La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

domingo, 29 de enero de 2012

Tres banderas

Las banderas son símbolos de unidad que manifiestan una identidad común. Las provincias del NOA, cada una, tienen sus propias banderas, las cuales describen a sus pueblos y reverencian, al mismo tiempo, a la bandera madre, es decir a la bandera argentina. Sin embargo otros trapos espurios están apareciendo en la región sin ser invitados y éstos están poniendo en peligro a los pabellones legítimos. Por ello es un deber de todo argentino bien nacido el interiorizarse acerca de cuál es la actual situación en este ámbito, con el fin de tener los instrumentos informativos suficientes para evitar la destrucción posterior de la nación.

En Jujuy comienza la auténtica patria


La bandera jujeña fue adoptada en 1994 a través de la sanción de la ley provincial Nº 4.816. En este caso se trata de un paño de color blanco sobre el que se ve un escudo que figura, sobre un campo azur y esmalte, a dos manos hermanadas sosteniendo una pica con un gorro frigio en su punta, rodeado a su vez por dos ramas de laurel y coronado por un sol naciente de oro figurado.

Este pabellón provincial fue sugerido por Miguel Carrillo Bascary, un historiador y vexilólogo de corazón indudablemente belgraniano. El mismo evoca a una bandera presentada por el General Manuel Belgrano ante el pueblo de San Salvador de Jujuy el día 25 de mayo de 1813, a la cual se la consideraba como una bandera representativa de la “Libertad Civil”. El escudo que incluyó Belgrano era idéntico al escudo que utilizaba la Asamblea General Constituyente del Año 1813 en sus sellos, puesto que la intención del Líder de la Revolución de Mayo no era la de dotar al territorio con un símbolo regional, sino que lo que pretendía este prócer era promover un símbolo que distinguiese a los patriotas americanos de los realistas en épocas de lucha.

Sucedió que, en la década pasada, una diputada provincial pejotista vinculada a sinarquías indigenistas intentó proponer que el paño blanco de la bandera jujeña sea reemplazado por el paño multicolor de la wiphala, conservando encima el escudo que la bandera ya posee. Tal cosa, por supuesto, no sólo es una ridiculez sino que es también una provocación.

El origen de la wiphala es incierto. Hay quienes sostienen que es pre-colombino, ya que, según ellos, el trapo existía en Suramérica como estandarte oficial del Tahuantinsuyu, vale decir del Imperio Inca. Sin embargo no hay evidencia de ningún tipo que pruebe que los emblemas incas se asemejaban en algo a la actual wiphala. Si, en cambio, hay muestras de sobra de que, durante el siglo XVI, los Tercios Españoles del rey Carlos I –que fueron enviados para pacificar el continente– cargaban con banderas propias, alguna de las cuales, muy posiblemente, utilizase un campo ajedrezado (tal y como se ve, por ejemplo, en “La rendición de Breda”, un cuadro pintado por Diego Velázquez en 1635). Y por si ello fuese poco, nadie puede negar que a algunos de los famosos “ángeles arcabuceros” de la Escuela Cuzqueña se los puede ver también con listones que llevan banderas ajedrezadas multicolores. Todo ello prueba que la bandera de la insurgencia indígenista ni siquiera es un símbolo de origen indígena, lo que más o menos ilustra la naturaleza de este grupúsculo político.

A esto hay que sumarle la supina ignorancia que la gente que se esfuerza por sacar a relucir su ascendencia india y los progrecínicos que los defienden demuestran con respecto al famoso trapo multicolor. El profesor de filosofía boliviano Oscar Olmedo Llanos, en su libro Paranoiaimara (La Paz, 2006), nos dice que ante la wiphala los propios indigenistas realizan una interpretación abusiva, donde cada color y cada casilla significa cosas diferentes y hasta contrapuestas. Añade este intelectual que: “[en torno a la wiphala] lo que hay es una apertura extrema de emoción, de fundamentalismo radical y delirante sobre un símbolo”. En este sentido este trapo vendría a ser nada más y nada menos que una bandera de guerra. Junto a estos fanáticos indigenistas que lo único que saben hacer es confrontar con mezquinos fundamentos, están también los cretinos que los apoyan sólo con el propósito de lacerar todo lo que puedan a la unidad nacional. Tal es el caso de la impresentable ucerista Alicia Mastrandrea o del narcoindigenista del PJ Egidio García, ambos diputados provinciales del Chaco, quienes hace unos meses lograron que la legislatura de la que forman parte reconozca como segunda bandera oficial del Estado provincial en el que viven a la wiphala, bajo el argumento de que eso ayudaría también a que este emblema sea considerado la “Bandera Nacional de los Pueblos Originarios de la Argentina” hasta tanto una comisión de expertos haga una nueva propuesta. Lo irónico es que si fuese verdad la teoría que le atribuye un origen inca a la wiphala, entonces se podría decir que un par de politiqueros de poca monta consiguieron imponerle a los indios chaqueños lo que éstos rechazaron durante varios siglos: vivir bajo una bandera andina.   

Al mantel del arcoiris, tristemente, se lo ve flamear mucho en Jujuy. En las áreas de la Puna y de la Quebrada es muy común encontrar a la wiphala contaminando visualmente el paisaje (son, mayormente, particulares quienes utilizan este trapo, empero algunos organismos estatales –escuelas por ejemplo– también les están empezando a dar cabida). Las banderas del arcoiris suelen ser enarboladas para defender las peores causas o para representar a los peores especimenes de ciertos pueblos: el protestante Thomas Müntzer la utilizaba para predicar sus errores teológicos en Alemania, el Estado soviético-sionista de la República Autónoma Hebrea la aplicaba para distinguirse de entre los rusos, el espiritista Joaquín Trincado Mateo la promovía para identificar a la "revolución" que encabezaba el masón Augusto César Sandino en Nicaragua, los aberrosexualistas la emplean transnacionalmente en sus nefastas embestidas contra los valores de Occidente y la Organización Barrial Tupac Amaru se ampara en su protección cada vez que van a cortar una ruta o a tomar un edificio público en Jujuy.  

Es urgente, por tanto, que las autoridades jujeñas hagan algo para revertir esta situación. Resulta inconcebible que los niños estén más familiarizados con un símbolo siniestro que con uno digno. Ya que 2012 es el bicentenario del Éxodo Jujeño no sería malo que se ponga en marcha una campaña para publicitar la bandera jujeña entre los propios jujeños. Y, al hacerlo, no estaría de más explicar que todo el simbolismo patrio del pueblo argentino está presente allí, puesto que mientras que el escudo remite en su conjunto a quienes lucharon en las guerras de 1810-1825, el lazo colorado que une a los laureles viene a significar la causa federal –tan necesaria de concretar para el futuro de nuestra nación–, mientras que los detalles del gorro frigio remiten a la mascapaicha inca, lo que significa que los antiguos originarios estuvieron desde siempre representados e incorporados a los proyectos nacionales. Por tanto el pasado, el presente y el futuro emergen de la bandera de Jujuy. 

La tradición y el branding


La bandera salteña fue adoptada en 1997 a través de la sanción de la ley provincial Nº 6.946. En este caso se trata de un paño de fondo granate, con dos bandas sables (una superior y otra inferior), y un gran escudo en el medio. Dicho escudo está constituido por un óvalo de azur tenue fimbriado de oro, que contiene una estrella de seis puntas – que representa a una espuela llamada “nazarena” (puesto que su forma es similar a la Corona de Espinas que soportó Jesucristo durante su Pasión)– con un sol pleno figurado y de oro en el centro. Alrededor del óvalo se pueden apreciar a un total de veintitrés pequeñas nazarenas de oro, representando cada una de ellas a los diversos departamentos que componen a la provincia.

Este pabellón provincial nació de un concurso que se realizó convocando a participar a los estudiantes de todas las escuelas primarias y secundarias del territorio salteño; al final, un jurado de notables escogió la actual bandera presentada por los alumnos del 7º “A” de la escuela Nº 64 “Nicolás Avellaneda” de Salta capital, bajo el justificativo de que ésta resumía de manera más armónica los elementos que más se repetían entre los proyectos presentados. El poncho colorado, aquel que protegía del frío a los bravos soldados gauchos de Güemes, pasó así a ser oficialmente considerado como epítome de lo salteño.

A la elección del símbolo provincial le siguió, en los años posteriores, una agresiva campaña mercadotécnica tendiente a posicionar a Salta como destino turístico por excelencia del NOA. El éxito de la misma popularizó la bandera. Este hecho, sumado a todo el trabajo que desde hace décadas las autoridades salteñas hacen para honrar al heroico General Martín Miguel de Güemes, convirtió al pabellón provincial en un auténtico símbolo de pertenencia. Fue un acierto la decisión de establecer una nueva bandera para la provincia (la anterior era muy similar a la de Jujuy, con el detalle de que el fondo era no enteramente blanco sino también celeste y de que en el reverso de la bandera había una estampa en la que se veían unos cerros, un río, un indio y un conquistador), pero ciertamente fue más feliz la decisión de promocionar la novedad que se adaptó de inmediato a las tradiciones locales.

