Usurpación
El pasado domingo 26 de enero el
diario El Tribuno de Salta publicó un artículo acerca de un conflicto limítrofe en el área del paralelo 22º. Dicho
paralelo es el que separa a la
Argentina de Bolivia. Según Antonio Gaspar –el autor del
texto– los bolivianos han movido el hito fronterizo unos 30 kilómetros hacia
el sur, anexando gracias a ello cerca de 600 km2 nuestros a su
territorio.
El artículo recoge el testimonio
de los habitantes del paraje Abra de Santa Cruz, un lugar situado en el Valle
del Silencio, sitio que a su vez se encuentra en el departamento Santa
Victoria, en el norte de Salta. Los compatriotas coinciden entre si: en las
últimas semanas han recibido visitas de funcionarios y militares bolivianos que
les han advertido que urgentemente deben reubicar sus hogares y evitar que los
animales que crían ingresen a pastar a territorio de Bolivia. También les han
propuesto tramitar la ciudadanía boliviana para evitar futuras complicaciones.
La información, así presentada,
es terrible para Argentina: esta usurpación territorial significa nada más y
nada menos que un atentado directo en contra de nuestra soberanía nacional. Una
cuestión así hasta podría llegar a ser un motivo de guerra.
Respuestas oficiales
Pese a lo atestiguado por
numerosos salteños residentes en la frontera argentino-boliviana, el
kirchnerismo no hizo otra cosa más que negar el asunto. Héctor Timerman, el
infame Canciller argentino, señaló que el límite que separa a Argentina de
Bolivia fue acordado por última vez en 1925, y que desde entonces no se ha
propuesto ninguna modificación (en realidad Timerman habló de “frontera” y no
de “límite”, demostrando una vez más que no está ni minimamente capacitado para
ocupar el puesto en el Estado que actualmente ocupa).
Después del Canciller, todos se
sintieron envalentonados para opinar. Ariel Basteiro, el Embajador argentino en
Bolivia, acusó a la prensa de haber mentido, señalando que el Estado boliviano
no movió el hito limítrofe sino que sólo colocó uno nuevo (ubicado entre el
hito de la peña Orko y el del cerro Mecoya) para robustecer la demarcación del
territorio. Y Reina Sotillo, la
Cónsul argentina de Villazón, afirmó que los bolivianos no
hicieron más que clarificar los límites binacionales, luego de haber llevado a
cabo los estudios geográficos correspondientes.
Lo malo de lo sostenido por
Timerman, Basteiro y Sotillo es que ignoran categóricamente lo denunciado por
las familias del Valle del Silencio. Vale decir, es posible que hoy en día no exista
ningún acuerdo para modificar los límites, pero aún así hay argentinos que han
sido hostigados por autoridades bolivianas.
A eso último lo reconoció el
propio Cástulo Yanque, un sujeto que se desempeña actualmente como Intendente
del municipio de Santa Victoria Oeste –el cual es responsable por el paraje
Abra de Santa Cruz. Sin embargo Yanque bajó los decibeles, asegurando que la
presencia de militares junto a funcionarios del Estado boliviano no ha sido
para amedrentar a nuestros compatriotas con amenazas de desalojo, sino sólo
para convencerlos “amablemente” de que opten por la ciudadanía del otro país.
Lo que pasó realmente
Así como las autoridades
argentinas han minimizado el asunto y descalificado a los ciudadanos que
legítimamente denunciaron lo que sufren, así también los bolivianos evitaron
dar explicaciones. David Choquehuanca, el Canciller de Bolivia, dijo
prácticamente lo mismo que su par argentino, cuidándose de agregar algo que clarifique
por qué una veintena de familias asegura que un hito limítrofe ha sido movido
tres decenas de kilómetros hacia el sur.
