El día que Tucumán no pudo ser Estocolmo

Estimado lector,

La novedad de estos días en la vapuleada Tucumán es, como tristemente nos hemos enterado, que la infame Fundación María de los Ángeles recibirá un predio que pertenece al noble Liceo Militar “General Gregorio Aráoz de Lamadrid”. Decenas de niños se verán así privados de un campo de deportes, sólo por el deseo de algunos de ver crecer a un edificio que albergará, según se supone, a un jardín de infantes. Ha sido Agustín Rossi, el mismísimo pelele que oficia de Ministro de Defensa, quien ha avalado el atropello del patrimonio castrense. Al parecer el nefasto gobierno kirchnerista ha empezado a notar que Hebe de Bonafini está perdiendo verborragia, por lo que temen quedarse sin una energúmena que implante culpa a través de la victimización; entonces les urge conseguirle un sustituto a la anciana, y Susana Trimarco cumple cada día mejor ese rol.   

La señora Trimarco ha demostrado tener una lengua esputadora. Sólo es cuestión de acercarle un micrófono y una cámara de filmación para incitarla a que se condene por intermedio de sus palabras. La Nueva Hebe aspira a que la vida impune que le ha facilitado su situación personal y su relación con el poder le dure para siempre. 

La única exigencia que Trimarco tiene para que, cual agraciada jovencita, la consagren Reina Nacional de los Derechos Humanos, es que la maquinaria de fantasmas que opera produzca, cada tanto, un nuevo motivo que la justifique. Es decir, el gran defecto de la versión anterior de Trimarco –me refiero, claro, a la Bonafini– es que los niños desaparecieron de sus casas sólo una vez, y, por más que se los busque (y hasta se los encuentre), su destino es el extravío eterno. La señora de Bonafini es un poderoso símbolo del error irreparable, pues ella no es hacedora de finales felices; por ello su presencia ha ido irritando cada vez más con los años, ya que la paciencia ante una supuesta víctima que se dedica a enmierdar a quien no le agrada se va agotando en el buen ciudadano que la ve vomitar odio constantemente sin que nadie se atreva a acercarle un atiemético para no quedar mal parado ante la opinión pública. Trimarco, en cambio, si puede probar que sus veneno verbal si es tolerable: sólo debe salir a la calle, buscar a una jovencita de vida disoluta, venderle una beca o una jubilación para que deje el oficio más antiguo del mundo el cual eligió ejercer voluntariamente, y convencerla de que siga el guión que le escribieron los creadores de ficción que trabajan en La María de los Ángeles. Ese guión la exhorta a que afirme que no es una meretriz porque no le alcanza para vivir con lo que cobra de los planes sociales, sino que lo es porque fue raptada, violada, torturada y obligada a tener sexo con hombres a cambio de seguir siendo mantenida con vida.

Es cada vez menos la gente que cree que la película que produce Susana Trimarco es real. Pero, aun así, muchos se niegan a contrariar cualquier cosa que ponga en duda su veracidad. Entonces, cada tanto, los propios hechos dejan al descubierto los hilos del titiritero.

En enero, La María de los Ángeles buscaba a una mujercilla que se había ausentado de su hogar. La fémina en cuestión apareció unos días después, contó que había estado secuestrada en un galpón junto a otras ocho de sus pares, y luego borró todas las evidencias que tenía a su alcance y le pidió a la Justicia que no la “revictimice” obligándola a eso tan molesto de tener que colaborar con la investigación. Pues bien, este mes las desventuras de las doncellas buscadas por la ONG de Trimarco tuvieron un final peculiar. Sucede que la princesa en peligro por la que Fundación María de los Ángeles pedía su presencia apareció en Santiago del Estero, pero detenida como cómplice de un robo. Al parecer estaba de novia con un hombre unos veinte años más grande que ella con quien se dedicaba a las artes de la sustracción de lo ajeno. El pobre infeliz tuvo la suerte de caer en Santiago del Estero y no en Tucumán, ya que de haber sido detenido aquí no se hubiese tardado ni un minuto en conocerse lo que, “de verdad”, ocurrió: él es un proxeneta que capturó a la desdentada, le propinó una paliza, la ultrajó, y después la utilizó para cometer un robo; y ella, por su parte, es una desafortunada empleada y estudiante que fue raptada a plena luz del día cuando caminaba por la calle, y que ahora, para sorpresa de todos, padece del síndrome de Estocolmo, ese que la mueve a simpatizar con su perverso corruptor. A Susana Trimarco la aguarda un Premio Nobel de la Paz, y, si no se puede conseguir ello, un Óscar no vendría mal.

