La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

domingo, 3 de junio de 2012

Inseguros y dominados

Eternos sospechosos contra infortunadas víctimas

La policía existe para proteger a la comunidad. Su función es doble: esclarecer los ilícitos que se hubiesen cometido por un lado, y prevenir la comisión de delitos futuros por el otro. Como guardianes de la legalidad, los policías deben operar mirando lo acontecido y vislumbrando lo que acontecerá. Esta particularidad genera toda una serie de discusiones que giran en torno a los límites del poder policial: ¿hasta donde puede actuar la policía para detener a alguien que ha roto las leyes?, ¿hasta donde puede actuar la policía para evitar que alguien rompa una ley en el futuro? La respuesta más aceptada por estos días es: “hasta donde no se vean afectadas las garantías individuales”. El problema es que no todos coinciden en definir exactamente lo que son dichas garantías, por lo que constantemente nos encontramos con la dicotomía que enfrenta a la “seguridad colectiva” en contra de la “libertad individual”.

La dicotomía genera dos partidos antagónicos: uno que privilegia a la policía y otro que la menoscaba. A partir de estas coordenadas puede, por ejemplo, leerse la polémica sobre la reforma del Código Contravencional de Tucumán.

En 2004 un joven fue detenido en San Miguel de Tucumán por estar alterando la tranquilidad en la vía pública. Como la Ley Provincial 5.140 faculta al Jefe de Policía para dictar sentencias que impongan sanciones a los contraventores, quien cumplía en aquel entonces con ese rol le planteó al detenido que eligiese entre pasar seis días en un calabozo o pagar una multa de $30. Los abogados del malandrín, auspiciados por la ONG dedehachehachista Andhes, aprovecharon la oportunidad para apelar la resolución, argumentando que el Jefe de Policía no puede obrar imparcialmente como lo haría un juez (y por ello no debe emitir sentencia), y que el detenido no tiene posibilidad de defenderse debidamente en una comisaría, por lo que, según su opinión, el Código Contravencional tucumano es inconstitucional. El proceso judicial se dilató en el tiempo, hasta que en 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en un fallo que no sorprende dada la ideología de sus miembrosratificó lo de la inconstitucionalidad y les sugirió a las autoridades tucumanas que deroguen la vieja reglamentación y elaboren una nueva.

La propuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estimuló el debate y así se llegó al presente, época de numerosos proyectos pero de escasas concreciones. Ricardo Bussi, Legislador Provincial por Fuerza Republicana, señaló que el nuevo Código Contravencional debe ser un instrumento que le facilite a la policía su tarea de prevención de delitos. Tal opinión fue aplaudida por la propia Policía Provincial de Tucumán, quienes, a través de sus asesores, elaboraron un anteproyecto de Código Contravencional en el que se le quitan algunas atribuciones judiciales a los oficiales, pero se les permite operar en las calles con amplia libertad en contra de todo aquello que consideren un foco problemático.

En las antípodas de la idea de que el Código Contravencional debe funcionar como un elemento para combatir la delincuencia se encuentra la posición del camporista Jesús Salim. Este colega parlamentario de Bussi señaló que el mentado código tiene por fin promover el orden en la convivencia social. La diferencia de perspectivas quizás parezca superficial, pero lejos está de serlo: con la mirada preventivista cada policía está obligado a identificar a los ciudadanos que estén próximos a degenerarse en sujetos socialmente peligrosos, mientras que con la mirada convivencionalista el ciudadano es visto por el policía como un individuo que puede ponerse en riesgo mediante sus acciones. Así, una mirada trata al delincuente como un enemigo del ciudadano honesto al que se lo debe combatir para garantizar la paz social, en tanto que la otra lo trata como un simple descarriado al que hay que persuadir para que no se desvíe del recto camino. De más está decir que el nivel de tolerancia hacia el contraventor varía enormemente de un punto de vista a otro: para el preventivista el contraventor debe ser castigado impiadosamente por introducir el desorden en un ámbito ordenado, en tanto que para el convivencionalista el contraventor debe ser considerado compasivamente como una víctima de alguna injusticia social que a raíz de ello se rebela ante el orden establecido.

De todos modos entre ambos polos se encuentran las posiciones menos principalistas y más pragmatistas. Como representantes de las mismas aparecen los también legisladores provinciales pejotistas Marcelo Caponio y Gerónimo Vargas Aignasse. Este último –consciente de que la inseguridad es un problema creciente en Tucumán y especulando con su combate para alimentar su futuro político, pero sabiendo que hay que ser prudentes para no generar conflictos en el interior de su partido– coincidió con Salim sobre los propósitos del Código Contravencional, pero dejó la puerta abierta para que a la policía se le confiera el poder suficiente como para enfrentar frontalmente a los delincuentes.