Para entender el conflicto hay
que remontarse unos cuantos años hacia atrás. Si bien la disputa limítrofe
entre Bolivia y Argentina fue arreglada en 1925 (año del Centenario de Bolivia)
y armonizada en 1947, lo cierto es que se ha hecho un trabajo posterior muy
pobre en el área. Ello ha provocado que se generen disputas entre campesinos
bolivianos y argentinos en relación a los terrenos cercanos al río Bermejo. En
efecto, los ríos son entidades geográficas que cambian su curso con el tiempo,
por tanto es normal que comisiones binacionales específicas se ocupen cada
cierta cantidad de años de actualizar los límites políticos. Emplear ríos como
elemento de demarcación nunca termina de ser una buena idea, debido,
justamente, a la naturaleza dinámica de los mismos, lo que obliga a realizar
reajustes periódicos que normalmente causan incomodidad entre las poblaciones
fronterizas.
Gareca es un Coronel del Ejército
de Bolivia, el mismo ejército que se declaró “socialista” y “anticapitalista”. Este
sujeto se hizo famoso en Argentina en el año 2010: el diario salteño El Tribuno (el mismo al que el
kirchnerismo acusa ahora de ser “xenófobo”) publicó fotografías en la que se
veía a militares bolivianos secuestrando herramientas y vehículos de la finca La Polvareda, situada en el
departamento San Martín de la provincia de Salta. Gareca había procedido
amparado por su lógica: los productores rurales argentinos, según su opinión,
habían movido los mojones limítrofes, por lo que estaban operando en territorio
boliviano sin autorización. Así, desde su perspectiva, la incursión en terreno
extranjero lo convertía al Coronel en un héroe de su patria.
Gareca retornó a su lugar
convertido en un ídolo popular. En una zona donde el narcotráfico crece día a día, este sujeto es apoyado y seguido por los campesinos locales. Entre 2012 y
2013 se multiplicaron las denuncias de bolivianos que acusaban a los argentinos
de estar avasallándoles su territorio, llegando incluso a sostener que algunos
poblados (Arrozales, Valle Dorado, Candado Chico, etc.) estaban bajo dominio
informal de nuestros compatriotas. Allí fue cuando se cuantificó la cantidad de
terreno supuestamente usurpado: 6.000 hectáreas, es decir 600 km2.
Entonces, lo que aparentemente
sucedió fue que, como los bolivianos no pudieron dibujar el límite fronterizo
tal y como ellos lo deseaban en las fértiles zonas de los ríos Bermejo y Grande
de Tarija, se desquitaron con el paralelo 22º. Su excusa es que no han hecho
más que asentar el mojón donde está el límite acordado por ambas naciones, pero
ello (de ser cierto) atenta contra las costumbres ancestrales de los pobladores,
habituados a utilizar esos 30 kilómetros de territorio en disputa como espacio
productivo argentino.
Un poco de historia
Uno de los pocos políticos
argentinos que no se alinearon automáticamente con los bolivianos –tomando la
noticia transmitida por El Tribuno
como una denuncia y no como una confusión bien o mal intencionada– fue Alberto
Asseff, Diputado Nacional bonaerense por el Frente Renovador. Asseff repudió el expansionismo boliviano y elevó un aclaratorio pedido de informes en el
Congreso de la Nación,
en donde recordó que la resolución de la Cuestión de Tarija en 1889 fue un auténtico acto
de entreguismo antiargentino.
Lo que sostiene Asseff tiene más
de un fundamento. En 1810 el cabildo de Tarija fue uno de los primeros en
adherir a la Revolución
de Mayo, y dicha gobernación envió emisarios a la Junta Grande. En 1816 no hubo
un representante tarijeño en el Congreso de Tucumán, pero no porque Tarija
rechazara la iniciativa, sino porque en ese momento la región se encontraba
bajo ocupación realista.