No obstante en la actualidad los salteños (especialmente los gobernantes) no sólo usan sino que también abusan en ocasiones de este símbolo. Un ejemplo de ello es el color de los taxis de Salta capital. No hay que olvidar que visibilizar algo en extremo a veces puede ser también la mejor manera de invisibilizarlo.      

La DAIA clavó bandera


La bandera tucumana fue adoptada en 1995 a través de la sanción de la ley provincial Nº 6.694. En este caso se trata de un paño de fondo celeste en el que se ven dos franjas blancas de desigual tamaño que se entrecruzan en un punto determinado. Lleva dos fechas históricas en los costados (1812 y 1816), que evocan el triunfo del coraje patriótico y la voluntad de constituir una nación gobernada por la paz y la justicia. Las dos variedades de ramas de laurel ubicadas en la parte inferior simbolizan la Razón y la Fe, mientras que las puertas doradas de la Casa Histórica son el elemento que invitan a seguir hacia un camino iluminado por el Sol, que a su vez representa la unidad y la libertad del pueblo argentino.

Esta pequeña joya de la heráldica nació gracias a la iniciativa de Carrillo Bascary, el mismo vexilólogo que propuso la bandera de Jujuy. Originariamente, el proyecto de Carrillo Bascary consistía en adoptar como pabellón provincial a la bandera histórica que atesora la Iglesia San Francisco, la cual se compone de tres franjas horizontales (la superior y la inferior de color celeste, y la del medio de color blanco) y que lleva la inscripción “Tucumán 1814” en caracteres dorados. Empero este emblema fue interpretado como una reliquia más que como un símbolo vivo, por lo que el legislador Alfredo Guido Linares del partido Fuerza Republicana hizo una nueva propuesta, que finalmente fue sancionada de manera unánime por la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán. La ley llegó a manos del gobernador Ramón Ortega, quien se demoró en promulgarla, dejándole esa distinción a su sucesor, el gobernador Antonio Domingo Bussi.

Detrás de esta bandera hay una historia sombría en la que una pequeña sinarquía visible esputó su despreciable cristofobia y no sólo fue escuchada, sino que también terminó siendo felicitada por ello. Estamos hablando, por supuesto, de la siniestra Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

A los pocos meses de sancionada la ley que instituía una bandera para Tucumán, la seccional de la DAIA de esa provincia emitió un comunicado en el que indicaban su total desacuerdo con el símbolo, puesto que lo consideraban “sectario”. El titular de esta institución de lobby sionista era, en aquel entonces, Jaime Salamon (Salamon es un veterano de la infame Guerra de Junio de 1967 –aquella en la que el Estado de Israel atacó a sus vecinos árabes para reafirmar su ilegítima permanencia en el Máshrek–, célebre por haber confesado orgullosamente que la Agencia Judía para Israel, una organización que se ocupa de fortalecer los vínculos entre Israel y las comunidades judías del resto del mundo, alentaba a jóvenes hebreos a incorporarse a los grupos guerrilleros que atacaron al país durante la década de 1970). Los musulmanes de Tucumán nada dijeron acerca de la bandera, y los declarados ateos apenas hicieron un gesto de desaprobación. Sin embargo la DAIA, con el sionista de izquierda Salamon a la cabeza, concentró todos sus recursos para emprender una ofensiva contra la bandera que tanto odiaban.  

De nada sirvió recordarles a estos señores que la Cruz de Cristo no es un símbolo de exclusión sino de inclusión, y que la misma está presente en estas tierras desde hace siglos (la Declaración de Independencia de Julio de 1816 se realizó en un salón tucumano decorado con un escudo patrio y un crucifijo cristiano por encima del mismo): la DAIA nunca retiró su pedido.

Esta poderosa sinarquía sionista no sólo ha criticado al pueblo de Tucumán por haber elegido representantes que respeten la identidad local. Otras provincias también fueron víctimas de la DAIA. Un caso es Santiago del Estero. En aquella provincia tiene una bandera celeste, blanca y colorada, adornada con un sol inca dorado, que a su vez porta en su interior una cruz latina que representa la espada encarnada del Apóstol Santiago y que fuese además la misma insignia que Francisco de Aguirre poseía cuando fundó la Ciudad Madre de Ciudades. El pabellón santiagueño está vigente desde el año 1986 gracias a la sanción de la ley Nº 5.535. A los fariseos de la DAIA, por supuesto, también les molesta esa simbología, especialmente porque cuando ellos hablan de “cruz” se les responde “espada” y cuando dicen “espada” se les replica “cruz”. Empero resulta curioso que desde está ONG nunca hayan pronunciado palabra alguna acerca de la bandera de Salta. ¿Acaso la espuela plateada del General Güemes no se asemeja a una Estrella del Rey David? Quiero decir dos línea que se entrecruzan no sólo representan a Dios crucificado sobre la Colina del Gólgota, también son un símbolo laico o incluso secular en donde lo temporal se cruza con lo eterno, la historia con el porvenir, y la herencia personal con el legado futuro. ¿Por qué la DAIA se niega a ver algo de ello y sólo declara observar una cruz “sectaria” en la bandera de Tucumán? ¿Por qué ellos no ven una Estrella de David en la bandera de Salta –ofensiva para la mayoría católica que habita la provincia– y se abstienen de apelar al laicismo que tanto promueven para derogarla?

La historia de la bandera de Tucumán es un asunto lamentable. El gobernador Julio Miranda, en sus cuatro años de (des)gobierno, hizo todo lo posible para anular la tarea pedagógica que Bussi había efectuado en torno al pabellón provincial. Luego, tras la llegada de José Alperovich a la primera magistratura del Jardín de la República, se empezó a trabajar en la eliminación definitiva del distintivo. Este proceso culminó en 2010, cuando el legislador ucerista Jorge Mendía (en ese entonces un cobista fiel) convenció a sus pares de que se vote una nueva ley, la Nº 8.291, mediante la cual se aprobaba la adopción de una nueva bandera para la provincia. Todos los legisladores de ese entonces (incluyendo a los dos hijos de Bussi y a Esteban Jerez, un hombre cercano al Opus Dei) se manifestaron a favor del proyecto, siendo la única excepción la del justicialista de sangre Renzo Cirnigliaro.

La nueva bandera, según lo presentado por Mendía, consistiría en una paño que mostrase tres franjas horizontales, siendo blancas la de arriba y la de abajo, y celeste la del medio, algo así como una bandera argentina invertida. El detalle que incluyó el legislador ucerista y que luego anuló Alperovich, era que esta nueva bandera llevaría en el medio una imagen dorada de la Virgen de la Merced, Santa Patrona de la Provincia de Tucumán. El gobernador, por consejo de la DAIA, optó por eliminar el símbolo cristiano del paño, enviando a la Virgen a una corbata y agregando una segunda corbata con un dibujo de la Casa Histórica.

El golpe que significó este atropello cultural fue mitigado al urdir un pasado digno para la bandera.  A este pabellón se le atribuye un origen belgraniano, puesto que habría sido el famoso General devoto de la Virgen María quien la habría enarbolado durante su campaña en tierras altoperuanas. En 1885, en una iglesia de Titiri, una localidad cercana a Macha –ciudad en la que el Ejército comandado por Belgrano estuvo apostado durante 1813–, unos feligreses encontraron dos banderas envueltas en un paño rojo que permanecían ocultas en el interior del templo. Dichas banderas, una similar a la actual bandera argentina y otra con sus colores invertidos, estaban percudidas y manchadas con sangre, signo de que habían estado presentes en algún combate. Por obra y gracia de algún memorioso se estableció que se trataban de reliquias de la Batalla de Ayohuma, y se atribuyó entonces la autoría de los dos pabellones al General Belgrano, bautizándose de paso a la bandera blanca y celeste como “Bandera de Macha”.

Hoy en día se supone que la Bandera de Macha es la de Tucumán, pero aceptar esa impostura sería aceptar que la beligerancia antirreligiosa de unos pocos perversos que se ocultan detrás de la perorata de la “corrección política” arrase con nuestra genealogía cultural y espiritual. Lo único que se puede hacer en este sentido es investigar más a fondo acerca de la autenticidad de la Bandera de Macha –para establecerla como símbolo de unidad regional del NOA si se comprueba su autoría belgraniana–, y trabajar para que en la Cuna de la Independencia flamee la bandera celeste de la cruz blanca junto a la de todos los argentinos. 



Zain el-Din Caballero

jueves, 26 de enero de 2012

Mujer anteña denuncia a las sectas de Salta que pretenden venderse como religiones

Brutal: encuentran a un feto en un pozo ciego y la criminal ya estaría detenida

El comisario César Rodríguez informó que a pocas cuadras del centro de la ciudad de Joaquín V. González se encontró un feto de un pequeño de 6 meses de gestación. La madre de 19 años que tendría domicilio cercano al lugar del hallazgo, se encuentra internada en el hospital Dr. Oscar H. Costas y está bajo custodia policial.
 
