La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Salta: para combatir la problemática del embarazo adolescente se dejará de percibir al embarazo adolescente como problemático

Tras varias idas y vueltas entre Diputados y Senadores, finalmente en la sesión de ayer de la Cámara Baja se dio sanción al proyecto que concede a las alumnas embarazadas treinta días hábiles de inasistencias justificadas, que se computarán durante el embarazo y/o con posterioridad al nacimiento.

Dicho proyecto fue presentado por Lucas Godoy y aprobado en Diputados en abril, pero cuando pasó por el Senado se lo modificó y se le sacó el máximo de faltas, las cuales serían otorgadas según la cantidad que un médico considera necesaria. Sin embargo los diputados insistieron con la versión original cuando retornó a esta Cámara en revisión y lo propio hicieron los senadores.

En caso que por cuestiones de salud las mujeres deban hacer reposo absoluto que exceda las 30 faltas establecidas, se podrá hacer una extensión del plazo, mediante la presentación de un certificado médico.
 
Además se reserva un margen de 5 inasistencias justificadas para los alumnos que hayan sido padre.
 
También por cuestiones de lactancia, las alumnas podrán retirarse del establecimiento educativo una hora diaria por el plazo de 6 meses.

Uno de los puntos más interesante del proyecto es el que establece la creación de "Salas Maternales" en los establecimientos educativos, destinadas para la atención de los hijos de las alumnas desde los 45 días de vida.
 
Será el Ministerio de Educación quien determinará la cantidad y condiciones de funcionamiento de esas salas.

Tras un tiroteo, Gendarmería Nacional atrapó a un contrabandista

Un contrabandista de hojas de coca fue atrapado el lunes luego de una cinematográfica persecución realizada por móviles de Gendarmería Nacional, que fueron baleados por el sujeto y su acompañante y que recibieron el mismo tratamiento de parte de los uniformados, informaron ayer a El Tribuno fuentes extraoficiales ya que la fuerza no dio a conocer ningún detalle de la espectacular acción.
 
Todo comenzó el domingo, poco después de las 21, en la plaza de peaje de la concesionaria de la autopista de acceso a Salta, Aunor, cuando un hombre que se trasladaba junto a una mujer, en un Chevrolet Astra, fue detenido cuando ingresaba a la ciudad por efectivos de Gendarmería. El conductor aminoró la marcha, pero cuando estuvo frente a los uniformados aceleró a fondo y escapó, siendo seguido de inmediato por dos móviles de la fuerza que no esperaban ser repelido a tiros. Los oficiales contestaron con la misma moneda pero el Astra ingresó por el desvío de camiones, enfiló hacia barrio El Manjón y descendió buscando refugio en las callejuelas de villa Juanita.

En su escape recibió tres impactos de bala en sus neumáticos traseros y uno en el delantero izquierdo. Sin embargo, y en esas condiciones, hizo un giro, se metió por un pasaje y lo perdieron de vista. Los gendarmes dieron aviso al Sistema de Emergencias 911 de la Policía de la Provincia, cuyos efectivos hallaron al causante en el pasaje J.A. Zuviría cuando se aprestaba a ascender a un Fiat 147 que se hallaba estacionado en la arteria, con las llaves puestas en el tambor de arranque.
 
El audaz contrabandista, cuyos datos no fueron proporcionados, lo mismo que de su acompañante, una mujer joven, había ocultado hábilmente el Chevrolet Astra entre dos camiones ladrilleros.
 
Cuando llegaron los gendarmes, estos se hicieron cargo de la situación y virtualmente desguazaron la unidad en fuga, hallando en su interior 348 kilogramos de hojas de coca, dispuestas en ladrillos compactados. También encontraron papelillos de cocaína de máxima pureza, aunque el sospechoso alegó en su favor arguyendo que “es para consumo personal”.
 
Los gendarmes rompieron con cuchillos los asientos, en busca de más droga, pero no hallaron nada. Y también sacaron partes de la carrocería donde podría haberse ocultado algo. Finalmente, secuestraron los vehículos y detuvieron a la pareja.

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Atrapan a un vil narco tras un operativo en Alto Comedero

El personal de la Dirección de Narcotráfico, procedió al cierre de una boca de expendio de drogas en el barrio 202 Viviendas de Alto Comedero, donde se procedió a la detención del sujeto que comercializaba la droga y al secuestro de marihuana y pasta base de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de utilidad para la causa.
 
Cabe acotar que al momento del procedimiento se demoró también a otras seis personas que se encontraban en el lugar, algunos de los cuales también tenían antecedentes por narcotráfico.
 
Efectivos de la Dirección de Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Jujuy, tras una ardua tarea investigativa procedió al cierre de una boca de expendio de drogas que funcionaba en una vivienda del barrio 202 Viviendas de Alto Comedero, la cual era utilizada por un sujeto “para vender inescrupulosamente pasta base de cocaína y marihuana a los jóvenes de la zona”, manifestaron oportunamente los vecinos del lugar.
 