En 1825 el Alto Perú era el
último reducto auténticamente realista en toda Suramérica. Una vez derrotado el
General Pedro Antonio de Olañeta, el último gran custodio de la Corona en esta parte del
mundo, el Mariscal Antonio José Sucre –avalado por el General Simón Bolívar–
avanzó sobre el país. El 6 de Agosto de ese año se declaró la independencia de la República de Bolívar
(rebautizada dos meses después como “República de Bolivia”): en aquel momento
Tarija no integró a la naciente nación, pero tampoco consiguió definir su
situación de miembro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, debido a que el
Presidente Bernardino Rivadavia se negó a operar a favor de los norteños. Con
poca oposición oficial, los bolivianos presionaron a los argentinos hasta
conseguir ocupar Tarija y anexarla en octubre de 1826, mientras nuestro país
disputaba una guerra contra el Imperio de Brasil por la posesión de la Banda Oriental (el actual
Uruguay). Un tiempo después, el gobierno de Buenos Aires –a cargo ya de Manuel
Dorrego–, sabiendo que culturalmente Tarija era argentina, les propuso a los
bolivianos cederle la Puna
de Atacama para recuperar el territorio perdido, reforzando de paso la
identidad andina de Bolivia; pero en aquel entonces los bolivianos aspiraban a
la expansión en el corazón del subcontinente, y rechazaron la oferta.
Tras la llegada al poder del
Mariscal Andrés de Santa Cruz, los bolivianos pusieron en marcha la siguiente
fase de su proyecto expansionista. De ese modo se creó la Confederación Peruano-Boliviana,
y se comenzó a trabajar por avanzar sobre Chile y Argentina (es sabido que, por
ejemplo, la secesión de Jujuy del territorio salteño estuvo alentada por los
bolivianos). Santa Cruz era, al igual que Evo Morales, un mestizo, que de ser
uno de los hombres más fieles a la
Corona y a la
Tradición terminó convertido en un masón al servicio de los
intereses británicos. Argentina entró en guerra con el engendro nacional
liderado por Santa Cruz, pero hostigada al mismo tiempo por franceses y
británicos poco hizo por vencer. Finalmente, cuando las fuerzas chilenas y
peruanas habían quebrado a los hombres de Santa Cruz, Manuel Oribe avanzó hacia
el norte enviado por Rosas para domesticar a los valientes norteños que en 1840
se habían levantado en armas contra Buenos Aires. Oribe no se detuvo en Jujuy,
y siguió avanzando hasta liberar a Tarija del yugo boliviano, pero Rosas, “asesorado”
por los británicos, dio la orden de retroceder y resolver el problema por vía
diplomática. A partir de allí Tarija quedó sentenciada a ser parte de Bolivia.
Durante las décadas siguientes
todos los intentos binacionales para resolver la cuestión de Tarija fueron
infructuosos. Recién en 1889 se firmó el Tratado Quirno Costa-Vaca Guzmán a
través del cual Argentina renunció a su reclamo sobre Tarija para obtener un
sector de la Puna
de Atacama que estaba –y sigue estando– controlado por Chile, y que Bolivia
había perdido tras su derrota en la
Guerra del Pacífico de 1879-1880.
Asimetrías
En los últimos siglos Bolivia
evolucionó como un Estado fallido. Es que desde su concepción se notaba una
artificiosidad peligrosa como principio rector del país. En 1825 Bolivia no
debió acceder a la
Independencia, sino repartir sus territorios entre Perú y
Argentina, tal y como los españoles lo habían hecho al crear el Virreinato del
Río de la Plata
con lo que le pertenecía al Virreinato del Perú. Pero la codicia y las
conspiraciones masónicas pudieron más, y Bolivia al final se impuso.
Hoy en día las consecuencias de
aquello saltan a la vista: el territorio boliviano ha ido siendo absorbido por
Brasil, Chile y Paraguay a lo largo de los años. La población boliviana padece
de pobreza extrema, y de escaso acceso a la educación, a la salud y a la seguridad.
Evo Morales no ha hecho más que ejercer la demagogia, permitiendo a su vez que
la organizaciones criminales transnacionales crezcan en su territorio hasta
alcanzar un volumen espeluznante. De allí es que no resulta raro que el tal
Willy Gareca tenga el terreno despejado para hacer todo lo que hace.
