La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

domingo, 31 de julio de 2011

Alperovich, el judío

El 29 de octubre a la tarde José Alperovich ingresó por primera vez a su despacho del primer piso de la Casa de Gobierno. Desde ese día, la oficina del gobernador sufrió retoques. “Se judaizó el despacho. Sacó la cruz, sacó todo lo que no hacía a su religión”, manifestó un allegado a la familia desde los tiempos en que Alperovich era el presidente del Banco Noar, una entidad bancaria de la comunidad judía en Tucumán.

El rito ya había empezado en la asunción celebrada en el Teatro San Martín. Alperovich fue el primer gobernador en jurar sobre la Toráh.   

“José Alperovich proviene de una familia que era de la izquierda judía pro Moscú. Se origina del ala antisionista. León, su padre, es un judío profesante, a diferencia de su hijo. José juró sobre la Toráh porque era algo distinto, una forma de mostrar con orgullo su judaísmo”, afirmó Jaime Salamon, presidente de la Kehilá (comunidad judía) en Tucumán.

Durante las primeras semanas de la gestión circuló mucho por el mentidero popular una versión que afirmaba que los servicios de inteligencia de Israel habían desembarcado en la provincia. El dirigente peronista Enrique Romero abonaba esta teoría con expresiones divulgadas en los medios. Pero la verdad, fue otra.

“Como habían estado Miranda y Bussi en el mismo despacho, lo primero que hizo Alperovich fue limpiar todo. No confiaba ni en su sombra. Por eso recurrió a una empresa privada que se llamaba el Mossad. En la empresa trabajan ex oficiales y se encargó de supervisar que no hubieran micrófonos en la Casa de Gobierno por temor a las escuchas”, expresó Salamon, que además es prosecretario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

En verdad, a la empresa que habría recurrido el gobierno tucumano sería Security and Intelligence Advising (SIA), que estaba situada en la Capital Federal. Se trataba de una empresa especializada en consultoría en seguridad, inteligencia y protección.

“La SIA vino primero a inspeccionar el despacho del gobernador para verificar que no hubieran micrófonos ocultos. Luego, capacitó a mi gente, en lo que fue una capacitación común y corriente”, contó Carlos Suárez Vila, ex jefe de la custodia de Alperovich entre 2000 y 2007.

Desde entonces, nunca más se habló de las alucinaciones por posibles casos de espionaje.

Sin embargo, auditores del Tribunal de Cuentas y empleados del área contable de la Casa de Gobierno reconocieron que el Mossad continúa trabajando para Alperovich.

“Escuchan los teléfonos, te siguen por la calle. A veces tenemos que hablar desde otros teléfonos o reunirnos a escondidas”, dijo un contador que sigue de cerca los números de la provincia.

“Les pagan con los gastos reservados”, aseguró la misma fuente.

Frenar a los salvajes y salvar al Cabildo


El último viernes de julio, durante la mañana, se realizó una marcha por las calles de la ciudad encabezada por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y diferentes organizaciones sociales, gremios, agrupaciones estudiantiles, entre otros exigieron justicia.

El histórico Cabildo de la Provincia, fue el centro de la bronca de los manifestantes, ya que en ese lugar funciona la Policía de la Provincia.

Una vez más es necesario y urgente que la Central de la Policía tenga un edificio propio; y el Cabildo sea un verdadero museo, un centro cultural en el casco histórico de la Capital.

También es necesario recordar que las únicas provincias que mantienen sus cabildos son: Jujuy, Buenos Aires, Luján (provincia de Buenos Aires), Córdoba y Salta.

Recuperar parte de la historia de la Provincia que cuenta que desde el balcón del primitivo Cabildo, Manuel Belgrano mostró al pueblo jujeño la Bandera, que luego fue bendecida por el Canónigo Gorriti en el atrio de la Catedral. El edificio actual del Cabildo fue construido entre 1864 y 1867. 

Narcofrontera: Argentina sufre del delito que el gobierno boliviano no se ocupa de controlar

Aunque en menor cantidad que en años anteriores, miles de salteños siguen cruzando diariamente el puente internacional Salvador Mazza-San José de Pocitos, con destino a Yacuiba. Allí se harán de ropa, calzado o comestibles. Este comercio les da ímpetu a las economías de ambos países y las grandes ciudades de la región no son desconocidas entre sí, sino que se encuentran unidas por lazos familiares, históricos y tradicionales.

