La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

martes, 16 de octubre de 2012

Títulos universitarios truchos: Cristina Kirchner hace escuela en todo el país

Una exitosa "abogada"

Es un tema recurrente y hasta incómodo, pero siempre vuelve. ¿Es Cristina Kirchner abogada o no? ¿Se recibió alguna vez? ¿Cuándo? ¿Alguien vio su foto de graduación? ¿Y su diploma?

Voy a ser políticamente incorrecto al escribir esta nota en primera persona, pero eso me facilitará la cuestión para poder contar la historia completa de una vez y por todas.

La trama comenzó en agosto del año 2004, cuando un importante ministro —enojado porque fue dejado afuera de un importante negocio oficial— se despachó ante tres periodistas de Tribuna de Periodistas respecto a la corrupción del kirchnerismo y lanzó al final una dura advertencia: "que no me rompan las pelotas porque si no cuento que Cristina es abogada trucha".

Quienes lo escuchamos, Carlos Forte, Ana Grillo y yo, Christian Sanz, nos quedamos perplejos y comenzamos una averiguación exhaustiva que llevó tres años de fuerte indagación. Las primeras dudas las publicamos en 2004, es cierto, pero recién en 2007 reflejamos la primera parte de la investigación completa.

En esos días, dimos a conocer que Cristina no está inscripta en el colegio público de Abogados de la Capital Federal ni en ningún Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En Río Gallegos, si bien no existe Colegio de Abogados, debería haberse inscripto en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás.

Para despertar más sospechas, tampoco está inscripta como abogada responsablemente autónoma ni como monotributista, por lo que jamás pudo haber facturado en la profesión. Sólo aparece inscripta supuestamente como abogada en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia bajo el Tomo 57 y el Folio 322, lo cual tampoco es muy claro, ya que nunca ejerció en dicho lugar".

En estos días, si se consulta la página del Colegio Público de Abogados de esa localidad, se podrá ver que el dato es falso.

Por las dudas, consultamos en su momento para saber si alguna vez Cristina Kirchner había sido registrada allí como abogada y por algún motivo su nombre fue luego retirado de la lista. La respuesta fue concluyente: no, nunca estuvo anotada.

Insistimos en la cuestión e hicimos un rastreo en Comodoro Rivadavia a través de la consulta a otros estudios jurídicos y/o supuestos clientes que podría haber atendido. Toda pesquisa dio negativo.

Entonces, ¿a quién corresponde el tomo y folio que se arroga Cristina? Corresponde a una abogada de esa zona llamada Silvina García, dato sencillo de verificar por cualquiera que consulte al Colegio Público de esa localidad.

No es la única falsificación que se llevó adelante para intentar cubrir la falta de titulación de Cristina. También se "truchó" la supuesta ficha de entrega de título de la Universidad de La Plata.

Amén de que la fecha de pago y "remision al caligrafo" que muestra el documento es de un día feriado —12 de octubre—, donde no funcionaron las oficinas administrativas de esa casa de estudios, claramente se observa cómo se han borroneado los datos de su verdadero titular, Valentín Olmos, y se pusieron encima los de la hoy Presidenta de la Nación.

El dato lo publicó el colega Juan Cruz Sanz en 2007 y es irrefutable: "la fecha de nacimiento está claramente escrita sobre otra anterior (19 de Febrero de 1953 es la fecha de nacimiento de CK pero abajo se ve borroneado un 10 de Agosto de 1989) y la matrícula que es el DNI de la Primera Dama está tipeada sobre otro número matrícula, que también está claramente borroneada".

Para poder probar la adulteración del documento debimos contratar —y costear— un perito calígrafo, quien no dejó de sorprenderse por lo burdo del “truchaje”.

¿Tan complicado era averiguar a quién pertenece la matrícula que se arroga la Presidenta? Para nada, solo hay que dirigirse a la calle Juan Monje Ortega 2839, en la provincia de Salta y hablar con el propio Olmos quien confirmará la adulteración de la que fue víctima.

Sin embargo, según publicó este viernes Perfil.com Cristina estaría matriculada hasta el día de hoy en la Asociación de Abogados de Río Gallegos, pero tampoco es cierto.

Para verificarlo, los colegas solo tendrían que haberse tomado la molestia de consultar la página web de esa entidad, donde aparecen todos los letrados matriculados allí. La Presidenta no figura en esa nómina.

Como puede verse, el fraude es totalmente verificable. Lamentablemente, la única persona que podría desactivarlo es Cristina Kirchner mostrando su título o certificado analítico, cosa que jamás hará porque carece de ambos elementos.