FUENTE:

La Cuestión Boliviana

La fiebre del uranio

Hace veinte días atrás escribí un artículo sobre el actual conflicto limítrofe que enfrenta a la Argentina contra Bolivia en el departamento de Santa Victoria, provincia de Salta. Para redactar aquel texto lo que hice fue revisar en la prensa boliviana la información relativa a Tarija. Así descubrí que Willy Gareca –un caudillo militar tarijeño– reclama desde hace años que Argentina le devuelva unos 600 kilómetros cuadrados a Bolivia, los cuales, según su opinión, nuestro país se los habría sustraído al suyo de manera arbitraria. Curiosamente, la información difundida por El Tribuno señalaba que el gobierno boliviano habría anexado 600 kilómetros cuadrados de Santa Victoria. Entonces subrayé que las cifras no parecían azarosas.

Ahora la información sobre el asunto se está multiplicando. Lo penoso es que sólo El Tribuno trabaja en el asunto. El resto de la prensa adicta o/y mercenaria prefirió adherir al relato oficial formulado por el Canciller Timerman que sostiene que no pasa nada de nada, por más de que hayan 17 familias argentinas diciendo lo contrario.

La novedad que dio a conocer el diario salteño de mayor tirada es que el gobierno boliviano detectó la presencia de uranio y torio en cantidades importantes en el departamento de Tarija, lo que los ha motivado a movilizarse para llevar a cabo su extracción. En la frontera donde estalló el conflicto, los bolivianos no sólo han puesto una escuela (un gesto simbólico de soberanía), también han construido un camino de un tamaño nada despreciable, ideal para colaborar con las explotaciones mineras. Todo ello al mismo tiempo que el gobierno argentino niega sistemáticamente que haya algo extraño en todo este asunto.

Gareca reclama 6.000 hectáreas para sembrar caña de azúcar. Creo que las 6.000 hectáreas rebosantes en uranio y torio valen mucho más que el azúcar, el alcohol, el papel o lo que sea que hagan con la caña.

Ineptitud o complicidad

La reacción del actual gobierno argentino (tanto del nacional como del provincial) ha sido el completo desinterés. Sólo se limitaron a afirmar que existen tratados limítrofes vigentes desde hace décadas, y que no ha habido voluntad de ninguno de los dos Estados de alterar dichos tratados.

Gustavo Barbarán, un jurista salteño experto en derecho internacional, señaló que si bien es cierto que no hay un conflicto limítrofe, es bastante evidente que hay un problema de demarcación. En noviembre del año pasado, Bolivia decidió ajustar la demarcación de su territorio, incomodando a unas 17 familias argentinas que viven y poseen territorios en el área fronteriza. Aparentemente ello no sería un atropello en contra de los tratados binacionales, pero si lo sería en contra de la costumbre a través de la cual organizan sus vidas nuestros compatriotas en el norte de Santa Victoria.

El Gobernador Juan Manuel Urtubey sostuvo que todo este asunto está narrado en un tono tremendista por la prensa opositora, y, durante las celebraciones por un nuevo aniversario de la Batalla de Salta, el político indicó que la provincia no puede armar un cuerpo militar y declararle la guerra al país vecino. Ciertamente hay cosas que Salta como provincia no puede hacer, pero hay otras que si: un ejemplo sería el agitar el asunto en Buenos Aires, especialmente en el espacio del Congreso de la Nación, pero, salvo por las honrosas excepciones de Bernardo Biella y Juan Carlos Romero, ni pejotistas, ni renovadores, ni trotskistas se han pronunciado sobre el asunto. El periodista Francisco Sotelo ha propuesto dos hipótesis –excluyentes la una con la otra– para explicar este extraño episodio: o al gobierno argentino directamente no le interesa lo que sucede en su territorio (sería como que nos diera lo mismo que las Malvinas sean inglesas) o el kirchnerismo está encubriendo un ilícito que le reporta un beneficio que los demás argentinos ignoramos. 

El comienzo y no el final

Este súbito enfrentamiento con Bolivia trae a la palestra pública a la Cuestión Boliviana. Argentina y Bolivia, alguna vez, fueron parte del mismo territorio. Luego llegó el tiempo de las independencias hispanoamericanas y dos naciones diferentes nacieron. Tras 200 años, cada país evolucionó siguiendo caminos distintos. Hoy en día eso hace que argentinos y bolivianos se perciban como dos pueblos radicalmente diferentes, aunque no faltan los bienintencionados que se esfuerzan por resaltar los puntos en común en donde las naciones coinciden.

