La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

domingo, 4 de noviembre de 2012

La pedocriminalidad en Salta

Silencio atroz

En Salta no hay cifras oficiales sobre el abuso infantil. Empero ello no es un mal provincial: todo el país padece de lo mismo. Lo que sucede es que en este tipo de delitos surgen obstáculos que no existen en otro tipo de delitos. De hecho no es exagerado sostener que el abuso infantil es el delito más impune en el planeta, ya que lo normal es que el silencio sea tan protagonista como el daño –y a dicho silencio no lo compone únicamente el silencio provocado por la amenaza del victimario, sino también el silencio originado en la confusión de la víctima. Se estima que, aproximadamente, de cada mil casos denunciados (cifra que sólo cuantifica una fracción de los que en realidad se cometen) únicamente uno se esclarece.

Quizás por ello son tan impactantes las noticias que llegan a la prensa sobre casos de abuso infantil. Pese a que es un crimen que acontece todo el tiempo y en muchísimos lugares, afectando a niños y niñas de todos los niveles socioeconómicos, son raras las ocasiones en que nos enteramos de que algo tan aberrante ha ocurrido.

Dos pervertidos al descubierto

Este año Salta ha presenciado al menos dos tremendos casos de corrupción de menores y abuso infantil cuya cobertura mediática ha sido relativamente escasa, pese a que la información generó una gran indignación y repudio en la gente. Me refiere, claro, a los eventos que tienen por protagonistas a Pablo Rafael Martearena y a Alfredo Demetrio Rojas.

A Martearena lo detuvieron en Rosario de la Frontera, ciudad en la que vivía. El hombre, de 53 años, había convertido a su casa en un prostíbulo, en donde su esposa, de 22 años, trabajaba como meretriz a la par de otras mujeres y varios travestidos. Al lugar acudían hombres mayores y menores de edad, a veces acompañados de mujeres para practicar el troilismo. La pareja de pervertidos tiene dos hijos de 8 y 7 años, lo que hace deducir que la mujer quedó embarazada del quincuagenario cuando era sólo una adolescente por debajo del límite de edad legal para el consentimiento sexual.

Lo que alertó a la policía sobre Martearena fueron las denuncias de varios vecinos de la ciudad del sur de Salta: lo acusaban de recorrer los barrios en una moto, tratando de socializar con niños a quienes les ofrecía diversos regalos para que lo acompañasen hasta su vivienda. Es que el degenerado había descubierto que la producción y comercialización de pornografía infantil (tanto la heterosexual como la homosexual) era un negocio muy lucrativo; a su clientela se la proporcionaban los contactos que tenían los homosexuales que trabajaban para él, muchos de ellos travestidos salteños que habían residido por una temporada o más en Buenos Aires y otras ciudades importantes. La casa de Martearena se había convertido en los últimos meses en una célula elegebetista, en donde activistas sociales y políticos a favor de la ampliación de derechos para los homosexuales de la localidad coordinaban acciones públicas (y donde también, aparentemente, aprovechaban para organizar la realización y venta de pornopedofilia).

El otro caso involucra a Alfredo Demetrio Rojas, un sujeto de 31 años con numerosos seudónimos a cuestas. Según lo que se sabe, Rojas tenía dos oficios: era relaciones públicas de diversas discotecas capitalinas, y trabajaba como investigador privado para quienes quisieran contratarlo.

El degenerado era muy activo en las redes sociales, desde donde usaba sus influencias en la noche salteña como anzuelo para captar adolescentes. Rojas era muy generoso, especialmente con jovencitas de entre 12 y 16 años, a quienes colmaba de regalos mientras las sondeaba cuidadosamente tratando de hallar a aquellas provenientes de familias disfuncionales, puesto que ese tipo de adolescente resulta más sencillamente corruptible que otras mujeres. Una vez que las ubicaba, las introducía al submundo de la diversión nocturna y las ofrecía a su cartera de clientes. El pervertido además guardaba registros fílmicos y fotográficos de sus víctimas, que luego utilizaba tanto para extorsionarlas como para publicitarlas.

Rojas, al igual que Martearena, también mantenía excelentes relaciones con la comunidad gay y lesbiana de su ciudad. En La City y Dr. Jekyll –dos tugurios de aberrosexuales–, Rojas reclutaba lesbianas para alquilárselas a hombres consumidores de prostitución. Se interesaba, claro, por las de edades escasas.   

