La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

viernes, 2 de septiembre de 2011

Más burócratas judiciales y menos castigo para el delito en el NOA

Jujuy: el garantismo gana la partida

La resolución judicial del nuevo Código Procesal Penal establece que del ámbito territorial de aplicación de la nueva ley se excluye la jurisdicción de los departamentos de la provincia de Jujuy que integran el Centro Judicial San Pedro (Valle Grande, Santa Bárbara, Ledesma y San Pedro), en los que continuará rigiendo el ordenamiento procesal de la Ley Nº 3.584 hasta tanto se disponga su incorporación efectiva, conforme la autorización conferida por el artículo 554 de la Ley Nº 5.623. 

El presidente del STJ Sergio González resaltó la importancia de la reforma del Código Procesal Penal, ya que el anterior era de 1978. “Tenemos muchas expectativas de los institutos que se crean en el sistema acusatorio que se implementan con el nuevo Código que darán respuesta más oportuna a la demanda de la gente”.


Salta: los garantistas en el umbral del triunfo

La Ministra de Justicia, María Inés Diez, asistió a la presentación del Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal redactado por una comisión convocada por el Poder Ejecutivo Provincial, de la cual forma parte.

La reunión contó con la presencia de legisladores de ambas Cámaras y de funcionarios provinciales, magistrados y letrados. En el lugar, los legisladores manifestaron la importancia que del proyecto para optimizar el sistema y brindar las garantías pertinentes.

La Ministra Diez expresó que "hay voluntad política de mejorar y cambiar el sistema hacia un sistema acusatorio con una justicia más ágil". Asimismo, explicó que la tarea se encomendó a una comisión de especialistas creada por Decreto Provincial Nº 1870. 


Tucumán: la provincia pionera que enmendó sus errores tras más de 15 años de garantismo

La reforma del código procesal penal de Tucumán que se aprobó en 2007, modifico 7 artículos con presuntas intenciones del gobierno de brindar mayor seguridad al pueblo tucumano.

Entre los cambios que se hicieron se busca que los jueces estén obligados a dictar prisión preventiva a los responsables de delitos como hurto o robo simple en la vía pública, que son el caso de la mechera y el moto arrebatador, entre otros, y la tenencia ilegal de armas de fuego, que sin estas modificaciones eran considerados delitos excarcelables.

En contra del código se han pronunciado distintas entidades como ser: el Colegio de Abogados de Tucumán, ANDHES, la Federación Argentina del Colegio de Abogados, distintas organizaciones de Tucumán, sectores expertos en Derecho Penal de Tucumán, jueces, el Circulo de Magistrado, entre otras.

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