La principal diferencia entre bolivianos y argentinos que muchos acentúan está relacionada a una supuesta brecha racial. Argentina sería tierra de “blancos”, mientras que Bolivia la sería de “negros”. Sin embargo el racialismo, en Argentina, no tiene el peso que tiene en Bolivia: desde que gobierna Evo Morales, la tensión racial ha comenzado a golpear profundo en la sociedad boliviana. El gobierno de allá utiliza el tema del racismo para victimizarse y para cercenar la libertad de expresión. En Argentina, en cambio, lo que hay (y desde hace siglos) es una ceguera racial: blancos, pardos y mestizos conviven aquí vindicando la herencia común que los hace argentinos. En Bolivia, el gobierno actual les hace creer a su población que los pobres son pobres porque los ricos son racistas, mientras que en Argentina sabemos que los pobres son pobres porque los responsables de sacarlos de esa situación son unos miserables, con independencia de la raza, religión, ideología, sexo o edad que tengan.

He visto a muchos argentinos ofendidos ante quienes se quejan del ventajismo boliviano. Porque esa es la opinión generalizada entre nosotros: los bolivianos son gente cordial y pacífica ante los argentinos, pero, cuando aparece algún tipo de asunto económico en la relación entre ambos, ellos, los bolivianos, siempre buscan sacar ventaja. Quizás eso sea una generalización peligrosa, pero, más allá de que no todos los bolivianos se comporten así, sobran ejemplos de los que si lo hacen. Algo de comprensible hay en esa actitud. Históricamente el acceso a la riqueza ha sido más efectivo en Argentina que en Bolivia, de allí que los bolivianos vean a nuestro país como un campo de oportunidades, mientras que nosotros sólo lo vemos como un lugar en el cual únicamente puede uno dedicarse a sobrevivir, ya que el país vive alternando periodos de prosperidad con periodos de crisis. Por ende es difícil que el argentino crea verdaderamente en la “hermandad latinoamericana” que con tanta corrección política se predica como el nuevo Evangelio de estos tiempos: lo nuestro sería más bien un paternalismo, si no fuera por el hecho de que los hijos no acostumbran a perjudicar a los padres cada vez que tienen la posibilidad.

La Cuestión Boliviana obliga a cambiar la forma de ver las cosas. Es fácil desde Buenos Aires decir que en un confín perdido del país no está pasando nada con una línea imaginaria, pese a que decenas de compatriotas se quejen ante el peligro de que les expropien sus tierras: al fin y al cabo los bolivianos son “nuestros hermanos” y ya se ha planeado colocar una estatua de Juana Azurduy de Padilla para desplazar a la de Cristóbal Colón en las cercanías de la Casa Rosada, por lo que la “Patria Grande” no es un proyecto a futuro sino una realidad ya operativa. Es, precisamente, una visión unitaria de este tipo lo peor que puede pasarle al país.

Argentina, según su Constitución Nacional, es una república federal, no un barco piloteado desde una ciudad con un puerto. Por tanto lo que le hace falta a este país es crear la conciencia de que en los límites, en ese montón de mojones y líneas invisibles que separan a nuestro país de los demás, es donde empieza la Argentina y no donde termina. Las fronteras no son el lugar sucio donde concluye el patio de la casa, son –o más bien deberían ser– el pórtico vistoso desde donde aquel al que dejamos entrar comprende que ha ingresado a un territorio con tradiciones, leyes y costumbres propias, que debe si o si respetar.

Francisco Vergalito

Explíquenos Señora Trimarco

Los turbios millones

En los últimos días en Tucumán asistimos a un intercambio de chicanas entre el Legislador Provincial Ricardo Bussi y el abogado “trimarquista” Carlos Garmendia. Todo comenzó cuando se supo que la ONG que regentea Susana Trimarco optó por no recurrir la sentencia que la Sala II de la Cámara Penal había emitido sobre los hermanos María Jesús y Víctor Rivero en 2012. En efecto, en diciembre del año pasado los trimarquistas consiguieron que diez de los trece absueltos en 2012 fuesen finalmente condenados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: entre los tres omitidos se encuentra una proxeneta ya fallecida, y los dos personajes citados, que, según la propia Trimarco, resultan ser nada más y nada menos que los autores materiales del secuestro de su hija.

Hubo mucha especulación en torno a esta situación curiosa. Ricardo Bussi, sin proponer ninguna teoría, simplemente señaló que resultaba llamativo que una mujer que despotricó numerosas veces en contra de los Rivero decida, de repente, dejar de hacerlo justo cuando podía conseguir la justicia (o la venganza) que tanto anhela.