Sobre el tema Rodríguez manifestó: “esto sucedió en una vivienda ubicada en la calle Sarmiento 665 ayer a las 10. Un señor de apellido Figueroa (quien vive en esa casa) nos alertó de una situación muy particular. Cuando va al lugar una comisión policial constata que en un baño pozo ciego que está en el inmueble, se encontraba un feto en un envoltorio, al cual solo se le veían las piernas. Allí se corroboró que se trataba de un feto sin vida y ante esta situación se convocaron a todos los peritos entre ellos el médico legal y la gente de criminalística. El médico forense comunicó que se trataba de un feto de sexo masculino de seis meses de gestación. En ese momento se realizaron las diligencias pertinentes, dando intervención al juzgado de Metán  quien ordenó la autopsia y posterior inhumación del cuerpo. Consecutivamente se estableció la identidad de la causante que es una joven de 19 años, quien se encontraría internada en el hospital Dr. Oscar H. Costas”, concluyó el funcionario policial.
 

Agrupaciones gauchas tradicionalistas marchan a Humahuaca

Durante la mañana de ayer, partió la XXII "Marcha Evocativa y Patriótica a la Ciudad Histórica de Humahuaca". 

Los gauchos tomarán parte de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Candelaria, y luego del homenaje a Jorge Cafrune. Con retraso por las inclemencias climáticas, gauchos de diferentes lugares emprendieron el camino a caballo por las diversas localidades norteñas, para llegar en febrero a Humahuaca. 

A pesar de la lluvia, más de medio centenar de gauchos partieron desde capital, algunos participaron del acto protocolar y otros esperaron en el Regimiento de Infantería 20 para unirse a la marcha. Se espera que arriben a Humahuaca el 1 de febrero alrededor de doscientos gauchos, para celebrar el Día de la Virgen de la Candelaria. 

El INADI: entre los lobbies más espurios y la absoluta futilidad para defender a las víctimas de discriminación

El INADI de Tucumán y su misión de destruir las costumbres locales

Discriminar se proyecta en la ausencia de posibilidades de acceso a la salud, el trabajo, la educación, la seguridad, el respeto a la dignidad y a la identidad cultural. Esta es la problemática ante la cual trabaja Teresa Ivankow, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Delegación Tucumán. Sin filtros, define a la sociedad tucumana como "conservadora" y reconoce esta característica como uno de los obstáculos más grandes que, desde su función, encuentra diariamente a la hora de afrontar casos donde la negación de derechos básicos de las personas sea una constante.

"Las sociedades en el norte del país tienen patrones culturales muy patriarcales, donde la sensación de inferioridad hacia las mujeres es una condición permanente. A eso se le suma las condiciones feudalistas que dan lugar a las luchas de los pueblos originarios que son tan resistida por grupos económicos que no entienden de derechos. El tucumano es muy clasista y clasifica, etiqueta. Está muy naturalizado esto, tanto en la escuela, en la casa, el trabajo... siempre se etiqueta", razona Ivankow.

"Este organismo tiene la obligación de ejercitar y sensibilizar a la comunidad en el derecho de la ciudadanía. Ese es un objetivo primordial que tenemos. Intentamos que el Estado, sea Nación, Provincia o Municipalidad, sepa que tiene un compromiso en la función pública y debe brindar las mismas oportunidades a todos y todas. Entonces, muchas veces debemos enseñarles a los mismos funcionarios públicos lo que es el derecho de la ciudadanía y su deber de bregar por ellos. No es sencillo incorporar esta nueva mirada", explica.

Redunda sobre este aspecto con el objetivo de enfatizar la complejidad de la finalidad del organismo a su cargo. Y, pese al cargo público que ostenta, resalta nuevamente el rol de los funcionarios en esta problemática. "Pretendemos que los derechos de cualquier persona se cumplan, que sean exigibles. Es decir, que todos se puedan manifestar y tener las vías idóneas para que ese derecho sea otorgado por el mismo Estado que tiene la obligación de hacerlo. Se discute mucho con otros organismos públicos para exigir el cumplimiento, incluso, de lo que mandan convenciones internacionales. Estamos hablando de los principios básicos de los derechos humanos que muchas veces chocan con sectores conservadores insertos dentro del mismo Estado".

"Entonces, como premisas fundamentales, se trabaja en el respeto por la progresividad de los derechos humanos, es decir, se apunta siempre hacia adelante, se avanza en cuanto a esto. Junto a esto, defendemos la idea de que los derechos humanos no se discuten sino que se ejercen plenamente, además de estar siempre a favor de la persona. Sin estos elementos es casi imposible una política pública en pos de la no discriminación", enfatiza la abogada.

Dentro de este desafío, entiende que 2011 fue un año con avances significativos dentro de las pautas de trabajo mencionadas entre las que, destaca, los avances registrados en materia de casos vinculados a discapacidad y salud. "Por ejemplo, es la primera vez que el Ministerio de Salud incorpora un organismo de derechos humanos al Consejo Oficial Comunitario y, dentro de esa mesa, poder agilizar y hacer gestiones a corto y largo plazo. Así, destacamos el trabajo en busca de medidas que faciliten el acceso al transporte de personas con discapacidad. Para esto nos reunimos con el empresariado para exigir que se respeten los derechos de autonomía y libre circulación que por legislación y tratados internacionales nos corresponde a todos. Hoy una vereda sin rampa no sólo afectará a discapacitados, también a adultos mayores, personas con cochecitos, mujeres embarazadas; todo se hace una odisea. Pero todo esto no está claramente visibilizado por la agenda política por lo que estamos tratando de revertir esto. No todo se soluciona con una rampa, es algo más profundo", agrega.

Para Ivankow, los casos más complejos que desde su organismo se deben encarar están vinculados a personas con alguna discapacidad debido a la naturalización de la discriminación en nuestra sociedad. "En realidad, esto se ve en todas las áreas. Recuerdo el caso de una maestra que quería que haya una escuela distinta para alumnos de familias que eran beneficiarias de la Asignación Universal por Hijos por cuestiones de seguridad".


El INADI de Salta: amigo del poder, enemigo de las víctimas

La Defensora Oficial Civil Nº 4, Natalia Buira, comentó que el día 23 de enero formalizó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo de Salta por precariedad laboral, explotación laboral y discriminación laboral dentro del Ministerio Público de Salta.

En este sentido, habló sobre lo que la llevó a realizar la denuncia y comentó que a través de “una resolución se despide sin causa justificada a 12 abogados pasantes rentados que ganaban $1.500 mensuales. Mientras que por otro lado, contratan a 220 agentes del Ministerio Público transitoriamente por un año, lo que implican precariedad laboral”.

Además, dijo que “hay una severa discriminación, porque están los empleados de planta permanente que son los únicos que están dentro de la legalidad, después están los contratados con recibo de sueldo, los contratados con facturación, los pasantes rentados y los pasantes ad honorem”. Seguidamente aseguró que las personas que trabajan transitoriamente no gozan de vacaciones, no pueden acceder a un crédito, no tienen licencias por embarazo o por enfermedad, entre otras cosas.

Por último, Buira manifestó: “No voy a formalizar la denuncia en el Inadi Delegación Salta porque como todos saben que es funcional al Gobierno actual o al gobierno de turno y porque todas las denuncias de discriminación que se hicieron contra el Estado nunca han sido resueltas”.

El polémico hotel en Tafí del Valle: miserias de la casta política tucumana

Yapura Astorga intenta hacer cumplir las leyes

Es más alto de lo que debe y, por ende, se "adueña" del paisaje que tapa con sus alas de dos y tres plantas erguidas sobre la avenida Gobernador Miguel Critto, a 200 metros del cruce con la ruta provincial 307. Pero esa no es la única tara de este controvertido hotel edificado por Luis Zermoglio (y aún en construcción): el establecimiento carece de papeles que avalen su adecuación a la normativa vigente, según el intendente Jorge Yapura Astorga, a quien no le ha temblado la mano para ordenar la clausura de la obra, medida que fue ejecutada durante la segunda semana de enero.

"Transgrede todas las ordenanzas. Los dueños se largaron a edificar sin presentar ningún tipo de carpeta. ¿Quién sabe cómo fue construido?", resumió el ex radical Yapura Astorga, que en los comicios de agosto desplazó al alperovichista Carlos Rodríguez de la intendencia de Tafí. Pero ese no es el único defecto de este hotel de 50 habitaciones que se ganó el calificativo de polémico en marzo de 2010, cuando el gobernador José Alperovich pasó por encima del Ejecutivo y el Concejo Deliberante tafinistos para ordenar que lo habiliten pese a que su altura superaba los 6,10 metros permitidos en el Código de Edificación. "Además, descubrimos que quien se presenta como dueño del hotel no es el mismo dueño del terreno", añadió con indignación Yapura Astorga.

