La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

jueves, 22 de septiembre de 2011

Resistencia vecinal en contra de la plutocracia azucarera ecocida

En un café céntrico, el diálogo es más formal con Alberto Fabián Barrera, un docente nacido en Concepción y que lamenta la forma en que su comunidad sufre este mal.

“Una de las cosas que queremos es exigirle al ingenio Ñuñorco la instalación de filtros, porque contamina mucho el medio ambiente, ya que no sólo elimina sus desechos a través del río Pueblo Viejo, sino que también lo hace con la eliminación del hollín a través de sus chimeneas, lo que ocasiona serios trastornos en la vista y en las vías respiratorias de los habitantes”, se queja.

Al mismo tiempo, el docente considera que “debería haber una fuerte política de exigencia de parte del Departamento Ejecutivo de la provincia para la instalación en todos los ingenios de un sistema de filtros que es un factor contaminante”.

Consideró luego que los ingenios han sufrido con el avance del tiempo un proceso de desgaste, se han vuelto obsoletos, aunque existen adelantos tecnológicos.

En este punto, Fabián hace referencia al modo de presión que ejercen los empresarios para evitar realizar inversiones en materia de avances para el tratamiento de sus desechos, al indicar que amenazan con cerrar fuentes de trabajo.

“Nunca se han respetado las políticas de no contaminación, a costa de mantener fuentes de trabajo. Es una presión maquiavélica la que realizan los empresarios, porque dicen que dan fuentes de trabajo para 300 personas, pero sin embargo dañan a muchísimas más y nadie se anima a clausurar sus industrias a pesar de que contaminan”, enfatizó.

Pero consideró que este argumento es antojadizo de parte de las empresas ya que sólo se busca no invertir, no gastar dinero en algo que no les dará un rédito inmediato. “Las empresas han incorporado tecnología para la cosecha y para la producción de la caña, pero no se ha invertido en el tratamiento de los desechos. O sea que tecnología hay, sólo falta la voluntad de utilizarla para evitar seguir haciendo daño. Tampoco las autoridades les exigen nada”, concluyó.

El docente hizo notar que en la zona oeste de la provincia de Tucumán se asientan todas las industrias citrícolas y azucareras, que eliminan muchísimos desechos tóxicos, causando un grave perjuicio a la salud de las personas y un severo daño al medio ambiente.

Le recortan el negocio a FUNDAPAZ: documentarán a cientos de indígenas

Ciudadanizan a los rehenes de FUNDAPAZ

Más de 700 aborígenes verán por primera vez su nombre impreso. Tras una serie de notas publicadas por El Tribuno, y un pedido de amparo presentado ante el Defensor del Pueblo de la Nación, que daban cuenta de la situación en que se encuentran los aborígenes de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, el Registro Civil de la Provincia anunció que se darán documentos de identidad a estos salteños, que hasta el momento, no existían para el Estado. Por esta causa, nunca recibieron bolsones de alimentos, pensiones por discapacidad o asignación universal, entre otros beneficios.


FUNDAPAZ o el lucrativo negocio de la caridad

Fundapaz trabaja en la regularización de las tierras fiscales de los lotes 55 y 14, en Santa Victoria Este. Lo hace a través de la OFC, Organización de Familias Criollas que, junto a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que depende del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, proponen resolver el conflicto mediante un polémico éxodo, con el que intentarán reubicar a decenas de familias criollas, centenarias en la zona. Esta misma idea apoya la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, de estrechos vínculos con Asociana, Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino. Lhaka Honhat reclama la tierra que habitan los criollos como propia. De concretarse esta propuesta, las familias criollas, que en muchos casos dieron el nombre a esos lugares, deberán dejar atrás hasta las tumbas de sus familiares, con la promesa de nuevas tierras con mejores servicios y oportunidades. 


Según representantes de FUNDAPAZ, desde principios de julio su organización está siendo víctima de una injusta campaña en la que mediante notas en la prensa salteña se la acusa de quedarse con buena parte del dinero de proyectos financiados por el fondo de la Ley Nacional de Bosques que, precisamente, FUNDAPAZ gestionó para comunidades indígenas, y que éstas no pueden obtener por falta de algunos requisitos legales exigidos por la misma ley. Los fondos son de la Nación y los canaliza el gobierno provincial.