La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

martes, 1 de noviembre de 2011

Quijotesca mujer se encadena a Casa de Gobierno para repudiar la legalización del genocidio abortista

Con una pancarta en sus manos y con gruesos eslavones alrededor de su cuerpo, una mujer en contra de la despenalización del aborto se encadenó a la Casa de Gobierno esta tarde. Gladys Saldaña, de 38 años, casada y madre de seis hijos, afirma que decidió salir a defender los derechos de las personas por nacer tras escuchar por la radio que hoy se trataría el proyecto en el Congreso.

"Este es mi granito de arena. Espero que pueda despertar alguna conciencia. Sé que con esto no voy a poder cambiar la ley ni nada, pero alguien tiene que hablar por esas criaturas que no tienen nombre, voz ni voto", dijo Saldaña, quien se sujetó a una valla desde las 13.

La mujer, que afirma no pertenecer a ninguna agrupación política, confesó haber perdido un bebé en el quinto mes de embarazo. "Sé lo que es que una criatura se muera en el vientre. Es lo más terrible que viví en la vida. No puedo concebir que una mujer arranque de sus entrañas a una persona por nacer, totalmente diferente a ella que tiene conciencia y vida", expresó. 
 

Alfredo Olmedo levanta la bandera en contra del aborto

Alfredo Olmedo se mostró de forma enérgica y tajante en contra de todo proyecto de Ley que incluya una posibilidad de interrumpir un embarazo y acabar con la concepción de una nueva vida.

El Diputado Nacional dijo que "curiosamente aquellos que hoy defienden el aborto lo pueden hacer porque tienen algo que ahora quieren quitar... simplemente vida. Y muchas de las personas que lo defienden están en contra de la pena de muerte... entonces ahí veo una incoherencia, ya que eso es lo que quieren aplicar sobre una vida que no tiene quien la defienda, una pena de muerte".


Operativo contra narcotraficantes en Salta y Jujuy

Como resultado de 2 años de tareas de investigación, Gendarmería Nacional logró desbaratar una banda dedicada al narcotráfico, cuyo destino final seria la República Federativa del Brasil.

Luego de un trabajo de inteligencia y con la certeza que este último fin de semana, se tenía que producir un hecho ilícito, se instaló un control sobre la Ruta Nacional 9/34 a la altura de la estación de Peajes “Cabeza de Buey”.

Siendo aproximadamente las 14 hs arribó al control un vehículo en el que se movilizaban dos hombres. Luego de identificar a los ocupantes del mismo, los gendarmes procedieron al control físico-documentologico del rodado.

De esta manera se detectó que debajo del cubrecaja de plástico, dentro de la estructura metálica de la carrocería y debajo de la alfombra, transportaban ocultos, paquetes rectangulares camuflados con café en grano molido, pomada de color verde con aroma menta y grasa transparente.

En total se incautaron 90 paquetes. La sustancia contenida fue sometida a la Prueba de Orientación de Campo “Narcotest” arrojando resultado “positivo” para cocaína. El pesaje total fue de 93,100 Kgs.
 
Por orden del Juzgado interviniente se procedió a la detención de los dos ciudadanos, a la incautación del estupefaciente y del rodado. A partir de ese momento, en forma simultánea y coordinada se realizaron trece allanamientos, los cuales fueron materializados en la ciudad de Salta, El Quebrachal, Salvador Mazza y San Pedro de Jujuy, lográndose de esta manera la detención de otras CINCO personas involucradas en la causa y la incautación de 10 vehículos. También se secuestró dinero nacional y extranjero, equipos de comunicaciones, telefonía celular, armas y documentación de interés para la causa.

El avalúo total de todo lo incautado fue aproximadamente de $1.937.162. Con la cantidad de droga incautada se evito la posible producción de alrededor de 1.396.500. Detenidos, vehículos y estupefaciente incautados, quedaron a disposición del Juzgado Federal de Oran, a cargo del Dr. Raúl Juan Reynoso.


En torno a estas cuestiones, los sampedreños estiman que los tribunales también deberían investigar los “fondos que utilizan en las campañas algunos candidatos, ‘no vaya ser que sea plata del narcotráfico’ (al parecer habría algunos indicios que faltarían corroborar con documentación sobre esto), y por eso tienen habilitaciones de negocios que no cumplen con los requisitos, negocios estos que sólo son pantallas para comercializar las drogas y para el lavado de dinero”, señalaron.

