La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

jueves, 29 de diciembre de 2011

La hija viva de Rodolfo Walsh, desempleada, quiere cazar brujas en Tucumán

"Aquí hay un problema y van a decir que soy un fóbico de las mujeres, pero desde que se intensificó el ingreso de personal femenino (a las dependencias judiciales) se trabaja menos tiempo". El vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia René Goane le atribuyó a la mujer la "instalación de la cultura del medio día". "Quieren entrar a los tribunales a la mañana para tener la tarde libre", dijo a La Gaceta el 21 de mayo de esta año.

Las declaraciones que formuló Goane originaron una serie de rechazos de parte de organismos antidiscriminación y de defensa de la mujer.

A esos reclamos sumó ayer el suyo la referente nacional de Proyecto Sur, Patricia Walsh, quien anunció que realizarán una denuncia contra el Estado argentino por violar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, al no haber sancionado al vocal de la Corte Suprema local.

Instituciones nacionales competentes, tales como el Inadi o el Consejo Federal de la Mujer, no concretaron acciones especificas para que se cumpla con los tratados internacionales. Por su parte, la Legislatura local, rechazó el juicio político y la Corte no le pidió ningún tipo de explicaciones.

Debido a esta falta de acciones concretas, el partido Proyecto Sur demandará al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Todo esto configuró el incumplimiento de la República Argentina de sus obligaciones internacionales, lo que nos habilita a la denuncia internacional", dijeron sus miembros, en un escrito.

Pedro Eugenio Guaraz, coordinador general de Proyecto Sur Tucumán y militante del Partido Socialista (PS), sostuvo que no se explica cómo el Gobierno provincial toleró las declaraciones sexistas de Goane. "Vamos a realizar una movida nacional. La República Argentina ha incumplido con sus obligaciones de sancionar conductas que sostengan estereotipos discriminatorios y denigrantes de las mujeres", afirmó Guaraz.

El presidente de la Corte, Antonio Estofán, se refirió ayer a la denuncia que presentará Walsh, a la cual le restó trascedencia. "En su momento, Goane pidió las disculpas del caso, que fueron elocuentes y además la realidad demuestra que fue un mal momento por el que pasó. Él está rodeado de funcionarias. No tiene un trasfondo de realidad. Se le exigió disculpas, se rectificó y explicó que se trató un mal momento. Ahí termina todo, a mi modo de ver las cosas", dijo.

La dirigente finalizó argumentando lo preocupante que es para ella que en todos los niveles del orden institucional no pudieron aportar ninguna respuesta. "Han transcurrido varios meses, por lo que no podemos pensar que es una simple demora. El hecho que no ocurrió nada es una señal en la construcción de impunidad. En relación a cómo avance la denuncia, veremos si es necesario marchar", aseveró.

Decadencia: justicia salteña avala a un hombre en su locura de creerse mujer

“A partir de hoy (por el miércoles 28 de diciembre de 2011) soy mujer, legalmente soy Mary Robles; así lo dictó la jueza Mercedes Inés Marcuzzi, para mi y para todas nosotras, y para la colectividad, es un logro histórico en derechos humanos”, aseguró la reconocida militante social.

"El fallo definitivo lo tenemos hoy (28 de diciembre), aunque el 19 de diciembre salió originalmente, pero como quedaban dudas, pedí una aclaratoria, la cual dice claramente que Mary Robles es mujer, y así tiene que figurar en todos los organismos del Estado nacional y provincial”, explicó el letrado Marcos Piorno, quien integra el Observatorio de Derechos Humanos de la Nación, defiende a los pueblos originarios y es militante de la agrupación política “La Cámpora”.

Mary Robles y Marcos Piorno coincidieron en destacar que el objetivo principal fue generar un reconocimiento que sirva como precedente a todas las personas trans y al colectivo de la diversidad. “Esperamos que este primer fallo dictado en Salta sirva no solo como precedente a futuras presentaciones judiciales, sino como un fuerte apoyo a la Ley de Identidad de Genero que el Senado de la Nación deberá votar en el 2012”, sostuvo el abogado.

Claro mensaje cristofóbico en San Pedro de Jujuy

Dos imágenes del Niño Jesús que se encontraban emplazadas en pesebres de la Parroquia San Pedro de Río Negro fueron sustraídas tras la Navidad, sin que hasta el momento se haya podido identificar al o los/las autores/as. Una de las imágenes se encontraba en el pesebre del atrio, mientras que la segunda completaba el pesebre dentro del templo. Por el hecho, la comunidad religiosa salió a los medios a pedir que restituyan las imágenes de gran valor afectivo. Esta no es la primera vez que se registran robos en esa iglesia.