La muerte de un viajante

En julio de este año un hombre de 64 años fue hallado muerto en un hostal del barrio Ceferino, en la capital de Salta. Aparentemente lo que le causó el deceso al huésped fue un paro cardíaco. El problema con el hombre emergió justo después de su fallecimiento: al revisar sus pertenencias, la policía descubrió que tenía varios miles de euros y dólares encima, junto a cuatro pasaportes (uno italiano y tres de diversos países sudamericanos) con su fotografía pero con distintos nombres. Por la descripción que proveyó la dueña del hostal, el hombre en cuestión se trataba de un europeo muy culto y refinado, notoriamente aberrosexual. Al principio se barajaron varias hipótesis sobre el oficio del misterioso muerto: narcotraficante, contrabandista, traficante de personas, traficante de órganos y hasta agente de inteligencia o mercenario. La prensa salteña indagó sobre el asunto y, antes de que la Justicia determinase qué era lo que contenían la notebook y los pendrives que el sujeto poseía, se supo que el muerto era un italiano llamado Renato Maltoni, quien estaba prófugo en su país tras haber sido condenado por posesión de material pedopornográfico que había filmado y protagonizado él mismo durante una estadía en Ecuador.

Los diarios italianos describieron a Maltoni como un profesor de literatura de escuela media, que vivía en Moretta y viajaba regularmente a diversos destinos atraído por el turismo sexual homopedófilo. El dato que omitieron (pero que fue recogido por la prensa argentina) es que Maltoni, además, tenía vínculos con el cuerpo diplomático italiano.

El perfil de este personaje excede el del típico invertido que ingresa al mundo de la docencia para corromper y abusar de sus jóvenes alumnos, y que casi todos hemos conocido de primera mano en alguna instancia de nuestro paso por el sistema educativo. Maltoni no era un afeminado depredador más. Toda la evidencia apunta a señalar que es probable que haya estado vinculado a algún tipo de “círculo rosado”, es decir a algún tipo de mafia homosexual vinculada a los hombres de poder en Italia.

Criminales en el Ejército

Un poco después del caso Maltoni, Salta volvió a horrorizarse cuando la policía capturó a otro pedófilo. En esta oportunidad no se trató de un pervertido importado, sino de uno local. El detalle esta vez estuvo en que cuando fue detenido, el pervertido, Luciano Díaz Vanolli, se encontraba en el interior de un vehículo, fotografiando a jóvenes estudiantes con una cámara de gran alcance, tratando de obtener imágenes de su ropa interior. Fueron los padres de las adolescentes quienes detectaron a Díaz Vanolli e hicieron la denuncia a la policía. Más tarde se supo que el hombre en cuestión, de 23 años de edad, tenía un socio llamado Rodrigo Gutiérrez Serrano, a quien también se lo detuvo. Ambos sujetos eran propietarios de cuantioso material pornográfico que involucraba a menores de edad, y ambos eran, ¿curiosamente?, miembros de bajo rango del Ejército Argentino.

Díaz Vanolli y Gutiérrez Serrano son dos trabajadores del área de la informática. Cuando en La Tradición y Villa Primavera cayeron otros dos pedófilos de perfil similar (llamados, respectivamente, Marcos Nicolás Coronel e Iván Ariel Pastrana), se informó que el FBI era la fuerza que estaba detrás de la investigación, intentando desarticular desde Washington a una red de pornógrafos pedófilos que operaba en Hispanoamérica pero para el mercado norteamericano.

El dato llamativo fue que tanto Díaz Vanolli como Gutiérrez Serrano poseían junto al material pornográfico obsceno y degradante una buena cantidad de archivos con registros militares. A partir de ahí la información que fluyó hacia la prensa se volvió más limitada y el secreto de sumario fue robustecido. Sólo se supo después que Díaz Vanolli planteó una oportuna y judicialmente elaborada defensa para minimizar o directamente escapar de su condena.

¿Qué se esconde detrás de todo esto? Es difícil saberlo, pero los datos sugieren que –al igual que Maltoni– ni Díaz Vanolli, ni Gutiérrez Serrano, ni Coronel, ni Pastrana son los típicos degenerados que serían clientes de Martearena o Rojas. Quiero decir, tal vez estos hombres además de pedopornógrafos sean efectivamente consumidores de prostitución infantil, pero el hecho de estar vinculados a un sector estratégico como el militar arroja la sospecha de si los sujetos nombrados producían y distribuían pedopornografía sólo para satisfacer sus deseos sexuales desviados y obtener una ganancia con ello, o si empleaban ese material con otros fines distintos como es el de la extorsión.

