La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

martes, 4 de septiembre de 2012

Avanza el revanchismo en Tucumán: montan gran espectáculo con la esperanza de que la venganza levante su nivel de audiencia

Una veintena de imputados por crímenes de lesa humanidad pasaron su primer fin de semana en la cárcel de Villa Urquiza. Los 21 acusados fueron detenidos durante las primeras horas del viernes por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF), ante el inminente comienzo -se iniciarían el 1 de octubre- de las audiencias por la megacausa "Arsenales II-Jefatura II" (acumuladas).

Tras conocerse la novedad, proliferaron los avales de los querellantes, familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, también hubo algunas expresiones de rechazo.

"Se están violando artículos de la Constitución Nacional y los derechos humanos de nuestros defendidos ¿Quieren matarlos antes del proceso?", criticó Julieta Jorrat. La abogada patrocina a 10 de las personas sospechadas de haber participado en secuestros, torturas y asesinatos durante la última dictadura en esos centros clandestinos de detención.

Jorrat consideró que la Justicia cometió irregularidades durante el proceso previo al inicio del juicio.

"Mis defendidos estaban en libertad, sin custodia y se presentaban cada vez que se los requería. Nunca salieron de la provincia, son ancianos y, en su mayoría, están enfermos. Se está haciendo una condena anticipada y ellos deben permanecer en libertad hasta que haya un fallo que diga que son culpables. Cada imputado debe ser valorado particularmente, no en conjunto", denunció la ex concejala de Las Talitas.

La letrada criticó la magnitud del operativo de traslado de los imputados desde la sede de Gendarmería hasta la penitenciaría. "No sólo los tuvieron sentados desde la mañana hasta la noche porque no había capacidad en Villa Urquiza, sino que los alojaron en máxima seguridad, que es una unidad de castigo. Corren riesgo sus vidas y responsabilizamos por ello al Estado", reclamó.

Entre sus representados está el capellán José Mijalchyk. "No lo dejan ni dar misa, ¿cómo van a prohibirle eso?", manifestó.

Jorrat presentó recursos de Habeas Corpus para el resguardo de sus clientes. "De antemano sabemos que la respuesta es negativa, esto es una condena política, no jurídica. Además, dejaron entrar a los gendarmes armados en la cárcel y también ingresaron las mujeres detenidas", concluyó.

Graciela Maldonado, sobrina del ex policía Oscar Gómez, pidió que se considere la edad de su familiar (81 años). "Sufrió un ACV y se pierde. No sabe por qué lo llevaron ni dónde está. Fue muy doloroso ver el operativo. Nos dicen que está comunicado pero podremos verlo dos veces por semana nada más", lamentó. Ana Bejas, sobrina nieta de Gómez, también se quejó: "nos aterra lo que pasa. Pueden hacerlo con otra persona. Sólo lo hacen para decir que hay justicia. No dejan que se defienda". Su hermana Luciana opinó que "tiene derecho a ser tratado como ser humano; no hizo nada".

La medida determinada por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas (disidencia parcial) y Juan Carlos Reynaga es uno de los últimos pasos antes de que se fije la fecha del comienzo del debate. La orden de detención y traslado al penal alcanzó a los imputados (42 en total) que no estaban presos. En la provincia se encontraban 21, mientras que los que están en otras ciudades serán recluidos en cárceles locales. La determinación fue para garantizar la presencia de los acusados en las audiencias.

"Arsenales II-Jefatura II" será el sexto juicio oral que se celebrará en el TOF local. Sin embargo, es el primero con características de una megacausa dado que incluye un número inédito no sólo de sospechosos, sino también de víctimas (235) y de testigos (200).

Entre otros, en el banquillo estarán el ex jefe del III cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y el escribano Juan Carlos Benedicto, que estuvo fugado durante seis meses. 

Otra "pastorcilla mentirosa": dijo haber sido secuestrada y abusada pero en realidad la estaba pasando bomba con el noviecito

La Policía investigaba el caso de una chica de 13 años, cuya madre denunció que fue raptada por tres sujetos a bordo de un Fiat Uno, el viernes al mediodía, en la intersección de las calles Orán y Coronel Moldes, luego de lo cual la habrían conducido al cerro San Bernardo, donde, supuestamente, la obligaron a practicarle sexo oral a todos para luego expulsarla del vehículo hacia la calle y huir.

“Encontramos muchas incoherencias en el relato. Se constató que la adolescente recibió un mensaje, el 30 del corriente, en su teléfono celular, por parte de un noviecito. El sms decía 'mañana te veo'. Aparentemente la menor se habría encontrado con este jovencito y luego inventó una historia para justificar su ausencia y llegada tarde ante sus familiares. Esta hipótesis es la más firme”, informaron los sabuesos.