Eduardo Videla, un cagatintas de Página/12, fue uno de los operadores del
kirchnerismo que trataron de desarticular el conflicto argentino-boliviano desde
la prensa. Para ello, este zanguango no tuvo mejor idea que etiquetar a la
gente que opinó sobre el asunto como “xenófobos”. Es que apenas se conoció la
noticia, muchos compatriotas recordaron que nuestros “hermanos” de la “Patria
Grande” no nos brindan un trato simétrico a los argentinos. Y esto es cierto
porque, por ejemplo, mientras que cualquier boliviano puede ser atendido en un
hospital público de Argentina de manera completamente gratuita, un argentino en
Bolivia debe pagar por el uso de los servicios médicos; mientras que cualquier
boliviano puede instalarse en la
Argentina y adquirir propiedades sin demasiadas dificultades,
lo inverso no ocurre (un argentino residente en Bolivia debe, de hecho, someterse
a un constante control por las autoridades de ese país); mientras que las
Fuerzas de Seguridad trabajan permanentemente en Argentina para combatir al
tráfico de personas, las autoridades bolivianas poco hacen en contra de este flagelo. Y por si fuera poco mientras que conseguir y mantener un automóvil es
un proceso tedioso y carísimo en la Argentina, en Bolivia hay una ley que le permite
a cualquiera obtener y preservar una patente de ese país por muy poco dinero,
sin la necesidad de estar explicando de dónde salió el automóvil nuevo: esto,
claro, ha estimulado el incremento del robo de autos en nuestro país, con el
objeto posterior de ser impunemente traficados al vecino del norte.
El Diputado Nacional oficialista
Rubén Rivarola anunció al momento de asumir su banca en 2011 que una de las
primeras cosas que iba a hacer al entrar al Congreso de la Nación era trabajar para
que los bolivianos dejen de aprovecharse de los argentinos y simetricen o
compensen el trato que nos dan en su país. Hoy en día Rivarola parece haberse
olvidado de lo que prometió en aquella oportunidad, pues ni siquiera se dignó a
opinar sobre el tema, aun siendo dueño de la versión jujeña de El Tribuno.
La necesidad de actuar
Creo que, como están las cosas
ahora, los bolivianos tienen más chances de lograr que Bahía Blanca sea un
puerto propio, a lograr que Chile les devuelva la cantidad suficiente de
territorio como para montar un puerto en el Pacífico.
Cuando estalló la guerra entre
Argentina y Gran Bretaña en 1982 por la posesión de las Malvinas, a algún
cretino se le ocurrió decir que las islas debían ir a manos de Bolivia, para
que de ese modo el mentado país obtuviese su anhelada salida al mar. Actualmente
no me extrañaría que alguno de los kirchneristas más fanáticos proponga lo
mismo, y, peor aún, lo haga desde un puesto de funcionario. Porque eso es lo
más patético de todo esto: la gavilla de usurócratas que nos gobierna agitó la
bandera de Malvinas para movilizar sentimentalmente al pueblo argentino, y al
mismo tiempo no mueve ni una pestaña para lidiar con Bolivia. Los gendarmes
pueblan el conurbano bonaerense, como una policía militar que vigila protestas sociales, mientras que en el norte del país, en la Frontera Caliente,
pasan cosas cada vez peores ante la ausencia cada vez más patente de los
guardianes de la patria.
Evidentemente el litio pesa
mucho. Bolivia tiene tanto litio que, en algo así como una década, debería
pasar de ser uno de los países más desastrosos de este hemisferio, a devenir
una suerte de Arabia Saudita (o sea un país con mucho dinero pero sin
demasiadas buenas ideas sobre como usarlo productivamente). Ese cambio
económico podría generar que los bolivianos en la diáspora argentina, junto a
su descendencia, retorne a su país. Ojalá esto se produzca. Pero mientras
tanto, mientras Argentina siga sin estar a la sombra de Bolivia, es preciso que los
alambrados crezcan a lo largo y ancho de la frontera, y que las Fuerzas de
Seguridad den prueba de su existencia en la zona. Y si eso no ocurre porque altera
los perversos planes de Cristina Kirchner (y de sus jefes y aliados), entonces
hay que comenzar a luchar por el derecho de que cada argentino bien nacido
pueda armar milicias ciudadanas –como las que proliferan en EEUU– para hacer las
cosas que son urgentes del modo que corresponde.
Francisco Vergalito