El accionar del causante, fuertemente repudiado por los vecinos, culminó con el registro domiciliario y la detención del investigado.
 
En este contexto cabe señalar que al realizarle la requisa personal al infractor, se le secuestró varios envoltorios de papel, tipo ravioles, conteniendo pasta base de cocaína, dinero discriminado en billetes de baja denominación y un teléfono celular. Tras realizar la requisa domiciliaria se procedió al secuestro de cannabis sativa (marihuana) y otra cantidad de dinero.
 
Cabe acotar que la labor del personal de la Dirección de Narcotráfico fue recibido con beneplácito por los vecinos del lugar, quienes pidieron a los efectivos que se prosiga trabajando con procedimientos de esta naturaleza a los fines de erradicar esta actividad ilícita.

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Un uxoricida atacó a su mujer y se suicidó en Tucumán

Un hombre discutió a los gritos con su pareja y luego la atacó con una maza, de las que se usan en la construcción. Juana Rodríguez Canseco, de 44 años, no pudo hacer nada para defenderse de la brutal agresión y recibió varios golpes en su rostro. Debido a la gravedad de las heridas, la mujer se encuentra internada en grave estado en el Hospital Angel Cruz Padilla, en San Miguel de Tucumán.

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 18, en el pasaje Alfredo Guzmán, sin número, de San José, al noroeste de la capital tucumana, en cercanías del galpón de la empresa de colectivos 6. De acuerdo al comisario Ernesto Soria, de la seccional de Cevil Redondo, Marcos González, de 66 años, el agresor, ya había sido denunciado en anteriores ocasiones por su concubina.

"Al ver que su pareja estaba inconsciente, en medio de un charco de sangre, creyó que estaba muerta. Buscó una piola, fue hasta el fondo de la vivienda y se ahorcó en un árbol", informó el comisario. El hecho fue descubierto por un vecino, quien escuchó los gritos de la discusión.

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Caso Facundo Maggio: revanchistas dejan sin trabajo a un abogado por defender presos políticos

Maggio: una víctima del odio ideológico

Facundo Maggio es un joven abogado penalista que, por primera vez, ha tomado la defensa de imputados en causas por delitos de “lesa humanidad”. Trabajaba en la Fiscalía de Estado Tucumán, es decir era funcionario del Estado provincial. Tiene a su cargo la defensa  del  ex jefe del Regimiento N° 19, Ernesto Arturo Alais (separado del Juicio por decisión del Tribunal Oral Federal de Tucumán que integran los doctores  Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga -subrogante- luego de conocerse el informe médico), de Carlos Eduardo Trucco, quien fue traído desde el penal de Ezeiza, y del padre José Mijalchyk.

Con la firma del titular de esa repartición, Humberto Rava, la Secretaría de Derechos Humanos informó que:

El hecho de que el doctor Facundo Maggio, que pertenecía a la planta de profesionales del Poder Ejecutivo, haya tomado la decisión personal de asumir la defensa de personajes imputados en graves crímenes de Lesa Humanidad, es de su entera responsabilidad y, por lo tanto, no puede seguir perteneciendo a un gobierno comprometido con la defensa de los derechos humanos”.

Inmediatamente la Fiscalía de Estado le habría solicitado la renuncia, cosa que Maggio hizo de inmediato ante la sorpresa de quienes sostienen que todo ciudadano tiene derecho a ser defendido.

La noticia del alejamiento de Maggio de su cargo por defender a algunos de los imputados en las causas citadas ha generado vergüenza e indignación.

Es realmente paradójico que quienes hablan de “dictadura”, de “violación a los derechos humanos”, de “falta de garantías para los que piensan diferente”, “de persecución ideológica”, entren en el juego de querer dirigir cada uno de los actos de sus funcionarios, castigando a quienes tan solo por ejercer su profesión a imputados en juicios de este tipo, deben renunciar al cargo.

Demasiado vapuleado está el Gobierno de la provincia en los medios nacionales como para echar más leña al fuego. Es llamativo que el Gobernador permita que sus subalternos tomen estas decisiones que en nada contribuyen a la grandeza ni a la paz de la provincia, y por ende de la Nación.
 

Declaraciones a favor de Maggio

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia deplora y repudia la separación del doctor Facundo Maggio, de la Fiscalía de Estado de Tucumán, por el solo hecho de asumir la defensa de tres ciudadanos que están siendo juzgados por hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. 

El inaceptable acto lesiona los derechos y deberes fundamentales de la profesión de abogado, atenta contra la inviolabilidad de la defensa en juicio, restringe las libertades personales y constituye una discriminación que afecta la igualdad con que hemos jurado tratarnos los argentinos desde los orígenes de nuestra organización como Nación. Este acto pone una vez más en evidencia hasta qué punto la Justicia argentina ha sido inficionada por la ideología y el odio.