“No hubo revisación médica porque la chica se negó al examen. Pero a simple vista no presentaba signos de violencia, ni rastros de sangre u otros fluidos corporales”, sostuvieron.

Un artesano tucumano denuncia que fue bloqueado por el gobierno tras negarse a homenajear a Beatriz Rojkés

Mi nombre es Nicolás Leiva y hace 22 años resido en Florida, Estados Unidos. El 24 de noviembre de 2011, fui invitado a realizar una muestra en el Museo de Bellas Artes "Timoteo Navarro", en conmemoración a la Batalla de Tucumán por el artista Víctor Quiroga, curador del proyecto. Recibimos la invitación oficial a la muestra, en la que se establecía la fecha del 13 de septiembre de 2012, firmada por la directora artística de Artes Visuales del museo. 

Para realizar una muestra de esta envergadura y después de 22 años que no expongo en Tucumán, incurrí en gastos importantes, dado que mi obra tiene objetos en cerámica, oro y platino realizados en Italia. Allí, produzco mi cerámica en la Bottega Gatti desde hace 15 años; hice objetos reinterpretados por mí conmemorando la simbología de la Batalla. 

También para reducir costos de traslado y posibilidades de que no llegaran en buen estado, contraté a un artista en Tucumán que me ayudaría en el proyecto de las piezas de gran tamaño. El 25 de junio pasado, Claudia Epstein que dice representar la autoridad del museo en la Casa de Tucumán, en Buenos Aires, decidió sin ningún motivo cancelar la muestra organizada desde hacía 8 meses. Simplemente por mi negativa a realizar una muestra colectiva en el Congreso de la Nación, ya que no representaba nada importante en mi vida profesional. Solo éramos el telón de fondo para una presentación de Miguel Ángel Estrella, como dice la invitación oficial, para agasajar a la actual presidenta del Senado, la señora Rojkés. En ningún lugar de esa invitación aparecerían los nombres de los artistas plásticos. 

Durante marzo pasado estuve 20 días trabajando para esta muestra y para llegar a tiempo, dejé de lado otros compromisos internaciones de producción y muestra en Europa y Estados Unidos. 

En mi vida profesional, nunca viví una situación similar. Mis obras están en muchas colecciones privadas y publicas en Argentina, Museo Malba, Fondo Nacional de las Artes, Museo Timoteo Navarro. También tengo obras en museos latinoamericanos, europeos y estadounidenses, mis obras están presente en los últimos 18 años en las casas más importantes de subastas en el mundo, Christies y Sotheby's. Quisiera saber si Claudia Epstein representa la política de cultura oficial. 

Poco a poco Anta se va convirtiendo en un paraíso de codiciosos terratenientes y narcotraficantes

Lluvia de droga

En el límite tripartido de Salta, Santiago del Estero y Tucumán la droga llueve desde avionetas que ingresan desde Bolivia con cocaína de máxima pureza y desde Paraguay con cargamentos de marihuana.

El epicentro de la “lluvia de droga”, como la denunció la Justicia Federal de Salta en 2009, luego del secuestro de 800 kilos de cocaína arrojados desde un avión, registra entre 10 y 16 vuelos ilegales cada día. Esto, sin contar los que el radar instalado en Santiago del Estero como parte del programa Escudo Norte no llega a detectar por los rangos de altura.

Se presume que muchos de estos vuelos se relacionan con fumigaciones de campo, pero la lluvia blanca sigue cayendo en esos campos donde el auge de la soja y las crecientes cotizaciones de las tierras orejanas mezclan las ambiciones de toda clase de rufianes.

La zona tripartita aparece como un espacio vulnerable en materia de seguridad. El narcotráfico lo eligió precisamente por esta razón: su extensión y baja densidad poblacional dan cuenta de la histórica escasa presencia de fuerzas de seguridad.

Matones, desalojos ilegales y rapacidad empresarial

“Grupos Armados hostigan a familias campesinas de Anta”, tituló El Tribuno en su edición del viernes 24 de agosto, cuando recordó que los responsables del intento de asesinato de Sixto Ruíz seguían sueltos en esas tierras que, a uno y otro lado del Canal de Dios, tienen un infierno dominado por malhechores.

Sixto Ruiz, recibió un disparo a sangre fría en La Choya, zona sur de la provincia de Salta, cercana al límite de la provincia con Santiago del Estero y Chaco. La bala le atravesó el pecho, rozó el corazón y salió entre dos costillas dorsales. El hombre llegó agonizante al hospital de Joaquín V. González, donde los médicos apenas pudieron salvarle la vida.