Sin eufemismos, el intendente apunta a La Gaceta que durante la última década muchos creyeron "que podían limpiarse el traste con la Municipalidad". "Eso se acabó. No me cabe la menor duda de que hay que demoler y, si es preciso, voy a ir con este tema del hotel hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si los concejales intentan destrabar la situación con una ordenanza, voy a vetarla. Le anticipo, además, que habrá más operativos", adelantó con tono severo.


Primero el dinero, después los derechos

"No sé por qué se habrá paralizado la construcción del hotel. Una inversión de esas características no se tendría que haber parado", dijo el gobernador. Desde su óptica, el cumplimiento de la ley no parece ser algo relevante cuando hay dinero en juego.

Al respecto, el presidente del presidente del Ente Tucumán Turismo, Bernardo Racedo Aragón, también quitó importancia a la clausura de la obra. "Es solo un tema de documentación que hay que presentar al municipio de Tafí", minimizó.

Lo cierto es que -según empresarios del sector turístico- el interés del gobernador por el nuevo hotel en Tafí del Valle radica en que se trata de un emprendimiento más de los hermanos José y Enrique Orellana, los "dueños" de Famaillá, que utilizan como pantalla a otras personas vinculadas con el negocio hotelero.

En los últimos años, los Orellana -que integran la lista de socios privilegiados de Alperovich- realizaron múltiples inversiones en distintas zonas de la provincia, especialmente en San Miguel de Tucumán, incluyendo la ampliación de un antiguo hotel, y la adquisición de costosos inmuebles.


El apriete

El Gobernador José Alperovich se reunió con el Intendente de Tafí del Valle, Yapura Astorga.

Al respecto, Alperovich informó que "Astorga no tiene problemas en que el Hotel avance, lo que sí quiere es que el dueño presente los papeles en orden, no es cuestión de avanzar sin papeles". "No tiene drama en que se posibilite la construcción del hotel, pero con los planos del hotel en condiciones y me parece bien" 

Un colombiano se enfrenta a policías jujeños

Un ciudadano colombiano que circulaba en una motocicleta sobre avenida Eva Perón en direccion al centro de la ciudad, al llegar a calle Zurita, por causas que aún se investigan, chocó a una camioneta que estaba estacionada, cayendo al asfalto, lo que le produjo un profundo corte en el rostro. Vecinos que presenciaron el accidente informaron al Same y a la policia que a los minutos se presentaron en el lugar. 

Mientras el motociclista era atendido por los enfermeros del Same, sin razona alguna, comenzó a forcejear con los galenos, quienes solicitaron auxilio a la fuerza publica. Al acercarse los policías, el extranjero comenzó a insultarlos y a propinar golpes de puño y puntapies, negándose en todo momento a identificarse, por lo que los efectivos lo redujeron y lo detuvieron, trasladándolo a las celdas de la seccional Sexta.

Fiebre constructora en Yerba Buena: un castigo contra el medio ambiente

La fiebre de construcción de complejos habitacionales de mediano y alto valor en la zona del pedemonte de Yerba Buena, a ambos lados de la Avenida Presidente Perón, trae como consecuencia algo más que el florecer de bonitas casas, cómodas, amplias y con una vista privilegiada.

En un recorrido por la zona - impensable hace 20 años- observamos coquetos barrios privados y edificios en altura que combinan la seguridad de la construcción en altura con la tranquilidad de la zona residencial; sin embargo una realidad oculta se despliega detrás de semejante espectáculo del progreso: la de la destrucción de los cauces de agua de la zona.

Las empresas constructoras de la zona encontraron en la región una fuente generosa de obtención de piedras y áridos para el relleno de terrenos y la elaboración del hormigón. Los ríos ofrecen, naturalmente, abundante material muy codiciado para la construcción, sobre todo para aquellos quienes gustan de explotar la naturaleza desmedidamente sin prever las consecuencias ecológicas.

No es necesario andar mucho para llegar a los arroyos Las Piedras y Caínzo, al norte de la avenida Perón y al oeste de Villa Carmela. El acceso se realiza a través de los campos de plantación de limón que, curiosamente, exhiben gruesos caminos llenos de polvo y tierra suelta, que denotan el intenso tráfico vehicular hacia la zona. El arroyo es un cauce natural de agua que se nutre de las lluvias del pedemonte, originada en el área protegida de la Sierra de San Javier.

Durante su recorrido, el arroyo muestra dos paisajes totalmente distintos: las llamadas zonas vírgenes, donde todavía no accedieron las máquinas, y las zonas devastadas por la explotación indiscriminada. Allí donde todavía las palas y excavadoras no llegaron, los arroyos exhiben una fisonomía naturalmente cerrada y un suelo regado de piedras de diferentes tamaños que le otorgan porosidad al suelo y contienen la fuerza de la corriente del agua.

En las zonas de trabajo se observa un cauce completamente distinto. Son lechos anchos y profundos, ya sin presencia de piedras, y que muestran un suelo sólido e impermeable. Son las zonas donde las máquinas trabajan sin descanso extrayendo mineral del suelo para la construcción, en complicidad con las fincas de limones linderas, que posibilitan su paso.

En estas regiones ambos arroyos han perdido su capacidad de absorción, ya que las palas extraen todo el material posible del suelo y sólo se detienen cuando llegan a un nivel en que la dureza hace imposible seguir cavando.

La destrucción de los cauces naturales se extiende incluso hacia el área protegida llamada Parque Sierra de San Javier. Propiedad de la Universidad Nacional de Tucumán desde principios del siglo pasado, fue declarada protegida en 1973 y declarada de categoría II por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La zona tiene una importancia vital para la conservación de especies animales, ya que en ella vive el 24% del total de las especies de aves y mamíferos que existen en todo el país. Es refugio de especies en extinción y de una variedad amplia de flora, especialmente de árboles.

Sin embargo, una de sus principales funciones es asegurar la estabilidad de las cuencas hídricas que proveen agua para consumo y para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas.

Tanto el arroyo Las Piedras como el Caínzo se originan dentro del área protegida. Sin embargo, la extracción indiscriminada de minerales de sus cauces se inicia dentro mismo del Parque, violando así restricciones internacionales.

La modificación de la fisionomía de los arroyos puede traer consecuencias graves en el corto plazo. La falta de porosidad en sus suelos ocasiona que el cauce deje de absorber agua en su recorrido, provocando desbordes e inundaciones, y no permite disminuir la fuerza a medida que avanza. La deforestación de las zonas linderas para el acceso de las máquinas provoca una disminución de las barreras naturales que constituyen los árboles a los desbordes.

Por otro lado, los pozos generados por las excavadoras ya se habrían cobrado este año su primera víctima, en Lules: el 2 de enero Hernán Buldurini, de 14 años falleció mientras se bañaba en el Río Lules, aparentemente “succionado” por un pozo que se encontraba en el fondo.

Fervor mariano en Jujuy


Todos los jueves de cada mes, a las 15, se realiza esta peregrinación a la casa de la Virgen, en la localidad de Guerrero, partiendo desde la iglesia San Francisco, en el centro de la ciudad. Allí, más de medio centenar de personas esperan por la llegada de las Traffic que las conducirían a donde está la imagen.

La capilla y la comunidad de ermitaños se encuentran a 18 kilómetros aproximadamente de la capital. No es un lugar muy conocido, pero para ubicarse mejor se debe entrar por un camino vecinal que se encuentra en la ruta provincial 4, a metros del puente Guerrero. Por ese pasaje se debe recorrer 5 kilómetros. Este es un tramo de tierra y es imposible de transitar los días lluviosos por la crecida de los ríos y por el barro que se acumula.

Ana María, una devota, comenta que "los días lluviosos es imposible pasar. En este año por las lluvias tempranas debimos suspender algunas visitas, porque era imposible entrar. Pero el amor que tenemos por la Virgen y ya que con ella, todo es posible. Lo mismo tratamos de venir cueste lo que cueste".

Luego de ese recorrido de tierra se llega al puente colgante, uno de los más largos de América del Sur, según dicen, con 156 metros de longitud, construido en el año 1979 por el hermano ermitaño Dionel, fundador de esta comunidad laica.

Luego del puente se camina unos 10 minutos hasta llegar a "El Arca": comunidad contemplativa ermitaña, patriarca, laboriosa, ecuménica, donde conviven dos hermanos laicos, Marcelo y Dionel, quien la fundó junto a su mujer Teresita. Luego de vivir un tiempo en Francia y de acrecentar su vocación para servir a la comunidad, volvieron a Jujuy y crearon esta comunidad, construyendo la capilla de la Virgen Reina de la Paz en el año 1973. Desde ese entonces los hermanos se encargan de recibir a las personas todos los jueves de 14 a 19, para orar por la paz y trabajar por la fe. 