Carlos Garmendia, el jefe del equipo jurídico de la Fundación María de los Ángeles, no tuvo mejor idea que responderle atacando al mensajero y no al mensaje, así que tildó a Bussi de “injuriador” y sacó a relucir el currículum vitae del padre del político, como si ello tuviera algo que ver con todo este asunto.

Bussi, ante una contestación tan torpe (producto de alguien que no tiene argumentos ni fundamentos), replicó: no sólo recordó que los tucumanos votaron repetidamente a su padre, sino que además volvió sobre su huella indicando que la ONG de Trimarco factura de modo poco transparente grandes fortunas mensuales gracias a la “generosidad” de diversos gobiernos como el Nacional, y los de Capital Federal, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Córdoba, y, por supuesto, Tucumán. No satisfecho con ese golpe tan certero, Bussi agregó que el Caso Lebbos sigue aún impune y que la madre de Marita Verón bien podría contribuir con su resolución si realmente le importase ayudar a alguien que no sea ella misma.

Garmendia, otra vez haciendo gala de su impericia para los intercambios dialécticos, contestó señalando que Bussi lleva 20 años viviendo del Estado –olvidando, claro, que esa pervivencia es producto del voto popular– y que sus chicanas eran producto de “la envidia”.

El ataque de Bussi a la banda de Trimarco no es novedoso: ya en septiembre, por ejemplo, el Legislador aprovechó la oportunidad para criticar a la Fundación María de los Ángeles por no rendir cuentas sobre qué es lo que exactamente hacen con los millonarios subsidios que reciben. En ese momento el hijo del fallecido Gobernador comparó a Susana Trimarco con Hebe de Bonafini y, con buen tino, sostuvo que el dinero que alimenta al engendro trimarquista debería destinarse a las áreas de Seguridad, Salud y Educación.

La película de terror inconclusa

Las críticas de Bussi pegan en el costado más visible de la ONG de Trimarco. Todos en Tucumán han visto a la mentada señora paseándose en costosos vehículos y comprando ropa y accesorios femeninos nada baratos. Por ello la sospecha de que a la Fundación María de los Ángeles le sobra el dinero es algo generalizado en la provincia. Sin embargo poco se dice sobre el costado menos visible: las funciones que cumple y las tareas que realiza. A mi me interesa esto en particular, ya que es un tema escasamente abordado pero no por ello menos irregular que las finanzas de la ONG.

Para ilustrarlo me gustaría hablar sobre el Caso Mariana Yapur. A mediados de enero, una joven de 21 años tomó el colectivo de la línea 5 en la esquina de Don Bosco y Félix Olazábal y luego no se supo de ella por cinco días. Los familiares de Mariana Yapur, la joven en cuestión, recurrieron a la Fundación María de los Ángeles, que rápidamente inició una campaña para difundir la fotografía de la mujer extraviada en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. La histeria creció velozmente y, con los días, hubo hasta un piquete en la Avenida Mate de Luna reclamando la aparición de la joven. Finalmente el 16 de enero Yapur regresó a su hogar, supuestamente tras haber sido arrojada desde una camioneta en las cercanías del Parque Avellaneda.

Lo inquietante del Caso Yapur es que la joven contó que fue secuestrada cuando ayudó a una mujer embarazada a bajarse del colectivo en el que viajaba. Aparentemente esa mujer era cómplice de unos secuestradores, que la introdujeron a un auto con vidrios polarizados y la llevaron a un galpón en donde la tuvieron maniatada durante varios días junto no a una, ni dos, ni tres compañeras de cautiverio, sino con ¡otras ocho mujeres!

El relato de Yapur, sin dudas, es espeluznante. Pero tiene un final feliz… o algo así. Sucede que, según su narración, los secuestradores decidieron liberarla, reintegrándole sus dos teléfonos celulares y todas las pertenencias que tenía al momento de salir de su casa, incluyendo su ropa. Yapur llegó a su casa “confundida”, fue asistida por miembros de la Fundación María de los Ángeles, se resistió a realizarse un examen médico, asentó la denuncia en una comisaría y luego, aunque le habían pedido que no lo hiciese, destruyó pruebas.