El Gobierno provocó la renuncia a un empleado abogado, por intervenir como defensor de acusados por delitos de lesa humanidad, lo que fue efusivamente festejado por el secretario de Derechos Humanos de la Provincia

Esto trajo a mi memoria un hecho acaecido hace 30 años o más. Ejercía yo, Pedro Guaraz, mi segundo mandato como secretario de Derechos Humanos de la Federación Universitaria de Tucumán, y el ex rector de la dictadura, y asesores de la dictadura, ofrecían en el Centro Cultural Virla una conferencia sobre el Derecho a la Vida. El debate fue si podía darse cabida a estos paladines del horror y la muerte en un espacio recuperado para la democracia, para que hagan gala de su natural impudicia y cinismo, y sostuve en esa oportunidad que sí, que debía tolerarse, por mucho que ello indignara, porque la peor derrota que podíamos sufrir era en el plano de los valores, que derrotaran ese compromiso de toda una sociedad con las libertades que estrenábamos, con los derechos recuperados. 

La idea que me bullía en la cabeza era la de la integridad del concepto; no eran mis derechos humanos "a la carta", según mi apetito de oportunidad; se trataba de un sistema que cubría toda la actuación del Estado y de los particulares; un parámetro que mide igual siempre: un kilo es un kilo, pese oro, alimentos o estiércol. 

Un abogado tiene derecho a ejercer su profesión, (trabajar y ejercer industria lícita como dice la Constitución nacional Art. 14), trabajo que tiene protección de la ley (CN Art. 14 bis); y los acusados como represores tienen derecho a una defensa efectiva (CN 18, Convención Americana de de DDHH, Art. 8). Ese es el sistema, y en ningún lado figura que los empleados del Estado deben compartir la ideología, ni que deben ajustar su pensamiento con el funcionario de turno; los derechos al trabajo y a la libertad de elegir son tan constitucionales y humanos como cualquier otro, y su defensa debe hacerse bajo cualquier circunstancia, aun cuando no comparta lo que esa persona piensa. Es lo que debe esperarse de alguien que está llamado a defender la personas del abuso de poder en Tucumán. 

Lejos de ello, este funcionario sale a festejar la violación de derechos fundamentales. Festeja la cesantía de un empleado, pero se adhiere a un Gobierno que ha pretendido llevar a la Corte Suprema a aliados de la dictadura, que tiene en sus bancas y como primeros operadores políticos a procesistas y bussistas. ¿Cómo es posible que esto no le genere ninguna molestia al secretario de Derechos Humanos?

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El legislador Ricardo Bussi pidió la reincorporación del abogado Facundo Maggio como personal de la Fiscalía de Estado. 
 
Según Bussi, la incongruencia entre el proceder del Estado y los valores que dice defender es tan grande que asusta. “Habría entonces que recordarles a los funcionarios de este gobierno que el derecho de defensa en juicio tiene rango constitucional, como también lo tiene el principio de inocencia, que al igual que los derechos humanos parecen ser un privilegio de algunos. Me pregunto ¿esto no es autoritarismo?, ¿esto no es discriminación?, ¿esto no es violación a los derechos humanos? ¿Esto no es persecución ideológica? ¿Donde esta el INADI cuando se trata de una manifiesta discriminación a quienes no son afines al gobierno?”, se preguntó el legislador opositor.
 
En su proyecto de resolución, Bussi pidió al gobernador José Alperovich que reincorpore a Maggio y reclamó un repudio para las declaraciones de Rava. “Este gobierno no tiene nada de democrático, que se trata de un gobierno demagógico, autoritario, que persigue y se ensaña con quienes no lo apañan, y como digo, no solo por este atropello a un profesional de derecho que no ha hecho absolutamente nada malo ni ilegal, sino por que a cada paso el gobierno da muestras de su intolerancia”, concluyó el parlamentario.

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Humberto Rava: un perfecto cínico

Más allá del oportunismo político que evidencia Pedro Guaraz, no hay motivo de festejo en la situación acaecida con el doctor Facundo Maggio, ni jamás se expresó tal accionar. Lo fundamental es precisamente el derecho a la defensa. Huelgan las posibilidades que han tenido y tienen los imputados en crímenes de lesa humanidad, derecho que negaron sistemáticamente a sus víctimas. 

La profesión de abogado, con sus límites expresados en la ley provincial 5.233, al igual que las motivaciones políticas o ideológicas son privativas de las personas. Y son discutibles y respetables. Lo que es objeto de debate y reflexión, es hasta dónde un profesional empleado del Estado puede, dentro del libre ejercicio de su profesión, contrariar políticas del Estado contundentes en la defensa de los derechos humanos. A mi entender, no puede haber ambigüedad en este rol. Y así lo entendió el doctor Maggio.