Advierten que ninguna de las causas contra la minería rapaz avanzan en Jujuy

El Fiscal Federal Antonio Gustavo Gómez de Tucumán, quien además fue titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), ha impulsado varias causas penales en contra de esta actividad en la provincia de Jujuy, entre las que se pueden destacar actuaciones contra Minera Aguilar, Mina Pirquitas y también por el tema de la contaminación de plomo en Purmamarca.

Entrevistado por Radio 2, Gómez recalcó que “hace tiempo que viajo a Jujuy invitado por organizaciones ambientalistas a dar conferencias y mis reclamos son siempre los mismos: falta una sociedad que sea más activa en la investigación de los delitos ambientales porque nuestro sistema de administración de Justicia –cuando hay semejantes intereses económicos apoyado por intereses políticos- fracasa en la investigación de los delitos ambientales”.

“Acá en Tucumán, por ejemplo, tenemos el caso de Minera La Alumbrera donde fue procesado el vicepresidente de la empresa Julián Rooney por el delito de contaminación ambiental, cuenta con tres organizaciones querellantes: hay una ex concejal, una ONG de Tucumán y una ONG de Buenos Aires, que son las que impulsan las causas penales. Incluso, en marzo se llevará el caso ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos”, dijo.

Además, el funcionario sostuvo “yo creo que en Jujuy hay muchas más razones y causas penales que nosotros hemos iniciado desde San Miguel de Tucumán y me llama mucho la atención que esto no avance”.

“Yo hice un seguimiento bastante parcial hasta que el Procurador General de la Nación decidió limitar mis facultades como jefe del UFIMA, que es la Unidad Fiscal de gestiones ambientales, exclusivamente a mi jurisdicción territorial de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, así que yo le he perdido el rastro a esas causas penales”, indicó.

También agregó que “sé que no ha ocurrido nada importante porque hubiera sido una noticia de mucho impacto, como lo que está ocurriendo en Famatina o lo que está ocurriendo en Santiago del Estero, donde el juez federal llamó a brindar declaración indagatoria a los responsables de la contaminación ambiental, no sólo a los directivos de Mina La Alumbrera, sino a más de 15 empresarios de Tucumán y al secretario de Ambiente de esa provincia como cómplice de todo esto, que no ha hecho acusación de los resortes administrativos para evitar la contaminación”.

Asimismo, el Fiscal Federal expresó que “yo creo que lo que está ocurriendo en Jujuy es que están tocando el timbre en la puerta equivocada, más cortando una ruta (que es) como se consigue el accionar de una Justicia. Yo les he contado cómo están actuando aquí las distintas organizaciones sociales presentándose como querellantes de las distintas causas penales, impulsando las acciones penales como si fueran verdaderos fiscales, que es lo que les permite la presentación como querella”.

“En Jujuy falta un pueblo militante como el de Famatina (en La Rioja) para enfrentar el tremendo daño de minas que secan toda la Puna” y asegura que “hay causas penales contra las minas a cielo abierto en todo Jujuy. Solo que nadie hace nada por activarlas”, aseguró.

Este especialista en Delitos Ambientales, cita las siguientes causas en la provincia:

Actuación Preliminar 121 – Orosmayo-Pirquitas – Remisión al Fiscal Federal de Turno – Fecha 07-02-2008

Actuación Preliminar 120 – Minera Santa Rosa – Remisión al Fiscal Federal de Turno - Fecha 15-02-2008

Actuación Preliminar 119 – Mina La Pulpera – Remisión al Fiscal Federal de Turno – Fecha 10-10-2007

Actuación Preliminar 118 – Contaminación en Abra Pampa – Remisión al Fiscal Federal de Turno – Fecha 25-10-2007

Actuación Preliminar 116 Minera Aguilar – Remisión al Fiscal Federal de Truno – Fecha 22-11-2007

Actuación Preliminar 123 Minas Loma Blanca y Providencia – Remisión al Fiscal Federal de turno

Preocupación de habitantes de Yerba Buena ante la posibilidad de que un barrio se haya convertido en "zona liberada"

Los vecinos del barrio Juramento 3, de Yerba Buena, no sabemos ya qué hacer ante los sucesivos hechos de vandalismo que se han suscitado en estas últimas tres semanas. 

Antes de Navidad, a la madrugada (entre las 3 y 4 am) un ladrón intentó romper el vidrio de una camioneta de un vecino que estaba en la calle y como no pudo, para hacer daño rompió el faro trasero y escapó. 

El 3 de enero entraron a una casa lindera a un duplex, y aprovechando que no había nadie, sustrajeron varios bienes. A los dos días, algún ladronzuelo ingresó al patio de otro vecino y robó de un cuartito del fondo varias herramientas para hacer trabajos de jardinería. 

El lunes 9, la noche en que se cortó la luz y estuvimos completamente a oscuras, a la madrugada también, había visitantes en el patio de mi vecino. Esa misma noche robaron un auto que estaba en la calle en la manzana D. 

El 18 de enero, entre las 3 y 4 am, nuevamente ladrones intentaron ingresar a una propiedad; si no fuera por un vecino que advirtió la situación, a esta altura nos estaríamos lamentando por un nuevo robo. 

En todos los casos, llamamos a la Patrulla Motorizada; vienen al barrio, dan unas vueltas y después nada. La sensación que nos queda a los vecinos es: "aquí, señores, no ha pasado nada". El 13 de enero presentamos una nota al intendente Toledo, advirtiendo la situación para que tomara las medidas correspondientes. Ya no basta con tener rejas, alarmas en la casa y en el auto, y perros guardianes. Demás está recordar la trágica situación que hemos vivido meses atrás, cuando encontraron descuartizada a una joven en los baldíos del fondo (calle Chubut). 

Lamentan la falta de interés en la conmemoración del bicentenario del Éxodo Jujeño

El éxodo jujeño es recordado con gran estima por los habitantes de nuestra provincia que cada 23 de agosto lo conmemoran. Se considera que la acción de los jujeños de 1812 constituyó un gran acto de heroísmo colectivo que permitió las derrotas posteriores de los españoles.

Este año en especial se conmemora el bicentenario de la gesta del Éxodo y ello conlleva una significación más que especial.

Para el diputado Pablo Baca, sin embargo, el ejecutivo provincial no le está prestando la atención necesaria a los festejos alusivos a dicha fecha puesto que, no se ha convocado a mucha gente de Jujuy que podría aportar grandes cosas.

En Jujuy hay historiadores, entidades que agrupan a los que se dedican a los estudios históricos. Hay entidades gauchas, artistas, productores que tiene que ser convocados para diseñar las actividades conmemorativas del Éxodo jujeño”, explicó el legislador.

Asimismo señaló que: “El Éxodo jujeño es una enorme oportunidad para que los jujeños reinterpretemos, recordemos el enorme sacrificio del pueblo de Jujuy. La estrategia de Belgrano de arrasar las tierras para evitar que se hiciera fuerte el ejército realista. Ha sido un esfuerzo social que ha tenido una significación en la revolución de mayo y que ha contribuido a la liberación de argentina y Latinoamérica”.

Según Baca, este acontecimiento debe cobrar mayor significación y relevancia a través del aporte de los jujeños.

“Los 200 años del Éxodo son una oportunidad para valorizarlo y difundirlo (…) son actividades que hay que planear. No puede suceder que a último momento tengamos que buscar una productora de Buenos Aires para que nos ayude a recordar el Éxodo, cuando el pueblo participo en conmemoraciones todos los años”, renegó.

La cortina de humo de Malvinas: el kirchnerismo banaliza una causa patriótica para desviar la atención

Veteranos de guerra salteños concientizando a la ciudadanía



Sobre las payasadas kirchneristas y su agravio a la memoria de los caídos

Debe irle muy mal a un gobierno para recurrir al más extremo de los recursos a los que se les puede echar mano con la finalidad de conseguir consenso, unidad, apoyo fácil y hasta aplausos insospechados.

En la Europa complicada por sus dilemas intestinos -y aunque Inglaterra no esté involucrada de lleno en el sistema Euro-, al primer ministro británico, David Cameron, le viene “como anillo al dedo” una iniciativa de alto tono belicista. Le conviene para unificar a una Gran Bretaña en la que recrudecen los intentos independentistas internos que ponen en riesgo su mensaje único hacia Europa. Pero también para girar la atención de los votantes en medio del mayor índice de desempleo de los últimos 17 años, que llegó ya a un 8,4.

No parece ser una situación por la que atraviese la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos, a primera vista. Sin embargo, se insiste desde ambos lados del Atlántico en poner a Malvinas, virulentamente, en la agenda mediática, y el canciller de nuestro país, Héctor Timerman, parece ser el menos diplomático de todos a la hora de levantar banderas reivindicacionistas.

El Gobierno a pleno desde su militancia activa en las redes sociales salió (por intermedio de sus propios miembros y de sus propagandistas) a militar que el hashtag #LasMalvinasSonArgentinas sea TT en Twitter a nivel global.