Con sólo poseer un mínimo de sentido común cualquiera puede darse cuenta de que hay algo por demás extraño en el Caso Yapur. Más allá de la actitud cuestionable de la joven (similar, en cierto sentido, a la famosa jujeña Nuria Nieva Ocampo), su relato nos informa de ocho mujeres –todo un harén– completamente cosificadas. ¿Acaso no es eso terrible? ¿Cómo puede alguien dormir tranquilo sabiendo que ocho mujeres, ocho personas provenientes de familias trabajadoras como los Yapur, están siendo retenidas en contra de su voluntad quien sabe con qué fin? ¿Es posible tanto machismo y maldad en pleno siglo XXI? ¿No sería conveniente allanar todos y cada uno de los galpones de San Miguel de Tucumán y sus alrededores para liberar a esas víctimas? ¿El vecino tucumano no tendría que entrar en pánico? 

En Jujuy, cuando Nuria Nieva Ocampo se fugó de su hogar, no sólo la Justicia sino también la prensa actuaron como se esperaba que actúen: unos investigando y demoliendo las patrañas inventadas por la aspirante a víctima, y los otros mostrándole a la gente que no existen los secuestradores que salen a cazar jóvenes al azar para alimentar las redes de trata de persona en el NOA. Tucumán, en cambio, cuando tuvo en el Caso Yapur a su propio Caso Nieva Ocampo su Justicia y su prensa hicieron lo contrario: archivamiento de la causa por un lado, y silencio total por el otro.

En Tucumán las cosas suceden y nadie explica nada. Por ello la provincia parece ser escenario de una película de terror, una película de terror de presupuesto multimillonario, dirigida por una mujer a la que el oportunismo y la ambición, tristemente, la han tornado siniestra.  

Ángela Micaela Palomo

A la sombra de Bolivia

Usurpación

El pasado domingo 26 de enero el diario El Tribuno de Salta publicó un artículo acerca de un conflicto limítrofe en el área del paralelo 22º. Dicho paralelo es el que separa a la Argentina de Bolivia. Según Antonio Gaspar –el autor del texto– los bolivianos han movido el hito fronterizo unos 30 kilómetros hacia el sur, anexando gracias a ello cerca de 600 km² nuestros a su territorio.

El artículo recoge el testimonio de los habitantes del paraje Abra de Santa Cruz, un lugar situado en el Valle del Silencio, sitio que a su vez se encuentra en el departamento Santa Victoria, en el norte de Salta. Los compatriotas coinciden entre si: en las últimas semanas han recibido visitas de funcionarios y militares bolivianos que les han advertido que urgentemente deben reubicar sus hogares y evitar que los animales que crían ingresen a pastar a territorio de Bolivia. También les han propuesto tramitar la ciudadanía boliviana para evitar futuras complicaciones.

La información, así presentada, es terrible para Argentina: esta usurpación territorial significa nada más y nada menos que un atentado directo en contra de nuestra soberanía nacional. Una cuestión así hasta podría llegar a ser un motivo de guerra.

Respuestas oficiales

Pese a lo atestiguado por numerosos salteños residentes en la frontera argentino-boliviana, el kirchnerismo no hizo otra cosa más que negar el asunto. Héctor Timerman, el infame Canciller argentino, señaló que el límite que separa a Argentina de Bolivia fue acordado por última vez en 1925, y que desde entonces no se ha propuesto ninguna modificación (en realidad Timerman habló de “frontera” y no de “límite”, demostrando una vez más que no está ni minimamente capacitado para ocupar el puesto en el Estado que actualmente ocupa).  

Después del Canciller, todos se sintieron envalentonados para opinar. Ariel Basteiro, el Embajador argentino en Bolivia, acusó a la prensa de haber mentido, señalando que el Estado boliviano no movió el hito limítrofe sino que sólo colocó uno nuevo (ubicado entre el hito de la peña Orko y el del cerro Mecoya) para robustecer la demarcación del territorio. Y Reina Sotillo, la Cónsul argentina de Villazón, afirmó que los bolivianos no hicieron más que clarificar los límites binacionales, luego de haber llevado a cabo los estudios geográficos correspondientes.

Lo malo de lo sostenido por Timerman, Basteiro y Sotillo es que ignoran categóricamente lo denunciado por las familias del Valle del Silencio. Vale decir, es posible que hoy en día no exista ningún acuerdo para modificar los límites, pero aún así hay argentinos que han sido hostigados por autoridades bolivianas.

A eso último lo reconoció el propio Cástulo Yanque, un sujeto que se desempeña actualmente como Intendente del municipio de Santa Victoria Oeste –el cual es responsable por el paraje Abra de Santa Cruz. Sin embargo Yanque bajó los decibeles, asegurando que la presencia de militares junto a funcionarios del Estado boliviano no ha sido para amedrentar a nuestros compatriotas con amenazas de desalojo, sino sólo para convencerlos “amablemente” de que opten por la ciudadanía del otro país.

