Blanco y Verde
En el libro Salta: el Narcopoder del periodista Sergio Poma la palabra “cocaína” se repite constantemente. La tesis de Poma es que el ex-gobernador Juan Carlos Romero y sus acólitos contribuyeron activamente a facilitar el narcotráfico entre la frontera argentino-boliviana, sumándose así a una red de delincuentes y corruptos que durante décadas hicieron fortuna gracias a la distribución de drogas.
En el libro Salta: el Narcopoder del periodista Sergio Poma la palabra “cocaína” se repite constantemente. La tesis de Poma es que el ex-gobernador Juan Carlos Romero y sus acólitos contribuyeron activamente a facilitar el narcotráfico entre la frontera argentino-boliviana, sumándose así a una red de delincuentes y corruptos que durante décadas hicieron fortuna gracias a la distribución de drogas.
Lo curioso del libro de Poma es
que casi no aparece la palabra “marihuana”. En efecto, en todo el texto se aprecia
solamente dos veces dicha palabra. Poma no vincula a la marihuana con el
narcopoder.
Sin embargo ciertos episodios
recientes sirven para alertarnos acerca de una nueva dinámica de las relaciones
entre narcotráfico y poder en nuestro país.
Nos referimos, por supuesto, a
los casos denominados “narcomunicipales”. Públicamente se supo que, al menos en
dos oportunidades durante los últimos 12 meses, la policía de Salta realizó
allanamientos para desarticular presuntas redes de venta de marihuana en los cuales
se vieron involucrados empleados de la Municipalidad de Salta o gente muy allegada a
ellos.
El caso más notorio sucedió en
diciembre del año pasado, momento en que el arquitecto y funcionario municipal Ulises
Durán fue encarcelado junto al narconieto Humberto Colautti acusados ambos de
alquilar una mansión en la localidad de San Lorenzo en la cual habían, al
menos, media centena de plantines de cannabis, todos en buen estado y aptos
para ser procesados y consumidos.
Unos meses después, a principios
de agosto de este año, Sebastián Guitián fue detenido con casi un kilo de marihuana en su poder mientras manejaba una camioneta perteneciente a la Municipalidad de Salta (camioneta que hasta tenía el logo municipal en una de sus puertas). Al
ser demorado, Guitián afirmó trabajar como chofer del propio Intendente Miguel
Isa, pero ello no pudo ser probado y la investigación judicial determinó que
Guitián había conseguido la camioneta gracias a que un empleado municipal,
ahora ex-empleado, se la facilitó desconociendo que ésta iba a ser utilizada
para cometer un ilícito.
Las sospechas
Si a los casos de Durán y Guitián
se le suma la detención en el mes de diciembre de Maribel Gómez y Gustavo Flores –dos empleados de la
Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta
acusados de comercializar cocaína– se estaría en condiciones de afirmar que algo
extraño sucede en la oficina de gobierno que encabeza Isa o al menos que muchos
empleados municipales de la capital salteña son temerarios a la hora de
transgredir la ley. De todos modos ello no junta evidencia suficiente como para
hablar de un narcopoder verde que estaría compitiendo con el narcopoder blanco.
De hecho todo indicaría que el negocio de la cocaína y el negocio de la
marihuana habrían corrompido por igual a ciertas estructuras del Estado, y hoy
en día mucha gente con empleos no tan deplorables se estaría viendo tentada a
incursionar por el territorio del delito debido a la ganancia que el mismo
proporciona, ya que los estupefacientes gozan de un público consumidor bastante
amplio y demandante.
Para vislumbrar la fuerza con la
que la marihuana avanza hay que observar en otras direcciones. Javier David, un
diputado provincial perteneciente al Frente Salteño, hace no mucho deslizó acusaciones muy graves en contra del oficialismo. Este parlamentario sostuvo
que el proyecto aprobado por el gobierno de Salta para reparar la ruta
provincial 54 no es sólo escandaloso por la cantidad exorbitante de dinero que
exige (la cifra fijada fue de 525 millones de pesos, aunque hay quienes sostienen que con un poco menos de 300 millones la obra tendría la misma calidad), sino que además agregó que es estratégicamente errada la inversión, a
no ser que se quiera promover el intercambio con Paraguay, utilizando una de
las vías más controversiales. En efecto, la ruta 54 conecta a la localidad de
Santa Victoria Este (cercana al Hito Esmeralda, es decir a la triple frontera
argentino-boliviano-paraguaya) con Aguaray, y se empalma con el camino que
conduce a Misión La Paz ,
localidad en la que se encuentra el extremo sur del puente internacional que
une Argentina con Paraguay. Paraguay, según indican numerosas fuentes, es el
mayor productor de cannabis en Hispanoamérica. Por tanto se sigue que lo que el
romerista David sugirió es que el gobierno estaría trabajando a favor de
quienes se dedican al tráfico de marihuana.
La policía salteña informa cada
tanto que gente proveniente desde el este provincial es detenida por
transportar marihuana, lo que significa que el estupefaciente ingresa permanentemente
desde Paraguay y llega hasta el Valle de Lerma para satisfacer la demanda local. Estos
datos dejan en evidencia que el consumo de este psicodisléptico en la región se
produce en una magnitud tan amplia que no puede ser abastecido por los
productores locales.
Ahora bien, lo que llama la
atención es que se reporte que se ha incautado marihuana procedente de Bolivia.
Aquí nos encontramos o bien con narcotraficantes del este boliviano que se han
incorporado al negocio de la marihuana, o bien con sinarquías transnacionales
que triangulan el ingreso de la droga a Argentina enviando sus producciones de
Bolivia a Paraguay y de Paraguay a Bolivia con el propósito de evitar controles
especializados o, más probablemente, para aprovechar una red de corruptos más
permisiva.
Una peste verde y la enfermedad del poder
La peste verde avanza a través de
Salta y se apodera de la Argentina. En
nuestro país hay muchas sinarquías visibles a favor de la legalización de la
marihuana. Mientras más restricciones caen sobre el tabaco, más beneficios
empieza a gozar el cannabis. Leer a la división entre el peronismo kirchnerista
y el peronismo federal como una disputa de narcopoderes de diversos colores
sería simplista y, probablemente, calumniante. Además hay que tomar en cuenta
que la gran mayoría de los hoy peronistas del kirchnerismo estuvieron en su
momento ocupando puestos claves durante el mandato de los ahora denominados
“peronistas federales”.
Pero la relación entre poder y
narcotráfico no es exclusiva de los peronistas: en Salta es famoso el caso de Arturo Cifre, un concejal de Joaquín V. González que hizo campaña para el
triunfo del Frente para la
Victoria pero que proviene de un pasado ucerista.
Lo cierto es que la marihuana no
es un tema de microproductores que alimentan a un puñado de adictos. Lamentablemente
el cannabis se ha convertido en una industria de gran tamaño que mueve millones
de dólares anualmente, lucrando con la destrucción de la vida. Y el Poder,
claro está, no siempre combate al narco.
Ángela Micaela Palomo