La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

jueves, 12 de julio de 2012

La Mujer y la Patria

“Juana Azurduy de Padilla cruza a caballo la historia, sembrando el alto sendero de armaduras españolas”...

Hace 232 años, muchos hombres y mujeres de este mapa comenzaban a soñar con la Independencia. Ese sueño arrollador le dio vida a Juana Azurduy, en Chuquisaca (hoy Sucre), el 12 de julio de 1780. La ciudad, entonces, era la segunda en importancia después de Buenos Aires. La vida de esta Juana fue tan épica, que en su nombre se celebra hoy el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América y el Día de la Hermandad argentino-boliviana.

Por esa independencia que evocamos y cuyas crueles luchas no podríamos visitar ni en los peores sueños, muchas mujeres realizaron sacrificios impensados para burlar al enemigo. Ellas fueron ignoradas o puestas entre paréntesis en el relato histórico. Merecen ser devueltas a la memoria colectiva, para pagarles, al menos con el recuerdo, sus vidas entregadas a favor de la libertad sudamericana.

Los próceres triunfaron ayudados por hábiles mujeres. Como las salteñas Juana Moro y Martina Silva de Gurruchaga, quienes capitaneando la tropa que formaran se presentaron en el campo de batalla aquel mítico 20 de Febrero de 1813. Las tareas de espionaje que realizaron a partir de 1810, desesperaron a los realistas. Cada una era una espía vigilante y puntual. Loreto Sánchez comandaba una red de mujeres espías. Manuela Pedraza “la Tucumanesa”, las Niñas de Ayohuma, Macacha Güemes, Andrea Zenarruza, Juana Moro, Petrona Arias, Juana Torino, sus hijas y criadas merecen perdurar en la memoria como abanderadas del patriotismo.

Juana Azurduy, heroína por antonomasia, remontando su tragedia, deslumbró a Belgrano y a Güemes por su bravura. A los 81 años, el 25 de mayo de 1862, murió en la pobreza. Fue sepultada en una fosa común, sin los honores que merecía.

Insólito: por el circo judicial de los apologistas de la subversión, varias escuelas cierran sus puertas en Jujuy

Con motivo de comenzar mañana los juicios en el Juzgado Federal Nº 2, los siguientes colegios del sector decidieron no dictar clases.

- Monteagudo
- Manuel Belgrano
- EMDEI
- Blaise Pascal
- Remedios de Escalada
- Talleres del Hogar de la Joven

Mañana las respectivas autoridades definirán las medidas a adoptar el viernes.

Revanchismo pesetero: terratenientes hebreos quieren una indemnización millonaria por la magnífica obra civilizatoria del Estado

El condenado ex represor Luciano Benjamín Menéndez será sometido a un nuevo juicio oral en Tucumán por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en nuestra provincia. En este caso, deberá rendir cuentas por la apropiación ilegítima, mediante coerción, de una estancia de varias hectáreas de extensión donde años más tarde se erigió el pueblo de Capitán Cáceres, en el marco del plan de "Reubicación Rural" dispuesto por el gobierno de facto.

Como consecuencia de ese accionar de la dictadura, eventualmente, el Estado democrático podría ser condenado a pagarle una indemnización superior a los 48 millones y medio de pesos a la familia a la que le fueron arrebatadas las tierras.

El pasado 6 de junio, el titular del Juzgado Federal I, Raúl Daniel Bejas, firmó el acto de clausura de la etapa de instrucción y elevó a juicio oral y público la causa "Toledo vda. de Ygel, María Elena su denuncia (expediente 782/2005).

La acusación formulada por la fiscalía y la querella está fundamentada en el secuestro con fines extorsivos de Jorge Ygel (hoy fallecido) y Julia Rita Ariza, madre de la denunciante, ocurrido en noviembre de 1977.

Conforme indica el expediente, ambos fueron secuestrados de la casa familiar, ubicada en la calle Rovelli de la ciudad de Tafi Viejo. Julia Rita Ariza fue conducida al comando de la Quinta Brigada de Infantería, donde luego de ser encañonada con armas de fuego fue obligada a firmar un instrumento en el cual donaba 25 hectáreas en la localidad de Yacuchina, cerca de Monteros.

Con el plan de" Reubicación Rural" dispuesto por el entonces interventor militar de Tucumán, Antonio Bussi, en las tierras de propiedad de la familia Ariza-Toledo, conocida en la época con Estancia Yacuchina, luego se levantó el pueblo de Capitán Cáceres.

La querella particular, representada por el abogado Bernardo Lobo Bugeau, sostuvo en la acusación, presentada el 11 de abril de 2011, que "las conductas de despojo patrimonial fueron parte principal del terrorismo de estado que se desató en Tucumán desde 1975. El ius cogens obliga sancionar conductas que lograron destruir el cuerpo social y familiar. La magnitud de los estragos patrimoniales irrogados a la familia despojada ha quedado demostrado con el informe técnico que forma parte de la acción civil", advirtieron en la demanda.

Por estos hechos, Bejas procesó a Bussi en 2009, cuando el ex gobernador de Tucumán, quien falleció en 2011, todavía estaba vivo. En su fallo, el juez advirtió que "la transferencia por donación se habría realizado de manera irregular ya que habrían existido vicios en la voluntad de Ariza al realizar el acto. Se encontraría demostrado en autos el accionar ilegal de las autoridades provinciales de facto, quienes para lograr el cometido de la Ley 4.530 dieron comienzo a la construcción de Capitán Cáceres en setiembre de 1976, cuando los terrenos pertenecían a la familia Ariza", señaló el magistrado federal.