Lo que pasó realmente  

Así como las autoridades argentinas han minimizado el asunto y descalificado a los ciudadanos que legítimamente denunciaron lo que sufren, así también los bolivianos evitaron dar explicaciones. David Choquehuanca, el Canciller de Bolivia, dijo prácticamente lo mismo que su par argentino, cuidándose de agregar algo que clarifique por qué una veintena de familias asegura que un hito limítrofe ha sido movido tres decenas de kilómetros hacia el sur.

Para entender el conflicto hay que remontarse unos cuantos años hacia atrás. Si bien la disputa limítrofe entre Bolivia y Argentina fue arreglada en 1925 (año del Centenario de Bolivia) y armonizada en 1947, lo cierto es que se ha hecho un trabajo posterior muy pobre en el área. Ello ha provocado que se generen disputas entre campesinos bolivianos y argentinos en relación a los terrenos cercanos al río Bermejo. En efecto, los ríos son entidades geográficas que cambian su curso con el tiempo, por tanto es normal que comisiones binacionales específicas se ocupen cada cierta cantidad de años de actualizar los límites políticos. Emplear ríos como elemento de demarcación nunca termina de ser una buena idea, debido, justamente, a la naturaleza dinámica de los mismos, lo que obliga a realizar reajustes periódicos que normalmente causan incomodidad entre las poblaciones fronterizas.

Pues bien, muchos preguntarán: “¿qué tiene que ver el Bermejo con el paralelo 22º?” Y la respuesta es “todo”. En 2012 legisladores tarijeños del oficialismo y de la oposición denunciaron que finqueros argentinos habían reubicado maliciosamente tres hitos limítrofes en el área del Bermejo, para a través de ello obtener nuevos terrenos aptos para la siembra de caña de azúcar. Detrás de esa gravísima denuncia aparece el infame Willy Gareca.

Gareca es un Coronel del Ejército de Bolivia, el mismo ejército que se declaró “socialista” y “anticapitalista”. Este sujeto se hizo famoso en Argentina en el año 2010: el diario salteño El Tribuno (el mismo al que el kirchnerismo acusa ahora de ser “xenófobo”) publicó fotografías en la que se veía a militares bolivianos secuestrando herramientas y vehículos de la finca La Polvareda, situada en el departamento San Martín de la provincia de Salta. Gareca había procedido amparado por su lógica: los productores rurales argentinos, según su opinión, habían movido los mojones limítrofes, por lo que estaban operando en territorio boliviano sin autorización. Así, desde su perspectiva, la incursión en terreno extranjero lo convertía al Coronel en un héroe de su patria.

El Juez Federal Raúl Reynoso tomó cartas en el asunto y presionó para que el gobierno boliviano suspenda a Gareca –en aquel momento era nada y nada menos que el Comandante Superior de la Unidad de Frontera del Ejército de Bolivia–, además de conseguir que se les devuelva a los propietarios de La Polvareda todo lo que les había sido sustraído. Al poco tiempo los bolivianos restituyeron a Gareca en su puesto.

Gareca retornó a su lugar convertido en un ídolo popular. En una zona donde el narcotráfico crece día a día, este sujeto es apoyado y seguido por los campesinos locales. Entre 2012 y 2013 se multiplicaron las denuncias de bolivianos que acusaban a los argentinos de estar avasallándoles su territorio, llegando incluso a sostener que algunos poblados (Arrozales, Valle Dorado, Candado Chico, etc.) estaban bajo dominio informal de nuestros compatriotas. Allí fue cuando se cuantificó la cantidad de terreno supuestamente usurpado: 6.000 hectáreas, es decir 600 km².

Entonces, lo que aparentemente sucedió fue que, como los bolivianos no pudieron dibujar el límite fronterizo tal y como ellos lo deseaban en las fértiles zonas de los ríos Bermejo y Grande de Tarija, se desquitaron con el paralelo 22º. Su excusa es que no han hecho más que asentar el mojón donde está el límite acordado por ambas naciones, pero ello (de ser cierto) atenta contra las costumbres ancestrales de los pobladores, habituados a utilizar esos 30 kilómetros de territorio en disputa como espacio productivo argentino.

Un poco de historia

Uno de los pocos políticos argentinos que no se alinearon automáticamente con los bolivianos –tomando la noticia transmitida por El Tribuno como una denuncia y no como una confusión bien o mal intencionada– fue Alberto Asseff, Diputado Nacional bonaerense por el Frente Renovador. Asseff repudió el expansionismo boliviano y elevó un aclaratorio pedido de informes en el Congreso de la Nación, en donde recordó que la resolución de la Cuestión de Tarija en 1889 fue un auténtico acto de entreguismo antiargentino.