Y allí aparece una duda esencial: ¿nadie se preguntó por qué una persona como ella, que gusta ostentar como pocos, jamás hizo lo que haría cualquier abogado: colgar su título en una pared?

Las fuentes que consultamos los colegas que nos abocamos a investigar la supuesta titulación de Cristina fueron más de 30. Algunas hablaron a micrófono abierto y otras no se animaron, pero todos admitieron sus dudas respecto a que la hoy mandataria tenga un título profesional.

El ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold; el abogado Domingo Zárate —ex socio de Néstor—; el periodista Daniel Gatti; el abogado Rafael Flores, el referente radical Jorge Vanossi, y muchos otros, son los que desconfían de Cristina. Este último fue incluso profesor de la Presidenta en la Universidad de La Plata y jura no recordar que se haya recibido. ¿Hace falta más evidencia?

Las dudas se acumulan sin cesar y empiezan a incomodar al poder. Por caso, ¿por qué la Universidad de La Plata insiste en no dar copias del analítico de Cristina o su diploma? Una veintena de veces pedimos copia de ambos documentos, pero la Facultad siempre se negó a entregarlos. Eso sí, una fuente de esa casa de estudios admitió en una de esas oportunidades que no existía ni título ni analítico. Esa grabación se presentó como prueba en el juicio iniciado por mí junto al abogado Fabián Bergenfeld.

Perfil.com fue víctima de la misma negativa por parte de esa facultad: "esta semana este portal solicitó a la UNLP que le brindara otro documento o listado de egresados donde figurara la Presidenta, pero se lo negaron". Tampoco quiso "colaborar" con la investigación el Ministerio de Educación.

Volviendo a la nota de Perfil.com, allí aparece un dato revelador: "Una abogada que en 1979 compartió el Pensionado María Auxiliadora en La Plata con María Cristina Kirchner, la desconocida hermana menor de Néstor y Alicia, contó a Perfil.com que a mediados de ese año María Cristina 'Macri' Kirchner le confió que la novia de su hermano, Cristina Elisabet, 'le faltaban varias materias para terminar la carrera, lo dijo en plural'".

"No es imposible, pero es muy raro que haya aprobado todas esas asignaturas en tan poco tiempo", estimó la fuente, quien pidió mantener su nombre en resguardo para no dañar su "buena relación" con "Macri". Siempre de acuerdo a lo publicado por Perfil.com.

Para terminar, quiero aportar dos reflexiones: primero, la mayoría de las mentiras detectadas en torno a la titulación de Cristina provienen de afirmaciones del propio Gobierno; segundo, en 2007 ofrecimos desde Tribuna de Periodistas 10 mil dólares a quien pudiera aportar una foto de graduación de Cristina.

El resultado de esta última búsqueda lo dice todo: el pozo sigue vacante hasta el día de hoy.


Dos salteños que emulan a la Presidente

Una empleada municipal denunció al intendente de Mosconi y a su secretario. La mujer indicó que el jefe comunal y su subalterno cobran plata extra del ítem de título universitario, pese a que no pasaron por la universidad. "En pueblo chico nos conocemos todos... nunca lo hemos visto estudiar", sentenció la mujer.

La empleada municipal, María Emilce, dijo en una emisora local que descubrió lo que estaban haciendo los funcionarios –especialmente el jefe comunal Julián Albarracín- cuando trabajaba en el sector de Liquidación de la municipalidad.

"En la parte de Liquidación, encontré que se estaban pagando títulos truchos y nadie me escuchó, luego me sacaron del sector y me mandaron como Jefa de Automotores, después hacen un pedido de adscripción en la Cámara de Diputados y hacen lugar al pedido quitándome todos los ítems ganados a lo largo de 14 años dentro del Municipio", dijo la mujer a Cadena Máxima, quien añadió que su preocupación por los títulos truchos era porque violaban la Carta Orgánica" Municipal.

"El intendente y el secretario de gobierno, su padrastro, se pagan los títulos. En pueblo chico nos conocemos todos no es como para mentir, nunca lo hemos visto estudiar", sentenció.

Tiempo atrás, el ex intendente de Mosconi Isidro Ruarte también había puesto en duda la destreza intelectual del nuevo intendente. "Albarracín es un ignorante que no sabe dónde está parado"

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La inclusión que importa no es promovida debidamente en Salta

La Comisión de Acceso al Medio Físico del Colegio de Arquitectos de Salta realizará antes de fin de año un relevamiento de las obras de la ciudad para identificar aquellas que se adaptan o no a la ley nacional de accesibilidad de personas con movilidad reducida a la que el municipio Capital adhirió en mayo de 2011.
 