Puede ser que el empujón haya provenido desde Londres y que aquí no se haya querido desaprovechar la oportunidad de izar la bandera en lo más alto de la autoestima nacional y popular. La única forma de entender una intencionalidad de la Casa Rosada en alentar la malvinización del discurso es que la “sintonía fina”, que está generando un efecto dominó de ajustes en los estados provinciales, pronostique hacia adentro del Gobierno una cercana e inevitable defección de los principios con los que se ha regodeado el Gobierno. No se entiende por qué colocar al tope de la discusión pública en enero la posibilidad de un conflicto con Malvinas.

Es sabido que una amenaza externa a un país termina por unir a sus habitantes y dejando en un segundo plano las diferencias más extremas. Lo vimos en medio de la sangrienta dictadura, en la que los sectores más perseguidos (hasta la muerte, inclusive) por la alianza cívico militar gobernante aplaudieron la aventura de Leopoldo Fortunato Galtieri en Malvinas.

Muchos sentimos hinchados nuestros corazones, a punto de estallar de nacionalismo. Los dictadores pensaron que un poco de Mundial de fútbol sazonado con una “guerrita” en Malvinas les daría chances de perpetuidad para sus negocios e impunidad para sus crímenes.

Las dramáticas consecuencias de la intentona nacional populista consecuencias no sólo resultaron una paradoja para el régimen, sino que también se pueden medir a escala humana y económica. Miles de pibes murieron durante los enfrentamientos o después, como producto de las lesiones físicas o mentales de la ocurrencia nacionalista del momento.

En síntesis, es un recurso fácil pero extremo: se le echa mano sólo cuando hay algo de fondo que ocultar, cuando se quiere inundar la prensa con un mensaje de unidad nacional; cuando “no queda otra”. Y así como es extremo, resulta riesgoso: fácilmente se va de las manos cuando la sociedad cree que “es el momento” de pelear por algo que tenía en el olvido hasta que a alguien se le ocurrió instalarlo públicamente.

Entre el 14 y el 18 de julio de 1969, El Salvador libró contra su vecina Honduras la Guerra de las 100 Horas. ¿El motivo? Todo comenzó cuando Honduras perdió un partido de fútbol frente a El Salvador, abriéndole las chances a este último país de llegar al Mundial de México del año siguiente.

Sin embargo, el fútbol fue sólo la excusa. Honduras atravesaba una crisis interna profunda en medio de la aplicación de una reforma agraria y El Salvador no se quedaba atrás. Miles de salvadoreños cruzaban la frontera a buscar trabajo y su país necesitaba cortar la fuga. Hubo una guerra, tercera entre ambos países desde 1929, con un saldo de cerca de seis mil personas.

Podríamos hablar de decenas de casos en que la amenaza de guerra e inclusive la guerra misma han servido para resolver problemas internos de los países. Nos podemos ubicar en el pasado e inclusive hablar de cómo un conflicto armado destruye ciudades enteras para activar la industria de la reconstrucción, genera lesionados y pestes para alimentar el negocio de los laboratorios medicinales y, lo que ya hemos visto en tantas películas, genera la necesidad de matar, para reactivar la industria pesada y sus derivados, que crean empleos y que, en el círculo vicioso, además, financian la política.

No hay ingenuidad en los títulos que hablan de Malvinas: hay mar de fondo en los dos países que han iniciado una escalada de declaraciones altisonantes.

Lo que los gobernantes no miden es cuán hondo cala en la población la exacerbación del discurso nacionalista: no todo el mundo está atento a las entrelíneas ni conoce en profundidad los porqués de una batalla verbal que esconde, retóricamente, la posibilidad de un “enfrentamiento liberador y dignificante” o, al menos, de esa esperanza.

Por ello, hay una gran irresponsabilidad al agitar un conflicto por Malvinas.

Ayer nos unió el dolor por una situación de salud de la presidenta que, al fin de cuentas, fue un error de cálculo, en apariencia. Nos preocupamos de más. Tomamos precauciones en vano. Hubo gente que lloró y hasta oró por nada. El descrédito, más que una consecuencia del ataque opositor, es un demérito propio causado por la frustración en el esfuerzo por mostrar una realidad que no es como se la cuenta.

En el caso de Malvinas, ya lo vivimos con Galtieri y sus cómplices y lo volvimos a ver con Menem cuando prometió recuperar las islas “a sangre y fuego”.

Ni siquiera es momento de plantearnos por qué queremos o no queremos las Malvinas. El momento indica que de lo que tenemos que hablar es de lo que pasa cotidianamente en la vida de los argentinos, algo que no se debe (y al final, tampoco se puede) tapar con falsos gritos de guerra.

Ignominiosas profanaciones a un camposanto se repiten en Tafí Viejo

domingo, 22 de enero de 2012

El clientelismo “revolucionario”: notas sobre los piqueteros contemporáneos de Jujuy y Salta

Los “colombianos” de Jujuy

En los últimos tiempos se ha vuelto común que las comisarías jujeñas informen sobre la detención de ciudadanos colombianos que fueron atrapados delinquiendo. Hay, al parecer, una ola de malvivientes provenientes de Colombia que se están instalando en nuestro país para dedicarse al crimen. Es lo que se denomina “la globalización del delito”: mafias transnacionales se expanden fuera de sus lugares de origen, para extender su peligrosa influencia en diversas partes del mundo y ampliar sus negocios ilegales empleando sus propios conocimientos en la materia.

Pero los colombianos de Colombia constituyen una preocupación menor en el imaginario de la gente decente que habita la provincia de Jujuy, puesto que hay otros colombianos que, últimamente, se han tornado un problema más patente. Nos referimos, claro, a los “colombianos” de la Organización Barrial Tupac Amaru. Hace unos meses esta facción, liderada por Alejandro “Pilo” Mansilla, se escindió de la ONG que comanda Milagro Sala para formar la Agrupación Social 27 de Octubre (organización  que lleva ese nombre en conmemoración a la fecha en que Néstor Kirchner decidió renunciar a la vida).

No se sabe muy bien por qué exactamente a algunos tupaqueros se los denominaba “colombianos”, pero si no caben dudas de que La 27 nació con padrinazgos destacados. El más importante de ellos es el de Emilio Pérsico, principal referente nacional del Movimiento Evita y ex-subsecretario de Desarrollo Social de la Nación. También contaron en una primera instancia con el apoyo de varios dirigentes pertenecientes al PJ provincial, pero el vínculo se rompió muy rápidamente cuando se comprobó que el aporte que esperaban de La 27 a los resultados electorales no resultó ser lo que se había calculado.

Oficialmente La 27 nació jactándose de ser el ala moderada y dialoguista de la Tupac Amaru, cuyo propósito consistiría en renovar las prácticas que rigen al submundo de las organizaciones sociales con el fin de extinguir el reinado entre el proletariado local de la ñusta Sala y reemplazarlo por una utopía democrática. Empero lo que se rumorea es que el auténtico objetivo de la ONG era el de quitarle a la constructora de Sala el negocio de las viviendas que se iban a erigir tras el reparto apresurado de terrenos que hizo el gobierno después de los violentos desalojos de ocupas en las tierras de la empresa Ledesma SAAI (concluidos los enfrentamientos entre los piqueteros y la policía, fue la propia Sala quien, como si fuese una Ministra de Vivienda, organizó un censo de necesitados, distribuyó según sus criterios a los terrenos que se expropiaron después y armó un plan de “soluciones habitacionales” de varios millones de pesos para ser puesto en marcha cuanto antes). Mansilla, el otrora lugarteniente de Sala, se pronunció públicamente en contra de la mano que le daba de comer, sosteniendo que su nueva ONG no iba a imitar el estilo verticalista de la Tupac Amaru y afirmando que ellos no tenían pensado hacer desmanes de ningún tipo. Sin embargo, al poco tiempo, “Pilo” traicionó a sus propias palabras.
 
En efecto, pasadas las elecciones para intendente de San Salvador de Jujuy (evento realizado, insólitamente, durante el mes de noviembre, cuando el calendario electoral de todo el país ya había concluido), La 27 se reconoció jaqueada. Pasó que Milagro Sala, confesa kirchnerista, declaró unos días antes de concurrir a las urnas que ella y sus acólitos apoyaban la reelección de Raúl Jorge, el jefe municipal ucerista, un confeso anti-kirchnerista; La 27, por su parte, se alineó detrás del gran derrotado Pedro Segura. Unas semanas después de aquella “fiesta cívica” de los sufragios, a mediados de diciembre pasado, La 27, aislada en el ámbito de la política provincial, salió a tomar las calles para demostrar que su sola fuerza les bastaba para existir. Hubo piquetes en todo Jujuy, pero los de la capital provincial fueron particularmente molestos y violentos. Al mismo tiempo, mientras La 27 bramaba, la Tupac Amaru movilizó a los suyos sólo para dejar en claro que ellos los superaban ampliamente en número. El mensaje al gobierno fue directo: “o los ningunean y los liquidan, o el quilombo lo vamos a armar nosotros”. Hubo algunas maniobras más por parte de Mansilla para dar a conocer su bravura (como la toma del Ministerio de Desarrollo Social) pero el gobierno provincial se encargó de desarticular a la fuerza liderada por “los colombianos”.

