación en la provincia para
financiar la infraestructura policial, judicial y penitenciara que debe de
crearse (y no hay que olvidar que, junto a la insuficiencia judicial y a la
insolvencia policial, el actual déficit penitenciario tucumano es gigantesco);
empero otros distritos que ya transitaron el camino de Tucumán han asegurado
que el gobierno nacional lo que menos ha hecho ha sido girar fondos para
atender ese asunto. ¿Entonces cuál es el verdadero motivo? Según Aurane todo se
trata de obsecuencia: la Casa Rosada
Los miembros del Poder Judicial
tucumano reaccionaron de manera distinta ante la nueva iniciativa contra el
narcotráfico. El Camarista Federal Ricardo Sanjuán manifestó su apoyo a la idea
ya que supone que ello ayudará a descomprimir su labor, en tanto que el Fiscal Federal Gustavo Gómez sostuvo que se está creando un problema muy grave al
divorciar la tarea nacional de la provincial a la hora de combatir al tráfico
de drogas (cabe aclarar que Sanjuán y Gómez son algo así como rivales, debido a
que uno y otro han demostrado cultivar posiciones muy divergentes a la hora de abordar asuntos judiciales relacionados al daño del medio ambiente).
Ante las críticas, José Alperovich
indicó que la nueva normativa se encuentra en periodo de pruebas, y agregó que tras
analizar la evolución de su efectivización durante el año (léase tras medir
cuánto rédito político puede llegar a obtener él al dar la sensación de estar
combatiendo a los narcos mientras se cierran kioscos y se encierra a punteros) decidirá
aplicarla en 2015 o prorrogarla hasta quien sabe cuando.
La guerra contra la
Hidra
En Jujuy, a diferencia de Salta y
Tucumán, la adhesión a la Ley
26.052 todavía es un proyecto en ciernes. Lo curioso de esa provincia es que
las propuestas para imitar a sus vecinas provienen no del oficialismo, sino de
la oposición, ya que ha sido el Diputado Provincial Pablo Baca de la UCR quien más ha presionado
para que Jujuy asuma su rol judicial y policial en la lucha contra el
narcomenudeo.
Baca, por supuesto, busca que el
Poder Judicial se amplíe y que la Policía
Provincial
Básicamente lo que muchos hacen
es recordar que la provincia de Buenos Aires fue la primera en adherir a la Ley 26.052 y desde entonces el
narcotráfico no ha parado de crecer en aquel territorio. Al principio, la Policía bonaerense se
lucía deteniendo a los punteros, pero ello sólo logró que el narcokiosco fuese
sustituido por el narcodelivery. Así, hoy en día se ven ir y venir a cientos de
jóvenes en motocicletas a toda hora; cuando se los detiene, debido a la escasa
cantidad de droga que llevan consigo, son candidatos ideales para que los
jueces los califiquen de “consumidores” y en cuestión de semanas estén
nuevamente en las calles. Por ello querer combatir al narcotráfico de ese modo
es como querer derrotar a la
Hidra cortándole las cabezas.
La evidencia que muchos se resisten a ver
Más allá de las críticas de los
expertos, es comprensible que los gobiernos de Salta o Tucumán busquen dar
algún tipo de respuesta a una tragedia que cada día se vuelve más visible. Porque
el consumo de drogas no para de crecer en la Argentina , afectando
tanto a los ricos como a los pobres, destruyendo familias e incrementando los
niveles de violencia cotidiana. Hay barrios donde todo el mundo puede señalar
quienes son los que venden droga y a quienes se la venden, pero poco se hace en
contra de esos personajes.
Salta es un buen ejemplo de lo
que es la narcolonización contemporánea. Recientemente el Fiscal Federal José Luís Bruno estimó que cerca del 80% de las causas por narcotráfico en Salta están
radicadas en el norte provincial, lo que ilustra lo terrorífica y decadente que
es el área fronteriza en nuestro país. Sin embargo esa situación no es
exclusiva del olvidado norte salteño: en el sureste de la mismísima ciudad de
Salta, concretamente en los barrios Ceferino y 20 de Junio, una ONG alertó que 8 de cada 10 menores de edad están peligrosamente vinculados a la droga. De
allí que el caso de un adolescente en Metán detenido con una gran cantidad de cigarros de marihuana listos para vender en la escuela a la que asiste no
resulte tan escandaloso como debiera de serlo.