Sin embargo, los índices de violencia han crecido al otro lado de la frontera, impulsados por el aumento del narcotráfico, el desempleo y la normalización de automóviles adquiridos irregularmente.

Las cifras de las acciones violentas registradas a lo largo de este primer semestre del año han caracterizado a Yacuiba como la ciudad más peligrosa de Bolivia.
Uno de los tres fiscales de Yacuiba, Diego Choque, informó al diario El Deber que “los yacuibeños ostentan el nada grato lugar de la ciudad más insegura de Bolivia. Antes estábamos por debajo de los parámetros que se registraban en El Alto, en La Paz, pero ahora estamos primeros”, aseguró el funcionario.

Según cifras que Choque hizo públicas, aparte de los 20 asesinatos violentos, desde principios de año se han registrado más de 50 violaciones y un promedio de cuatro atracos a mano armada por día. A esta realidad se suma el robo diario de un auto.

Por su parte, el comandante policial fronterizo de Yacuiba, Félix Segales, culpó al alto consumo de alcohol entre los jóvenes y al movimiento económico de las entidades financieras como fenómenos que aumentan el clima que se vive en la ciudad.

Las entidades financieras a las que se refiere Segales aparecen y desaparecen a veces en locales que se arman en garajes de casas comunes, ofreciendo cambios de divisas o gestionando préstamos. Según los investigadores bolivianos, esta fachada sirve a algunos narcos para lavar el efectivo. “Otro aspecto que incrementa los riesgos y la inseguridad es el ingreso, con la sola presentación del documento de identidad, de personas y motorizados desde Argentina”, explicó Segales.

El comisionado señala que “por el único paso fronterizo legal que existe hay al menos 39 cruces ilegales por donde los contrabandistas, "auteros' y traficantes en general, pasan los productos de sus negocios ilícitos de un lado al otro del límite”.

Actualmente, para sus más de 140.000 habitantes, Yacuiba cuenta con sólo 240 policías. De ellos, la mitad se ocupa de un turno diario. Por día, entonces, Yacuiba tiene un policía para más de 1.100 personas. Y muchos de esos efectivos no cuentan con armas ni municiones, ni rodados para patrullar la ciudad.

Serios interrogantes ante el homicidio de dos turistas francesas en Salta

La muerte de las dos turistas francesas, deja detrás de la conmoción una serie de interrogantes que sugieren la composición de un rompecabezas donde inevitablemente faltan piezas; o al menos, las que hay no terminan de encajar.

La primera duda es el tiempo. Quince días sin que nadie sepa ni pregunte nada, es por lo menos un tiempo exageradamente extenso para que alguien hospedado en un hotel no de señales y nadie pregunte nada.

Siendo Salta una plaza tan cotizada en cuanto a turismo se refiere, el establecimiento, por lo menos debiera tener un control de los ingresos y más todavía  de los egresos, toda vez que  ésta es una norma exigida por el Gobierno. Nadie deja un hotel tanto tiempo y no vuelve; aunque si bien existen ejemplos en que dejar los bártulos resulta más barato que pagar la cuenta. Pero éste no es tampoco el caso.

La segunda duda es el lugar. Llama la atención que el crimen haya ocurrido en la Villa de San Lorenzo, un sitio VIP, habitado por funcionarios de alto rango, empresarios y profesionales, todo lo cual sugiere una custodia preferencial, no sólo de la Policía de la Provincia de Salta sino también de empresas privadas. 

Es muy difícil de imaginar que habiendo salido a caminar las mujeres, hayan sido abordadas y mantenidas en cautiverio durante medio mes en la zona, para luego asesinarlas y arrojarlas en ese lugar. La actitud por lo menos precipita a pensar que hubo un móvil más concreto que un asalto sexual y que el lugar donde se cometió el crimen podría no ser donde se hallaron los cuerpos.

La tercera duda. Se relaciona con la forma en que fueron ultimadas. Más allá de que la autopsia revela indicios de un abuso sexual; un disparo en la cabeza y otro por la espalda manifiesta que el /los asesinos sabían lo que estaban haciendo y si no fuera por la nacionalidad francesa de las víctimas se pensaría de un típico ajuste de cuentas o un crimen por encargo.

La cuarta duda se relaciona con el calibre del arma utilizada. Se trata de un arma calibre 22 mm de uso civil y disponible para cualquiera si bien hoy tiene sus restricciones, pero “a priori” en casos de ajustes de cuentas, se tiende a pensar en armas de un calibre mayor.