Polémico: con la excusa de acabar con los abusos policiales, Pablo Baca busca darle más armas legales a la delincuencia


La vigencia en Jujuy de la Ley Nº 219 del año 1951 es una aberración y un escándalo. La ley es inconstitucional, contraria a tratados de derechos humanos, discriminatoria, y, en sus efectos prácticos, motivo de arbitrariedades y abusos de todo tipo. 

Pasaron sesenta años desde su sanción –con algunas modificaciones posteriores-, y es una grosería tan evidente, que uno se pregunta por qué sigue vigente. (De hecho, se presentaron numerosos proyectos tendientes a derogarla). Sucede –esto es lo que creo- que la norma se acomoda a objetivos de disciplinamiento y control, los que la tornan atractiva –por así decirlo- a quienes procuran esos objetivos.

La Ley de Faltas afecta gran parte de los derechos garantizados en el denominado “bloque de constitucionalidad”. Hay –entre otros- un principio del derecho penal, que se denomina tipicidad, que exige que las especies de delitos se determinen exactamente y por el cual nadie puede ser sancionado por lo que es, sino por lo que hace: el derecho sancionatorio debe reprimir conductas, no identidades.

En la Ley de Faltas sucede lo contrario. Se hace referencia a “vagos habituales”, a “mujeres inmorales” o “clandestinas”, a “profesionales del delito”, o se sanciona el “merodeo” o “la mendicidad”. Según esta ley, un funcionario policial puede establecer a simple vista que alguien es un vago, un mendigo, un merodeador o una mujer inmoral, y así, sin más, tener por configurada la falta.

También el trámite de imposición de las penas es contrario a las garantías constitucionales. Da facultades a la Policía para detener a una persona, mantenerla detenida, y después notificarla de la sanción impuesta. En la práctica, en el momento de otorgarse la libertad –y como un requisito para obtenerla- se obliga a firmar un formulario donde constan los supuestos motivos de detención. Y todo sin oportunidad para ejercer una defensa y sin ningún tipo de intervención judicial.  

A la ley se la usa para perseguir a los más vulnerables. Se aplica además según el prejuicio y siempre en forma discriminatoria. Lo que decide si alguien comete o no una falta, es su aspecto.

La razón por la que no que no prosperan iniciativas tendientes a su derogación es que otorga potestades para detener en forma discrecional a los que molestan, por cualquier motivo, sea por su situación, su condición social o sus ocupaciones, su raza o su identidad de género. (Nadie reconoce, claro, que esta sea la razón). 

Como da facultades para detener en forma discrecional, permite tanto imponer penas como exigir coimas. Sus víctimas, ante la eventualidad de ser detenidos o tener que pagar una multa, prefieren pagar una coima y conservar la libertad o ahorrar una diferencia.

Existen pronunciamientos de todo tipo en contra de la Ley de Faltas. Que recuerde ahora, los hay de miembros de la judicatura, de académicos, de entidades de abogados, de sindicatos, de organizaciones de derechos humanos, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, uno reciente de la Multisectorial de la Mujer que denuncia que se persigue, encarcela y criminaliza a mujeres trans.
 
Se ha dicho incluso que la provincia se encuentra en riesgo de ser demandada ante la justicia y denunciada por incumplimiento de compromisos internacionales contraídos por la Nación. De hecho, la Ley de Faltas implica flagrantes violaciones a derechos y garantías que surgen del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
      
En un proyecto que presentáramos, junto a otros diputados del radicalismo, y siguiendo los códigos de contravenciones de otras provincias argentinas, propusimos establecer que ningún proceso contravencional puede ser iniciado sin imputación de acciones u omisiones tipificadas por ley dictada con anterioridad al hecho. También propusimos dejar claro que se debe presumir la inocencia mientras no se establezca la culpabilidad.

Las distintas faltas tienen que ser adecuadas a las actuales características de la convivencia. No puede penar sino “conductas”. Y debe tratarse de conductas que, por acción u omisión, impliquen daño o peligro cierto para bienes jurídicamente protegidos. No puede castigarse la condición social, la identidad de género, la ocupación o la desocupación, o –en general- cualquier aspecto que tenga que ver con la forma de ser o de vivir de las personas.

Las sanciones no son sólo el arresto o la multa. Siguiendo códigos modernos, se incluyen sanciones como el apercibimiento, la caución de no ofender, la reparación, la prohibición de concurrencia a determinados lugares, las instrucciones especiales, o los trabajos de utilidad pública.

En el proyecto proponemos disposiciones destinadas a reprimir distintos tipos de agresiones que pongan en peligro la salud o la integridad física. También las conductas que puedan afectar el funcionamiento de servicios públicos. Hay normas destinadas a proteger a niños y jóvenes. Otras de regulación de los espectáculos públicos. Hay también de protección del ambiente. Entre otras. Pueden agregarse o sacarse y para eso es necesaria una discusión pública.