Una de las cosas más tristes de
este asunto, es que los responsables más visibles de este escenario no tienen
ni un gramo de vergüenza. Un ejemplo de ello es Claudia Román Ru, la actual
Secretaria de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones de la
provincia de Salta. A su repartición, la Sindicatura General
de la Provincia
le hizo una auditoría que resultó lapidaria: varios millones de pesos llegan
anualmente a la Secretaría ,
pero es notoria la ausencia de acciones estratégicas destinadas a ayudar a las
personas adictas, ya que la falta de protocolos específicos y la pobrísima
gestión de la información recabada sobre el tema hace que quede en evidencia la
grotesca improvisación que debe tolerar una persona a la que la droga le está
consumiendo la vida en Salta. Gustavo Farquharson, el antecesor de Román Ru en el puesto
de Secretario, sostuvo que el creciente caos en materia de recuperación de
adictos es culpa de la incompetencia de la actual responsable en el área. Román
Ru –la aludida por Farquharson– prefirió contestar a las críticas que le
hicieron desviando la discusión hacia otro lado, destacando que es urgente que
Argentina avance hacia la legalización de la marihuana para desestigmatizar a
las víctimas de la adicción y colocarse a la par de los países más
“progresistas” de la región.
La droga, evidentemente, circula
por el NOA con pocas restricciones. Si es cocaína entra a través de Bolivia y
si es marihuana lo hace a través de Paraguay (aunque no siempre es así), e
inicia su periplo hasta Buenos Aires, dejando rastros en todo el país. Normalmente
la droga, al momento de ingresar, ha sido previamente procesada en Bolivia, Perú, Paraguay
u otro país, pero en otras ocasiones a las plantas las convierten en el
producto listo para el consumo aquí mismo. El Secretario de Seguridad de la Nación , el médico Sergio
Berni, generó una polémica al contradecir al Ministro de Defensa de la Nación , el ingeniero Agustín
Rossi, quien había declarado que Argentina era un país productor de estupefacientes. Berni, para evitar el blanqueamiento sincericida, señaló que para
producir droga es necesario permitir los cultivos de coca, cáñamo u otras
plantas que, en nuestro país, están prohibidos. El Juez Reynoso, asombrado ante esas declaraciones, le recordó a Berni que ambos habían visitado hace no mucho un laboratorio
clandestino hallado en el Chaco salteño en donde se acopiaba coca y se
elaboraba cocaína. El Comisario Marcelo Lami, Jefe de la Policía de Salta, intentó
desautorizar a Reynoso, apuntando que él, que es el responsable de controlar el
territorio provincial, en todos sus años de servicio jamás había oído sobre la existencia de ese tipo de establecimientos, intentando con ello demostrar que la experiencia personal del
propio Juez no sirve para ensuciar al país de la “década ganada”.
La cruz sobrecargada
El tópico de la narocolonización
que sufre la Argentina
llegó al debate público hace unas semanas, después de que la violencia propia del mundo de las drogas golpease con todo su horror en los bosques de Palermo.
Tuvo que ser asesinado alevosamente un delincuente colombiano en los jardines
de la Metrópolis
para que la prensa comience a parlotear seriamente acerca de algo que en lugares como Salvador Mazza se vive a diario y desde hace bastante.
La Iglesia Católica había intentado instalar el tema el año pasado. En noviembre último, la Conferencia Episcopal
Unos meses antes, en julio, el
propio Papa Francisco había repudiado a los mercaderes de la muerte, dejando en
claro que la liberalización de las drogas le parece aberrante. Sin embargo la
interpretación del mensaje papal que hicieron los políticos argentinos es
diferente: ninguno comenzó una campaña para intentar detener el cabildeo drogón
que llevan a cabo Aníbal Fernández, Victoria Donda, Eugenio Zaffaroni y
personajes de esa calaña, y si, por el contrario, aprovecharon el asunto para utilizarlo como una oportuna plataforma para intentar llegar hasta el Papa (y
hasta la gente que escucha más lo que proviene desde el Vaticano que lo que se
dice desde aquí).