El año pasado, en el plan de repavimentación de las 100 cuadras del macrocentro, el Gobierno de la Provincia hizo 415 dársenas de acceso.
 
“Los vados son una pelea que tenemos desde hace mucho tiempo porque no cumplen con la ley. Las rampas que vemos tienen una pendiente alta. Por ley se estipula que sea entre el 8% y el 10%; significa que deben ser pendientes suaves”, explicó la titular de la Comisión de Accesibilidad al Espacio Físico del Colegio de Arquitectos de Salta, Alejandra Ibáñez.
 
Según la ley nacional de accesibilidad las mal llamadas rampas, aquellas pendientes que sirven para descender de la vereda a la calle y viceversa, se llaman “vados” y en la ciudad éstas no cumplen con la normativa nacional.

Según los porcentajes establecidos para un cordón de vereda que tiene 15 centímetros de alto, la pendiente debe ser 1,50 o 2 metros de desarrollo; si son más empinadas, una persona que se moviliza en silla de ruedas puede caer al piso.
 
La profesional explicó que hay algunas rampas que no solo son más pequeñas del mínimo establecido sino que se ubican más al costado de la entrada de la esquina. “Esto hace que el discapacitado tenga que desviarse e irse más del lado de los autos y genera inseguridad para ellos”, sostuvo Ibáñez.
 
Algunos ejemplos de esto se pueden observar en las intersecciones de calles Pueyrredón y Leguizamón o en el cruce entre Catamarca y Alvarado.
 
“Cuando se habla de accesibilidad se trata de que todas las personas puedan circular y transitar; tanto las embarazadas, las personas de la tercera edad, niños, personas obesas, aquellos que tienen reducción en la movilidad o alguna discapacidad”, aclaró Ibáñez.
 
Finalmente Ibáñez resaltó además que la idea es que todos transitemos por la misma vía sin ser “discriminados”.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, Federico Gauffín, explicó que si bien el municipio adhirió a la ley nacional de accesibilidad, “hay obras en las que sí se aplica y otras en las que no”, dijo Gauffín.
 
El funcionario aclaró que eso sucede porque hay barrios, por ejemplo, que no tienen veredas y “por eso es imposible pensar en hacer la rampa, cuando llegamos solo al cordón cuneta sí o sí necesitamos la vereda”, expresó el secretario.
 
Respecto de la obra de repavimentación de las cuadras del macrocentro aseguró: “Es una obra que realizó la Provincia y sí es verdad que hay varias dársenas que no están de acuerdo a las normas”.
 
Gauffín opinó que si bien no están dadas todas las condiciones de accesibilidad en la ciudad, destacó que no se debe dejar de lado que Salta es una ciudad colonial, con mucha circulación de personas y que se está trabajando para aplicar la ley nacional.

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El Arzobispo de Tucumán advierte que la reforma del Código Civil impulsa la instauración de un perverso Nuevo Orden Mundial

La Iglesia, a través del Episcopado, ha puesto de manifiesto en cuantas oportunidades le fue posible sus reflexiones y aportes al proceso de reforma del Código Civil y en particular los problemas éticos y jurídicos que suscitan algunos contenidos del proyecto de modificación de ese digesto. En la misma línea, también yo, Obispo Alfredo Zecca, me he expresado en la Audiencia Pública tenida en Tucumán y abierta a todo el NOA. A dicha exposición me remito.

En este artículo deseo referirme, sin embargo, no a cuestiones de contenido sino de forma que corren el peligro de quedar olvidadas en medio de tanta palabra.

En primer lugar quisiera advertir que -en rigor- lo que habrá de ser objeto de derogación y sustitución por uno nuevo no será el Código de Dalmacio Vélez Sarfield, sino el Código Civil de los argentinos, como genuino producto histórico-cultural resultante de las sucesivas reformas operadas a lo largo de sus más de 140 años de vigencia. La dimensión de tal cambio no puede menos que afectar la cultura jurídica y se tardarán años en estudiar el nuevo Código y en producir doctrina y jurisprudencia importantes, lo que puede significar retrasos en la misma administración de justicia.