En su rauda huida desde La Choya, José Luis Palavecino, el pistolero acusado de balear a Ruíz, olvidó el documento de identidad en el campamento del grupo de alambradores que lideraba. Esta evidencia llevó a su detención, días atrás, en Monte Quemado, población situada sobre la ruta nacional 16, en el noreste de Santiago del Estero.

El dueño del DNI, el mismo que ofrecía con tarjetas personales sus servicios de picadas, alambrados, custodia y desalojos de campos, está detenido en Metán, a disposición del juez penal Mario Teseyra.

Los desalojos son una potestad exclusiva de los jueces y la custodia con armas de fuego, una licencia permitida solo a la Policía y algunas agencias de seguridad reguladas por el Estado. Pero José Luís Palavecino se ofrecía como capaz de realizarlos por su cuenta.

Puesteros criollos denunciaron en la Policía de Talavera la usurpación de La Choya utilizando los “servicios” de alambradores armados. Tras el grave incidente ocurrido en La Choya el 1 de julio, el juez correccional de Metán, Sebastián Fucho, dictó una medida de no innovar en esa finca donde una familia criolla, que encabeza María Guillermo Argañaraz, acredita derechos y constancias de una posesión pacífica e ininterrumpida desde un siglo atrás. Son cinco generaciones allí nacidas y criadas.

La cautelar dictada el 3 de julio apuntaba a evitar que se repitan hechos de violencia en esa finca que tiene 3.054 hectáreas en Salta y 700 en Santiago del Estero, separadas por el Canal de Dios, límite interprovincial desde 1980 por ley 22347.

El día después de ordenada la medida de no innovar, un empresario santiagueño, Gustavo Marcelo Saad, pidió su levantamiento. Para ello esgrimió derechos sobre La Choya con una escritura de 1960, según la cual su fallecido abuelo, Abraham Safir Saad, habría comprado la fracción a una empresa identificada como Quebrachales Asociados del Norte.

El 25 de julio, el juez Fucho procedió al levantamiento de la medida de no innovar, pese a los puntos contradictorios y los antecedentes que existen en fincas vecinas, como Pilpintos, donde escrituras presentadas por familiares de Saad tienen iniciados juicios de nulidad, con gruesas observaciones en el estudio de títulos encomendado al escribano santiagueño Segundo Villavicencio.

Levantada la cautelar, los alambradores retomaron en La Choya los cercamientos que el supuesto heredero santiagueño de la finca contrató con Palavecino el 26 de junio último.

Esta relación, asumida en la misma presentación que Saad hizo el 4 de julio ante el juez Fucho, lo colocaría como posible instigador del hecho criminal que investiga el juez Teseyra.

Los grupos criollos que habitan en fincas recostadas sobre el límite con Santiago del Estero, como La Choya, Pilpintos, Halladito, Suri, Vinalito, Roca, Cordillera y Lorena, no son las únicas que sufren las tropelías de matones contratados para desalojarlos de esas tierras. La precariedad de las posesiones también se presta a atropellos de grupos armados en otros rincones del chaco salteño.

En la zona de El Quebrachal y Tolloche aún está fresca la indignación que inundó a toda Anta desde Ico Pozo en 2011.

En el mencionado puesto, forajidos irrumpieron por encargo para desalojar a una anciana de 72 años, inválida. A la pobre mujer que allí vivía con parte de su familia le quemaron la casa y hasta la silla de ruedas.
 
No conformes, los desalojadores a sueldo le dinamitaron el pozo de agua de donde se proveía que la familia utilizaba para el consumo humano, las actividades domésticas y para los animales de cría.

Ico Pozo forma parte de una gran estancia, que estaba en manos de Santa Kandelaria, una empresa de la familia Gatti Rapallini, con oficinas en Buenos Aires. Detrás del caso de doña Francisca asomó un entramado urdido para desalojar a pastajeros con antiguas raíces en esa finca.

El primer capítulo de la trama, en la que también intervino el juez Fucho, se escribió en septiembre de 2010, cuando el abogado José Retuerta, apoderado de Martina Veleizán, hija de doña Francisca, llegó a un acuerdo económico con Gatti Rapallini para desocupar esos puestos.

En octubre, el mismo abogado, esta vez como apoderado de Enrique Gatti Rapallini, presentó una demanda contra Francisca y siete de sus parientes, de apellidos Valeizán y Rodríguez. Retuerta solicitó al juez Fucho una medida cautelar y la inmediata expulsión de los nombrados, acusándolos de usurpar esa parte de la finca Ico Pozo.

El 25 de noviembre, menos de un mes después, el juez correccional de Metán hizo lugar a la medida solicitada y ordenó el desalojo de la anciana y sus parientes, quienes no habían firmado ningún convenio. La Justicia nunca aclaró los crímenes con los que procedió al desalojo. Francisca terminó confinada en una pieza en El Quebrachal.