Quien ha explotado oportunistamente a la
preocupación de la Iglesia Católica
De cualquier modo hay sacerdotes que no callan lo que es obvio: su rol ante las drogas es limitado, ya que la Iglesia Católica
El Partido Narco
La política argentina parece estar
invadida por sujetos peligrosamente cercanos al mundo de las drogas. Salta es
pródiga en ejemplos. El caso más reciente es el de Héctor D’Auria, pero antes
de él están Federico Parra, Ulises Durán y Arturo Cifre (y el recuento que hago
abarca solamente los últimos tres años). A quien se sindica como el pionero de
la narcopolítica salteña es a Juan Carlos Romero, tres veces gobernador de la
provincia y actual senador nacional en segundo término. La Diputada Nacional Elisa Carrió apuntó contra el caudillo afirmando que el referente salteño de
Massa y Macri heredó de su padre el puesto de organizador de una importante red
de narcotráfico.
Pero Carrió no se limitó a señalar
a Salta como sede del narconegocio en la Argentina , también indicó que Santiago del Estero
se ha convertido en un lugar desde donde se facilita el ingreso, la producción
y la distribución de drogas. Quizás Carrió aludía a todo lo que rodea a Humberto Salim, el Intendente de Frías sospechado de tener vínculos con los
narcotraficantes, pero tal vez lo que la parlamentaria intentaba era golpear un
poco más arriba en la jerarquía de poder de esa provincia.
Otra dirigente de peso que alertó
sobre la importancia del NOA en la circulación de la droga en la Argentina fue la Diputada Nacional Margarita Stolbizer. Lo que la lideresa del GEN dijo es que mientras se intenta
instalar que Santa Fe es la base de operaciones de los narcos en la Argentina , se olvida de que
Tucumán hace una contribución enorme en el asunto. Algo de razón tiene la
congresista, ya que si bien en esa provincia no se multiplican los casos de
narcofuncionarios como sucede en la vecina Salta, no faltan sospechas sobre lo
que realmente hacen los hombre del poder.
Los hermanos Orellana son el
blanco predilecto de dichas sospechas. Este mes Sergio Massa visitó el Jardín de la República para iniciar
la construcción de una base provincial para el Frente Renovador. Durante su
estadía en Tucumán, el Diputado Nacional visitó Famaillá, el feudo gobernado
por los Orellana. Antes de concretar la visita, el mismo entorno de Massa le sugirió que no aceptase la invitación, pero el bonaerense no hizo caso. Unos
días después al mismo intendente que recibió al líder opositor un grupo de concejales famaillenses lo acusaron de ser la versión local de Pablo Escobar.
Es fácil pensar que la acusación
contra los Orellana son meras chicanas politiqueras, pero no hay que olvidar
que los hoy convencidos massistas fueron fervientes kirchneristas hasta hace
poco, lo que hace pensar que el narcotráfico en Tucumán no está ligado a los
opositores únicamente.
Para contrabalancear
políticamente la acusación de narcopolíticos que les han hecho a los Orellana,
basta con recordar que uno de los hijos de Alperovich, el mes pasado, fue señalado por Juan Suris de ser una suerte de cómplice. Suris es un sujeto
acusado no sólo de narcotráfico, sino también de lavado de dinero y tráfico de
personas, que saltó a la fama cuando fue detenido en el departamento de su
novia, la vedette uruguaya Mónica Farro. Más tarde varias escuchas telefónicas
al tal Suris se dieron a conocer, y allí afloró la referencia a uno de los
vástagos del gobernador tucumano. Por supuesto que el clan hebreo negó toda
relación con el imputado y preparó una coartada tan inverosímil como válida para una Justicia corrupta como la nuestra.
Pero si hay alguien emblemático
en lo de multiplicar sospechas en Tucumán por sugerir la existencia de un
narcopoder ese es Pedro Hugo Balceda. Balceda es un hombre del PJ que ahora es líder de Cambio Moral, un partido provincial cercano a la UCR. En
Ángela Micaela Palomo
En Tucuman esta la ley 7.240 que es de la epoca de Miranda. Esa ley obliga a todos los funcionarios publicos a hacerse la rinoscopia. Nadie la cumple.
ResponderEliminarNo se olviden de Maribel Gomez y Gustavo Flores dos ñoquis de la municipalidad de Isa que terminaron presos por vender cocaína.
ResponderEliminar