La quinta duda es el móvil. Tampoco se puede descartar  que el hecho esté relacionado con el narcotráfico que tuvo por casualidad a Salta como escenario, vale decir,  un “sicariato” tal como se suele llamar en la jerga de los narcos al crimen por encargo pero en esta hipótesis juega en contra el calibre de la munición utilizada.

Es cierto que hay más dudas que certezas, pero se ha demostrado que el camino de la duda metodológica puede llevar a develar los interrogantes planteados. El tiempo y la constancia en la investigación serán los que determinen qué es lo que realmente ocurrió.

Dos de los muertos en Ledesma no era ocupas: ¿ejecutados por la CCC?

Los que mayor impotencia sentían eran los familiares de Félix Víctor Reyes, de 22 años, y de Juan José Amador Veláquez, de 37, ya que ellos no formaban parte del grupo que ocupó ilegalmente el predio de 15 hectáreas. Ambos fueron a mirar lo que pasaba y en esas circunstancias recibieron los impactos de bala que les ocasionaron la muerte.

Nuestro hermano trabajaba para una contratista del ingenio Ledesma y cuando retornaba a casa se encontró con los enfrentamientos y se quedó a mirar”, contaron Adrián Elías y Raquel Adriana Reyes. “Queremos refutar las mentiras que están diciendo. Félix no estaba ocupando esos terrenos y no pertenecía a la Corriente Clasista y Combativa”, señalaron. En la casa del barrio 22 de Mayo, donde velaron sus restos, los hermanos Reyes resaltaron que “él era un chico trabajador, estudiaba a la noche, era soltero y tenía muchos sueños”.

Una situación similar se vivió en el pueblo de Calilegua, en el velatorio de los restos de Velázquez. Sus padres, esposa, hijos, hermanos y amigos daban muestras de encontrarse terriblemente afectados por la tragedia. Explicaron que el joven estaba recostado contra el alambrado que divide el predio, cuando recibió el mortal disparo. La víctima era empleado municipal y tampoco formaba parte de los ocupantes ilegales de la CCC. “Salió en la moto a buscar a nuestro hijo de 14 años de la escuela. Lo llevó a la casa de mi madre y se fue a curiosear, atraído por los disparos que se escuchaban en el predio tomado, y allí recibió un balazo en la cabeza”, relató su esposa, Graciela Norma Goyochea. La mujer aclaró que “mi esposo no estaba ocupando ningún terreno; no tenía necesidad porque, gracias a Dios, tenemos casa aquí en Calilegua”. Benjamín, el padre de Velázquez, sostuvo: “Mi hijo no era de CCC. El detestaba a esos grupos porque los consideraba una manga de vagos. Juancito era un buen trabajador y un gran padre de familia”.

Comunidades de aborígenes argentinos buscan ponerle freno a peligrosas sinarquías que operan en Salta

Un grupo conformado por criollos y aborígenes de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia Banda Norte, presentaron más de 90 proyectos para ser beneficiados con fondos nacionales de la ley de bosques, que regula el Ministerio de Ambiente, a cargo de Francisco López Sastre.

Los solicitantes decidieron actuar sin intermediarios después de una serie de notas publicadas por El Tribuno, que mostraban cómo Fundapaz -Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz- y Asociana -Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino- obtenían como intermediarios el 40% de los fondos en conceptos de viáticos y honorarios.

No necesitamos de las fundaciones. Queremos que los fondos lleguen a nuestra gente y no a bolsillos ajenos. Cada comunidad, ya sea aborigen o de familia criolla, tiene que manejar su plata como más le parece: si hay que contratar un técnico se contratará, pero cada uno elige”, dijo Lucio Rojas, chaqueño, que llegó a la ciudad para presentar los proyectos ante el Ministerio de Ambiente.

El Tribuno dio cuenta de que cifras millonarias, asignadas para las poblaciones más vulnerables de nuestro territorio, se esfumaban en el pago de costosísimos servicios de dos ONG, sin llegar a sus verdaderos beneficiarios. Más del 40% de los 223.532 pesos que les corresponden a las misiones aborígenes San Patricio, Wayayuk; Kayip y Lote 75, se destinarían a los honorarios de Fundapaz. Dirigentes originarios denunciaban falta de información e inseguridad. Por su parte, Asociana administrará 144.000 pesos de la comunidad La Esperanza: “80 mil para los técnicos y 60 para la comunidad”, afirmaron entonces.