Fue así que las 5.000 voluntades que había reunido el emisario de Pérsico lo abandonaron, reagrupándose en torno a la Unión Popular Jujeña, quienes negociaron la distribución de algunas dádivas con las autoridades actuales de la provincia, y se posicionaron a mitad de camino entre la “autonomía” adicta al gobierno fellnerista y su retorno paulatino a las filas de la Tupac Amaru. La 27, convertida en una pyme, subsiste con lo que le envían desde la cartera ministerial que dirige la hermana del presidente enterrado.

Dos poderes, una provincia

Hace ya dos décadas que la ciudadanía de Jujuy vive con la constante amenaza de las ofensivas piqueteras. Carlos “El Perro” Santillán fue el gran precursor de las protestas violentas: liderando el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), este sujeto rara vez vacilaba a la hora de cortar calles, ocupar edificios públicos y chocar contra la policía. Se vivía por aquella época el vaciamiento del Estado impulsado por los tecnócratas neoliberales del menemismo. Además la cultura de la solidaridad terminaba de ser socialmente desplazada por el individualismo, el materialismo y el banalismo. En ese escenario la violencia –tal y como la planteaban Santillán y su pandilla– era una de las salidas más viables para conseguir algo de eco en los reclamos. Se le sumaba el hecho de que los que se movilizaban eran, en su gran mayoría, jubilados y desocupados, es decir trabajadores pasivos cuyas huelgas no perjudicaban a nadie más que a si mismos, por lo que, ante la falta de respuesta de los canales institucionales derruidos, su única opción era tomar medidas drásticas. Así el piquete (estrategia sindical arcaica destinada a bloquearles las entradas a los lugares de trabajo a los esquiroles en épocas de huelga) comenzó a acontecer en las calles y en las rutas, involucrando por consiguiente a mucha gente que era ajena al conflicto. Esa práctica se mantiene viva hasta el día de hoy, por lo que la paz social en la provincia norteña siempre corre peligro de colapsar por culpa de unos cuantos inadaptados.

En el último lustro del siglo pasado hubo una verdadera ebullición de la cultura patoteril piquetera en la Argentina. La Corriente Clasista y Combativa (CCC), el sello que agrupaba a los principales cultores del piquete, creció impensadamente durante aquellos años. Detrás de esa organización social estaba el Partido Comunista Revolucionario (PCR), es decir los náufragos del maoísmo. Históricamente el PCR fue una embajada de negocios de China –lo que lo llevó a apoyar a Isabel Perón y a Carlos Menem ante la posible vía comercial sino-argentina que se abría bajo esos liderazgos, del mismo modo que el Partido Comunista (PC), una embajada de negocios de la URSS, apoyó a la Revolución Argentina y al Proceso de Reorganización Nacional por razones análogas–, sin embargo, a mediados de la década de 1990, con la Guerra Fría finalizada, China no necesitó más de las células maoístas de otros países para hacer negocios en el extranjero, lo que hizo que el PCR se viese obligado a buscar algún motivo real para mantener activa a su estructura. A ello lo encontraron en el incipiente piqueterismo que había surgido en algunas provincias: pronto el PCR se descubrió organizando a esos grupúsculos, lo que movió a otras fuerzas izquierdistas a hacer lo mismo, para terminar finalmente con toda clase de malandrines armando a sus patotas de desempleados. El clásico puntero barrial pejotista o ucerista, súbitamente, se tuvo que adaptar a ese tipo de organización para mantener su vigencia.

Sobre el cambio de siglo, “El Perro” Santillán aparecía como el gran antagonista de Domingo Cavallo, el economista estrella del menemismo y del delarruísmo. Pero tras la crisis de 2001, lo que menos necesitaba el país eran laburofóbicos con ínfulas de grandeza como Santillán, por lo que este dirigente gremial fue cercado por vía judicial, y domesticado con algunos regalos que el poder le efectuó.

Cuando Santillán por fin se apagaba y comenzaba a desaparecer de la escena política nacional (e incluso de la provincial) un nuevo problema vio la luz: Milagro Sala. Esta mujer de pequeño tamaño pero de carácter cimarrón provenía de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), un sindicato progresista integrado en la aún más progresista Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), un verdadero nido de frepasistas y gente de esa calaña. Su ONG tuvo un arranque lento, y alcanzó su despegue al reconvertirse como una agrupación territorial que tenía entre sus proyectos el realizar obras concretas para mejorar la calidad de vida de la gente con necesidades básicas insatisfechas de San Salvador de Jujuy. Por diversos contactos se estableció una línea directa de comunicación entre Milagro Sala y Alicia Kirchner –Ministra de Desarrollo Social de la Nación desde 2003– y el dinero comenzó a fluir en enormes cantidades.

En realidad esos vínculos estrechos entre gobiernos y organizaciones sociales son previos al kirchnerismo (tanto Menem como De la Rúa los utilizaban para desgastar a gobernadores opositores), pero la gavilla santacruceña tiene el mérito de haberlos profundizado hasta niveles insospechados.

Lo curioso del caso jujeño es que el kirchnerismo se armonizó muy rápidamente con el otrora duhaldista Eduardo Fellner –el gobernador que mandaba en la provincia cuando el presidente fallecido y sus secuaces llegaron a la primera magistratura de la Nación–, por lo que se gestaron dos polos de poder: uno social para captar a los sectores populares y otro político con la misión de conseguir la aprobación de la clase media. En el resto de las provincias los esquemas de poder eludieron ese bipolarismo y se ordenaron piramidalmente en torno a la figura de peso del gobernador. ¿Por qué en Jujuy se alentó desde Buenos Aires la consolidación de un caudillaje paralelo? La respuesta permanece en secreto hasta nuestros días, pero lo que se sospecha es que algo tiene que ver con el hecho de que Jujuy es un espacio geoestratégico clave debido a su cercanía con Bolivia, la tierra de los grandes cocaleros.

En la actualidad la Tupac Amaru cuenta con casi unos 70.000 miembros distribuidos en 16 provincias (65.000 de los cuales residen en Jujuy, lo que equivale a algo así como el 10% de la población provincial). La organización ha adquirido fama internacional por su trabajo en torno al mejoramiento de la habitabilidad de algunos espacios de Jujuy, logrando socializar espacios como las piscinas que antes eran considerados inmuebles de lujo. También se ha difundido el dato de que Milagro Sala ejerce el mando de su macroempresa con puño de hierro –cosa que llama la atención puesto que a la Tupac Amaru la codirige Raúl Noro, un “pacifista” que formaba parte de la secta New Age que Mario Rodríguez Cobos, el infame “Silo”, refundó en la década de 1980 bajo el nombre de “Partido Humanista”.

Algo que suele hacer esta lideresa, por ejemplo, es construir viviendas y retener para si los títulos de propiedad, por lo que después despliega un fiero control sobre el tupaquero beneficiado con un techo: hay testimonios de personas que aseguran que, luego de haber sido acusadas de algún tipo de desviación de las directivas de la Tupac Amaru (rupturas de reglamentos que van desde el haber ejercido la violencia doméstica hasta el haberse negado a participar de alguna marcha organizada por la organización), fueron desalojados de sus residencias por la propia Milagro Sala, en operativos que se efectuaron sorpresivamente en horas de la madrugada. Durante esas noches de expulsión –afirman los damnificados– no faltaron las amedrentadoras armas de fuego. El férreo disciplinamiento ha conseguido que sean muy pocos los tupaqueros a los que se los puede acusar de haber escogido el delito por carrera, ya que no es común encontrar a alguno de los miembros de la organización denunciado por hurto, robo o estafa (aunque habría que ver cuántos de ellos están en la órbita del narcotráfico, del contrabando y de ese tipo de delitos).

No es exagerado sostener, entonces, que en Jujuy hay dos grandes actores políticos en pugna: mientras uno se refugia en el “legado belgraniano”, la “generosidad” de la UNESCO y el pintoresquismo localista de cerros y llamas à la Fortunato Ramos, el otro se embandera detrás de un trapo colorinche y evoca a Túpac Amaru II (usando exactamente el mismo logotipo -un rostro de Gabriel Condorcanqui sobre una "A"- que inventase en su momento el gobierno del dictador Juan Velasco Alvarado para usufructuar la figura del caudillo peruano), Ernesto “Che” Guevara y Eva Duarte de Perón. Ambos compiten por lo mismo: el dinero que el Estado nacional envía a una provincia que gasta más de lo que recauda.
  