Caponio, por su parte, se puso del lado de Bussi, proponiendo que se castigue a merodeadores y falsos mendigos, pero mostrando una cuestionable actitud frente a la prostitución (a la que condena cuando se desarrolla en la vía pública pero a la que, a su vez, le facilita su existencia en ambientes privados controlados).

El ojo armado

A Caponio los dedehachehachistas lo acusaron de estar proponiendo la constitución de un Estado policial en el que se criminalice la pobreza. Los mismos sujetos, a su vez, presionan para que los travestidos, los drogadictos y demás escorias sociales dejen de sufrir el hostigamiento que la policía suele ejercer contra ellos para prevenir delitos. Aquí la defensa de las libertades individuales mezcla a la protección en contra del abuso del más débil con el ejercicio del libertinaje, o sea que mixtura al pensamiento social de izquierda socialista con el pensamiento cultural de derecha libertariana. El debate, por tanto, se desvirtúa, y deja de ser una cuestión criminológica para volverse política.

De todos modos, dejando de lado esta tergiversación, resulta importante discutir sobre la efectividad de lo propuesto. El actual Código Contravencional de Tucumán es juzgado por algunos como draconiano, ya que aplica sanciones severas para faltas menores, pues se sustenta en la idea de que con ello logrará desalentar el desarrollo de conductas desviadas y la creación de malos hábitos, que vendrían a ser el caldo de cultivo de la delincuencia. Dicho de otro modo la idea detrás del actual Código Contravencional de Tucumán (artilugio jurídico sancionado en 1980) es que para evitar la aparición de delincuentes peligrosos es necesario disciplinar a quienes transgreden las normas más implícitas, ya que se supone que si uno rompe una barrera moral interiorizada y no sufre las consecuencias de ello, luego podrá seguir rompiendo otras barreras de la misma índole hasta devenir un peligro social: al no recibir castigo por hacer algo malo, entonces alguien puede sentirse seducido por el mal. Esto es la base conceptual de lo que se conoce como “teoría de la cero tolerancia al delito”. El problema es que si bien la letra del código promueve la nula tolerancia ante el desorden y el delito, en la práctica los policías tucumanos no actúan sobre las contravenciones con mano dura, pues por lo general no están presentes cuando se producen, dado que su disposición para el patrullaje no contempla el combate contra los infractores de este tipo (cuando la policía tucumana aplica el Código Contravencional provincial lo hace porque se topa contra la falta no porque la salga a cazar).  

Roberto Delgado, un periodista de La Gaceta que suele opinar sobre el cuerpo policial con gran displicencia pidiendo siempre una absurda “democratización” de la fuerza, repudió al actual Código Contravencional sosteniendo que “tras décadas de aplicación de este método no estamos en un mundo más seguro”. Ese argumento se llama “falacia ad ignorantiam”, puesto que sostiene que como la delincuencia crece entonces las leyes actuales son inservibles. Lo que Delgado se cuida de señalar es que nada asegura que con leyes menos rígidas el delito descienda, ya que el sentido común sugiere lo contrario (si ahora, con las leyes estrictas actuales, la criminalidad es preocupante, es muy probable que con leyes más permisivas el escenario sea aún peor).  

La mayoría de los que abordan el problema de la inseguridad desde una perspectiva criminológica y no desde una perspectiva política coinciden en que el problema no son las leyes y normas sino su aplicación: el delito es tan común porque faltan policías. Intentando subsanar este déficit, algunos políticos han realizado propuestas. Así el Concejal Germán Alfaro reflotó la idea de crear un cuerpo de policía que dependa directamente del Municipio de San Miguel de Tucumán. Los alperovichistas, negándose a reconocer que la inseguridad flagela a la provincia ante un gobierno pasivo y negligente, rechazaron la iniciativa sosteniendo que, según nuestra Constitución Nacional, un municipio no puede atribuirse la facultad de crea una policía propia; los bussistas, por su parte, también descartaron la idea de Alfaro, señalando que darle una policía a un intendente inepto como Domingo Amaya podría ser peligroso tanto para los hipotéticos uniformados como para la sociedad misma; los radicales, en cambio, estuvieron de acuerdo con la propuesta, pero destacando que consideran necesario no darle poder represivo a los futuros policías.