Lo que sostiene Asseff tiene más de un fundamento. En 1810 el cabildo de Tarija fue uno de los primeros en adherir a la Revolución de Mayo, y dicha gobernación envió emisarios a la Junta Grande. En 1816 no hubo un representante tarijeño en el Congreso de Tucumán, pero no porque Tarija rechazara la iniciativa, sino porque en ese momento la región se encontraba bajo ocupación realista.

En 1825 el Alto Perú era el último reducto auténticamente realista en toda Suramérica. Una vez derrotado el General Pedro Antonio de Olañeta, el último gran custodio de la Corona en esta parte del mundo, el Mariscal Antonio José Sucre –avalado por el General Simón Bolívar– avanzó sobre el país. El 6 de Agosto de ese año se declaró la independencia de la República de Bolívar (rebautizada dos meses después como “República de Bolivia”): en aquel momento Tarija no integró a la naciente nación, pero tampoco consiguió definir su situación de miembro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, debido a que el Presidente Bernardino Rivadavia se negó a operar a favor de los norteños. Con poca oposición oficial, los bolivianos presionaron a los argentinos hasta conseguir ocupar Tarija y anexarla en octubre de 1826, mientras nuestro país disputaba una guerra contra el Imperio de Brasil por la posesión de la Banda Oriental (el actual Uruguay). Un tiempo después, el gobierno de Buenos Aires –a cargo ya de Manuel Dorrego–, sabiendo que culturalmente Tarija era argentina, les propuso a los bolivianos cederle la Puna de Atacama para recuperar el territorio perdido, reforzando de paso la identidad andina de Bolivia; pero en aquel entonces los bolivianos aspiraban a la expansión en el corazón del subcontinente, y rechazaron la oferta.

Tras la llegada al poder del Mariscal Andrés de Santa Cruz, los bolivianos pusieron en marcha la siguiente fase de su proyecto expansionista. De ese modo se creó la Confederación Peruano-Boliviana, y se comenzó a trabajar por avanzar sobre Chile y Argentina (es sabido que, por ejemplo, la secesión de Jujuy del territorio salteño estuvo alentada por los bolivianos). Santa Cruz era, al igual que Evo Morales, un mestizo, que de ser uno de los hombres más fieles a la Corona y a la Tradición terminó convertido en un masón al servicio de los intereses británicos. Argentina entró en guerra con el engendro nacional liderado por Santa Cruz, pero hostigada al mismo tiempo por franceses y británicos poco hizo por vencer. Finalmente, cuando las fuerzas chilenas y peruanas habían quebrado a los hombres de Santa Cruz, Manuel Oribe avanzó hacia el norte enviado por Rosas para domesticar a los valientes norteños que en 1840 se habían levantado en armas contra Buenos Aires. Oribe no se detuvo en Jujuy, y siguió avanzando hasta liberar a Tarija del yugo boliviano, pero Rosas, “asesorado” por los británicos, dio la orden de retroceder y resolver el problema por vía diplomática. A partir de allí Tarija quedó sentenciada a ser parte de Bolivia.

Durante las décadas siguientes todos los intentos binacionales para resolver la cuestión de Tarija fueron infructuosos. Recién en 1889 se firmó el Tratado Quirno Costa-Vaca Guzmán a través del cual Argentina renunció a su reclamo sobre Tarija para obtener un sector de la Puna de Atacama que estaba –y sigue estando– controlado por Chile, y que Bolivia había perdido tras su derrota en la Guerra del Pacífico de 1879-1880.

Asimetrías

En los últimos siglos Bolivia evolucionó como un Estado fallido. Es que desde su concepción se notaba una artificiosidad peligrosa como principio rector del país. En 1825 Bolivia no debió acceder a la Independencia, sino repartir sus territorios entre Perú y Argentina, tal y como los españoles lo habían hecho al crear el Virreinato del Río de la Plata con lo que le pertenecía al Virreinato del Perú. Pero la codicia y las conspiraciones masónicas pudieron más, y Bolivia al final se impuso.

Hoy en día las consecuencias de aquello saltan a la vista: el territorio boliviano ha ido siendo absorbido por Brasil, Chile y Paraguay a lo largo de los años. La población boliviana padece de pobreza extrema, y de escaso acceso a la educación, a la salud y a la seguridad. Evo Morales no ha hecho más que ejercer la demagogia, permitiendo a su vez que la organizaciones criminales transnacionales crezcan en su territorio hasta alcanzar un volumen espeluznante. De allí es que no resulta raro que el tal Willy Gareca tenga el terreno despejado para hacer todo lo que hace.