La cultura del apriete

La relación entre la Tupac Amaru y el gobierno de Jujuy lleva casi diez años de permanente tensión. Una organización que nació para distribuir planes sociales mientras empuñaban enfermizos ideales es hoy en día un pequeño imperio de “defensor sociales” que lucran con las necesidades y la ingenuidad de los que menos tienen. Ello se debe a que el gobierno de este país desperdició una década para lentamente abandonar la vida ordenada en torno a los subsidios, que es lo que dio nacimiento a la práctica del piquete en la Argentina. Ahora salimos de ese mundo bruscamente, porque los recursos para mantener ese escenario improductivo se agotaron, y a raíz de ello surgen las Leyes Antiterroristas y cuestiones por el estilo. Los piquetes que creíamos extintos están retornando, pues lo cierto es que éstos nunca se fueron sino que sólo se trabajó para congelarlos durante un tiempo, haciéndonos creer a los argentinos que los multimillonarios de la Casa Rosada le habían devuelto la dignidad al pueblo.

Algo que se afianzó bajo el reinado de los Kirchner es la “cultura del apriete”. Quien la describió lúcidamente fue el intelectual socialdemócrata Álvaro Abós. Básicamente lo que este escritor dice es que las instituciones republicanas están tan estropeadas que cualquiera que quiera que su reclamo sea oído en la Argentina de hoy no tiene muchas más alternativas que hacer un golpe de efecto (un escrache, un piquete, una toma, etc.) que, seguramente, perjudicará al prójimo inocente de manera directa. Y si todos –esto es estudiantes que ocupan sus colegios, médicos que sólo atienden casos de urgencia, policías que se autoacuertelan, etc.– “aprietan”, entonces el Estado también puede hacerlo, debido a que la represión de la protesta estaba supuestamente en suspenso gracias a la magnanimidad de este gobierno “popular” (aunque hubo muchas excepciones últimamente). Así es como se llega a naturalizar el tema de la discrecionalidad en el reparto de recursos: no sólo hay que ser oficialista para recibir beneficios, sino que también existe el riesgo de que si uno es opositor entonces será “apretado” por el gobierno para que desista en su actitud.

El cáncer social del piqueterismo debió de haber desaparecido al desarrollarse la reconversión económica planteada por Roberto Lavagna, pero en realidad se desparramó como el icor putrefacto alrededor de una herida que nadie se animaba a reconocer como abierta. En 2002, meses después del cataclismo de las cacerolas, la izquierda delirante se esforzaba por ver en la gran marea piquetera que no paraba de acrecentarse una fuerza social capaz de generar prácticas novedosas y disruptivas para construir un anteproyecto societal, allí donde simplemente habían protestas reivindicativas. Es decir, los exaltados de siempre leían un reclamo de “revolución” allí donde sólo había una exigencia de “contención”. Néstor Kirchner tenía la dura tarea de reconstruir o, al menos, recuperar la vida institucional que el menemismo y el delarruísmo habían demolido. Lo logró sólo parcialmente, abandonando todos sus proyectos de regionalización, superación del bipartidismo y defensa de la soberanía con los que se vendía durante la campaña presidencial de 2003. A los piqueteros este presidente no los disolvió ni los devolvió al orden, pues para eso tenía que conseguir constituir una república fuerte y este sujeto, en vez de ello, prefirió trabajar sólo para armar un país que enriquezca a sus socios y amigos. 

Era Cristina Fernández, la esposa de Néstor Kirchner, la que supuestamente inauguraría una etapa de “madurez” política. Esta señora fue presentada en 2007 como la madrina de las artes y las ciencias, la abanderada de los derechos humanos y la embajadora de la buena voluntad argentina alrededor del planeta. La presidente, “una estadista de primera categoría”, llegaba al poder para optimizar la calidad institucional. Pero al poco tiempo el oficialismo tiró a toda esa retórica por el retrete, puesto que el gobierno entró en una confrontación contra todos los sectores del campo que lo acusaban de estar sosteniendo el Estado con la sobreexplotación de sus esfuerzos. Néstor Kirchner, en sus años como primer mandatario de la Nación, había intentado evitar los encontronazos (especialmente porque siempre que chocó salió perdiendo, como le sucedió frente a Juan Carlos Blumberg o al obispo Joaquín Piña); Cristina Fernández, en cambio, aceptó ser un ariete de los grupos económicos que se veían afectados ante el final de la fiesta armada por el hombre que padecía de estrabismo. Así el discurso del oficialismo pasó de ser una loa a la democracia a un canto de guerra contra “las corporaciones y los monopolios”, y la lideresa del siglo XXI se convirtió en una montonera trasnochada que buscaba vengar a los desarrapados de sus compañeros caídos. Y ahí fue cuando el apriete se volvió más necesario que nunca y los argentinos aceptamos (o fuimos obligados a aceptar) vivir en un régimen donde lo que le corresponde a cada uno le llega sólo si está dispuesto a perturbar y/o a fastidiar a través de la violencia a los demás compatriotas.  

Ayer deseo, hoy también deseo

En la emisión del 21/07/10 del programa 678, la invitada Milagro Sala comentaba sobre las actividades de la Tupac Amaru. Cuando su testimonio concluyó, el politólogo José Natanson –que también estaba invitado al programa– apuntó que si en Jujuy no hubiera un “déficit de Estado” [dixit], o sea si la Argentina fuese “un país normal” [dixit], entonces una organización social como la de Sala no tendría razón de ser, ya que los ciudadanos recibirían todo lo que les corresponde sin necesidad de armar estructuras paralelas. Tras ese comentario, el conductor pidió el corte. Luego de las publicidades, el programa volvió al aire sólo para hacer una aclaración y retornar a las publicidades antes del cierre. La aclaración la hizo el propio Natanson tras un breve discurso de Sala en el que la jujeña negó la idea de un Estado ausente previamente enunciada por el politólogo; Natanson, con cierto nerviosismo, admitió que no se había expresado correctamente. Aclaró, básicamente, que “en un país ideal” [dixit] la Tupac Amaru sería una aberración y –con una concepción casi estalinista del Estado y de la sociedad civil– desestimó toda iniciativa privada de trabajo social. Evidentemente el tal Natansón recibió un “apriete” fuera del aire, lo que lo hizo repetir después su idea pero señalando que su discurso versaba sobre ficciones y no sobre realidades.

Ese cruce entre ficción y realidad, entre la transparencia feroz de Sabatella y el clientelismo despiadado de Insfrán, entre la edulcoración de la mentira por parte de Forster y los crudos puyazos centroizquierdistas de Sarlo, entre los planes de desarrollo humano inexistentes de Fellner y el ejército proletario de Sala, es lo que convierte a los kirchneristas en unos progresistas cínicos (o “progrecínicos”) que manejan un discurso en el que todas sus fechorías pasan a ser momentos necesarios en una lucha por la liberación, y en donde cada apriete que molesta a transeúntes o usuarios termina siendo un instante de conquistada dignidad (si los beneficia) o una provocación destituyente (si los perjudica).      

Un milagro para Castells

La noticia más reciente del universo piquetero es la mudanza que Raúl Castells realizó para instalarse en Salta. A Castells, que en las últimas elecciones había estado coaligado con Rodríguez Saá, le frenaron su irrupción en la Cámara de Diputados de la Nación luego de que se pusiese en marcha una patética cruzada para defender el cupo femenino, por lo que el caudillo piquetero se vio obligado a repensar su estrategia de cara a un año socialmente agitado.

El destino que eligió Castells es General Mosconi, un pueblo petrolero del norte de Salta, hogar de miles de desamparados. Con esta movida, Castells cambia el eje de construcción política que tenía: hasta el año pasado su movimiento trabajaba en la generación de un eje Rosario-Resistencia, que lógicamente debía expandirse hacia la Mesopotamia. Ahora, tras recibir escasa adhesión de la población de la Santa Fe socialista, el nuevo eje es Castelli-Mosconi. Aparentemente la expansión será hacia el NOA y el NEA.

Lo que resulta chocante de Castells es que este papanatas aparece en Salta con una remera del Che Guevara y al mismo tiempo denuncia una campaña de los ultrakirchneristas en contra de Juan Manuel Urtubey y de Jorge Capitanich, dos gobernadores presidenciables para 2015. Por tanto Castells llega al norte argentino para venderse como “el Milagro Salas de Salta y Chaco”. Su intención es tejer vínculos con el poder, ofrecerse como el brazo obrero-campesino de los pejotistas, y conseguir así la obra pública que perdieron en la región las Madres de Plaza de Mayo después de los últimos escándalos que protagonizaron los parricidas marxistas Pablo y Sergio Schoklender.  

De cualquier modo no se puede culpar a Castells por ser un oportunista. Quienes tienen la culpa de los Castells, los Sala, los Santillán y demás personajes son aquellos políticos corruptos y miserables que en los últimos ocho años no hicieron prácticamente nada para erradicarlos y que ahora los esperan con gases lacrimógenos, balas de goma y cachiporras listas para ser usadas.



Francisco Vergalito