Tras conseguir revancha por Ragone, los izquierdistas piden la cabeza de un intelectual patriota

El delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila, pidió a la Justicia Federal que investigue al filósofo Mario Carlos Casalla, que fuera docente de la Universidad Nacional de Salta, por su posible participación en delitos de lesa humanidad cometidos en esa casa de estudios en perjuicio de docentes y estudiantes.

“Casalla debe ser imputado al menos por la privación ilegal de la libertad y/o desaparición forzada de Miguel Ángel Arra, al igual que la cúpula de la policía de Salta, el Ejército y la Delegación de la Policía Federal de Salta”.

La presentación, ante el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad, a cargo del juez Julio Leonardo Bavio, solicita que Casalla, que actualmente es profesor en la Universidad de Buenos Aires, sea indagado como presunto “autor mediato de la privación ilegal de la libertad del profesor (Miguel Ángel) Arra”, secuestrado el 24 de junio de 1975, fecha desde la cual permanece desaparecido.

Ávila sostuvo que “Casalla es al menos responsable de la privación ilegal de la libertad sufrida por Miguel Ángel Arra, por haber confesado depurar ideológicamente al departamento más conflictivo de la Universidad, dar de baja a docentes directamente ligados a la subversión, trabajando estrechamente con los organismos de seguridad de la provincia y en especial la Policía Federal (delegación salta) a cargo del comisario Livy y el principal Faber al frente de la inteligencia subversiva, sin que se pueda descartar su responsabilidad en la desaparición forzada de Miguel Ángel Arra. Es decir, Casalla ’marcaba’ y elegía las víctimas que luego eran desaparecidas”.

Ávila detalló que por las pruebas surgidas en el juicio por Ragone se sabe que Casalla, junto a la también profesora Yolanda Fernández Acevedo, suscribió el 1 de octubre de 1974 una solicitada, publicada en el diario El Tribuno, “criticando la gestión del entonces rector Holver Martínez Borelli, ligado al desaparecido Miguel Ragone”. Se le inició entonces un sumario a Casalla y a Acevedo, pero, luego de la intervención de la Universidad ambos fueron sobreseídos. Y Casalla “es ascendido designándoselo secretario académico”, señaló Ávila.

Cuando se produjo el golpe, Casalla perdió su cargo de secretario académico, pero siguió en la docencia hasta que en mayo de 1976 los interventores militares, Casal y Yommi, lo dejaron cesante. El filósofo interpuso un recurso de reconsideración y cuando supo que había sido dejado cesante por ser “marxista”, envió una nota al Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército en Salta, el 4 de noviembre de 1978. Afirmó que la cesantía fue por una desinteligencia, pidió que se enmendara este error a la vez que consideró “un enorme agravio ser sindicado como marxista”, calificación que, dijo, “produjo la extrañeza del caso en círculos civiles y militares de la comunidad salteña que conocían perfectamente mi actuación”.

Añadió que ingresó a la Universidad salteña en 1973 “sin mayores conocimientos de la gente que actuaba en la UNSa” pero que a los tres meses ya le era “evidente que sus autoridades y buena parte de la comunidad universitaria comenzaron a desviarse cada vez más hacia una tendencia francamente subversiva. Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria, a punto tal que esa conducción subversiva me persiguió por todos los medios, me creó ‘cátedras paralelas’ de orientación montonero-marxista y me colocó bajo juicio académico (popular) pocos días antes de su caída”, subrayó.

Ávila señaló que el mismo Casalla “termina confesando terriblemente, y con orgullo que ‘ya en el gobierno universitario, durante los años 74 a 76 procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la Universidad (humanidades), dí de baja docentes directamente ligados a la subversión (puede solicitarse la nomina en la Secretaria Académica de la UNSa), revisé y promulgué nuevos planes de estudios dejando de lado los anteriores contenidos marxistas… de todo ello tiene constancia los organismos de seguridad de la provincia y muy especialmente la Policía Federal (delegación Salta) entonces comandada por el comisario Livy y con el principal Faber al frente de la inteligencia subversiva. Se trabajó estrechamente con todos esos organismos procediéndose a una prolija revisión de antecedentes antes de cualquier baja o alta de personal. Lo mismo puede decirse de la policía provincial, de Gendarmería, y de la Guarnición Militar Salta…’”.

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