La cultura del abuso

La pedofilia es uno de los crímenes que mayor rechazo generan en la sociedad contemporánea. Ciertamente hay crímenes más brutales como el aborto, pero la pedofilia es percibida como una de las cosas más abyectas en el mundo. Antaño cuando se buscaba ensuciar a alguien despreciable se lo acusaba de tener vínculos con el diablo, hoy en día, en cambio, se lo acusa de ser un “nazi” o un “pedófilo”… o ambas cosas. Y así como hay gente que se reconoce como nazi y trata de mostrar que lo suyo no es tan perverso como parece, así también hay pedófilos que realizan campañas para convencer a la gente de que los dejen vivir el amor como a ellos les agrada vivirlo.

La pedofilia que involucra a dos personas del mismo sexo es un fenómeno muy extendido: si se le pregunta a un hombre homosexual acerca de su primera experiencia sexual, la enorme mayoría afirmará que ésta ocurrió cuando aún no había alcanzado la pubertad, siendo el iniciador una persona más grande. Por ese motivo casi todas las organizaciones que cabildean para despenalizar la pedofilia son encabezadas por homosexuales.

Por otro lado la pedofilia que involucra a dos personas de sexos distintos cuenta con menos defensores, al menos formalmente. Es que en este caso las sinarquías hembristas operan para imponer su agenda, por lo que no pueden dejar este tema fuera de su discurso.

Para hablar sobre este asunto tan controversial me gustaría abordar dos cuestiones: la sexualidad en la comunidad wichi y el famoso Caso Simón Hoyos. Esta perspectiva permite observar los dos extremos, tanto el del carenciado como el del opulento.

Así, en más de una ocasión hemos visto como la prensa salteña nos anoticia sobre algún hombre de la etnia wichi (llamada también mataca) que es sentenciado a prisión por violación de menores. Un caso conocido fue aquel en que un mataco embarazó a la hija adolescente de su mujer con el consentimiento expreso de la misma, ya que de esa manera ella podría darle la descendencia que ya no le podía dar debido al mal estado de su sistema reproductivo. Hubo gente que se indignó con las autoridades salteñas por emitir una condena, sosteniendo que en la cultura de los indios ese acuerdo no tenía nada de ilegal ni inmoral.

Pues bien puede ser que los originarios tengan reglas y normas que naturalizan lo aberrante, pero ello no significa que haya que aceptarlas así sin más. El problema aquí es que quienes defienden a los matacos lo hacen normalmente con evidente odio anticristiano. De ese modo dan por sentado que esos indios son incapaces de malicia, y que toda acción criminal que hoy en día cometen es una consecuencia directa del colonialismo que destruyó el paraíso en el que vivían antes de la llegada del hombre blanco. En un mundo gobernado por los matacos, el abuso infantil sería ejecutado ante la mirada de todos.

En nuestro mundo occidental, en cambio, el abuso infantil es ejecutado a escondidas, o casi. Eso lo sabe bien Simón Hoyos, aquel tristemente célebre abogado y empresario salteño que fue enviado a prisión en 2005 por intentar abusar de una pequeña de ocho años en un motel y que fue puesto en libertad en 2011 por las limitaciones del sistema penal.   

Cuando estalló el escándalo en 2003, decenas de mujeres denunciaron a Hoyos por haber sido víctimas de su depravación a lo largo de los años. Casi todas dijeron que eran adolescentes cuando fueron corrompidas y abusadas por el empresario. Los diarios nacionales aprovecharon para tildar a Hoyos de “señor feudal”, relatando que mientras se servía de los cuerpos de su empleada Valentina Luzco y de varias de sus hijas, al mismo tiempo les obsequiaba cosas y las trataba como a ahijadas o a sobrinas.

¿Es el patrón de la finca más despreciable que el mataco en su pobreza? ¿Es el rico más culpable que el pobre? Yo creo que no: tanto uno como el otro son dignos merecedores de la castración.

Emergencia de Edad

Al mencionar la castración para violadores alguien podría pensar que estoy tomando una posición hembrista, justo después de haber fustigado a ese grupúsculo político. Pero en realidad no es desde el hembrismo desde donde enuncio. No me interesa la igualdad de los géneros, me interesa la protección y la seguridad de las personas.

