La Linajeña - Bandera Auténtica de Tucumán

jueves, 15 de septiembre de 2011

Hace más de una década que Tucumán se niega a resolver el problema de las aguas contaminadas con arsénico

Los efectos tóxicos del Arsénico se conocen desde tiempos antiguos. Fue utilizado con fines homicidas en siglos pasados, también puede presentarse en accidentes de origen alimentario, medicamentoso, profesionales y por fumigaciones antiparasitarias y plaguicidas.

En Argentina existen extensas zonas rurales donde los habitantes carecen de agua potable y utilizan aguas arsenicales para beber.

En Tucumán hay entre 30.000 y 90.000 habitantes de zonas rurales expuestos al arsénico por beber aguas contaminadas, las mismas se encuentran al Este del Río Salí aunque no en todos los pozos. Es que en esa zona de la provincia es mucho menor la presencia de arsénico por razones geológicas. Los departamentos con registro de arsénico en las aguas son: Burruyacu, Cruz Alta, Leales, Simoca, Graneros, Alberdi, Chicligasta y La Cocha.

En el año 1996 se recibe en Tucumán una carta de un asesor de la Organización Mundial de la Salud, Dr. E. Van Der Blist procedente de Bonson, Francia, interesado en los trabajos desarrollados por el Licenciado Juan Carlos Luján tendientes a implementar un sistema de potabilización de las aguas contaminadas con arsénico, y, al tomar estado público la misma, da lugar al decreto Nº 2.529/21 MAS, firmado por el entonces gobernador Antonio Domingo Bussi declarando a los métodos de campo ensayados, de interés provincial.

Poco tiempo después, dicho Gobernador es suspendido en las funciones por la Legislatura y pierde impulso la iniciativa.

Hubo varios intentos de conseguir financiación de la provincia para construir una planta productora del abatidor de arsénico que pudiera servir para Tucumán y el resto de las zonas arsenicales del país: Chaco, Salta, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, pero no se llegó a conseguir fondos.

Una planta productora del abatidor para proveer al país y eventualmente exportar los excedentes, en el año 2001, se estimaba que podía costar 300.000 pesos. Una inversión insignificante si consideramos que en esa época un enfermo de cáncer le costaba al sistema social 30.000 pesos por año; es decir que la planta podría haberse amortizado con el costo de diez enfermos de cáncer.

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