Eduardo Videla, un cagatintas de Página/12, fue uno de los operadores del kirchnerismo que trataron de desarticular el conflicto argentino-boliviano desde la prensa. Para ello, este zanguango no tuvo mejor idea que etiquetar a la gente que opinó sobre el asunto como “xenófobos”. Es que apenas se conoció la noticia, muchos compatriotas recordaron que nuestros “hermanos” de la “Patria Grande” no nos brindan un trato simétrico a los argentinos. Y esto es cierto porque, por ejemplo, mientras que cualquier boliviano puede ser atendido en un hospital público de Argentina de manera completamente gratuita, un argentino en Bolivia debe pagar por el uso de los servicios médicos; mientras que cualquier boliviano puede instalarse en la Argentina y adquirir propiedades sin demasiadas dificultades, lo inverso no ocurre (un argentino residente en Bolivia debe, de hecho, someterse a un constante control por las autoridades de ese país); mientras que las Fuerzas de Seguridad trabajan permanentemente en Argentina para combatir al tráfico de personas, las autoridades bolivianas poco hacen en contra de este flagelo. Y por si fuera poco mientras que conseguir y mantener un automóvil es un proceso tedioso y carísimo en la Argentina, en Bolivia hay una ley que le permite a cualquiera obtener y preservar una patente de ese país por muy poco dinero, sin la necesidad de estar explicando de dónde salió el automóvil nuevo: esto, claro, ha estimulado el incremento del robo de autos en nuestro país, con el objeto posterior de ser impunemente traficados al vecino del norte.

El Diputado Nacional oficialista Rubén Rivarola anunció al momento de asumir su banca en 2011 que una de las primeras cosas que iba a hacer al entrar al Congreso de la Nación era trabajar para que los bolivianos dejen de aprovecharse de los argentinos y simetricen o compensen el trato que nos dan en su país. Hoy en día Rivarola parece haberse olvidado de lo que prometió en aquella oportunidad, pues ni siquiera se dignó a opinar sobre el tema, aun siendo dueño de la versión jujeña de El Tribuno.

La necesidad de actuar

Creo que, como están las cosas ahora, los bolivianos tienen más chances de lograr que Bahía Blanca sea un puerto propio, a lograr que Chile les devuelva la cantidad suficiente de territorio como para montar un puerto en el Pacífico.

Cuando estalló la guerra entre Argentina y Gran Bretaña en 1982 por la posesión de las Malvinas, a algún cretino se le ocurrió decir que las islas debían ir a manos de Bolivia, para que de ese modo el mentado país obtuviese su anhelada salida al mar. Actualmente no me extrañaría que alguno de los kirchneristas más fanáticos proponga lo mismo, y, peor aún, lo haga desde un puesto de funcionario. Porque eso es lo más patético de todo esto: la gavilla de usurócratas que nos gobierna agitó la bandera de Malvinas para movilizar sentimentalmente al pueblo argentino, y al mismo tiempo no mueve ni una pestaña para lidiar con Bolivia. Los gendarmes pueblan el conurbano bonaerense, como una policía militar que vigila protestas sociales, mientras que en el norte del país, en la Frontera Caliente, pasan cosas cada vez peores ante la ausencia cada vez más patente de los guardianes de la patria.

Evidentemente el litio pesa mucho. Bolivia tiene tanto litio que, en algo así como una década, debería pasar de ser uno de los países más desastrosos de este hemisferio, a devenir una suerte de Arabia Saudita (o sea un país con mucho dinero pero sin demasiadas buenas ideas sobre como usarlo productivamente). Ese cambio económico podría generar que los bolivianos en la diáspora argentina, junto a su descendencia, retorne a su país. Ojalá esto se produzca. Pero mientras tanto, mientras Argentina siga sin estar a la sombra de Bolivia, es preciso que los alambrados crezcan a lo largo y ancho de la frontera, y que las Fuerzas de Seguridad den prueba de su existencia en la zona. Y si eso no ocurre porque altera los perversos planes de Cristina Kirchner (y de sus jefes y aliados), entonces hay que comenzar a luchar por el derecho de que cada argentino bien nacido pueda armar milicias ciudadanas –como las que proliferan en EEUU– para hacer las cosas que son urgentes del modo que corresponde.

Francisco Vergalito