La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

martes, 5 de julio de 2011

Gendarmería en Filosofía y Letras de la UNT: lamentablemente fue sólo un allanamiento

Anfiteatro suicidado en febrero.
Cuando los peritos y agentes de la Gendarmería ingresaron esta mañana a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en Benjamín Aráoz al 800, los ocasionales estudiantes y docentes se sorprendieron. La razón: la Justicia Federal ordenó que se secuestre documentación relacionada con la contratación de obras.

De acuerdo a fuentes oficiales, la medida comenzó en Filosofía pero se debe cumplir en todas las facultades. La medida fue dictada por el fiscal federal Carlos Brito, en base a una causa que inició el año pasado el abogado tucumano Oscar López. El letrado solicitó que se audite el destino de los fondos que recibió la UNT, de Minera Alumbrera, en concepto de regalías, para la concreción de obras de diverso tipo. 

Comparsa progresista denuncia a jueza de menores por frenarles sus excesos

Un grupo numeroso de personas, que se presenta a sí mismo como integrado por "trabajadores de y desde el arte, la cultura y la docencia" ha enviado a la jueza de Menores Nº 2 de Salta, señora Silvia Bustos Rallé, un extenso escrito en el que denuncia "amenazas y actitudes violentas (de parte de la jueza) hacia los adolescentes, docentes, talleristas, trabajadores de la cultura, personal técnico y operadores".

En el mismo escrito, que contiene un "pedido de refexión" a la magistrada, se señala que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente el pasado día 16 de junio en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Nº 1 (nombre eufemístico con que el gobierno de Salta designa a los reclusorios de menores de edad que han delinquido), cuando la señora Bustos Rallé habría irrumpido en el lugar durante la celebración de una "jornada de integración", descalificando las actividades que allí se estaban realizando al grito de "¡Esto es una joda!".

Los denunciantes no aclaran en su escrito si efectivamente existía una orden judicial que prohibiera o restringiera de algún modo la celebración de aquellas actividades, que, según ellos, se limitaron a "unos juegos recreativos y deportivos, la inauguración de un mural sobre el Inti Raymi, talleres artísticos y un festival musical".

Los denunciantes defienden las actividades estigmatizadas por la jueza diciendo que "se programaron en el marco de la propuesta de inclusión" y que tales actividades -que califican como de corte "cultural y educativo"- fueron "avaladas por instituciones responsables", sin aclarar si entre tales instituciones se encuentra el propio juzgado.

Fuentes cercanas al Juzgado de Menores Nº 2 han señalado que la jueza Bustos Rallé niega las acusaciones formuladas en su contra y que el relato contenido en la denuncia no se corresponde con la realidad de los hechos.

Según las mismas fuentes, la magistrada ha insistido en que al presentarse en el centro se encontró con una especie de feria, con música estridente, un payaso, un toro mecánico, dos metegoles y una cama elástica. "Es un poco difícil llamar cultura a estos elementos y un poco pretencioso decir que actividades como éstas suponen la búsqueda incansable de nuevas significaciones o la creación de obras que trascienden al hombre", indica la misma fuente.

La jueza afirma en su descargo que la reunión del día 16 de junio se llevó a efecto "sin permiso del juzgado" y en horario en que los internos deben estar en rehabilitación o cumpliendo cargas procesales en los tribunales.