No se puede proyectar el futuro sin hacer referencia a un pasado rico en experiencias significativas y en puntos de referencia espiritual y moral. Creemos que un Código Civil forma parte del depósito cultural de un pueblo y, consiguientemente, constituye un hito fundamental de carácter democrático porque -se supone- plasma tácitos consensos acerca del sistema de representaciones sobre la vida en común. En la misma medida representa una verdadera "piedra angular" que exige tener máxima precaución a la hora de removerla, como lo señala la mejor tradición filosófica y jurídica de Occidente. El derecho no se reduce a la ley sino que la voz del legislador genera un coro de voces en la doctrina, en la jurisprudencia y en las conductas espontáneas de los ciudadanos.

Los grandes Códigos históricos, como el francés, el alemán, el español -por sólo citar algunos- se han modificado en función de nuevas necesidades, pero no han sido sustituidos. La herencia que porta un Código no pertenece a un grupo de académicos, por prestigiosos que fueran, sino a todo un pueblo.

Por sólo tener en cuenta dos casos concretos, el anteproyecto de Código Civil francés data del año 2005, y todavía no ha sido sancionado, al tiempo que su análogo español, que data de 2008, también aguarda aún su sanción. La pregunta surge espontánea: ¿qué justifica nuestra prisa por aprobar en nuevo código?; ¿acaso tememos que una más amplia discusión en búsqueda también de más amplios consensos haga perder lo bueno que el Código podría contener? El sentido común indica lo contrario. Una labor seria y responsable requiere tiempo, apertura al diálogo, debate y mucha paciencia. Años de debate, que serán también de estudio para que jueces y abogados puedan actualizar sus conocimientos y para que estudiantes universitarios completen todas las materias de derecho privado bajo el imperio del mismo Código.

Estas observaciones las hago como obispo que quiere contribuir, en un país de mayoría católica, al bien común y como ciudadano que quiere ejercer el derecho a hacer oír su voz en el marco del respecto irrestricto a las instituciones republicanas.

Para terminar, quisiera referirme a lo afirmado por el Papa Benedicto XVI en su Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, en el sentido de guardar lo que el Pontífice llama "coherencia eucarística". El culto a Dios nunca es un acto meramente privado, subjetivo e interior. Exige dar testimonio público de la propia fe, y vale para todo bautizado, en modo particular, para quienes por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones que afectan a la vida humana desde la concepción hasta su término natural, al matrimonio, a la familia, a la educación. Se trata -afirma el Papa- de valores "no negociables". Por ello mismo -como pide el Santo Padre a los Obispos-, quisiera exhortar a los legisladores católicos a que tomen debida conciencia de la relación entre sus decisiones y su fe y la recepción de la Eucaristía (cf. 1 Cor 11, 27-29).

Benedicto XVI nos invita a tener muy en cuenta este aspecto (cf. S.C. 83) y haríamos bien en escuchar su enseñanza. En definitiva, cada uno deberá decidir en conciencia y hacerse cargo, delante de Dios, de sus decisiones.

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Acusan a las petroleras del norte de Salta de provocar malformaciones en las poblaciones campesinas

Familias de comunidades del pueblo chane de Campo Durán sufren consecuencia de la contaminación ambiental. Los médicos de la zona lo atribuyen a la contaminación provocados por empresas petroleras que operan en la zona desde hace varias décadas.
 
Cada vez son más los casos de niños que son víctimas de malformaciones a consecuencia de la contaminación ambiental provocada por empresas petroleras que operan en la zona de Campo Durán, a unos 15 kilómetros al este de la localidad de Aguaray, al extremo norte de la provincia de Salta. Entre ellas la Empresa Refinor SA, la cuál fue notificada y ha sido denunciada por la Comunidad en los distintos organismos de Derechos Humanos y de Pueblos Originarios.

A partir de los datos obtenidos se observa que los niños presentan graves problemas de salud a raíz de las malformaciones que presentan. El primer caso registrado fue hace 14 años, en el que un bebé tenía unido el aparato urinario al digestivo, que en pocos días falleció. También está el caso de un bebé de nueves meses con un grave retraso de crecimiento y dificultades para mantenerse erguido, un niño con ceguera casi total de nacimiento y otro que nació con un tumor en la columna, fue operado y no puede caminar. También hay una gran cantidad de casos de malformaciones en las extremidades.

Según lo notificado por Leonardo Saravia el delegado en el Consejo de Participación Indígena (CPI) por parte de las comunidades del Pueblo Chane, también existen casos de niños con problemas en la piel, los cuales son frecuentes en las localidades de Campo Durán y en El Algarrobal.

Los médicos de la ciudad de Tartagal atribuyen estas anomalías a la contaminación ambiental generada por empresas petroleras que trabajan en la zona desde hace varias décadas.