La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

miércoles, 6 de junio de 2012

Indignante: subversivos detenidos y demorados en la década de 1970 (muchos de pasado sospechado) reclaman pensiones

Censo de "víctimas": aparecieron de hasta debajo de las piedras

"Pasamos por las mismas situaciones que nuestros desaparecidos, sólo que luego nos aparecieron. En la actualidad, olvidarnos es desaparecernos por segunda vez". El concepto claro, profundo y doloroso pertenece a Lilian Reynaga, presidenta de la Asociación de ex presos políticos de Tucumán.

La mujer, que estuvo detenida cuando era una joven militante de la Juventud Peronista (JP) y sobrevivió a las torturas, dio cuenta de la situación "dramática" por la que atraviesan quienes fueron apresados y alojados en cárceles, comisarías o Centros Clandestinos de Detención (CCD) por razones políticas entre 1955 y 1983.

Los detalles preliminares acerca de la realidad de sus pares fueron obtenidos tras un censo que inició su organización poco antes de 2009 (luego se impulsó en todo el país con el apoyo del Gobierno Nacional). Reynaga precisó que hasta el momento recopilaron los datos de 400 ex presos políticos y que pudieron desagregar los detalles de los primeros 100 casos. "Tomamos a los que estuvieron detenidos durante la dictadura registrados a disposición del Ejecutivo Nacional y bajo la denominación de 'presunción de actividad subversiva'", añadió. Reynaga relató que "a pulmón" recorrieron la provincia y que ciudades del sur le tenían guardada una realidad inesperada. "Llegaron personas que nos sorprendieron, por la situación. Era gente que no conocíamos que existiera. Habían sido detenidos en bases militares del interior, en ingenios o en fincas. Hay de Famaillá, Santa Lucía, La Cocha, Monteros, Acheral y Caspinchango, entre otros. Conocerlos fue destacable, porque era llegar a personas que por primera vez hablaban de lo que les había pasado. Nunca habían estado ante la Justicia ni se lo habían dicho a sus propias familias, para protegerlos", relató. Una de las cifras más llamativas -y alarmantes- del censo es que ese tipo de detenidos comprenden el 50% de los casos relevados.

De acuerdo con los registros, los damnificados tienen más de 50 años y pasaron recluidos entre dos días y 14 años. Reynaga explicó que de ese tiempo, además de las secuelas por los tormentos físicos y psicológicos, les quedaron otras de índole económica dado que no pudieron trabajar ni estudiar estando en cautiverio. "Muchos no retomaron sus vidas, no pudieron reinsertarse", resumió la referente antes de dar cifras concretas. Precisó que el 55% de los ex presos que van computando están desocupados. Consecuentemente, sólo el 50% cuenta con obra social. "El 17% tiene hipertensión, el 2% diabetes y el 12% consecuencias neurológicas y psicológicas", puntualizó. Por otro lado, lamentó la situación de compañeros que viven en la calle o que son alcohólicos. Requirió que el estado se haga cargo de los tratamientos en esos casos.

Aseveró que el censo podría tratarse de un valioso primer paso para obtener primero el reconocimiento y luego, una reivindicación por parte de los gobiernos nacional o provincial. "Hubo un estado genocida que usó sus recursos para desaparecer personas. En este momento, a este estado democrático se le debería exigir legislar para la reparación", instó. La Asociación requirió reuniones con legisladores tucumanos, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta. Mientras, esperan que la Cámara de Diputados trate diversos proyectos. "Hay 13.000 ex presos en el país, para el presupuesto nacional no es significativo. Además, el 40% ya están cobrando la pensión de la Provincia de Buenos Aires. Sólo quedamos el 60%", concluyó.

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En Jujuy se cocina una truchada similar

La Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy informó que la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad inició la campaña “Contanos tu verdad”, dirigida a los trabajadores del Estado que hayan cumplido funciones desde el año 1976 hasta 1983 en las dependencias, organismos y empresas públicas.

Esta campaña tiene como objetivo recuperar la identidad de los empleados públicos nacionales detenidos-desaparecidos y reconstruir la memoria de lo acontecido en la Administración Pública durante la Dictadura Cívico-Militar, ya que gran parte de ese patrimonio lo tienen los trabajadores que cumplieron funciones durante ese período. Con la información recabada se reconstruirá lo sucedido en el Estado durante ese período para difundir las leyes reparatorias existentes y aportar a la Justicia. Los familiares de los trabajadores/as y los trabajadores/as cesanteados también pueden aportar su relato.

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