En esa oportunidad, el titular del Juzgado Federal I de Tucumán fundamentó su sentencia sobre la diferencia temporal entre el inicio de la construcción del pueblo y la firma de la donación. "La urbanización se inició alrededor de setiembre de 1976, sin embargo, y en lo que respecta a la localidad de Yacuchina, los terrenos pertenecían a Ariza. En ese contexto de desmesura es probable que, al tomar conocimiento Bussi que los terrenos donde se había asentado Capitán Cáceres eran propiedad privada -y a más de un año del inicio de la construcción- habría utilizado el poder del Estado para secuestrar y amenazar a miembros de la familia de la titular de las tierras, con el fin de obtener la donación", aseveró.

Una particularidad sobre las tierras despojadas a la familia de Ariza es que casi 20 años después de haber sido usurpadas por la dictadura, en junio de 1997 fueron transferidas por la Provincia al Obispado de la Santísima Concepción. Curiosamente, quien estaba al frente del Poder Ejecutivo provincial cuando se hizo la donación a la Iglesia era el mismo Antonio Bussi que en 1977 habría obligado a los dueños de las tierras a entregarlas para la causa militar.

El de Capitán Cáceres no es el único caso de un pueblo construido en Tucumán mediante este tipo de maniobras realizadas por los dictadores. La Ley 4.530, promulgada por el gobierno militar el 16 de agosto de 1976, creaba un "Organismo ad-hoc de Reubicación Rural", bajo dependencia directa del gobernador (por entonces, Bussi), para que este se haga cargo del estudio, del proyecto y de la ejecución de las obras necesarias para el reordenamiento y para la construcción de las localidades de Caspichango, Los Sosa, Yacuchina y Colonia. Bajo el imperio de esta norma, junto con Capitán Cáceres, en los años siguientes, en estos parajes se edificaron las localidades Teniente Rodolfo Hernán Berdina, Sargento Miguel Arturo Moya y Soldado Ismael Maldonado. 

Alfredo Olmedo insiste en su cruzada para recuperar los valores patrióticos

El Diputado Nacional, Alfredo Olmedo propone con su proyecto de Ley 237-D-2012 realizar el Servicio Militar Obligatorio y Comunitario durante 6 meses y no portarán armas y será con salida laboral.

El Presidente del bloque Salta Somos Todos dijo que “será una medida ejemplar para los jóvenes y un mensaje para la sociedad que busca desesperadamente bajar la inseguridad”.

“Será para reinsertar a jóvenes y que se disponga el orden y la disciplina, y aclaró que no será como la colimba tradicional”, explicó Olmedo. Ante la grave realidad de inseguridad el Diputado dijo que “debemos entre todos bajar la inseguridad de los argentinos y que no es lo mismo que país les dejamos a nuestros hijos, sino que hijos le dejamos a nuestro país”.

"La mayoría del pueblo quiere que vuelva el servicio militar obligatorio y que sea comunitario", aseguró. Según dijo Olmedo, se basa en una encuesta que arrojó que siete de cada diez argentinos está a favor de esta iniciativa”, insistió.

Por último, reflexionó que los jóvenes tienen que volver a respetar los valores, a volver a respetar la bandera. Valorar un plato de comida, volver a tener vergüenza y estar orgulloso de su país y engrandecer a la Patria.

Sudeste de la ciudad de Salta: una muestra de la triste y progresiva favelización de la Argentina

La zona sudeste de la ciudad alberga a más de 200 mil personas; allí vive la tercera parte de la población total de la capital. Está delimitada por la avenida Tavella, la ruta provincial 26, el río Arenales y el río Ancho, que también marca el límite con el vecino departamento de Cerrillos. A pesar de los operativos de la Policía, robos, asaltos y ataques en patotas son delitos que se dan casi a diario.

Sus residentes tienen una mezcla de sensaciones que van desde la impotencia, la angustia, la bronca, el dolor, el temor y le desazón. La causa común de esta situación es la inseguridad, producto de la violencia, y, sobre todo, aquella que, según los testimonios recopilados por El Tribuno, es el resultado de la venta de droga al menudeo en la zona. 
 
La situación no solo afecta a jóvenes y adultos: ahora también incluye a los niños. Ellos representan un mercado potencial de consumidores y también una mano de obra barata y segura para sus fines comerciales, sin que puedan caer en prisión.

La situación en la que se encuentran los vecinos llevó a plantearles a las autoridades de la Policía y de Seguridad que se instale un puesto de Gendarmería en la zona. La principal razón de este pedido, aseguran, radica en la desconfianza que les genera el accionar de la Policía.
 
Los vecinos que hablaron con El Tribuno mencionaron que los barrios están divididos por sectores, cada uno con un grupo dominante; coincidieron en señalar que por la noche es mejor no pasar por descampados, terrenos baldíos y lugares oscuros.

Algunas personas de la zona afirmaron que cada dos cuadras hay una boca de expendio de drogas y en cada familia hay una persona que es adicta.  
 
Las autoridades de la Policía destacaron que la solución no pasa por tener en la zona un puesto de Gendarmería o una sede de la Dirección de Drogas Peligrosas. El jefe de la Regional 1 mencionó que al problema se lo debe atacar desde la raíz, que es dentro de las familias, y conseguir la intervención de otras organizaciones como la Iglesia para dialogar con los jefes de hogar.