Entre los casos que más enfurecieron a los salteños este año estuvo el del abuso de un chofer de un transporte escolar a dos nenas de 9 y 10 años. En realidad el episodio es de 2011, lo que ocurrió en 2012 fue que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) emitió un informe en el que se sostenía que las niñas manoseadas por el depravado eran sexualmente provocativas, tanto por el desarrollo corporal como por sus actitudes hacia el sexo opuesto: algo así como decir que las dos chiquillas son víctimas porque se lo buscaron.

Quien se llevó todas las críticas por el informe fue Gabriela Buabse, la directora del CIF. Es probable que esta abogada haya simplemente firmado el trabajo redactado por un par de perversos o de incompetentes, pero es llamativo que dicho informe haya sido redactado tal y como fue redactado.

No me extrañaría que, en un presente hipersexualizado como el que nos toca, las niñas abusadas cultiven actitudes impropias para su edad, ¿pero puede ese dato ser relevante para alguien con un mínimo de entrenamiento jurídico que aborda un caso como este (aun siendo un pasante)?

Lo realmente preocupante sobre la pedocriminalidad es que cuenta con mecanismos para sellar pactos de silencio. En el caso de Hoyos nos encontrábamos ante un psicópata que, escudado en el poder que le otorgaba su dinero, abusaba permanentemente de la gente. Sin embargo las mujeres que lo denunciaron reconocieron en mayor o menor medida su rol de proveedor, pues ninguna mencionó la existencia de golpes o parafilias: tan sólo las obligaba o las convencía para que se le entreguen a cambio de dinero u otros bienes, o incluso a cambio de la preservación de sus puestos laborales. Hoyos era un acosador que hacía uso impune de su riqueza hasta que le salió mal una avanzada suya y pagó con la cárcel.

El tema es que el abuso sexual (y especialmente el abuso sexual de menores) en muchos casos no se trata meramente de gratificación genital, sino que hay algo más. Por ejemplo en el caso de Rojas, cuando allanaron su casa encontraron que en el lugar en donde guardaba el material pornográfico de elaboración casera y sus juguetes sexuales había una figura de San La Muerte, mientras que en el caso de Martearena la policía descubrió cientos de preservativos usados en un cajón junto a la ropa de su esposa, en lo que claramente es algún tipo de situación originada en cultos africanoides como el umbanda y similares. Fácilmente se puede decir que Rojas y Martearena eran dos ignorantes o dos supersticiosos, y que por ello se amparaban en la protección espiritual que le otorgaban ciertos cultos despreciables para poder llevar a cabo una acción criminal que afecta psíquicamente a las personas que la ejecutan. Pero plantear así las cosas lleva a asociar al abuso infantil a cierta situación social, cuando el mismo fenómeno se produce –como ya lo señalé– en todos los ámbitos, y bajo motivaciones espirituales similares: no es casual que tanto el rico como el pobre sean abusadores, y ello no es debido a su sexo (como quieren las feministas), pues también hay mujeres que participan o que hasta provocan los abusos de menores, sino que detrás hay cuestiones antropológicas más complejas sobre las que casi no se habla.   

Casi a diario las hembristas argentinas les solicitan a diversos gobiernos municipales y provinciales que declaren la “emergencia de género”, no obstante nadie sabe a ciencia cierta qué se supone que implica ello (un caso ilustrativo es lo que sucedió hace poco en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe: el Concejo Deliberante declaró la mentada emergencia de género, pese a que la Intendencia, gobernada por el Partido Socialista, tiene un programa que incluye la manutención de dos hogares para mujeres agredidas que necesiten dejar sus residencias, decenas de capacitadores/adoctrinadores que trabajan en las escuelas con la problemática de los noviazgos, una línea telefónica que brinda asesoramiento gratuito a las víctimas de la violencia doméstica y hasta un Instituto de la Mujer cuya única función es emitir propaganda hembrista financiada con fondos públicos). Mejor sería que tanta energía fuese destinada a una causa mucho más noble y necesaria como lo es la declaración de la “emergencia de edad”, para así poner en la picota a los pedocriminales que en ranchos o en mansiones de lujo, por puro placer sexual o por motivos turbios, abusan de diversas maneras de los niños y adolescentes que habitan en Salta y en el mundo entero.



Ángela Micaela Palomo