La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

lunes, 11 de julio de 2011

El paternalismo de Fundapaz, la lealtad neomalthusiana del INADI y el atropello a la patria

En octubre de 2009 al menos 16 comunidades aborígenes de los departamentos San Martín y Rivadavia Banda Norte denunciaron a Fundapaz (Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz) y a otras organizaciones ante el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Las graves acusaciones tuvieron una insólita respuesta del organismo nacional con sede en Salta, que otorgó un plazo de 10 días a los denunciantes, instalados en distintos y recónditos parajes del norte salteño, para que entreguen documentación imposible de juntar en tiempo y forma para estas comunidades.

La información fue provista por allegados a los denunciantes, luego de la investigación de El Tribuno, la cual demostró que Fundapaz se queda con más del 40% de los fondos aportados por la ley de bosques para comunidades aborígenes, y que controla el Ministerio de Ambiente de la Provincia, a cargo de Francisco López Sastre. El informe demostraba cómo ese porcentaje se destina a los honorarios de la organización sin fines de lucro. Por tal motivo, la semana pasada, el diputado provincial de Tartagal, Darío Valenzuela, presentó un pedido de informes en la Cámara baja. La denuncia, firmada por más de 20 representantes de distintas comunidades aborígenes, como La Corzuela, La Golondrina, La Chirola, San Ignacio, Salim 2 y 3, Misión Chaqueña y Algarrobito, entre otras, advertía que las asociaciones tratan de “ignorantes y borrachos que destruyen el medio ambiente” a los pobladores originarios.

Asimismo, reseñaban que “usan el miedo y la extorsión de la denuncia ante la Policía cuando sacamos leña”. Los firmantes, integrantes de las más altas jerarquías dentro de las comunidades, dicen ser víctimas de “la prédica constante en las misiones acerca de nuestra inutilidad y que deberíamos vivir en nuestras chozas cazando animales y recolectando frutos”.

Manifiestan estar “cansados del maltrato y la discriminación” y exigen “ser tratados normalmente como ciudadanos argentinos”. Otro párrafo asegura que las fundaciones “impiden el desarrollo individual y  colectivo”.

Pero esa grave afirmación no tuvo eco en el Inadi local, que omitió cualquier tipo de investigación.