En la misma veta, los Legisladores Provinciales pejotistas Fernando Juri, José Teri y el ya mencionado Marcelo Caponio presentaron el proyecto de una vieja idea que el propio Juri intentó imponer cuando fue funcionario del gobierno provincial en 2004: convertir a los beneficiarios de planes sociales en vigías urbanos. Y si a Caponio se lo acusó de criminalizar a la pobreza, a Juri se lo acusa de enfrentar a pobres contra pobres.

Los profesionales

Las propuestas para combatir al delito en Tucumán parecen apostar por el incremento de la cantidad de policías, dejando de lado el tema de la calidad de los mismos. Lo de convertir a los planeros en una guardia barrial parece contraproducente, ya que se pone a un proletario a proteger la propiedad ajena, que es como poner a un hambriento a cuidar la heladera. Más lógico sería que los propios vecinos formen patrullas ciudadanas para proveer de seguridad y mantener el orden en sus sectores. En muchos países existen actualmente este tipo de organizaciones (en Escandinavia está la Natteravnene, en el Reino Unido el PubWatch, en EEUU los Guardian Angels, y en Corea del Norte y la URSS existían, respectivamente, el Inminban y los Escuadrones Populares Voluntarios en los que prácticamente todos los ciudadanos participaban para contribuir con el Estado en su tarea de garantizar la seguridad).

Por otro lado la idea de crear una Policía Municipal es casi lo mismo que organizar patrullas ciudadanas, pero con el detalle de promover una participación limitada de la ciudadanía: el Municipio no le acerca capacitación a la gente, sino que contrata a un grupo de trabajadores para que oficien de vigías. La tentación de armar a estos trabajadores para desarrollar tareas represivas es altamente peligrosa, ya que implicaría agregar una nueva fuerza de control territorial en la provincia. Colombia es un país que alguna vez tuvo cuerpos de policía municipales y la experiencia fue desastrosa, ya que la falta de coordinación con el resto de las fuerzas de seguridad llevó a esas organizaciones a permitirle el acceso a un montón de personajes nefastos, que terminaron más tarde engrosando las filas de los ejércitos narcos, llevando consigo una preparación técnica y disciplinaria adquirida legalmente en las calles y al amparo del propio Estado.

El secreto del éxito policial consiste en conseguir el control territorial. Una vez que una comisaría ha delimitado su territorio y ha estudiado los potenciales peligros, identificando a los sujetos peligrosos y reconociendo los posibles blancos de la delincuencia, puede cantar triunfo. Empero esa situación es también el origen de la corrupción policial: en Rusia, por ejemplo, existen jefes comunales que tienen por función recabar información y controlar que todos los delincuentes y contraventores que se encuentran en su área no reincidan, ahora bien, si estos personajes se corrompen, entonces el daño que pueden hacer es enorme, ya que cuentan con un conocimiento profundo de la situación en la que están y pueden pensar en muchas maneras de ocultar sus acciones incorrectas.
  
La clave aquí, creo, es combinar la idea de que la ciudadanía debe intervenir activamente en garantizar su seguridad con la idea de que no son los aficionados los que deben combatir al crimen sino los profesionales. Fernando Chaín, un policía tucumano coordinador del área de inteligencia criminal, señaló en 2007 que “los resultados [de las pruebas de suficiencia de los aspirantes a ingresar a la Policía de Tucumán] que se consiguieron son muy pobres. Se los puede considerar catastróficos. No pueden resolver problemas elementales”. Y esto no es de extrañar: en la Argentina de hoy, donde el empleo formal es un privilegio y no un derecho, “policía” se ha convertido en una salida laboral para todos aquellos dispuestos a tolerar jerarquías y regímenes de trabajo militaroides en diversos contextos en donde puede llegar a estar en juego la propia vida. En un país como el nuestro que ha abolido el servicio militar obligatorio, está claro que sólo los verdaderamente necesitados están a favor de acercarse a las escuelas de policía, por lo que la fuerza de seguridad azul se ha vuelto una red de contención de gente sin aspiraciones más que la subsistencia, o sea de personas sin vocación.  

Ante el afianzamiento del narcotráfico y otros fenómenos preocupantes, las propuestas de seguridad no sólo deberían intentar montar estrategias preventivas que involucren activamente a la ciudadanía, sino que además tendrían que avanzar en un camino sobre el que no se está avanzando: la creación de cuerpos policiales militarizados de elite cuya tarea fundamental sea la de dotar de poder bélico a los Estados provinciales.



Pablo Ulises Soria

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